Constitucional - Derechos Humanos - Familia

Intimidad e identidad: decisiones fundamentales

En otro post comenté en torno al derecho a la intimidad relacionado con el control sobre nuestra información personal, especialmente en la era digital. Sin embargo, el derecho a la intimidad protege nuestra facultad de tomar ciertas decisiones importantes; decisiones que son fundamentales porque a través de ellas definimos parte de nuestra identidad. La doctrina constitucional de Estados Unidos clasifica esta modalidad de intimidad bajo el debido proceso de ley sustantivo de la enmienda XIV a la Constitución federal. Nuestra Constitución protege nuestra facultad de tomar estas decisiones íntimas al amparo del derecho a la intimidad y a la dignidad humana en su Artículo II. A través de estas decisiones regimos nuestro destino (individualmente y en relación con otros), decidimos quiénes somos y queremos ser y, por ende, la forma en que nos proponemos vivir. A esos fines, nos recuerda el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Casey (posteriormente reiterado en Lawrence v. Texas):

At the heart of liberty is the right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under compulsion of the State.

Las decisiones individuales así protegidas por el Tribunal Supremo desde principios del siglo veinte cubren diversos intereses. Entre éstos podemos mencionar: el uso de anticonceptivos; el aborto; la procreación; el llamado derecho a una muerte digna; el derecho a decidir si queremos o no entrar en relaciones íntimas como el matrimonio o relaciones con personas del mismo sexo, además de otras decisiones sobre la vida en familia. Estos valores, junto a principios de igualdad, se encuentran en el centro de luchas contemporáneas relacionadas con, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad de beneficios para estas parejas.

Ahora bien, claramente hay una diferencia entre, por un lado, tener derecho a que el Estado no limite nuestra libertad (como cuando impide el ejercicio de derechos reproductivos) y, por otro lado, tener un derecho afirmativo a que el Estado activamente ofrezca los mecanismos necesarios para que aspiraciones auto definitorias se materialicen. Pero si asumimos con seriedad nuestro compromiso constitucional con valores fundamentales de dignidad e intimidad (vistos desde el punto de vista de la definición personal), veremos que nuestra Constitución impone una obligación al Estado no sólo de impedir violaciones a derechos, sino también de invertir y activamente intervenir en favor de esfuerzos definitorios individuales.

En este sentido, lo que algunos llaman “beneficios” gubernamentales como la adopción, el matrimonio, protecciones en el derecho de familia y sucesiones, entre otros, no son meramente dádivas que el Estado puede distribuir con completa discreción… son mecanismos indispensables para que las personas, ya sea individualmente o en asociación con otros, se definan a sí mismos, por lo que en algún nivel estos mecanismos deben garantizarse por el gobierno. Así pues, ante la decisión profundamente definitoria de entablar relaciones íntimas con otros (sea del sexo que sea) el Estado tiene una obligación de conferir aquellos mecanismos que ayuden a completar procesos íntimos como, por ejemplo, formar una familia y tener la paz y tranquilidad de contar con una red de apoyo legal que le dé estabilidad a su futuro y al de sus seres queridos.

Con la esperanza de que estas aspiraciones se materialicen en nuestra tierra, en un artículo reciente publicado por el Georgetown Journal of Gender and the Law, escribí sobre estos temas. Confío que, como pueblo, desarrollaremos la madurez necesaria para vivir en una sociedad que valore los principios más básicos de libertad, igualdad y dignidad. Sólo es cuestión de tiempo..

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