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Entre Amigos

El periódico El Nuevo Día publica hoy un editorial en torno a la crítica situación en el Tribunal Supremo de Puerto Rico  y su más reciente desarrollo (expuesto aquí en días recientes).  Ello se une a la lista de instancias en que la Mayoría incorpora en ese foro, viciosamente, las dinámicas pequeñas del enfermizo tribalismo político puertorriqueño.  Como hemos dicho, esta actitud refleja elocuentemente cuánto se aleja la Nueva Mayoría del ideal democrático que subyace al acto de vestir una toga (y que debe ser distinto al crudo ejercicio del poder político).  Pero que la crítica, en esta ocasión, venga de un periódico oficialista, de corte estadista y con una filosofía económica conservadora es más elocuente aún: imputa a la mayoría ignorancia de la inestabilidad que sus actos provocan para los mismos intereses económicos y políticos que le llevaron allí.

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Dardos marcados al Tribunal Supremo

14-Marzo-2010 | Editorial de El Nuevo Día

Las reiteradas movidas de los jueces que conforman mayoría en el Tribunal Supremo, y que se perfilan como una estrategia de clara erosión de la esencia del alto foro, preocupan doblemente en un País que necesita reforzar la confianza en sus instituciones.

El más reciente capítulo en este marco de tensión creciente, ha sido la enmienda a la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo. En pocas palabras, esa enmienda tiene el propósito de modificar el sistema de asignación de casos entre los jueces del Supremo, introduciendo una importante limitación en las funciones del Juez Presidente.
¿Había necesidad de crear un nuevo conflicto, impulsando de buenas a primeras una enmienda que ni siquiera fue aprobada en consenso por el colectivo?

Cuando decisiones de esta naturaleza en el Supremo se toman simplemente por fuerza de mayoría, no por fuerza de razón; cuando se imponen en forma arbitraria y atropellante, sin un estudio macro del reglamento que las sostengan, lo primero que se pone en entredicho son las intenciones, la tolerancia, la apariencia de balance y el temperamento de sus autores.

Según lo expresado en su voto opositor por el Juez Presidente, Federico Hernández Denton, el sistema de asignación de opiniones que se sigue en nuestro Tribunal Supremo, se basa en un mecanismo de rotación equitativa que por décadas ha funcionado bien. Es el mismo que se usa en la gran mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos. Sólo en el Tribunal Supremo federal, y en apenas cuatro estados, rige el sistema que ahora imponen aquí los jueces de la mayoría. Y, según destaca el Juez Presidente, en esas jurisdicciones y en el Tribunal Supremo federal, la asignación de casos ocurre sólo después que se celebra una vista oral -algo que no es común en Puerto Rico- lo que le da soporte a esa modalidad.

Tecnicismos aparte, y más que la enmienda que nos ocupa en sí, lo que salta a la vista es que, ya sin ningún tapujo ni discreción, los jueces que componen mayoría y que ahora firman la enmienda al Reglamento, han unido sus fuerzas no sólo para desafiar la autoridad, sino para talar directamente funciones del Juez Presidente. Ya lo había dejado claro, en octubre del año pasado, el juez asociado Rafael Torres Martínez, con la desafortunada admisión de que asistíamos al “flujo normal de la marea judicial”. O sea, el mollero político entrando a manera de tromba marina al Tribunal Supremo.

La realidad es que el flujo a que entonces hizo alusión el juez Torres Martínez es cualquier cosa menos normal. Lo normal es que, por encima de afinidades ideológicas y personales, los jueces siempre actúen conforme al derecho, manteniendo su independencia de criterio y el respeto elemental que se les debe a figuras jurídicas contempladas en la Constitución. El Juez Presidente no es tal por un capricho o privilegio personal, sino por razón de una estructura jurídica que lo dota de determinadas facultades.

Lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora: seguir provocando agrias divisiones dentro del Tribunal Supremo, y trasplantar allí los códigos de enfrentamientos y riñas partidistas, afecta no sólo la coherencia e integridad del sistema judicial, sino a la propia idea de la justicia, que es el último bastión de una sociedad, como la nuestra, en crisis.

En ese sentido hay que anteponer madurez y trascendencia histórica.

Este proceso de erosión institucional puede verse como una ráfaga de dardos marcados, dirigida a inmolar los mecanismos de funcionamiento y la legitimidad del Tribunal Supremo ante un pueblo harto del canibalismo político en todos los niveles.

 

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