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Fri Spich in the great state of Puerto Rico

Primero hablamos del Ciber Código de material jocoso.  Ahora le toca al P del S 1290 “Para Establecer la Ley de Delitos Electrónicos en la Internet”. Consideremos la constitucionalidad del Artículo IV que trata, entre otras cosas, sobre la “Injuria por Vía Electrónica”. Otra prueba más de que, en nuestro país, el impulso censor está a flor de piel.

IV. DELITOS CONTRA LA PERSONA Y LA PRIVACIDAD
Sección 1.- Injuria por Vía Electrónica
[1] Toda persona que atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de la red internet, incurrirá en delito grave de cuarto grado, y será sancionado con pena de reclusión que no excederá seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas.  Incurrirá en conducta agravante [2] todo aquel que falsee, altere o modifique la integridad moral y material de un documento electrónico. Constituirá un agravante el [3] publicar escritos o imágenes reales pero que hayan sido obtenidos o captados de forma ilegal o hayan sido publicados sin la debida autorización de la parte interesada.

Veamos los tres elementos enumerados.

  1. Incurre en delito “Toda persona que atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de la red internet”. Es decir, si ignoramos por un momento los problemas con definir qué constituye difamación en el sentido constitucional estrictamente especificado por el TSEU en New York Times v Sullivan, según el proyecto es un delito “atentar contra la moral de otra persona con… escritos o imágenes por vía electrónica”. Sencilla y categóricamente, viola preceptos constitucionales básicos que una ley prohíba “atentar contra la moral” de otra persona (Cohen v. California).  La libertad de expresión en nuestro sistema constitucional prohíbe al Gobierno definir el contenido y tono del discurso público y deja definiciones de lo que constituye moral o inmoral en términos de debate social a la comunidad constituida democráticamente. Esto no le toma ni cinco minutos a un tribunal declarar inconstitucional.
  2. Incurrir en esa conducta (“atentar contra la moral de otra persona”), según el proyecto, es un delito agravado siempre que “se falsee, altere o modifique la integridad moral y material de un documento electrónico.” Agradeceré si alguien me puede explicar qué significa “alterar la integridad moral” de un documento. La vaguedad del concepto ya plantea problemas de libertad de expresión evidentes, pero si por “alterar la integridad moral” de un documento se incorporan conceptos de derechos morales de autor (los cuales se refieren al derecho a la integridad de una obra para proteger la “dignidad” de su autor), ¿entonces estamos ante un delito para aquellos casos en que se afectan derechos morales de autor y a la vez se “atenta contra la moral de otra persona”?  Quién sabe qué rayos quiere decir eso. Lo que sí sé es que “alterar la integridad” de documentos, si con ello se implica simplemente hacer trabajos derivados de otros o modificar documentos, es una actividad protegida por la libertad de expresión en su sentido más amplio. Incluso, se trata de actividad reconocida por la ley federal de derechos de autor bajo la doctrina de Fair Use (la que ocupa el campo y, por tanto, hace de esta sección inútil). Esta doctrina, que tiene un fundamento constitucional expresivo reconocido por el TSEU (Eldred v Aschcroft), permite a los individuos tomar documentos de otros, con ciertos límites, alterarlos y publicarlos sin autorización previa. En esencia la doctrina, y la Constitución, permiten precisamente alterar o modificar la integridad moral y material de un documento sea electrónico o no.
  3. Finalmente, también constituye un agravante bizarro, publicar escritos o imágenes reales pero que hayan sido obtenidos o captados de forma ilegal o hayan sido publicados sin la debida autorización de la parte interesada. Sin querer repetir demasiado, hay que resaltar la vaguedad de esta sección. Para que estemos claro, ésta prohíbe “publicar escritos o imágenes reales”. Si esto no prende el radar constitucional de nadie, pues ni sé de qué me hablan cuando describen a PR como un país democrático. ¿A quién se le ocurre? Bueno, en términos más técnicos, adolece también de problemas de vaguedad pues no queda claro qué constituye haber “obtenido o captado” dichos escritos o imágenes “de forma ilegal o … sin la debida autorización”. Nuevamente, todo esto contradice normas básicas de derechos de autor que expresamente permiten esa práctica (Fair Use) y ocupan el campo. Además violenta principios elementales de libertad de expresión. ¿Acaso no es eso lo que hace un periódico cada vez que publica documentos que le han sido brindados en confidencia; documentos cuya divulgación no ha sido autorizada? ¿No constituye ello publicar escritos sin pedir autorización a “la parte interesada”?  En ocasiones, y sólo de manera limitada, intereses de intimidad pueden ser balanceados como contrapeso a la libertad de expresión. Pero en la generalidad de los casos, una ley que sencillamente prohíba publicar documentos, así porque sí, no será sostenida. A los legisladores (o a sus asesores bien pagados), que se lean un casito que se llama Bartnicki v Vopper, tal vez les ayuda en la reflexión.

De paso, el título de esta entrada es derivado del artículo de mi colega J.J. Álvarez González, Law, Language and Statehood: The Role of English in the Great State of Puerto Rico, 17 L. & Inequality J. 359 (1999) del cual una vez tuve algo que decir.

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  • Virtus Incertus

    Otra maravillosa idea de las lumbreras en la legislatura. Ahora, aunque la ley no sobreviva el escrutinio judicial no se puede negar que tendrá el efecto de acallar las voces que prefieren no ser arrastrados a un tribunal y tener que defenderse a fuerza de billete contra los recursos del Estado. Este proyecto ya había sido mencionado en varios blogs que critican las políticas y posturas ideológicas del gobierno y en otros que a menudo incluyen fotomontajes graciosos en sus artículos satíricos, como El Ñame y Contra Toda Autoridad. Sospecho que alguien en la legislatura no le gustó una foto suya en el Internet. O tal vez se dieron cuenta que la mayoría de las voces en el ciberespacio se expresan en contra de sus políticas. ¿Saben cuantos casos se pueden sacar de los comentarios de una sola noticia de Primera Hora?

    Hipotéticamente hablando… ¿sería posible vencer en el tribunal probando que Tomas Rivera Schatz en efecto es un “hijuepu…” y que es imposible ofender la moral de una persona diciendo la verdad?

    O dejando a un lado la jocosidad, ¿podría alguien interrogar a Santini y sus amigos de la Betsy para defenderse cuando sea enjuiciado por redistribuir uno de los cientos de fotomontajes que ponen el rostro del alcalde sobre el de Tony “Scarface” Montana mientras le da duro al azúcar colombiano?

    Me pregunto quién asesoró a los legisladores, y si lo habrá hecho pensando que el Nuevo Tribunal Supremo no le va a llevar la contraria aunque necesite 300 páginas para justificarlo.