Constitucional - Responsabilidad Profesional - TSPR

La Doble Vara

En días recientes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, emitió una Opinión Per Curiam sobre una queja presentada contra el Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, por expresiones emitidas sobre la aparente “doble vara” con la que el sistema judicial de Puerto Rico trata a personas con relieve vis-à-vis al ciudadano promedio. El Tribunal decidió no ejercer su facultad disciplinaria contra este abogado, no sin antes recordarnos a todos los abogados y abogadas del país que debemos tener mucho cuidado con lo que expresemos en torno a éste.

Dice el Tribunal:

le recordamos a todos los abogados, incluyendo al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su deber –como celosos custodios de la imagen de la justicia- de observar una conducta que se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales. Asimismo, le exhortamos a propiciar debates jurídicos de la altura moral e intelectual que se espera de todo abogado, en los que la moderación y la prudencia son la mejor herramienta para evitar ataques injustificados que en el fragor del momento puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial. In re: Sánchez Ramos, 31 de julio de 2008, AB-2007-55

Estas expresiones, con sabor a veladas amenazas disciplinarias, son lamentables. Hay muchas razones por las que es muy bueno para la sociedad que los Tribunales de Justicia sean sometidos al calor del debate público, con la energía y candor que sea, especialmente cuando el debate es propiciado por los abogados y abogadas del País, quienes mejor que nadie conocen al sistema judicial. La profesora Érika Fontánez Torres ha publicado un artículo en el semanario Claridad, que suscribo en su totalidad, esbozando cristalinamente estas razones. Les remito a éste y no abundo más sobre el tema, aunque deseo enfatizar un par de puntos.

El resultado práctico de las expresiones del Tribunal Supremo es colocar a los abogados de Puerto Rico en una posición mucho más vulnerable que otros ciudadanos en cuanto al ejercicio de su libertad de expresión. Un perito electricista, quien está regulado por una Junta controlada por el Ejecutivo, puede cuestionar al Ejecutivo sin temor a que le quiten la licencia de perito por eso. Su trabajo no se ve limitado por su expresión. El caso de los abogados es paradójico. Nuestro trabajo es precisamente expresarnos a nombre de otras personas. Nuestra misión casi siempre es hablar por otros. Sin embargo, somos los únicos que estamos sujetos a que se nos sancione por lo que decimos (inclusive separándonos del ejercicio de la profesión), especialmente cuando hablamos acerca del Tribunal. Al igual que un empleado de gobierno no tiene el derecho de decir lo que quiera y como le plazca durante sus horas laborables (pues podría amenazar la eficiencia en el empleo), un abogado tampoco podrá expresar lo que quiera en sala, de manera que altere los procedimientos o altere el comportamiento que ha de prevalecer en una sala, etc. Eso se entiende. Pero lo que diga un abogado sobre la Rama Judicial en la prensa no debe ser evaluado por los Tribunales, así como lo que dice el perito electricista sobre el Gobernador tampoco debe exponerle a sanciones ante el Ejecutivo. En este sentido, los abogados hemos sido señalados y destacados por el Tribunal como profesionales singularmente expuestos a ser sancionados por el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Expresión que, como dije, es normalmente en favor de otros.

En este sentido, y sin temor a ser sancionado pues lo que digo es sólo una descripción del estado de derecho generado por el Tribunal, en materia de quiénes pueden verse amenazados por el ejercicio de su libertad de expresión, definitivamente sí existe en Puerto Rico una doble vara..

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