Constitucional - Teoría

¿Cuál es la pregunta?

Para los compañeros abogados y para algunos compañeros profesores de derecho, el problema de la huelga es uno de legalidad. Hace años, en el contexto de un debate sobre la política dapre no confrontación, se planteó en la Facultad de Derecho si cerrar los recintos era “legal o no”. Curiosamente–o más que eso, convenientemente– quienes plantearon la legalización del debate, lo hacían porque era más fácil contestar en la negativa. Con eso, como ha planteado elocuentemente Érika Fontánez, se “pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político”. Con la observación no planteo la irrelevancia del derecho para las cuestiones sociales y políticas. Después de todo, estas cosas dependen del contexto: habrá contextos en que lo legal domina; hay otros en que no (ya sea porque es imposible, por que es innecesario, porque es perjudicial).

Si le pago una amiga un trago, tal vez técnicamente ella me “debe” ese dinero, o me “debe” un trago, pues su patrimonio se habrá beneficiado por mi transferencia de dinero, convirtiéndome en acreedor. Pero sabemos que sería absurdo plantear las cosas de esa manera, si es que quiero mantener esa relación de amistad. Y aquí está el detalle: es la relación la que importa. Es este contexto de interacción social lo que le da cierto contenido normativo a lo que hacemos en ese espacio; y dependiendo de esos contextos lo legal puede o no tener alguna importancia. Quizás no es apropiado pagar un trago en el contexto de otro tipo de interacción social o relación. Y quizás, además de inapropiado, lo legal toma relevancia, como por ejemplo ofrecerle un cubata a un menor de 11 años.

Pues así es la Universidad y las relaciones que se dan en ella. Habrá contextos en que la legalidad domina; pero hay otros en que, francamente, referencia a lo legal es insuficiente y entorpecedor. Especialmente cuando se trata de un contexto social con aspiraciones democráticas, como es la Universidad, donde actualmente concurren dos fuerzas en constante conflicto. Por un lado, (a) reclamos de participación democrática (espontáneos, desorganizados, estructurados, organizados, o de cualquier clase) de diversos sectores (en armonía, contradictorios o disonantes) y, por otro lado, (b) reclamos para mantener un esquema de convivencia, actualmente toma forma “legal” (reglamento universitario, ley universitaria, etc), que es incapaz de dar cuenta de esas dinámicas participativas. El truco está en hacer que ese esquema de convivencia (b) no entorpezca (es más, que promueva y facilite) a (a), la participación.

La paradoja de conjugar ambos ejes que a veces tiran en direcciones distintas es central a una democracia: combinar, por un lado, la libertad de la deliberación y dinámica participativa pluralista, con, por otro, las condiciones necesarias para hacer posible esas dinámicas por medio de unas “reglas de juego” que sirvan de plataforma a esa participación; condiciones que normalmente implican alguna restricción a esa libertad. Esta paradoja no tiene contestación clara y certera. Depende mucho de cuáles son las restricciones a la libertad participativa que se quieren imponer y si, en realidad, se tratan de restricciones que hacen posible las dinámicas de participación. Solamente aquellas restricciones que podamos decir son absolutamente necesarias para hacer posible la participación, deben prevalecer. No más. No menos.

Es en ese contexto universitario, donde coexisten estos reclamos de participación y las presiones para estructurarlas, que debemos plantearnos entonces ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer ante las huelgas, cierres y demás mecanismos de presión política? ¿Debemos preguntarnos, como hacen muchos, si son “legales”? La contestación, sugiero, es que la pregunta misma es inapropiada. Nuevamente hago aquí referencia al elocuente escrito de la profesora Fontánez que advierte sobre el efecto colonizador de estas preguntas simplistas sobre asuntos sociales complejos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es lo siguiente: Precisamente lo que está en juego en la versión de la democracia universitaria es la paradoja inestable que nos coloca en una zona gris entre la participación vigorosa y las “reglas de juego” que constituyen las condiciones necesarias para esa participación. Es necesariamente una zona gris que deberá atenderse caso a caso, internamente, desde los mismos participantes del proceso, y no desde estructuras enajenadas de los procesos participativos. Con toda humildad, me parece que si hay algún lugar en Puerto Rico con la inteligencia y capacidad necesaria para identificar los parámetros de esta paradoja, de estas zonas grises, es en el estudiantado, profesorado y comunidad en general de la UPR. Preguntarse si la huelga es legal o no, no aporta nada. Además, contestar directamente que es ilegal, socavaría el ejercicio absolutamente esencial de autonomía colectiva de decidir cómo estructurar las zonas grises por los propios participantes del proceso.

Hace poco se publicó un artículo en el periódico el Nuevo Día muy concienzudo que se hacía una pregunta muy distinta a la de la “legalidad de la huelga”. Se preguntó, en cambio, sobre “la legitimidad de la huelga”. (Ver también aquí). Creo que por aquí es mejor empezar. Si queremos evaluar si ciertas “reglas de juego”, ciertas restricciones a la participación, son necesarias para hacer posible la participación misma, entonces tenemos que preguntarnos primero: ¿cuáles son estos reglamos? ¿para qué? ¿qué es lo que está en juego? y, sobre todo, ¿son legítimos estos reclamos? Ello involucra un análisis de las razones públicas brindadas por los reclamantes (los estudiantes, profesores, etc) y las brindadas por los reclamados. Cuenta a favor de la legitimidad de los reclamos aquellos respaldados por razones debatidas, producto de participación deliberativa entre personas consideradas entre sí como iguales, con respeto (no meramente una cuestión numérica). Cuenta en contra de esa legitimidad las posturas que sólo vienen del poder, de la soberbia que el poder otorga, de la mera fuerza. La legitimidad de esta huelga tuvo, sin dudas, que ver con este conflicto entre razones y deliberación, por un lado, y poder y soberbia, por otro.

Por eso estoy de acuerdo con la columna aludida: “La legitimidad de la huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene mucho que ver con la actitud de esta administración universitaria sobre los dineros que le pertenecen a la Universidad.”

Así, tal vez es mejor plantearse, ¿es legítima la huelga, el paro, etc? Encaminarse a una contestación, requerirá un análisis del contexto universitario, de la legitimidad de los reclamos, y de si, en ese momento en particular considerando las particularidades de esos reclamos, el mecanismo de protesta en cuestión es necesario para las dinámicas de participación o si, en cambio, restringirlo es necesario para fomentar esa participación en ese momento. En todo caso, le tocaría a comunidad universitaria misma tomar esa decisión. Traer lo legal aquí sería desafortunado y, sobre todo, antidemocrático.

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