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El derecho a intervención y a la participación

Hace poco, el Tribunal Supremo emitió una Opinión muy atinada en el tema del derecho a la intervención en los procesos administrativos. Se trata de Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, Inc. v. G.P. Real Property, 2008 TSPR 105. La opinión fue emitida por la Jueza asociada Liana Fiol Matta y como señalaré en otra entrada, contrasta (para bien) con una sentencia que emitiera este mismo Tribunal que daba al traste con este derecho. Resalta notoriamente la opinión disidente del Juez Federico Hernández Denton a la que se unió el Juez Efrain Rivera Pérez. En lo que sigue resumiré la opinión y en próximas entradas esbozaré mis miradas a la Opinión mayoritaria, la disidente y en general desarrollaré más el tema del tratamiento del Tribunal Supremo en estos casos de intervenciones y participación ciudadana en los proceso administrativos.

En este caso se trataba de un proyecto en la parte Sur de San Juan, Paseo del Monte, en el barrio Caimito. El proyecto propuesto estaba ante la consideración de la Junta de Planificación y luego ante la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). Por tratarse de un proyecto que incide sobre los intereses de la comunidad de caimiteños, la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito comenzó a participar en los procesos administrativos de la Junta de Planificación desde el año 2000 cuando se le notificó incluso de la aprobación de la consulta de aprobación del proyecto. La Comisión solicitó reconsideración y solicitó que se celebrara una vista pública, pedido que fue denegado por la JP. Como la Comisión no acudió al Tribunal de Apelaciones en revisión la consulta advino final y firme y el caso pasó a la ARPE, donde la Comisión compareció por derecho propio y se opuso a la aprobación del anteproyecto y a una solicitud de extensión de la consulta (tenía vigencia de un año) por el proyectista. ARPE le contestó a la Comisión que tendría en consideración su pedido -de participar en el modelo de desarrollo de Caimito- pero, 16 días después, concedió la extensión de la vigencia al proyectista, sin notificar a la Comisión.

En varias ocasiones la Comisión mediante cartas y por derecho propio, compareció ante la ARPE solicitando que se archivara el proyecto. ARPE, sin emitir contestación alguna, aprobó el permiso de urbanización nuevamente sin notificar a la Comisión. En enero de 2003, la Comisión solicitó la revocación de la aprobación y propuso que se reservaran los terrenos para la ampliación de la Escuela Inés María Mendoza y otros servicios educativos, como lo había requerido el Secretario de Educación en el 2002. En noviembre de ese mismo año la Comisión presentó una demanda de interdicto en el Tribunal de Primera Instancia para que paralizaran la construcción y se revocaran los permisos. El proyectista reconvino con una demanda por daños y perjuicios, y el Estado pidió la desestimación. El TPI resolvió que la Comisión no solicitó intervención en ARPE ni impugnó permisos en el Apelativo y que ésta incurrió en incuria por esperar 44 meses desde la aprobación de la consulta de ubicación.

La Comisión acudió entonces al TA pero en el interin, ARPE aprobó el permiso de construcción, nuevamente sin notificar a Comisión. El T Apelativo confirmó al TPI y denegó moción de reconsideración de Comisión. La Comisión llegó hasta el Tribunal Supremo donde adujeron que hubo claros errores por falta de notificación y falta de atención a su participación ante la ARPE. La JP, ARPE y el proyectista, por su parte, argumentaron que la que Comisión no solicitó intervención.

La controversia principal que atiende el Supremo es si una persona o grupo que ha intentado participar activamente en un proceso adjudicativo ante una agencia, porque tiene un interés legítimo, debe ser reconocida como parte en dicho proceso, cuando la única razón por la que no ha logrado participar ha sido la arbitrariedad de la propia agencia.

El Tribunal Supremo concluye que la Comisión era parte del proceso según la propia LPAU y el derecho administrativo. Los fundamentos que ofrece el Tribunal surgen claramente de la misma LPAU y de jurisprudencia anterior que reafirma la política de participación ciudadana y el derecho al a intervención (tanto la Ley orgánica de la JPR como la LPAU) y en la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha recalcado esta norma y estos principios:

  1. La Ley Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), sección 3.5: cualquier persona que tenga un interés legítimo en un procedimiento adjudicativo ante una agencia podrá someter una solicitud por escrito, debidamente fundamentada, para que se le permita intervenir. Esta solicitud puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento.
  2. Entre los factores al evaluar solicitud de intervención están: el interés del peticionario puede ser afectado adversamente por la adjudicación; si éste ya está adecuadamente representado por las partes; existencia de otros medios en derecho para que el peticionario proteja sus intereses; si participación del peticionario pueda ayudar razonablemente a preparar un expediente más completo; si puede aportar información, pericia, conocimientos especializados o asesoramiento técnico que no estaría disponible de otro modo; si extendería o dilataría excesivamente el procedimiento; si el peticionario representa o es portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad. El Reglamento de ARPE aplicable (Número 3915 de 1989) expone los mismos factores. Estos criterios se aplican liberalmente para facilitar la participación ciudadana y resolver según la situación real de los ciudadanos.
  3. En Rivera v. Morales, 149 D.P.R. 672 (1999), el Supremo decidió que no se necesita solicitar intervención para ser parte, cuando se compareció a vistas públicas en oposición o se presentó un interdicto porque no se le permitía participar en las vistas.
  4. Ya desde Lugo Rodríguez v. JP, 150 D.P.R. 29 (2000), el Tribunal Supremo estableció que basta con tener un interés legítimo y utilizar los remedios disponibles para ser participante activo.
  5. La LPAU en su sección 3.14: las órdenes o resoluciones de las agencias deberán ser notificadas a las partes del proceso administrativo, de forma que les indiquen su derecho a solicitar reconsideración ante la agencia o instar un recurso de revisión judicial en Apelaciones, incluyendo los términos jurisdiccionales, que no empiezan a correr hasta que la agencia haya cumplido con el requisito de notificación.
  6. Asimismo, en Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138 D.P.R. 412 (1995) el Supremo enfatizó que si la agencia no le notifica a una parte alguna determinación tomada durante el proceso adjudicativo, evitando su participación efectiva en los procesos, dicha determinación y cualquier procedimiento posterior carecen de eficacia jurídica, ya que violan el debido proceso de ley.

En este caso, concluyó el Tribunal Supremo, ARPE ignoró constantemente el reclamo de participación de la Comisión; inhibió su participación de manera arbitraria; quebró la confianza de la Comisión al indicarle que consideraría sus planteamientos y no hacerlo ni notificarle las resoluciones; no consideró las necesidades de planificación de la comunidad, como lo exige la política pública, y no resguardó el derecho de la Comisión a solicitar revisión judicial en igualdad de condiciones a las otras partes, al no notificar determinación alguna ni los términos para recurrir.

Notoriamente, el Juez Presidente Hernández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez asociado Rivera Pérez. Como hemos señalado antes, el Juez Presidente parece alejarse de sus posturas a favor de una interpretación amplia y liberal del derecho administrativo en lo que concierne a los derechos de los ciudadanos en los procesos de participación y a las metodologías de revisión judicial de determinaciones adjudicativas que antes defendía. Entre sus fundamentos para disentir están:

  1. Según su criterio, esta opinión trastoca el concepto “parte”, extendiéndolo a una entidad que se limitó a enviar “unas pocas cartas”, que quiere impugnar una determinación que ya es final y firme, y que claramente incurrió en incuria.
  2. La Comisión no solicitó intervención formalmente. Por eso, ARPE no la reconoció.
  3. La Comisión no demostró tener un interés legítimo (¡!) para participar como parte. El mero participante no es parte y no tiene que ser notificado.

Según el Juez Presidente (es pasmoso el cambio de criterios del Juez Presidente si se compara con sus opiniones hace menos de diez años) desestabiliza los procedimientos administrativos y el sistema de permisología, en momentos en que el país necesita confiar en las actuaciones del Gobierno. Además, señala que en esta etapa, sería muy oneroso para todas las partes (qué partes????) reabrir el procedimiento “sobre todo porque el proyecto de vivienda está paralizado desde el 2005 por el caso” [política jurídica subyacente en este criterio?].

Los disidentes aclaran que sus objeciones no tienen que ver con los méritos de los reclamos de la Comisión. “[N]o vemos cómo alguien no pueda simpatizar con la idea de que nuestras comunidades sean tomadas en cuenta en los procesos decisorios relacionados a los planes de desarrollo de su vecindario. No obstante, las comunidades deben procurar utilizar los mecanismos legales provistos para ello y actuar de forma oportuna y diligente a fin de mantener la seguridad jurídica y la confianza en la s actuaciones de las agencias administrativas”. [vale la pena comentar más adelante sobre este punto!].

seguiremos en una próxima entrada….

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