Constitucional - Responsabilidad Profesional - TSPR

De paradas de guagua y libertad de expresión

Todo el que alguna vez haya disfrutado la experiencia de esperar por una “guagua” de la AMA en Puerto Rico ha estado expuesto a la filosofía urbana que allí se desarrolla. Junto a esa maltrecha estructura de cemento, si es que existe alguna, los allí presentes manifiestan, sin temor ni censura alguna, su sabiduría callejera. Allí, entre los agrios aromas de contaminación urbana y sudor, se puede respirar la libertad de expresión. Ideas van y vienen. Pensamientos, coherentes e incoherentes, se hacen públicos. Opiniones que nadie ha solicitado. Críticas al Gobierno que poco hace para mejorar la calidad de vida de los allí presentes. Se opina, se debate, se discute. Allí muy pocos se han leído la Constitución, pero todos saben que nadie les puede prohibir decir lo que piensan. Se trata de la manifestación más pura y espontánea de la libertad de expresión. Eventualmente, llega la guagua que se espera y la Vida continúa.

La libertad de expresión se fundamenta sobre los principios y valores que permiten la pacífica convivencia de personas que no necesariamente piensan igual. Es el reconocimiento de una sociedad de que existen distintas formas de ver e interpretar la realidad que vivimos. Es la garantía jurídica de que en un mismo espacio social pueden converger una pluralidad de opiniones y donde se fomenta el libre flujo de éstas. Es la apuesta colectiva a que ese choque de ideas producirá una sociedad más informada, lo que a su vez producirá una mejor sociedad donde nadie es dueño de la verdad y todos somos libres de expresar lo que sentimos y pensamos.

El derecho a la libertad de expresión cobra mayor relevancia dentro del contexto de la gestión pública. La administración de las estructuras gubernamentales necesita que se proteja su espacio de acción y de expresión para procurar la pureza y transparencia de los procesos públicos, o al menos, para cultivar tal aspiración. Como en toda garantía constitucional que no es absoluta, sus límites se tienen que fundamentar en la prelación de un valor de superior jerarquía, no en el mero ejercicio del poder por poder. En ese sentido, sabido es que no están protegidas constitucionalmente las expresiones o conductas dirigidas a interferir con el libre movimiento o pensamiento de otras personas, o a causarle daño a la integridad corporal de éstas. No pueden estarlo. Eso equivaldría a dejar la suerte de la sociedad al arbitrio del grito o el mollero, es decir, a legitimar la mordaza bajo el palio de un derecho constitucional.

Así pues, la palabra de crítica de un funcionario público –de cualquier jerarquía o identidad– hacia cualquier estructura o rama de Gobierno nunca debe ni puede censurarse. Esa línea no tan fina [entre la tolerancia que siempre debe prevalecer en cualquier ambiente que reclame ser democrático y el interés del que ejerce el poder de anteponer los intereses particulares de la institución que representa al interés general colectivo] nunca debe cruzarse.

Las recientes expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en atención a una querella presentada por un miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (In Re Queja presentada contra el Secretario de Justicia, 2008 TSPR 151) parecen anticipar un cruce a esa línea, poniendo en entredicho el ámbito de aplicación en Puerto Rico del derecho constitucional a la libertad de expresión. Resolviendo sin resolver, el Tribunal nos ilustra sobre cómo los abogados debemos “observar una cultura que se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales” y que “la moderación y la prudencia son la mejor herramienta para evitar ataques injustificados que en el fragor del momento pueden ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial”. Nada menuda advertencia.

El filósofo y escritor francés, François-Marie Arouet (1694-1778), mejor conocido como Voltaire, dijo: “Estaré en desacuerdo con lo que dices hasta la muerte, pero estoy dispuesto a defender con mi vida tu derecho a decirlo”. En oposición, varios siglos después, en Puerto Rico se regaña la expresión de un ciudadano particular, no exclusivamente por su contenido, sino por la identidad del crítico y del criticado. Quizás sea que, como establecía uno de los mandamientos en Animal Farm de George Orwell (1903-1950), all animals are equal, but some animals are more equal than others.

Irónicamente, la censura previa en este caso va dirigida a aquellos que estamos llamados a defender el derecho que ahora se pretende coartar. Lastimosamente, se trata de un derecho cuyo pleno ejercicio es esencial para la formación y evolución de cualquier sociedad que aspire a ser realmente democrática. Paradójicamente, después de tantos años de formación jurídica, quizás sea necesario entregar la toga y regresar a la parada de guagua.

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