Responsabilidad Profesional - TSPR

Sobre jueces, juristas y la [necesaria y urgente] crítica a los Tribunales

En una muy lamentable columna en el periódico El Nuevo Día, el colega y compañero Lcdo. Carlos Mondríguez Torres, criticó al presidente de la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y a la profesora, y autora en este blog, Érika Fontánez Torres, por asumir una postura crítica en torno a un incidente en que residentes de una urbanización privada solicitaron, y obtuvieron, la paralización por vía judicial de una actividad comercial que era, a la vez, convocada por una organización homosexual.  La crítica, o más bien el cuestionamiento y llamado a la reflexión (¡por más de cinco minutos!), se da porque es en urbanizaciones privilegiadas cerradas, con servidumbres tolerantes sólo a actividades “residenciales”, que se recogen cantidades millonarias en contribuciones para el negocio más lucrativo del país, el negocio político; es en estos recintos de paz familiar, que  las clases de estudiantes (de escuelas privadas, de derecho y medicina) celebran actividades en que recaudan miles de dólares tras cobrar por la admisión. Pero es sólo ante esta actividad por homosexuales y lesbianas que se activa la maquinaria judicial.

Ciertamente, los comentarios vertidos ponen el dedo en una llaga muy cruda. Una llaga de clase y discrimen que, aunque tratemos de tapar el cielo con la mano, sigue infectándose tras su descuido y falta de atención. Es una llaga que, queramos creerlo o no, ya está llena de pus.  Me abstengo de abundar en ese detalle, porque hay otros temas urgentes que hemos tratado en este blog y que, por lo visto, son recurrentes. Me refiero a repetidos llamados por miembros de nuestra profesión para que los abogados nos abstengamos de cuestionar, criticar y, en el proceso, se alega, lacerar la imagen de los tribunales. La versión más reciente la presenta la columna de referencia al decir aquello que me resultó insólito, por no decir absurdo. Dice Mondríguez Torrez:

Los juristas, por disposición de los cánones de ética, debemos abstenernos de cuestionar en la prensa las actuaciones de los jueces, más aun cuando no las conocemos.

Con todo el respeto que se merece el compañero, esa aseveración es esféricamente errada: equivocada desde cualquier punto que se le mire. Los que colaboramos a este blog nos dedicamos, precisamente, a cuestionar, supervisar, comentar y, cuando es necesario, celebrar las actuaciones de los jueces (entre muchas otras cosas). Y para que no quepa duda, e independientemente de veladas intimidaciones con referencias huecas a los cánones de ética, lo seguiremos haciendo tan enérgicamente como nuestro derecho a la libertad de expresión lo permita. Derecho que, aunque nunca es absoluto, es muchísimo más amplio que lo sugerido por la crítica.

Estos intentos de censurar tras la amenaza de la sanción disciplinaria los puso de moda el propio Tribunal Supremo cuando le advirtió, aunque no sancionó, a un anterior Secretario de Justicia por expresar que en Puerto Rico existe una “doble vara” en la administración de la Justicia.  En esa ocasión, reseñada en una entrada anterior, el Tribunal Supremo le “exhortó” al entonces Secretario “a propiciar debates jurídicos de la altura moral e intelectual que se espera de todo abogado, en los que la moderación y la prudencia son la mejor herramienta para evitar ataques injustificados que en el fragor del momento puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.” En ese momento, en este mismo blog (aquí y aquí) fuimos nosotros los que tuvimos que advertirle al Tribunal con todas nuestras fuerzas que ese comportamiento, el comportamiento de censura, es el que no se puede tolerar en una sociedad democrática.

Asimismo, este tema se ha traído a nuestro espacio de Comentarios. Especialmente en aquella ocasión en que el Tribunal Supremo demostró un pobre manejo de fuentes tras descansar en un folleto legal que los estudiantes asumen como una herramienta cruda para pasar (algunos) exámenes (los famosos “Emanuel”) y no como fuente para pautar el derecho del País. En aquel momento critiqué fuertemente al Tribunal y lo repito aquí:

[El] Emanuel se cita por una razón que debe ser completamente ajena a la práctica judicial: pura, simple y burda mediocridad….

El problema aquí es que la mediocridad (escondida detrás del señor Steven Emanuel) aborrece el razonamiento y cancela de entrada la discusión y deliberación. Pensar da mucho trabajo y el uso de formularios mágicos como el Emanuel ahorra ese esfuerzo. Por eso la mediocridad fomenta la vagancia, y la vagancia nos hace olvidar cómo pensar, tornándonos parásitos de la ignorancia.

Luego que algunos lectores se mostraran ofendidos por esta crítica tan elemental, y sugirieran que no estaba cobijada por la libertad de expresión y sujeta a sanciones disciplinarias, tuve esto que decir (lo cual copio aquí con alguna edición contextual):

Muchos … comentarios se refieren a la manera en que se conduce la critica al Tribunal, y sobre ello hemos discutido también la importancia de mantener una discusión vigorosa del desempeño, no sólo del Tribunal Supremo, sino de todas las instituciones políticas de Puerto Rico. Sí, dije política (no político-partidista, que a veces se confunde). La Judicial es una de las tres ramas del gobierno de Puerto Rico y como alegada garante del imperio de la ley se debe sujetar al proceso político de crítica ciudadana. También comenté algo acerca de eso aquí y cito algo que Érika escribió en ocasión del episodio de la Doble Vara llamando atención al hecho de que, precisamente porque se trata de funcionarios no electos, la vigilancia al Tribunal es apremiante.

La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.

Lo anterior me lleva a resaltar un asunto vinculado a la crítica al Tribunal: las referencias repetidas a sanciones disciplinarias. Francamente me causa mucha tristeza e indignación conocer que colegas de esta comunidad jurídica han aceptado la autocensura como punto de partida para el debate sobre nuestras instituciones. Me preocupa además que ello tenga el efecto de atemperar la crítica de miembros de esta comunidad a sus instituciones, en particular la judicial. Para que quede claro y miembros de este foro no se sientan coartados, en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño. El día que eso ocurra, sencillamente estaríamos en otro Puerto Rico. La legitimidad e imagen de la institución es, hasta cierto punto, secundaria en cuanto a la libertad de expresión concierne. No nos toca a nosotros rehabilitar la imagen de instituciones desgastadas si éstas no ponen de su parte. El respeto y la confianza de la ciudadanía no es gratis, se lo ganan las instituciones a base de su desempeño. El único requisito de deliberación pública es, claro está, el de discusión razonada y seria, de manera que cada cual esté dispuesto a defender sus posturas con argumentos que pueda explicar.

Creo que vale la pena repetir el corazón del planteamiento y la discrepancia fundamental con la columna reseñada: en un sistema democrático como el nuestro, y salvo casos sumamente extremos, no es posible que un tribunal tenga la facultad de sancionar el cuestionamiento a su desempeño.

Si la crítica sobre los asuntos públicos y gubernamentales hiere la sensibilidad de la Rama Judicial, pues sólo podría concluir, con mucha sorpresa y lástima, que se trata de una institución hipersensible e insegura de lo que hace. Su razón, apego a la ley, a la justicia y a los derechos humanos, es la mejor defensa que tiene esa Rama; es lo que le hace ganar el respeto de la población. Si hace bien ese trabajo, no tiene que preocuparse por su imagen y legitimidad. Después de todo, suficiente poder tiene; creo que puede defenderse solita.

Se alega en la columna que esta actitud crítica ciudadana albergada por la tradición vigorosa de libertad de expresión “no es … lo que debe enseñarse a estudiantes que aspiran a convertirse en juristas”. Se equivoca.  Se equivoca mucho. Somos precisamente los juristas los que no callamos y los que identificamos, dentro de la madeja de rebuscadas leyes y doctrinas, los puntos de fisura; allí donde la ley y la justicia se apartan. Es allí donde apremia la intervención de los abogados, tanto en los alegatos judiciales formales como en la esfera pública más amplia.

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