Constitucional - Responsabilidad Profesional - TSPR

Sobre la crítica al Tribunal Supremo

Esto lo escribí en ocasión de la Opinión emitida por el Tribunal Supremo en el caso In Re Sánchez Ramos emitida el 31 de julio de 2008 el mismo día de la famosa opinión del caso Paseo Caribe.

Sobre la crítica al Tribunal Supremo y la libertad de expresión

Antes de emitir mi análisis crítico sobre la Opinión del Tribunal Supremo en el caso Paseo Caribe, me gustaría hacer hincapié en un elemento vital que presenta el contexto de este caso -junto a otra opinión del Tribunal emitida el mismo día- para nuestras libertades como individuos y como sociedad. Se trata de la importancia de poder criticar y emitir juicios libremente sobre nuestras instituciones y sus determinaciones. Se trata de uno de los pilares básicos de nuestra organización social, política y jurídica: la libertad de expresión y la posibilidad de generar libremente crítica al Estado.

En particular, el caso Paseo Caribe y la opinión emitida por el Tribunal Supremo, nos da la oportunidad para enfatizar y hacernos hiper-conscientes de la importancia de tomar en cuenta a la Rama Judicial como la tercera de las ramas de gobierno y que como tal, debe estar sujeta al escrutinio y a una crítica amplia del pueblo. Me refiero a la importancia de que la ciudadanía siga de cerca, de forma vigilante y fiscalizadora las determinaciones del Tribunal Supremo, no sólo ésta, sino tantas otras en su amplia gama de temas y determinaciones relativas a todos los quehaceres sociales. Después de todo, se trata de una Rama más de nuestro gobierno. Pero es una Rama, por cierto y sobre todo, que no cuenta con los instrumentos de fiscalización que cuentan las otras dos, pues los funcionarios de esta Rama, es decir, los jueces y juezas que allí están, no son electos y como tal, su fiscalización es aún más difícil. Los Jueces y Juezas, funcionarios no electos, son los que determinan la forma en que en nuestra sociedad se interpretan las leyes, se resuelven los “casos y controversias” que nos afectan a todos, y sobre todo, se interpreta nuestra Constitución. Están ahí, en ese rol, hasta que cumplen la edad de 70 años y tienen en sus manos el destino del estado de derecho en nuestra sociedad. Por eso, incluso más que a las otras dos ramas de gobierno, debemos prestarle mucha atención y mirar de cerca quienes son, cómo deciden, cuáles son sus líneas de adjudicación sobre temas tan diversos como el medioambiente, la familia, los derechos de acusados, los derechos de consumidores, los derechos de las mujeres, la propiedad y los derechos individuales y colectivos en general, entre otros. Asimismo, es importante identificar cómo éstos ven su rol como jueces y qué visiones del Derecho adoptan a la hora de decidir los casos. Esto trasciende el debate tradicional de si son de un partido o de otro, y resulta de mucha importancia para el futuro. Precisamente ahora cuando se avecina un proceso de nominación para tres de sus vacantes, el pueblo debe estar atento a las líneas que adoptan estos jueces y juezas y contestarse cuáles son sus perfiles en estos temas. Además, los abogados y abogadas tenemos la responsabilidad de servir de traductores jurídicos para el resto del país.

Pero para todo esto es indispensable que contemos con protecciones amplias a nuestro derecho a la libertad de expresión, que sea posible, sin vigilancia ni trabas, poder emitir y comunicar libremente todos esos aspectos y juicios críticos y criticar amplia y libremente al sistema judicial. En estos días se nos presenta este tema muy solapadamente, por eso creo que es vital que podamos reconocer este aspecto y discutirlo abiertamente. El mismo día en que se emitió la Opinión del caso Paseo Caribe, el Tribunal emitió una Opinión en el caso In Re Sánchez Ramos, caso en el que se cuestionaban las expresiones del Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, por decir que en nuestro sistema de justicia existe una doble vara que trata de manera desigual a ciertos ciudadanos. Aunque el Tribunal desestima la querella contra Sánchez Ramos, emitió una Opinión en la que pone en tela de juicio y cuestiona “lo apropiado” de las expresiones del Secretario. De hecho, el Tribunal emitió un regaño al Secretario por sus expresiones. Más aún, el Tribunal le lanza a los abogados y abogadas del país una advertencia a manera de recordatorio: “le recordamos a todos los abogados, incluyendo al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su deber -como celosos custodios de la imagen de la justicia- de observar una conducta que se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales”. El Tribunal señala “la moderación y la prudencia” como herramientas para lo que llama “ataques injustificados” por parte de los abogados y alude a la obligación de un “respeto hacia los tribunales” y “desalentar y evitar ataques injustificados contra los jueces” para “la buena marcha de los procedimientos judiciales y la confianza que el público deposita en ellos”.

Creo firmemente en que, no sólo los abogados y abogadas, sino todos los puertorriqueños (as) debemos propiciar que en nuestro país, los debates en la esfera pública, la discusión y la deliberación -tanto en los medios como en todas nuestras instituciones- alcancen un mejor y más significativo panorama de respeto y debate sustantivo. Las medidas que se adopten para esto, sin embargo, no deben ir dirigidas, so pena de faltar al “mayor respeto” a las instituciones, a coartar uno de los objetivos principales de la libertad de expresión, que es el cuestionamiento y fiscalización por parte de la ciudadanía de esas mismas instituciones. Todo lo contrario, el criterio en una sociedad que siga los principios democráticos debe ir dirigido a fomentar la mayor libertad posible para precisamente criticar esas instituciones haciendo uso de las garantías de libertad de expresión. Mientras más restricciones y limitaciones le pongamos a ese ejercicio, mientras más haya quien tenga la exclusividad de vigilar y controlar expresiones, más control y abuso de poder existirá de parte de unos pocos sobre las libertades individuales y colectivas del resto, y más estará en riesgo nuestro sistema democrático.

La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.

Ahora bien, me temo que la mera advertencia hecha a los abogados y abogadas, que también son ciudadanos, sobre lo “apropiado” o “ejemplarizante” o no de una expresión crítica contra una institución de gobierno (sobre todo si la institución a la que se critica es la misma que decide qué es apropiado), es una forma de control de las libertades de expresión y como tal, una forma de inhibir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades, sean éstos abogados o no. Son precisamente los abogados y las abogadas los que tienen el deber de informar al resto del país sobre los debates jurídicos y alertar sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Las restricciones en este ámbito son una forma sutil, pero muy efectiva, de evitar que los abogados -y los ciudadanos en general- emitan juicio sobre lo que el Estado y sus ramas de gobierno hacen o dejan de hacer. Ciertamente, el peso social que acarreamos con una restricción y limitación de la libertad de expresión es un peso demasiado oneroso que no debemos cargar, mucho más oneroso para la sociedad que aquél que alegadamente pueda tener el querer proteger la confianza y respeto a ciegas y sin más hacia una institución de gobierno. Por eso, este contexto en que surge esta Opinión de Paseo Caribe creo que es un contexto rico para que maduremos como sociedad e incluir en nuestra agenda una mirada más cercana a esta institución que parece querer tener la confianza del pueblo a ciegas. Es importante que hurguemos sus razonamientos de una manera crítica, que pensemos sobre sus argumentos y que sigamos de una manera inteligente y crítica el desarrollo de las adjudicaciones de este Tribunal, en todos los temas y facetas de nuestra vida. También es vital que hagamos crítica a los procesos judiciales y podamos evaluar y criticar libremente el sistema de justicia. Ese deber es también parte del deber principalísimo de los abogados y las abogadas en una sociedad democrática. Asimismo, todos tenemos socialmente ese derecho y esa responsabilidad. Sólo así podemos contrarrestar el peso que significa que como pueblo no tengamos control directo sobre la composición y el poder que tiene esta institución sobre muchas facetas de nuestra vida. Nuestras instituciones están llamadas a no desalentar y sí a propiciar este proceso. Es un ejercicio de sana democracia. Debemos aprovecharlo conscientes de su significado..

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