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¿qué sucede cuando, aun mediante orden judicial, el ciudadano a quien se le pretende registrar u ocupar un teléfono móvil es el objetivo mismo de la investigación criminal? Si los datos del celular están encriptados y protegidos por una clave de acceso, ¿puede el Estado obligarlo en esa misma orden a que provea la contraseña o habilite el acceso al teléfono en cuestión? ¿Es suficiente con presentarle el dispositivo al individuo en presencia de los agentes y pedirle que acceda a éste? ¿Se trata, en cambio, de un caso más de testimonio compelido y, por consiguiente, de una violación del derecho contra la autoincriminación?