Educación Jurídica - Responsabilidad Profesional

El Servicio Pro Bono y la Educación Jurídica

¿POR QUÉ SÓCRATES DEBIÓ INTEGRAR EL SERVICIO PRO-BONO A LA DISCUSIÓN DEL CASO?: TENDENCIAS Y DESARROLLOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE EDUCACIÓN JURÍDICA

(Lo que exponemos a continuación son partes de un artículo que próximamente aparecerá publicado en la Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico)

La facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se mantiene siempre atenta y dispuesta a renovar su programa de estudios con el objetivo de atemperar la oferta académica a las exigencias y necesidades de los tiempos, para así brindar a sus alumnos las mejores y más diversas oportunidades de formación y adiestramiento.  A tenor con dicha política, en mayo de 2007 la Escuela de Derecho incorporó al programa académico un nuevo ofrecimiento bajo el nombre de “El Programa Pro Bono de la Universidad de Puerto Rico”.

Con la introducción de esta  iniciativa, la Escuela se propuso enriquecer el currículo conducente al grado de Juris Doctor, incorporando de forma aún más estructurada y visible que hasta el presente, la dimensión del servicio público como componente esencial de la formación profesional de los abogados y abogadas.

Al concluir el primer año del programa Pro Bono UPR la suma de las aportaciones que profesores, estudiantes y colaboradores habían logrado era  verdaderamente impresionante. Ciento cincuenta estudiantes participaron activamente en el programa y contaron con la supervisión y guía de un total de nueve mentores académicos y de otros catorce profesores y profesoras y abogados y abogadas que colaboraron en varios de los proyectos.  Los estudiantes brindaron un total agregado de 2,245 horas de servicio.

Más importante aún que las cifras antes esbozadas, las oportunidades formativas que se ofrecieron a través de las experiencias de servicio estimularon en los alumnos la voluntad y disposición hacia el servicio público, integrando a ello la capacitación y formación profesional, sin tener que esperar al curso clínico en su último año de estudios. Se pudo fomentar así el estudio y la acción en torno a la causa del acceso a la justicia.

El gran reto que ahora confrontamos es mantener este tipo de ofrecimiento en el programa de estudios y ampliarlo para beneficio de futuros estudiantes y profesores de derecho. Dicha encomienda no es sólo de las escuelas de derecho, pues necesariamente tiene que compartirse con las principales instituciones jurídicas y con la profesión legal en general.

Desde el escenario universitario, para que estos programas proliferen y se sostengan resulta indispensable que un mayor número de profesores y profesoras se incorporen a la iniciativa, sirviendo de mentores y colaboradores de los proyectos. Ello es importante por la legitimación que la participación activa de los docentes le brinda al ofrecimiento. Además, la intervención de los profesores y profesoras garantiza la óptima vinculación de la experiencia aleccionadora del servicio pro bono al proceso de aprendizaje, aprovechándola en todo lo que vale para lograr un mejor entendimiento y más crítico examen del ordenamiento y su funcionamiento. 

La participación en este tipo de proyecto le ofrece a docentes e investigadores una oportunidad extraordinaria de enriquecer y ampliar el foco de sus investigaciones, dotándolas de una mayor vigencia y pertinencia tanto para el sistema jurídico, como para la comunidad en general.

Finalmente, las escuelas de derecho tienen que comenzar a evaluar cuán efectivos resultan sus programas de estudios en la formación de los valores profesionales. Hasta ahora el avalúo del aprendizaje del egresado se ha concentrado en constatar el conocimiento especializado adquirido y el desempeño competente de las destrezas propias del ejercicio profesional. En dicho esquema, sin embargo, encontramos poco, si algún énfasis, en medir cuán efectivos hemos sido en inculcar el sentido de responsabilidad social que forma parte de nuestra misión.

Ahora bien, aunque los esfuerzos de las instituciones educativas son importantísimos, por sí solos no son suficientes. Sólo mediante el empeño conjunto y la acción concertada de todas las instituciones jurídicas concernidas, será posible que comencemos a cerrar “… the shameful gap between our rethorical commitments and daily practices concerning access to justice.” (Deborah Rhode)

Sin ello, resulta altamente improbable que logremos institucionalizar, de forma más efectiva y equitativa, la prestación de los servicios legales pro bono que debemos proveer los abogados y las abogadas del país.


 

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  • Hiram

    No me cabe duda que este es un proyecto necesario para Puerto Rico. Por muchos años la clínica de asistencia legal ha brindado servicio a la comunidad y experiencia formativa a los estudiantes desde esa perspectiva clínica. Ahora, el programa pro bono promete una experiencia mucho más rica y diversa y, por lo tanto, más oportunidades de aportar a la comunidad. Le toca a la universidad del Estado, y me alegra que sea la Escuela de Derecho quien tome las riendas, servir de coordinadora y agente catalítico para el cambio social. Además de impactar a la sociedad directamente, propulsar los valores de responsabilidad social que están detrás de este proyecto es, sin dudas, una propuesta de cambio importante. ¡Enhorabuena por este proyecto!