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La reconsideración

La semana pasada el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la reconsideración que presentó el Departamento de Justicia en el caso Paseo Caribe. El Departamento presentó reconsideración en ambos casos: el concerniente a la condición jurídica de los bienes en que ubica el proyecto y aquél en que el Tribunal se expresara sobre la paralización temporera del proyecto. En el primer caso, el Juez Presidente Hernández Denton, el Juez asociado Rivera Pérez y la Jueza asociada Anabelle Rodríguez denegaron la reconsideración. La Jueza asociada Fiol Matta reconsideraría por las mismas razones de su Opinión disidente y concurrente del 31 de julio. El Juez Presidente emitió un voto particular de conformidad en el que quiso hacer constar claramente su posición sobre varios asuntos. Se aludió a la “Regla de Necesidad” (como sabemos, el Juez asociado Rebollo López se retiró). Valga señalar que este caso, como planteamos antes, a raíz de la participación de la Jueza asociada Anabelle Rodríguez en la adjudicación, trae consigo unos cuestionamientos sobre el uso y el objetivo de la llamada “Regla de Necesidad”, que aunque no analizaré aquí, vale la pena que se discuta en un futuro.

En la determinación sobre el caso de ARPE, las Juezas asociadas Anabelle Rodríguez y Liana Fiol Matta hubieran reconsiderado, pero tratándose de un Tribunal Supremo de cuatro jueces, estando igualmente divididos, no se dio paso a la reconsideración. Este caso de ARPE no ha recibido tanta atención, aunque en términos jurídicos representa un mal precedente. Como bien señaló el Departamento de Justicia en su reconsideración, la determinación del Supremo en contra de la facultad de ARPE de haber emitido la orden de paralización, limita la capacidad de la ARPE para proteger el interés público y le ata las manos en casos en que tenga dudas razonables sobre la veracidad de la información sometida por el proyectista y cuando, como en este caso, existen dudas fundadas sobre la titularidad de quien solicita u ostenta un permiso.

Lamentablemente, en este caso el Tribunal también le da un peso desproporcionado al propietario de un permiso, peso muy oneroso para el interés público. En esta Opinión también se pasó por alto el interés público y el daño irreparable que significaba la construcción de un complejo de esta naturaleza en terrenos que se alegaban eran de dominio público. Se limitó así -irrazonablemente a mi entender- el poder de la agencia para atender un daño irreparable para el interés público. Esto, como mínimo, nos resulta interesante en términos de las tendencias del Tribunal en la adjudicación administrativa pues contrasta grandemente con casos en que se le da una deferencia casi absoluta a las decisiones de la agencia pero cuando, contrario a este caso, es un grupo ciudadano el que cuestiona las razones de ésta para el otorgamiento de permisos.

En cuanto al caso sobre los terrenos ganados al mar, el primer asunto presentado por el Departamento de Justicia fue la adjudicación de la titularidad de los predios a la corporación San Jerónimo. Eso, señaló el Departamento con razón, no estaba ante la consideración del Tribunal, por lo que solicitó que se dejaran sin efecto los pronunciamientos que aparentaban declarar como dueño legítimo a la corporación. El Departamento presentó, además, información nueva que consistía en un informe preparado por la profesora Linda Vélez que concluyó que existía discrepancia en la cabida de los predios. Se adujo que existen indicios de fraude.

Sobre este aspecto, a pesar de que el Tribunal denegó la reconsideración, aclaró que el dictamen del 31 de julio se limitó a la controversia sobre la clasificación jurídica de los terrenos ganados al mar y que de ninguna manera su determinación adjudicó la validez de la titularidad de la Corporación sobre los terrenos. El Tribunal dejó claro que no existe impedimento para presentar cualquier otra acción judicial o administrativa que proceda en derecho a la luz de los nuevos hallazgos e incluso reivindicar bienes que puedan ser patrimoniales del Estado.

Ahora bien, sobre los asuntos relacionados a la clasificación de los terrenos ganados al mar, el Departamento de Justicia solicitó reconsideración en cuanto a los procesos para la desafectación de los bienes públicos. La solicitud del Departamento de Justicia señala que el Tribunal erró en su conclusión de que para 1950 no se requería de un acto expreso legislativo para desafectar terrenos de dominio público. Señala que hubo error en la interpretación y el alcance que el Tribunal le dio a la Ley Foraker y en el hecho de que hubiera pasado por alto legislación indicativa de que aún para la fecha en que se rellenaron los terrenos era necesario un acto de la legislatura para la desafectación. Justicia cuestionó la conclusión del Tribunal de que el “esquema privatizador” de la Ley de Puertos Española, era la ley aplicable al momento del relleno. Asimismo, cuestionó el que el Tribunal no utilizara la conocida doctrina del “public trust” proveniente del derecho común anglosajón. Esta doctrina -establecida a favor del dominio público- establece que para la desafectación se requiere una autorización clara del poder legislativo. Asimismo, en la solicitud de reconsideración se señalaron hechos que el Tribunal no consideró como por ejemplo el que la misma Marina, aún cuando era poseedora del predio, había solicitado permisos al gobierno de Puerto Rico para efectuar el relleno, lo que implicaría que reconocía que los terrenos sumergidos estaban bajo nuestra jurisdicción.

No obstante, en su denegatoria a la reconsideración el Tribunal no atendió ninguno de estos argumentos y discrepancias. Tampoco lo hizo el Juez Presidente en su voto particular. Como sabemos, el Tribunal recibió duras críticas por la hermenéutica y el razonamiento utilizado en este caso que llevó a la determinación de que los bienes en el caso Paseo Caribe no son de dominio público. Entre las críticas estaban las contradicciones en los hechos según expuestos en la Opinión, como por ejemplo, el alcance y la extensión de la designación de la Reserva militar y si ésta incluía terrenos sumergidos o no. Asimismo, se cuestionó la jurisprudencia y la doctrina federal seleccionada así como la relación entre las leyes aplicables luego del cambio de soberanía y el historial de las fincas en cuestión. No obstante, el Tribunal no atiende ninguno de estos señalamientos por la vía de la reconsideración y nos deja con la misma crítica que lanzamos al emitirse la Opinión. Como dijimos, hay serios cuestionamientos y discrepancias en torno a su interpretación de la legislación aplicable y a su interpretación de los hechos en este caso. Tampoco se aclaran las discrepancias que señalamos relativas a las diferencias entre la Opinión mayoritaria y la disidente en la que la Jueza Fiol Matta trae a colación hechos que discrepan de los hechos expuestos por la mayoría y ciertos precedentes que la mayoría obvia. Aunque en el voto aclaratorio del Juez Presidente éste señala que el Tribunal fue unánime en determinar que antes del 1968 los terrenos ganados al mar estaban sujetos al “esquema privatizador” de la ley española, lo cierto es que hay diferencias sustanciales entre la opinión mayoritaria y la disidente respecto a la doctrina relativa a los actos de desafectación y afectación. En resumen, en lo concerniente al caso específico de Paseo Caribe ni las discrepancias ni las serias inconsistencias del razonamiento jurídico de la mayoría a las que hicimos alusión en el artículo pasado fueron atendidas directamente.

Ahora bien, este caso también produjo serias preocupaciones en términos de lo que podía significar como precedente. Como expusimos en su momento, el elemento de la desafectación de los bienes de dominio público y los pronunciamientos del Tribunal en este tema fue uno de los elementos que más nos preocupó de esta Opinión. También nos preocupó la ausencia de mención de nuestra Constitución y de la política constitucional de protección de nuestros recursos naturales. El Tribunal en mayoría no aclara este aspecto pero el Juez Presidente en su voto explicativo señala unos asuntos que vale la pena destacar.

En primer lugar, el Juez Presidente señala que la determinación anterior la tomaron conscientes de que los bienes de dominio público marítimo-terrestre “son recursos naturales que gozan de protección constitucional”. Aclaró que la determinación de Paseo Caribe “no modifica el ordenamiento vigente en lo que respecta a la zona marítimo-terrestre y las playas de nuestro país”. Más aún, reconoce el carácter público de las playas y el mar litoral puertorriqueño. Según este voto explicativo, la Opinión de mayoría reconoce que el esquema administrativo que permitió la desafectación de los terrenos ganados al mar “perdió su vigencia en la actualidad”, lo que según expuso, hace que su determinación sea cónsona “con el mandato constitucional en cuanto a la protección y preservación de los bienes de dominio público marítimo terrestres”.

Estos señalamientos del Juez Presidente son sumamente importantes considerando las serias dudas que provocó la Opinión mayoritaria sobre este tema y mucho más en vista de que el tema de la falta de protección de los bienes de dominio público es un tema álgido en el país. Siempre hubiese habido quien, acomodaticiamente, hubiera querido interpretar los pronunciamientos en esta Opinión para lograr la privatización de nuestras costas. Aunque mantenemos nuestra crítica y discrepancia sobre el resultado específico en Paseo Caribe y en la forma en que la mayoría del Tribunal decidió interpretar los sucesos, la legislación y la jurisprudencia en este caso, lo cierto es que en términos de la doctrina del precedente estas aclaraciones resultan de gran valor para el desarrollo de nuestro Derecho en esta área. Lo dicho debe reafirmar nuestra política pública en la dirección de salvaguardar el dominio público, las costas y el acceso a nuestras playas, y debe ir dirigido a lo que tanta falta hace por parte del Tribunal Supremo: lograr un mejor desarrollo en la interpretación de nuestra disposición constitucional de protección a los recursos naturales. Ahora bien, no vemos porqué estos pronunciamientos no fueron suscritos por la mayoría ni fueron expuestos de primera intención en la Opinión del caso. Tomamos nota y la palabra de este voto explicativo en el sentido de que lo dicho sobre la desafectación debe ser aplicado a los hechos particulares y únicos de este caso, a que el esquema aludido perdió total vigencia, y sobre la importancia de nuestra disposición constitucional y de nueva legislación. No vemos cómo pueda ser de otra forma.

Otro asunto es el aspecto de la comparación que hiciera el Tribunal de las implicaciones de este caso para el resto de las comunidades del área metropolitana. Sobre esto también discrepamos en su momento. A pesar de que en la nota al calce número tres del voto explicativo el Juez Presidente parece insistir en que en el aspecto fáctico el relleno de manglares y terrenos sumergidos en el área metropolitana no tiene distinciones, nos reafirmamos en que hay distinciones tanto en lo fáctico como en términos de las implicaciones jurídicas. Lo más importante es que existe distinción en la legislación y en las políticas públicas aplicables e incluso en términos fácticos y técnicos. Mantengo mi opinión sobre lo inapropiado de equiparar el caso de Paseo Caribe con otros del área metropolitana. El Derecho hace distinciones y de hecho debe ser capaz de hacerlas, sobre todo en casos en los que de plano tratan de una evidente desigualdad socio-económica lo que activa políticas públicas distintas, por lo que no podemos estar de acuerdo con aquello que se expuso en la Opinión mayoritaria originalmente en la cual se equiparaba la situación de Paseo Caribe con las de supuestamente miles de familias y comunidades ubicadas en San Juan. El Tribunal debe ser en extremo cuidadoso con pronunciamientos que parezcan amarrar la “inevitabilidad” de un resultado en un caso como este a las supuestas implicaciones futuras para los derechos de otros en circunstancias totalmente distintas, sobre todo cuando, como explicáramos antes, existe legislación y políticas públicas que salvaguardan los derechos de esos otros.

Finalmente, queremos recalcar que tanto en la resolución del Tribunal como en el voto explicativo del Juez Presidente se enfatiza en que no se ha juzgado la validez de las transacciones en este caso y que “nada impide que de surgir información de fraude o error, o de incumplimiento con los reglamentos vigentes” se impugnen los permisos concedidos. También se ha acentuado que el Departamento podría solicitar la reivindicación de los terrenos. Esto, junto al hecho de que existe una investigación pendiente sobre los procesos de obtención de los permisos y un informe indicativo de actuaciones fraudulentas, hacen imperativo que la ciudadanía exija -ahora más que nunca- la culminación de la investigación y que se atienda con premura este proceso. Es vital que se presenten las acciones administrativas, criminales y judiciales que procedan, sobre todo aquellas dirigidas a evitar un daño irreparable. La credibilidad y legitimidad de nuestras instituciones está en juego y el pueblo espera y exige explicaciones y acción por parte de sus instituciones.

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