Constitucional

Citizens United: Dowrkin, Lessig

En una columna reciente titulada, The “Devastating” Decision, Ronald Dworkin criticó la decisión del TSEU, Citizens United en la que ese foro revocó legislación que limitaba el dinero que corporaciones pueden gastar en campañas políticas. Los fundamentos de la opinión son pobres por demás; en particular porque se fundamenta en la idea de que las corporaciones (entidades jurídicas creadas por el Estado) tienen exactamente los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos. Nótese que no se argumentaba que las corporaciones (o los individuos organizados bajo esa estructura) no tienen derechos de primera enmienda; sino que la entidad jurídica no tiene los mismos derechos (y por lo tanto algunas limitaciones son permisibles) considerando que (a) éstas se organizan exclusivamente para maximizar ganancias y actúan sólo estratégicamente a ese fin, lo cual les distingue de seres humanos quienes tenemos preferencias variadas (incluyendo pero no limitándose a maximizar ganancias) y actuamos conforme a múltiples intereses que proyectamos en el debate público y a su diversidad discursiva y (b) muchas tienen un poder desmesurado para influenciar la esfera pública (con la unívoca perspectiva de acción estratégica y no deliberativa), entre otras cosas.

Vale la pena leer a Dworkin sobre el asunto. Aquí un aperitivo, pero les remito a sus comentarios:

The opinion announces and perpetuates a shallow, simplistic understanding of the First Amendment, one that actually undermines one of the most basic purposes of free speech, which is to protect democracy. The nerve of his argument—that corporations must be treated like real people under the First Amendment—is in my view preposterous. Corporations are legal fictions. They have no opinions of their own to contribute and no rights to participate with equal voice or vote in politics.

Lawrence Lessig, sin embargo, toca una nota de cautela cuando, acertadamente, nos advierte que el debate en torno a si las corporaciones tienen o no los mismos derechos, puede ser una distracción innecesaria. Después de todo, seres humanos más poderosos que corporaciones pueden tener una influencia desmesurada sobre los procesos políticos; ya sea por la influencia del dinero u otras herramientas de poder. El problema real no es tanto ese sino uno sobre el carácter de la democracia que vivimos y en torno a la vulnerabilidad del proceso político al dinero. Es decir, el problema es cuánto control vamos a permitir que  intereses incumbentes tengan sobre el proceso político, el debate público, y sobre los elementos que entran (y se excluyen) en la consideración de asuntos vitales de política pública. Aquí la referencia, y una cita, de Lessig:

Lots of people are talking about, how do we overturn Citizens United? But overturning Citizens United or getting back to the day before Citizens United is no solution to the problem. We already had a broken democracy before Citizens United came down. And I’m worried that there’s a lot of distraction around this issue, in Citizens United, because I don’t think the problem is corporate speech. I think the problem is corporate control. I don’t think the problem is lots of different diversity of perspectives or viewpoints in the context of political debate. It’s when that perspective or a particular powerful influence begins to be so powerful that you understand members of Congress are spending their time dancing to the tune that this powerful interest wants, rather than worrying about what their constituents want, because as members need to raise money or need to raise support for their campaigns, this becomes a debilitating distraction.

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  • éft

    en total acuerdo con Lessig, por eso es que el tema no se debe mirar con ojos exclusivos sobre si se ajusta o no a los precedentes, hay mucho más en juego aquí. Pero una lectura de Dworkin en esa dirección también, mucho más abarcadora y explícita que el comentario que emitió sobre la opinión (has visto Hiram? cómo he devenido en la necesidad de defender a Dworkin y hasta acoger sus planteos, en estos tiempos????!!!!!!!… Así de dura está la cosa!), puede encontrarse en su libro Is Democracy Possible? (Principles for a new political debate; 2006), específicamente en el capítulo 5, que viene como anillo al dedo para esta discusión y tiene propuestas MUY interesantes como limitar un término fijo a los jueces del Supremo, y como siempre, da razones… en fin, gracias por poner a Lessig también.

  • De acuerdo que hay mucho más. De otro lado, aunque posturas como las de Fiss (The irony of Free Speech) y Sunstein (Democracy and the problem of Free Speech) (requiriendo cierta intervención estatal para garantizar diversidad de voces en una democracia y negando versiones de liberalismo fetichistas sobre autonomía individual) no han logrado el favor del Tribunal (y tímidamente de la academia liberal en EEUU), supongo ahora se ven reivindicadas ante lo escandaloso que resulta esta decisión aferrada al liberalismo más caricaturizado. El problema para los liberales es que todos quieren atacar la decisión, pero no se atreven (nos atrevemos?) a asumir las posturas más radicales de Fiss et al. Por eso, se concentran en el asunto cuasi-metafísico de si una corporación es persona o no, etc. Lessig trae otra evasiva: el problema no es la “personalidad” de la corporación, sino las instituciones políticas formales (asamblea legislativa, etc). Aunque acertado, su dedo sólo circunda la llaga.

  • Alfonso

    A mi siempre me llamó la atención la propuesta de Bruce Ackerman y Ian Ayres en Voting with Dollars, en la medida de que limita el financiamiento de campañas a un sistema parcialmente público combinado con una ATH para cada ciudadado (que le permitiría a cada individuo distribuir cierta cantidad de dinero como mejor le parezca y también añadir fondos para ello de manera anónima). Sin embargo, parece que en Citizens United el TSEU le dio una estocada final a toda medida regulatoria de financiamiento de campañas cuyo objetivo sea “la igualdad”, por lo que tanto esta propuesta, al igual que la de Sunstein y Fiss, probablemente sufriría la misma suerte que las secciones invalidadas del BCRA.

    Desde una perspectiva pragmática (y positivista), me parece necesario impulsar medidas que puedan apaciguar hasta donde sea posible los efectos inmediatos de esta opinión. Por ejemplo, me gusta mucho la propuesta de que se le requiera a toda corporación que desee hacer un gasto de campaña a que una mayoría de sus accionistas consientan a ello. También me parece necesaria la propuesta de prohibir que los contratistas del gobierno incurran en estos gastos, aunque probablemente eso será impugnado por ser una “condición inconstitucional”.

    Por otro lado, me preocupa de sobremanera el efecto práctico que tendrá esta opinión en el proceso electoral de Puerto Rico. Hasta cierto punto, la decisión avala la costumbre de las campañas que históricamente se subsidiaban en gran parte por corporaciones poderosas. Lo que antes se hacía por debajo de la mesa (como se demostró en el caso de AAV, Vázquez Botet, etc.) ahora se podría hacer bajo un manto de legalidad aparente de Citizens United. Por ejemplo, hay quien plantearía que una empresa podría crear una subsidiaria con otro nombre (como Amigos de Candidato X o Ciudadanos Preocupados) y remitirle todo el dinero a la agencia de publicidad utilizada por el propio candidato, para que indirectamente se entremezclen los fondos del candidatos y los fondos de la corporación.

    En vista de ese peligro, me parece importante que cuando se vaya a discutir la reforma a la Ley Electoral en este cuatrienio, se enfatice el hecho de que Citizens United no invalidó la prohibición de donativos directos por corporaciones a candidatos. Bajo esa premisa, creo que se podrían impulsar medidas estrictas de divulgación y de separación total entre las campañas de los candidatos y las campañas sufragadas directamente por las corporaciones. Del mismo modo, se debe requerir a las corporaciones que incurran en estos gastos que divulguen de entrada quienes son. Si McDonalds quiere sufragar un anuncio político, que el anuncio claramente especifique que fue pagado por McDonalds y no por los Amigos de las Artes Culinarias Rápidas. Al fin y al cabo, creo que los requisitos más estrictos de divulgación serán el disuasivo más grande para que las corporaciones actúen de manera comedida ante el nuevo mundo de posibilidades que esta decisión les ha creado.

  • Alfonso, creo que has dado en el clavo cuando dices (a) que Citizens United no invalidó limitaciones directamente a candidatos y (b) “que los requisitos más estrictos de divulgación serán el disuasivo más grande”. El problema es que ello requiere una Asamblea Legislativa que esté genuinamente interesada en imponer los requisitos de divulgación. Se les ha abierto una puerta preciosa para el quid pro quo: legislar por los intereses de cierta industria y, a cambio de ello, ésta financie anuncios directamente apoyando candidatos que les beneficiaron. Ya no hay que diseñar esquemas turbios pagando gastos de campaña a través de agencias de publicidad, si puedes hacer la propaganda directamente. En ese sentido, ¿qué incentivo tienen legisladores incumbentes en PR (en reelección) para imponer requisitos fuertes de divulgación?

  • Alfonso

    Tienes razón, los incentivos que tienen los legisladores para promover este tipo de legislación son mínimos ahora mismo. Probablemente habrá que esperar a que el Congreso actúe con relación a los candidatos federales (lo que puede ocurrir pronto) y que se ejerza algún tipo de presión en Puerto Rico para que se siga ese modelo.

    Por otra parte, recuerdo que al principio de este cuatrienio se presentaron unos proyectos de reforma a la Ley Electoral que proponían eliminar el Fondo Electoral y a la misma vez imponían un tope a los gastos que podrían incurrir los candidatos. Creo que se celebraron unas vistas públicas en donde quedó claro que eso sería inconstitucional bajo Buckley v. Valeo, pero no se cuál es el estatus actual de esas medidas. Me da la impresión que a ciertos legisladores de la mayoría les podría atraer la idea de ponerle cierto control al gasto y hasta al rol de las corporaciones en el financiamiento de campañas por razones populistas, pero hasta el momento no han podido articular una propuesta a tales efectos que sea compatible con la eliminación del Fondo Electoral y el Fondo Voluntario.