Legislación

La ley y el principio de la autonomía universitaria

Comienza un nuevo año y con éste una nueva Asamblea Legislativa. Entre los proyectos que he podido revisar, destaca de manera particular el P. del S. 30, mediante el cual se pretende aumentar de 13 a 31 el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Merece varios comentarios.

Primero, el más obvio. En tiempos de estrechez económica y ante el reiterado mensaje del Ejecutivo de buscar un Gobierno más pequeño, el Legislador presenta un proyecto para duplicar el tamaño de una estructura pública, sin identificar las fuentes que financiarán ese incremento monumental de un organismo directivo que no presta un servicio directo a la comunidad. Más sentido tendría, por ejemplo, una legislación que redujera el número de sus miembros de 13 a 11.

Segundo, como cuestión de administración pública, una Junta de 31 miembros es algo cerca de inmanejable. Lejos de facilitar la gestión pública, la complica.

Tercero, este asunto no ha sido evaluado ni recomendado por ninguno de los múltiples organismos académicos de la Universidad de Puerto Rico. Tampoco ha sido recomendado por ninguno de los organismos llamados a auditar la Universidad. Como cuestión de hecho, es contrario a todos los estudios, recomendacioes y esfuerzos de los últimos años, dirigidos todos a reducir la burocracia y el gasto operacional de la Universidad. En cualquier caso, en deferencia a la comunidad universitaria, un cambio de esta naturaleza tiene que surgir de la propia Universidad como una recomendación al Legislador, no a la inversa.

Las Leyes Número 1 y 2 de 20 de enero de 1966 establecen la estructura orgánica de la Universidad de Puerto Rico, fundamentadas ambas en el principio de no intervención política en los asuntos universitarios. Estas leyes implican un pacto social mediante el cual el Estado le reconoce a la Universidad un amplio margen de autonomía administrativa y fiscal. Ese pacto social no es perfecto, pero ha funcionado muy bien para Puerto Rico. Procede entonces fortalecerlo, no debilitarlo..

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  • Érika

    Posted: 09 Jan 2009 07:09 AM CST
    Te pregunto: qué fundamentos/razones se exponen en la “exposición de motivos” para el proyecto: ¿para el aumento?. Respecto a las razones objeciones que expones coincido con todas. No empece, mi molestia más que nada con este tipo de eventos que se avecina es la (re)acción que parece tener el “público” o el foro público con estos eventos (me refiero tanto a este como a lo del banquete con el Supremo, las procuradurías y ahora con la Universidad). No hay porqué renunciar a los debates más apremiantes sobre los fundamentos y lo conveniente y apropiado para nuestro país y sistema -estructuralmente e institucionalmente hablando- por el hecho de que -como se señala en el comentario anterior y a lo largo y ancho del país-, el gobernador y la nueva legislatura tengan el poder y la prerrogativa de hacer estas cosas a base del resultado electoral. Sí, sabemos que vienen a concentrar el poder, pero y a eso ¿cómo reaccionamos?, ¿con normalidad? ¿con ironía? ¿convencidos de su inevitabilidad? Eso es lo que me preocupa. A mi (y creo que al país también) le tendrían que explicar las razones/fundamentos de peso para esos cambios/nombramientos que inciden sobre nuestros arreglos institucionales y sociales vitales y más apremiantes. Seguir contestándonos que esto es un “asalto” esperado para ganar el poder de nuestras instituciones entonces es una especie de aceptación y renuncia directa a incuso la apariencia de un sistema democrático de gobierno. Es desnudar evidentemente lo que es, pero peor aún, es “normalizar” lo que no debería ser o es que ya ni al menos en apariencia debe aparentarse cierta legitimidad de las instituciones para un funcionamiento social más o menos decente!. Me niego a que no se ofrezcan razones para este tipo de actuación. Creo que la discusión de este proyecto debe regresar a lo más básico, qué tipo de universidad queremos para el país, qué significa para el país un proyecto universitario sujeto a estos vaivenes, cómo justificar una actuación como esta? Pienso que no debemos renunciar al debate público sobre estos aspectos, por el hecho simple de que sepamos lo que hay detrás. Que expliquen y que expliquen bien porque nuestra universidad tendría un mejor arreglo institucional bajo esta propuesta.

  • Edwin Vázquez

    Posted: 08 Jan 2009 08:18 PM CST
    Saludos. Este proyecto responde al interés del gobierno de turno de tomar la Universidad por asalto y politizarla en todas sus esferas. Al día siguiente de aprobado le pedirán la renuncia la presidente actual y pondrán a un politiquero al estilo de Carlos Chardón en el Departamento de Educación.

  • Iván

    Posted: 09 Jan 2009 07:41 AM CST
    La Exposición de Motivos es la siguiente:

    “Mediante la Ley Num. 16 de 16 de junio de 1993 se enmendó la Ley Num. de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley de la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de crear una Junta de Síndicos que gobernará y administrará el sistema universitario estatal. Dicha ley tuvo el propósito de incorporar mayor participación ciudadana y de los miembros de la comunidad universitaria. Esto ha representado una democratización de los procesos decisionales en la Universidad de Puerto Rico. No obstante, no se ha logrado la apertura deseada en el campo académico, docente, administrativo y de fiscalización.

    A los fines de dotar a la Universidad de Puerto Rico de una Junta de Síndicos con el mayor grado de excelencia posible, se recomienda ampliar la composición de la misma.

    Mediante las presentes enmiendas a la Ley Núm. 1, supra, se estaría ampliando la composición de la Junta de Síndicos a treinta y un miembros, se aumenta la participación estudiantil de la Junta, así como la de los profesores permanentes. De igual manera, se amplia a veintiséis la participación profesional ciudadana en la Junta, requiriendo que las mismas sean personas destacadas en una diversidad de campos, especificándose en los sucesivo, que por lo menos uno de tales miembros, debe ser graduado de la Universidad de Puerto Rico.
    Por otro lado, se duplica el término de tiempo en el cual podrán servir como miembros de la Junta los representantes del profesorado y del estudiantado. De igual manera, mediante la presente ley se dispone que todos los miembros de la Junta que sean nombrados por el Gobernador servirán por 6 años, con excepción de los dieciséis miembros adicionales, que servirán, de manera escalonada, ocho por ocho años, cinco por seis años y tres por cuatro años.

    Se dispone, además, para la creación de comités creados por la Junta de Síndicos, incluyendo uno de Presupuesto, uno de currículo y uno de sistema de retiro. Mediante dichos subcomités, la Junta de Síndicos podrá funcionar de manera más efectiva, nutriéndose del insumo provisto por sus diferentes miembros, en distintas áreas de necesidad, según sus experiencias y cualificaciones.

    Igualmente, se modifican los requisitos de quórum para atemperarlos a la nueva composición de la Junta de Síndicos. Finalmente, se dispone para que los miembros de la Junta puedan ser compensados por los gastos de transportación y alojamiento en que incurran para asistir a las reuniones, conforme a la reglamentación que establezca la propia Junta, sujetos siempre a que cualquier provisión reglamentaria a tales efectos quede sujeta siempre a los parámetros de razonabilidad y austeridad en la administración de fondos públicos que deben regir a todos los componentes del Gobierno de Puerto Rico, tanto en los tiempos presentes de clara estrechez económica, como en tiempos venideros de solvencia y prosperidad.

    De esta manera se promueve el desarrollo académico y administrativo de la Universidad y se garantiza, una mayor representación de todos los sectores universitarios, incluidos el personal no docente y administrativo, así como los exalumnos y los jubilados.”