Arte y derecho - Constitucional - Derechos de autor - Propiedad Intelectual

Propiedad Intelectual, Tecnología y Libertad de Expresión

En la última década los académicos del derecho se han percatado de una idea que lleva dando tumbos por casi medio siglo en las ciencias sociales: que la actividad humana está regulada y condicionada por el contexto tecnológico en que vivimos. Por ejemplo, cómo conducimos en las carreteras está regido tanto por leyes de tránsito así como por una tecnología muy rudimentaria: lomos de asfalto. Son los segundos, no los primeros, los que en efecto encausan nuestra conducta. Así también, cuán vulnerables son nuestras conversaciones por correo electrónico, las transacciones electrónicas o la simple navegación por el internet, está directamente relacionado con la arquitectura del software, aunque también las leyes pueden regular el diseño de la arquitectura para codificar normas deseadas.

La importancia de la tecnología para la reglamentación de la conducta humana se hace patente en el campo de los derechos de autor. Además de contar con todo un entramado de normas legales que establecen el régimen de protección a las obras, asunto tratado rápidamente en una entrada anterior, hoy día los dueños de contenido protegen sus reclamos de propiedad intelectual con un sinnúmero de estrategias tecnológicas comúnmente conocidas como Digital Rights Management (o DRM) que, en síntesis, permiten controlar con exactitud cómo, cuándo, quién y bajo qué circunstancias una obra digital puede ser usada, alterada, o transmitida a otros (por eso, si bajas una canción de iTunes, podrás usarla solamente bajo las reglas de uso estipuladas por el código tecnológico de Apple, el DRM llamado ). El truco es el siguiente: tecnologías como éstas, si son mal utilizadas como frecuentemente los son, tienden a extender el control de autores sobre la obra intelectual mucho más allá de lo que la ley permite. Así, por ejemplo, aun si normas legales de Fair Use permiten que use cierta canción en un salón de clases, si el DRM (las normas tecnológicas no-legales) impide ese uso, mis derechos como usuario se verán restringidos–no por la ley– sino por la tecnología.

Y es aquí que vemos una intersección importante entre el derecho de propiedad intelectual, los desarrollos tecnológicos y la libertad de expresión. Explico brevemente. La propiedad intelectual promueve la innovación y expresión de dos formas un tanto contradictorias entre sí. Por un lado, incentiva la creación obras originales brindando un monopolio a los autores sobre su obra. La premisa es que la protección al autor es importante para que se sienta motivado a crear e innovar. Se piensa que sin esa protección legal, el autor nunca crearía. Por otro lado, esta protección no es absoluta. La ley provee ciertos límites a los derechos de autor para que (de forma limitada primero y luego, al pasar los años, absolutamente) las obras intelectuales estén disponibles al público y circulen en el dominio público para crear las condiciones de una democracia deliberativa. Esto implica que la propiedad intelectual busca el balance óptimo entre los intereses propietarios de un autor e intereses públicos expresivos. La libertad de expresión, por tanto, se ve servida por las normas de propiedad intelectual, especialmente normas de derechos de autor, solamente en la medida en que estas normas protejan al autor pero no demasiado: es decir, las normas no pueden ser excesivas de manera que se impida el uso subsiguiente de los productos culturales para creación e innovación por terceras personas.

Ahora bien, todo esto hay que contextualizarlo en nuestro entorno digital. Gracias al internet, cualquier balance logrado entre los intereses propietarios de autores y los intereses públicos expresivos fue, sin dudas, desestabilizado. La reducción en el costo de distribución de copias perfectas de productos culturales (música, vídeo, etc) a través de mecanismos compartidos (peer to peer filesharing), amenazó modelos de negocios en la industria del entretenimiento. Todos recordamos cómo Napster y su tecnología irreverente puso de rodillas a la industria del entretenimiento musical y sencillamente cambió la forma en que experimentamos música… la cambió para siempre (hace tiempo, por ejemplo, que no compro un CD completo).

Estas dinámicas de distribución de información compartidas y distribuidas no son fortuitas. Napster, Aimster, Gortsker y Kaza, son sólo ejemplos tomados de la industria de la música que representan una forma muy significativa en que la economía de información se transforma de una en que la producción de información es centralizada y dirigida a las masas (periódicos, TV, radio) a una economía de producción de bienes culturales de forma distribuida y compartida en que todos tenemos oportunidad de producir cultura y no sólo consumirla (de ahí, YouTube, Myspace, Facebook, y este mismo Blog, entre otros).

Pero la amenaza que presentaban las tecnologías digitales para la industria se convirtieron en una oportunidad para mercadear, vender y distribuir música y video digital. En este contexto, se comienzan a ver señales de reestabilización en la industria y en la economía de la información. Se trata de una estabilización que toma en cuenta estas dinámicas distribuidas, pero manteniendo control sobre los objetos culturales. Un nuevo balance entre los intereses propietarios y los intereses públicos expresivos se está fraguando. Por eso, a modo de ejemplo, aunque la industria de la música no se ha colocado en el sitial que gozaba pre-internet, sólo le tomó un par de decisiones judiciales federales (Napster y Grokster), una campaña de litigio bien agresiva contra consumidores y el uso de DRMs, para reducir el paso agigantado que llevaba la distribución peer to peer de música gratuita. La pregunta que nos debemos hacer, sin embargo, es si se está cuajando un balance adecuado.

La contestación es que no. Y ello tiene que ver con dos cosas, algunas ya mencionadas: (1) la naturaleza intangible de la propiedad intelectual y (2) la tecnología digital. Me explico.

La idea básica de la propiedad intelectual es brindar un monopolio legal al autor sobre sus ideas bajo la premisa de que esas ideas, de no tener la protección legal, serían fácilmente apropiadas por otros una vez se publiquen. Por su naturaleza intangible, la propiedad intelectual es diferente a la propiedad física. Podemos excluir físicamente a otros del uso de una cosa tangible e impedir que la usen (digamos, una casa), pero no podemos excluir físicamente a otros que se apropien de una idea publicada en un libro. Por eso, la ley intercede para proteger aquello que por naturaleza es difícil capturar. Pero si las ideas y productos culturales tuviesen características físicas, la ley no sería necesariamente la primera línea de defensa para su control. Esto último es la tendencia actual. Como se ha dicho, cada día, la ley es menos relevante para proteger la propiedad intelectual. En lugar de la ley, la tecnología cumple la función básica de proteger los intereses de los autores (este es el caso de los DRMs). La tecnología hace posible tratar a la propiedad intelectual como propiedad tangible. Una canción con DRMs es ahora tan tangible como una casa, pues su propietario puede excluir físicamente a cualquiera de utilizar ese objeto y regular la cosa físicamente. El problema, entonces, toma un matiz político: cuando es la ley la que rige a la propiedad intelectual, el balance entre control y acceso lo establecen las Ramas políticas: cuerpos (en teoría) políticamente responsables a la población. Cuando el balance lo establece la tecnología, los “legisladores” no son electos: son técnicos al servicio de intereses privados. Y el balance que se elabora no necesariamente responde a los intereses públicos de acceso al contenido. Se trata, a la Lessig, de un ejemplo de establecimiento de política pública mediante tecnología.

Tecnología digital de manejo de derechos de autor (y no la ley) se ha convertido en la herramienta más directa para evitar la copia no autorizada de obras digitales. Con ella, la industria de contenido espera reestablecer el balance que fue afectado con el internet. Lo que vemos, sin embargo, es que lejos de establecerse un balance, este tipo de tecnología ha creado mayores instancias de control sobre la información, a expensas de los intereses de libertad de expresión. Un control mayor que aquel disfrutado en la era anterior al internet.

En este sentido, la reglamentación de la propiedad intelectual a través de la tecnología y no mediante la ley plantea retos fundamentales a nuestro entorno cultural y expresivo. En la medida en que se achique el dominio público y privadamente se limiten usos justos e incluso que se limiten los usos de contenido no comerciales en privado con trancas digitales, sufren aspectos esenciales para el flujo de información e ideas en una democracia deliberativa.

.

Share