Constitucional - daños y perjuicios - Derechos de autor

Límites constitucionales a imposición de daños por violación a derechos de autor

En días recientes, la Jueza Federal para el Distrito de Massachusetts, Nancy Gertner, determinó que la imposición de daños estatutarios ascendentes a $675,000, o $22,500 por canción bajada en un peer-to-peer network, violentó el componente sustantivo del Debido Proceso de Ley en cuanto prohíbe la imposición de daños civiles excesivos que resulten confiscatorios.

En una determinación sin precedentes, y tras considerar la jurisprudencia constitucional aplicable, el Tribunal decidió que la imposición en este caso de daños estatutarios excesivos, aun cuando dentro de los parámetros dispuestos en la ley, violan el debido proceso de ley sustantivo. Si dudas, la decisión representa una esfera adicional donde  balancear los intereses que compiten en el sistema de derechos de autor que intenta conjugar, por un lado, intereses propietarios de titulares de derechos de autor y, por otro, el beneficio público de obtener acceso a trabajos.

Cuando en un caso como éste (a) los daños reales del demandante son tan bajos (aquí $1 por canción); (b) la conducta del demandado no es tan reprensible (bajar música, de manera no comercial); (c) y la razón de cuantía de daños impuesta a daños reales es excesiva (22,500:1), en esos casos, el escrutinio constitucional federal del debido proceso de ley sustantivo exige revisar los daños.

La ley federal de derechos de autor permite a un demandante recobrar daños de diferentes formas. Por un lado, luego de probar la violación de derechos de autor por un demandado, puede cobrar aquellos daños actuales sufridos que pueda demostrar en el tribunal. Por otro lado, si no quiere o no puede demostrar esos daños, un demandante puede solicitar entonces la imposición de los llamados “daños estatutarios”, los cuales se imponen conforme a parámetros legalmente establecidos; en el caso de la ley de derechos de autor, para casos de “willful infringement” estos daños pueden ser de $750 a $150,000 por violación (por canción bajada).

Dejo que lean la opinión, que copio abajo, para que desmenucen los criterios constitucionales, especialmente los establecidos en BMW of N. Am., Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996) ( “(1) the degree of reprehensibility of the defendant’s misconduct; (2) the disparity between the actual or potential harm suffered by the plaintiff and the punitive damages award; and (3) the difference between the punitive damages awarded by the jury and the civil penalties authorized or imposed in comparable cases.”).

Pero cabe apuntar aquí lo que, según el tribunal, resultan ser los factores determinantes para su conclusión.

  • En primer lugar, resulta importante notar que los daños sufridos por los demandantes en el caso son mínimos, aproximadamente un dólar por canción bajada, muy desproporcionado con relación a los 22,500 impuestos por concepto de daños estatutarios por canción (eso, sin tomar en cuenta el hecho reconocido por el tribunal de que,no toda canción representa pérdida para la industria pues no todo lo que se baja equivale a una venta menos).
  • Segundo, la cuantía en daños resulta desproporcionada con relación al beneficio monetario de la música para el demandado. En este caso, toda vez que el uso de la música era personal y no comercial (era para consumo personal y no para reventa, por ejemplo), el beneficio económico que devengó el demandado se limitó a las cantidades que probablemente hubiese tenido que pagar para adquirir la música legalmente (aproximadamente $1,500 en total por todo el periodo de años en el que estuvo bajando la música en cuestión). Cabe resaltar que, a los ojos del tribunal, y comparado con otros casos en que se plantea el problema constitucional de cuantías excesivas, bajar música ilegal dista mucho de aquellos casos en que se toleran daños exorbitantes. Dice el tribunal:

It seems fair to say that file-sharing, in general, is fairly low on the totem pole of reprehensible conduct. Although the activity is quite pernicious in the aggregate, it regrettably is quite common, and most file sharers do not receive any direct pecuniary gain from their activity (although they do save money by avoiding the need to pay for the music they download).

  • Tercero, ya mencionado, hay que recalcar que se trata de una limitación constitucional aun en el caso en que los daños impuestos caen dentro de los parámetros estatutarios. Los derechos de autor son concebidos por la ley como “derechos propietarios” que, contrario a “liability rules”, otorgan a los titulares el pleno dominio sobre el derecho. Ello, teóricamente, fomenta transacciones privadas por medio de contratos y licencias que, de acuerdo al análisis económico del derecho, genera intercambios eficientes en un mercado libre, ausente fallas del mercado o costos de transacción altos. En ese sentido, los daños estatutarios que sobrepasan los daños actualmente recibidos pueden ser necesarios para crear incentivos suficientes a un potencial usuario (o demandado) para entrar en transacciones con el titular del derecho y, así, generar esos intercambios socialmente beneficiosos. Aun así, resuelve este tribunal, cuando las cuantías impuestas sobrepasan desproporcionadamente aún esta función disuasiva y, sobre todo, la función compensatoria de los daños, deben considerarse inconstitucional.

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