Procedimiento Civil

La presentación de una demanda y la gestión pública

“Licenciado, ¿y me pueden demandar?” Esa probablemente es la pregunta más frecuente que me hacen como abogado. Lo curioso -para los que no son juristas- es que la respuesta siempre es afirmativa. Salvo el cumplimiento con unos requisitos de forma mínimos, nada impide en nuestro ordenamiento jurídico la presentación de una demanda civil. Y cuando hablo de presentar una demanda, me refiero al acto físico de acudir a la Secretaría de un Tribunal de Justicia, presentar un documento escrito titulado Demanda, adherirle los correspondientes sellos y obtener un número de caso que le asigna el propio Tribunal. Completado lo anterior, se satisfacen los requisitos que establece la Regla 2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico e inicia formalmente un pleito, con todo lo que ello supone desde un punto de vista jurídico. Quedarán para otro día la evaluación de la capacidad legal del demandante, la jurisdicción o competencia del tribunal y los méritos mismos de las alegaciones contenidas en la demanda.

Ahora bien, la mera presentación de una demanda tiene unas consecuencias de naturaleza no jurídica, de igual o mayor importancia. Se trata de la percepción pública que se pueda tener sobre determinada persona, natural o jurídica, contra la cual se ha presentado una demanda. Dicho efecto se magnifica dado el desmesurado interés que las controversias jurídicas contenciosas generan en nuestra sociedad, ayudado en gran medida por el protagonismo que los medios de comunicación le atribuyen a éstas y el sensacionalismo que suele rodear su difusión pública.

Lo anterior cobra mayor relevancia cuando la parte demandada es un funcionario o instrumentalidad pública, responsable de administrar el patrimonio público, y cuyas decisiones tienen un impacto directo en la vida del ciudadano común. En tales casos, el derecho de la prensa a informar libremente, el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública y el derecho de todos a expresar, cuestionar y criticar, son garantías que, a mi juicio, deben fomentarse y celosamente protegerse. El problema surge cuando en el ejercicio de tales derechos se toman las alegaciones de la parte demandante como si fueran hechos objetivos que tendrán una inevitable consecuencia jurídica. Al así actuar, se deja la reputación de un funcionario o instrumentalidad pública al arbitrio de lo alegado por el demandante en su demanda. Eso no llega como sorpresa para aquellos que hemos optado por el servicio público, sobre todo para los que tenemos una formación jurídica. Lo que sí sorprende es la poca rigurosidad y profundidad en el análisis -o falta de éste- de las instituciones no judiciales que pasan juicio sobre tales alegaciones. Ello, a su vez, tiene el inevitable efecto de minar la confianza en la gestión pública, con o sin razón.

Dejo claro que no estoy en contra del ejercicio de los derechos antes mencionados. No puedo estarlo. En una sociedad que reclame o que aspire ser democrática, hay que proteger la capacidad legal de sus ciudadanos para cuestionar las actuaciones gubernamentales y solicitar desagravios cuando así lo entiendan necesario. No obstante, las instituciones llamadas a fiscalizar la gestión pública deben ejercer tal función con el mayor celo y cuidado posible. No podemos exigirle menos. Al no hacerlo, no tan sólo le restan seriedad y credibilidad a su trabajo, sino que desalientan aún más el ingreso de profesionales al servicio público en Puerto Rico y le restan efectividad a un sistema judicial que siempre tiene las puertas abiertas para aquél que tenga a bien, o a mal, presentar una demanda..

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