Constitucional - TSPR

Dos más

Ya es de todos conocido que la Rama Ejecutiva, la Legislativa y la Mayoría en el Tribual Supremo se pondrán (¿se han puesto?) de acuerdo para aumentar el número de jueces que compone a ese tribunal. Con eso se añadirían dos más a los cuatro Jueces Asociados nombrados por el actual gobernador en menos de dos años. Asimismo, me parece que está fuera de toda duda las motivaciones de este aumento. Ya  habíamos reseñado una columna de Julio Fontanet examinando los datos empíricos que demuestran lo innecesario de un aumento en la composición. Y no existe persona en este mundo que pueda alegar, con seriedad, que este aumento responde a razones legítimas, que no sea el simple intento por controlar aún mas la Rama Judicial. Todo es peor cuando la solicitud de Court Packing viene, no consensualmente, sino por jueces que se conciben a sí mismos como miembros de un bando. En un país tan polarizado como el nuestro, es triste que las figuras llamadas a mediar en los conflictos sociales sean inevitablemente percibidas como pertenecientes a un grupo u otro. A ello se le suman todas las instancias que hemos comentado en este blog, indicando falta de seriedad para con la institución judicial por parte de la Nueva Mayoría.  Ver aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, y aquí.

En esto a uno no le gusta tener razón pero, lamentablemente, es incuestionable.  No le puede caber duda a nadie, que hoy la Rama Judicial se gradúa como una rama política, como todas las demás, y pierde irreparablemente la confianza pública necesaria para fungir como el garante de derechos y árbitro imparcial de controversias sociales y políticas.

Cuando los funcionarios del Tribunal Supremo se piensan como emisarios de un partido, de una ideología, o de una filosofía, dejan de ser jueces. El tiempo dirá si son políticos o jueces. Pero, las señales que nos dan son cristalinas. Que los jueces sean nombrados y confirmados sin deliberación alguna, ni discusión pública, en fast tracks de un par de días, mina nuestra confianza en esa institución y en ellos personalmente. Pero eso, podríamos decir, es culpa de políticos que no entienden la importancia de esa deliberación y, al menos a esa gente, la población puede remover a través del proceso político. Pero cuando la judicatura misma promueve un aumento inusitado e innecesario con el propósito exclusivo de consolidar poder por varias generaciones, pues ya no podemos echar culpa a los políticos en la Legislatura y en Fortaleza.  Ahí son los jueces mismos los que entran al terreno de lo político. Y, en ese momento, cuando la población puertorriqueña desconfíe de su autoridad y legitimdad, y cuando les miren con suspicacia y no les crean ni una sola palabra de lo que escriban en enjundiosas Opiniones… en ese momento los de la Nueva Mayoría recordarán que quien manchó la imagen y reputación de esa rama, la única hasta ahora respetada de las que nos queda, no fueron sus críticos y detractores, sino ellos mismos. Se han disparado en el pie.

Y así, les dejo una cita del Juez Stevens disintiendo en Bush v Gore… palabras cuyo significado cada día cala más hondo en la cultura política boricua. Cultura política que, con fragilidad, es lo único que le da estabilidad a nuestro sistema de gobierno; al menos por ahora.

Time will one day heal the wound to that confidence that will be inflicted by today’s decision. One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year’s Presidential election, the identity of the loser is perfectly clear. It is the Nation’s confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law.

Actualización, 5 noviembre 2010.
Una versión, editada, de este post fue publicada en la Revista 80Grados.

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  • Lamentable venta política al por mayor (¿o podríamos decir: por la mayoría?). Vale secundar a Albert Broderick en sus conclusiones sobre el vaivén político de la Corte Suprema de los Estados Unidos:

    [W]e see space for nonjudicial input into constitutional decision-making: presidential nomination of Justices, senatorial examination and approval of nominees, congressional control of federal court jurisdiction, sometimes just plain noisy public dissatisfaction. Still the power of Justices, once seated, is enormous — for good and for ill. That is the fact — our system of constitutional politics. We need broader public recognition of this fact, and perhaps early education as to the citizen’s role, or input, with respect to the Supreme Court. Only when we have assured such public understanding does the crucial question make sense: Do we wish to change a system that gives such lifetime power to nine unelected men and women?…Dissatisfaction with the politics of the Court has been chronic. But to date no agreement has been reached on how to change the judicial arrangements…

    65 N.C.L. Rev. 945 (1987)

    ¿Vamos en retroceso no? El viaje a la semilla de Alejo Carpentier se adecua a la Rama Judicial.

  • gracias por este post, Hiram. Para comenzar una discusión que requiere de mucho pensar y debate. Estoy de acuerdo con tus señalamientos en torno a las preocupaciones sobre las ‘razones legítimas’ para el aumento de jueces. Me pregunto, sin embargo, en un intento por pensar este asunto de la manera más amplia, si deberíamos o no comenzar la discusión en términos de la idoneidad institucional de un Tribunal Supremo compuesto por 9 jueces(as). Es decir, ¿porqué no 9?. Lo lanzo con el ánimo que me motivó en su momento distanciarme del giro del debate que se dio en torno al tema de la unicameralidad vs. la bicameralidad. En ese entonces asumí una postura crítica a la idea de que la unicameralidad era mejor por la ‘ineficiencia’ de la actual legislatura. Como en otras ocasiones, el asunto de la eficiencia como única racionalidad válida me causa problema y no quisiera caer en la misma trampa en este asunto. Entonces, más allá de una lectura sobre la interpretación constitucional sobre una petición unámine o mayoritaria; más allá de una discusión sobre ‘si hacen falta 7 o 9 jueces’, mi invitación sería a pensar (repensar, tal vez?) si después de todo el número 9 es o no un mejro número, aún en estas circunstancias. Lo dejo a manera de provocación para discusión: ¿convendría provocar que el debate girara por ahí? ¿se vale todo?… saludos.

  • Es totalmente posible, Érika, que 9 es mejor que 7. Pero nunca sabremos porque ese debate no se va a tener. Y si se tiene, tendremos una semana o menos. Es más, es totalmente posible que, individualmente, los Jueces de la nueva mayoría (o algunos), sean del mejor talento que tenemos disponible para ese tribunal (lo dudo, pero es posible). Pero tampoco sabremos. Tal y como no hubo discusión y consideración sobre estos nombramientos, tampoco la habrá para los dos adicionales. Y como es evidente para todo el país que lo que hay detrás del aumento es una movida política, y como no darán oportunidad al país para considerar opciones (ni para asumir que 9 es mejor que 7), no cabe otra que no sea pensar a este tribunal políticamente, y no jurídicamente. Digo, ya la población puertorriqueña entera así lo hace.

  • Bueno, pero igual nosotros aquí en el blog y en la discusión académica, somos también ‘el país’ y la pregunta que se impone es si pensar ese tribunal ‘políticamente’ es pensarlo más allá de la cosa partidista. Evidentemente mi planteo no es ingenuo, se bien lo que motiva al gobierno de turno y a la actual mayoría del tribunal a hacer esa movida, la pregunta es si más allá de eso, el aumento a 9 convierte al tribunal en una institución de or sí todo-todo política partidista. En otras palabras, si pensar una composición de 9 podría generar otras tensiones de poder que abran fisuras y heterogeneidades que no sean político-partidistas. Pienso en los temas religiosos, identitarios, de derechos fundamentales, etc… Solo una forma de complejizar el análisis político-partidista que es evidente que impregna el debate pero que me resisto a pensar que es LO absolutamente definitorio de lo que allí pase, croe que hay más por observar…. Eso.

  • A pesar de que la Profa. Fontánez admite que el planteamiento no es novel, creo que es una observación que siempre se nos va quedar en la mente durante este proceso. Sin embargo, no porque seamos parte del país, ni por ser juristas (y me excluyo) o por simplemente ser espectadores del ruedo político diario; sino porque nos afectará a la larga…políticamente. Incluso, nos impactará desde el mismo instante en que no se nos permita discutir esas otras razones que la Profa. Fontánez trae a la discusión. ¿Cómo vamos a ejercer nuestra debida expresión en un foro “fast track”? Creo que la discusión de todos esos elementos es necesaria, pero el acceso al foro de debate está limitado por razones políticas.

    Cuando entré a esta jungla en el 2007 lo primero que colocaron en mis manos fue una publicación sobre el acceso a la justicia. Mientras por otro lado, los profesores siempre advertían sobre quiénes eran las partes en los casos, haciendo énfasis en que el Tribunal no trataba a todos por igual. ¿No es una cuestión política?

    El caso del contrato de Tito Trinidad. ¿No era una cuestión política?
    Las Reglas de Procedimiento Civil fueron reestructuradas ante el constante reclamo de administrar mejor los pleitos. ¿No son estos elementos cuestiones políticas?

    En el 2004 aprobaron un nuevo Código Penal y hace meses ya estaban indicando que iban a redactar otro porque fiscalía no tenía las “herramientas” suficientes para trabajar con el crimen. ¿No es esto una política?

    La decisión de Paseo Caribe… ¿no fue política?
    El cambio al reglamento del Tribunal para decidir quienes escriben las opiniones mayoritarias ¿No fue un hecho político?

    Lo que sucedió luego del nombramiento de Earl Warren como Juez Presidente ¿No fue un problema político para los republicanos?

    Considero que puede hacerse una imbricación de la discusión del Prof. Meléndez Juarbe con la de la Profa. Fontánez. Sin embargo, ataco directamente a la Legislatura y su actitud defensiva a estos planteamientos, porque lamentablemente ya hay tres personas en este blog discutiendo las consecuencias de los nombramientos: Al parecer este espacio tendrá más debate sobre estas nominaciones de lo que se discutirá en la Casa de las Leyes. Quizás en derechoalderecho se de una dialéctica sobre los temas que la Profa. Fontánez propone; en la Legislatura NO, políticamente hablando NO.

    A la discusión política es a donde creo que debemos apuntar, porque este tipo de actividades legislativas son literalmente una diarrea: Rápidas, inadvertidas y difíciles de limp…subsanar. Perdonen la metáfora, pero es lo que le llega a uno a la mente.

    In re Vera Santiago…por ahí viene la cosa.

  • 1- Debo aclarar a qué me refiero cuando hable de la diferencia entre lo político y lo jurídico. Primero, no hablo solamente de lo político-partidista (la “politiquería”). Los partidos son parte de nuestra cultura, y el fanatismo que le acompaña también. Pero no es eso lo que tengo en mente. No soy ingenuo y no me trago el cuento de que hay una separación absoluta entre el derecho y la política. Pero en nuestro sistema constitucional le damos valor a ciertas ideas que un sistema político debe tener. Por un lado, las poblaciones deben sentirse identificadas de alguna forma con las leyes que le rigen y sentirse que responden a ellas. Esa identificación ocurre mediante la participación en el espacio público, por vía de la expresión, la formación de política pública, la protesta vigorosa, etc. También, pero no exclusivamente, ocurre mediante el voto por representantes que forjarán política pública a nuestro nombre. Y esa política pública debe estar precedida de suficientes mecanismos de participación, discusión y sobre todo explicaciones para que, los que al final estamos sujetos a estas normas, como mínimo entendamos las mismas; podamos reflexionar sobre ellas, y decidir si queremos seguir esas normas o no, cambiarlas, cuestionarlas. Es un proceso que nunca acaba. Y claro, aun cuando hayan mecanismos suficientes para participar, si sectores de la población están marginados del sistema político al grado de que no puedan verse identificados con esas normas, yo no soy quién para exigirles que cumplan con esas leyes. Habrá que proveer condiciones para que realmente se puedan vincular. Todo eso, y mucho más, es lo político. Los tribunales son una parte importante de esta historia porque al garantizar derechos civiles y humanos, proveen *algunas* de las condiciones para que podamos ser parte de esta comunidad política. No cabe hablar de un proceso político sin libertad de expresión ni garantías de igualdad real, y dignidad humana, por ejemplo. Pero cuando decimos que a los tribunales le compete el derecho, nos referimos a que en el desempeño de sus funciones tratará con honestidad de resolver controversias a la luz de las normas de derecho que son producto del proceso político. Nuevamente, no es que los jueces son robots que aplican mecánicamente las normas jurídicas. ¡Claro que sus valores andan por ahí! Pero esos valores tienen su lugar, y es en la autolimitación judicial que identifica ese lugar que lo jurídico asoma su cabeza. Así, lo jurídico se manifiesta en la obligación ética de explicar con razones las decisiones. Razones que busquen sentido en el sistema jurídico y compatible con los valores políticos a los que estamos comprometidos constitucionalmente (libertad, igualdad, dignidad, etc). El ejercicio burdo del poder, sin razones, sin explicaciones, y peor, la adquisición y autoagrandamiento de poder como fin en sí mismo (como en este caso), no está en el terreno de lo jurídico, sino en el de lo político. Y si bien es cierto, Nelson, que hay muchas instancias en que podemos decir que la frontera entre lo político y lo jurídico es imperceptible (porque podamos acusar a los jueces de imponer sus valores personales, o por tratar de alterar los procesos políticos a favor de uno u otro bando), estas son discusiones saludables que van poco a poco estableciendo demarcaciones no absolutas y cambiantes entre una cosa y otra, para una comunidad en particular.

    Aquí escribí sobre este tema, hace ya un tiempo. Y recalqué que:

    [E]l Rule of Law, aquella ficción frágil que nos ayuda a vivir en sociedad, aun cuando susceptible de cuestionamiento hasta con desobediencia, exige a los jueces que, aunque no sean robots, tampoco olviden que son jueces, y muestren un grado mínimo de respeto por las reglas y especialmente por los principios y derechos constitucionales. Nada de lo escrito es nuevo, ni es un misterio escandaloso. Tampoco es algo que los jueces desconozcan. Pero es mejor ser honestos y, en lugar de vivir bajo el velo de una ilusión de imparcialidad objetiva absoluta, reconocer que la búsqueda permanente de ese balance entre principios políticos y la aplicación de la ley es constante invariable en una democracia.

    2- Érika, la discusión que propones es importante. Y la podemos tener ahora, mañana, dentro de 10 años. La pudimos tener en el pasado, hace 20 años también. Pero no hay razón especial para tenerla ahora. Como dices, somos el país, y el proceso político lo definimos nosotros con nuestras discusiones, nuestras propuestas, nuestros cuestionamientos. No depende exclusivamente de si en la Asamblea Legislativa hacen vistas o no, si apagan los micrófonos a las minorías, si hay fast tracks o no. De acuerdo. Y deberíamos tener esa discusión sobre la composición del Tribunal todo el tiempo. Lo que subrayo es que, la actual coyuntura, es absolutamente irrelevante para esta discusión. Como los Jueces actúan por poder desnudo, y no por razones; por mollero de números y no por justificaciones… por política (ojo que no digo política partidista) y no por derecho, y porque el Ejecutivo y la Legislatura actúan igual, entonces *esa esfera* de discusión está cerrada y cancelada (es decir, la esfera de discusión *formal* institucional) (de paso, es una esfera de discusión que debería poder arreglarse, acudiendo a los tribunales quienes deben garantizar precondiciones de derechos civiles para la participación…. esa protección no existe hoy). Pero esa discusión urgente que propones no tiene nada que ver con este proceso que se avecina para añadir dos más a la falange.

  • Bueno, ahí es que diferimos entonces. Yo creo que sí, que tiene que ver y que tener una discusión sobre los aspectos que propongo no debe deslindarse del otro aspecto. Pienso que tiendo a coincidir en que el abordaje que tu propones tiene más urgencia de denuncia, eso sí, de eso estoy convencida, pero lo que dices de que no tiene que ver con los aspectos y capas que yo traigo es absolutamente problemático para mí. Luego con más calma durante el día elaboro las razones del porqué pienso que no puede decirse que no tienen ‘nada que ver’, pero para empezar diría que el poder de los jueces y del Tribunal Supremo (el interno en el Tribunal y el ‘externo’ en relación con otras ramas del Estado y con nosotros y nosotras) es un poder mucho más complejo que el que sugiere el lente del republicanismo, y es un poder que no se agota con la categoría partidista (es decir, si son mayoría PNP o PPD los que ahí están). De ahí que mirar la propuesta del aumento de jueces solo mediante un crisol de que nos molesta que el PNP esté jugando el juego sucio (o la Legislatura en este caso, para mí es incompleto, importante sí, pero incompleto, y creo que complementaría muy bien a la discusión añadir otras formas de poder que están (estarían) en juego mediante el aumento a 9 o el quedarse en 7. sigo más tarde.

  • Una aclaración: los temas que propongo no son necesariamente ‘formales’, ‘institucionales’ o ‘normativos’, todo lo contrario, apuntan más bien de las dinámicas de micropoder e identitarias que surgen en el tribunal a partir de la subjetivación de sus miembros. A menara de ejemplo la pregunta que lanzaba era, por ejemplo, si una composición de 9 jueces, siendo más, podría significar mayor diversidad de opiniones o debate y heterogeneidad en temas y perspectivas religiosas, de género, sobre el origen o condición social. La respuesta puede ser ‘no necesariamente’, por supuesto, pero lo traigo con la intención de romper con la idea absoluta de que una ‘mayoría’ partidista en la composición del tribuna significa una homogeneidad en todos los temas que éste atiende. Por ahí es que voy. Por supuesto, en el tema político-institucional del diseño republicano de gobierno, la discusión se da en un nivel distinto….

  • De acuerdo con que esa es la discusión que debemos tener y no creo que tenga problemas con tu problematización de la visión homogénea del tribunal y sus jueces. Fíjate que descarté el tema político partidista, porque eso no es lo que me importa. Hay muchos otros elementos ideológicos que entran en juego. Pero mientras nosotros engranamos una discusión sobre este problema, y afilamos los lápices (¿teclados?) ya hay dos personas festejando con su familia y amigos porque saben que en un par de semanas estarán juramentando en el Tribunal Supremo. El país no sabe quiénes son, ni tu y yo podremos evaluarlos desde ninguna óptica (ideológica, de clase, religiosa, la que sea). Es ahí que digo que esta discusión urgente e importante, no tiene nada que ver con el proceso que se avecina.

  • Gracias Hiram.

    Tu intercambio y el de Erika, me recuerda uno que tuve hace ya varios años con un profesor de derecho constitucional en la Escuela de Derecho. Eran aquellos gloriosos días cuándo lo peor que podía pasarle a nuestro Tribunal era que Ferdinand Mercado llegara a su presidencia. Hubo mucho debate por la cuestión (¡¡¡debate!!!!) y recuerdo que desde la academia hubo muchas voces críticas de la nominación de Sila María Calderón, pues era supuestamente evidente que la nominación nació por el pasado político partidista del nominado. Ok. Pues estando yo sentada en el seminario de este profesor, me puse a pensar en Ferdinand Mercado. Un hombre que, para todos los efectos, era de esa clase media , que en realidad, es una clase pobre pero con crédito; desde muy joven se formó dentro del Partido Popular, pegando pasquines , con esfuerzo estudió Derecho, siguió con sus conexiones partidistas, líder de barrio y demás. Obtuvo un nombramiento como juez superior, que si mal no recuerdo, se dijo en aquel momento que se había desempeñando excelentemente como juez. Luego SIla le dio aún más responsabilidades partidistas. De repente, zas! lo quiere pa’l Supremo y se formó la garata. En medio de una discusión al respecto, dónde mis compañeros y compañeras de clase se burlaban de Mercado, muy cándidamente le pregunto al profesor: profesor, los jueces y juezas del Supremo han venido de clase pobre? (Y cuando yo decía pobre, no me refería nada más a capacidad económica, sino también a la falta de conexiones con personas poderosas). No, me respondió. Y entonces, le pregunté: mmm… no cabe entonces pensar que la única manera en que una persona pobre puede llegar a un puesto como el de juez del Supremo sea a través de la política partidista? Corto Silencio. Respuesta? “Puede ser pero los nombramientos del Supremo no son para hacer “affirmative action”.

    Ok. Han unos 6 años desde que tuve ese intercambio pero siempre me quedé con la espinita de que el debate de aquel entonces se quedó muy pero que muy corto, al limitarlo a por qué nombraron a quien nombraron y las razones para ello. Entonces, cuando leo a Erika, me digo, caramba, es cierto, quizás este sea el momento para decir… ok, ustedes quieren 9…. pues para que? de repente, poco me podría importar si nombran a una persona por razones político partidistas y con el único propósito de asegurarse el poder decisional por muchos años si al final resulta que me nombran a dos jueces o jueZAS, que traerán mayor diversidad al Tribunal. No digo que esto sea así, digo que *podría* ser que, al final, en el balance deereses esa sea mi posición.

    Lo único malo del asunto, o lo peor, es lo que dice Hiram. No están los tiempos para este tipo de discusión. Bueno, es que NO hay discusión. Y cada vez es más lo que las personas nos desapegamos del proceso. Yo ni me enteré cuando por fin confirmaron al último juez. Es una cosa increíble. Se me están quitando las ganas hasta de ejercer mi derecho al pataleo.

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