Constitucional - Teoría - TSPR

Serrano: “Such is Life en el Supremo”

Aprovecho el reportaje reciente del periodista, y colega, Oscar Serrano titulado “Such is Life en el Supremo”, para echarle dos o tres leñitas al fuego. Hace un tiempo me propuse escribir unas líneas sobre la Opinión de Conformidad del Juez Asociado Martínez Torres en Yiyi Motors v. ELA, 2009 TSPR 159. Todavía tengo en turno un análisis más extenso, pues la Opinión me parece un tanto alarmante ya que apunta una visión preocupante de lo que constituye el poder judicial. Es una joyita para la historia: refleja la idea de que el peso del poder desnudo es el que manda en ese foro independiente de la razón, argumentos, deliberación y tal vez el derecho. Si es así, pues no es el Imperio de la Ley lo que rige en el Tribunal, sino el Imperio del Poder.

Y hay una gran diferencia (o debería haberla), si es que se aspira a alguna distinción entre el ejercicio del poder judicial y el ejercicio del poder político. Cito los párrafos que han causado consternación entre juristas de toda clase. Las expresiones se dan en el contexto de una lista de instancias repetidas en que el Juez Presidente ha mostrado preocupación con las decisiones del “Nuevo Tribunal”:

Que quede claro que el señor  Juez Presidente tiene el derecho de discrepar de la visión mayoritaria. Soy el primero en defender ese derecho y más aun, el derecho incuestionable del señor Juez Presidente a expresar esa disidencia de la forma y en el momento que él lo entienda necesario. Después de todo, la disidencia fuerte y vigorosa es saludable para el desarrollo del derecho en un foro colegiado como éste.

Sin embargo, eso no significa que yo deba permanecer callado. Precisamente porque conozco el alcance de mis facultades como integrante de este Tribunal, me veo igualmente obligado a responder de manera respetuosa y firme, al empleo más reciente de la hipérbole y las visiones apocalípticas para demonizar, caricaturizar y deformar las decisiones de este Tribunal con los argumentos ficticios que postulan que este Tribunal resuelve de espaldas al derecho y en contra de nuestro Pueblo. Infundir esos miedos no es gracioso, ni siquiera ante la cercanía del Día de Halloween.

La independencia judicial no está en juego aquí. Es tiempo que aceptemos que el cambio en visión y filosofía jurídica por el que atraviesa este Tribunal no significa el fin del mundo ni la hecatombe jurídica. Se trata del flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas. Ese es nuestro sistema constitucional. Desmerecer ese proceso democrático no le hace bien a Puerto Rico.

Debe quedar claro, que cambios en la composición de los Tribunales en efecto a veces reflejan cambios de filosofías adjudicativas, ideologías imperantes y demás.  El entonces Juez Asociado Rebollo López, en ocasiones se vio frustrado con lo que el entendía eran transformaciones producto de un “Nuevo Tribunal”. Cito dos ejemplos:

Rebollo en Berberena v Echegoyen, 128 DPR 864 (1991)
“La historia se encargará de juzgar la conducta y actuación judicial mayoritaria de este ‘nuevo’ Tribunal. Nos atrevemos a pronosticar que el dictamen no será muy elogioso y favorable a menos que prontamente se realice que el compromiso que se contrajo al juramentar el cargo lo fue únicamente con la justicia, la verdad y lo que es correcto en derecho.”

Rebollo en Pueblo v Rivera Colón, 128 DPR 672 (1991)
“La posición que en dicho entonces asumimos –y que hoy personalmente ratificamos–curiosamente fue endosada en aquel entonces por dos de los integrantes del Tribunal que hoy suscriben, de manera entusiasta, la posición contraria. Ello no es la primera vez que ocurre en el ‘nuevo’ Tribunal; posiblemente no sea la última. Dicha situación no debe sorprender a nadie; después de todo, los integrantes de este Tribunal también tienen derecho a cometer ‘errores de juventud’.”

Una cosa es un cambio en filosofía (y por ende alteración en la norma de derecho) identificando las razones para ello–a lo cual no sólo otros jueces, sino también los ciudadanos, tienen el deber de objetar si así lo estimamos. Pero otra cosa muy distinta es decir, “como ganamos, perdiste; como perdiste, hacemos lo que queramos”. Es equivalente a decir, “resolvemos, porque sí” o “no se queje mucho, o al menos no me hable duro, porque nosotros ganamos las elecciones”. Si es esto lo que se desprende de esta Opinión, pues implicaría que su autor no comprende la función judicial.  En el derecho las razones importan; importan y mucho. Las justificaciones demuestran al menos un esfuerzo por resolver conforme al derecho establecido por los procesos políticos, y no por minorías no electas, o conforme a derechos constitucionales consagrados para proteger a individuos contra las mayorías.  Si no hay buenas razones, si las opiniones no se sostienen bajo un criterio al menos de razonabilidad,  entonces lo que impera es el “porque sí”, o peor, el “porque ganamos”. Y si la población percibe el ejercicio del poder judicial así, como uno sólo revestido de poder desnudo, y no de razones justificadas entonces se sientan las bases para su deslegitimación autoinflgida. Luego, digo yo, será muy tarde para preocuparse por la estabilidad de (y respeto a) la Rama Judicial cuando abogados, profesores y otros la desmenuzamos.

Si esto es lo que impera en este incidente (y en la actitud de la Mayoría), no lo sé. Es difícil determinar. Pero es lo que parece y, a juzgar por las opiniones de cuatro profesores de derecho entrevistados por el periodista Serrano, esta es la impresión generalizada. Halloween no da razón para usar togas como disfraz. Son togas de verdad, que requieren un poder revestido de razón y deliberación.

Todo lo anterior como preámbulo al excelente reportaje de Oscar Serrano que, nuevamente, cito en esta entrada. (Observo, además, el señalamiento del profesor Carlos Ramos —que adelantamos en este blog— a los efectos de que hay ciertas doctrinas  (como la de los derechos adquiridos) que aunque inofensivas de primera impresión, tienen el potencial de convertirse en garantes a largo plazo de intereses económicos configurados por contratos gubernamentales, como las APP). Felicito a Oscar por su valiosa gestión periodística.

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