Constitucional - TSPR

Y ahora, ¿qué?

AL TRIBUNAL
Ya es inminente el aumento en la composición del Tribunal Supremo. Y luego de examinar la Resolución de la Mayoría, así como las Opiniones Disidentes, no queda duda de que las razones esbozadas en la Resolución del Tribunal son débiles, por ser generoso.

La Resolución así como el proceso de aprobación generan interrogantes sustanciales que deberían preocupar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas (de todas las filosofías políticas, económicas e ideológicas) quienes entendemos merecemos un tribunal de Justicia que opere a base de razones y con imparcialidad. Así, y sin pretender ser exhaustivo, resaltan (a modo de listado somero) las siguientes interrogantes plateadas por los disensos, pero ignoradas por la Mayoría:

(a) Con relación al argumento de la carga de trabajo, ¿por qué el Tribunal descansa en un supuesto aumento dramático y agobiante, pero ignora completamente el hecho de que el número de “casos sometidos”, aquellos que están perfeccionados y en espera de resolución, no ha cambiado sustancialmente en la última década? Por qué no discute y entiende ese tema, enfatizado hasta la saciedad por el disenso del Juez Presidente. En la misma línea, ¿cómo se justifica la solicitud de aumento, si el Tribunal operó en los últimos años con menos de siete jueces y mantuvo esos números estables, e incluso funcionó con mayor eficiencia? (Ver Op Dis Hernández Denton)

(b) Desde el punto de vista del proceso decisorio, ¿Cómo se justifica no haber discutido el asunto tan siquiera con sus compañeros jueces? Como señala directamente la Jueza Rodríguez, ¿a qué se le teme? ¿A la discusión? ¿A la conversación? ¿Al debate? ¿Qué clase de Juez es aquel que no tiene disposición de discutir colegiadamente? Es espantoso el relato al final de la Opinión de la Jueza Fiol. Llega un día un sobre sellado, marcado “confidencial”, a su oficina, con un borrador de la Resolución preparada por uno de los Jueces. Dos horas más tarde, tres sobres “confidenciales” con los votos de los otros tres jueces, a favor de la Resolución. Se acabó. Cuatro días más tarde, se notifica la decisión al País. ¿Por qué ese proceder atropellado? ¿Cuál es la prisa? Cierto es que el Tribunal tiene el poder de solicitar el aumento. Cierto es, también, que ello es independiente del partido político que nominó a los Jueces en la mayoría. Pero también es cierto que cuando se ejerció ese poder en el pasado, no sólo fue por unanimidad, sino además precedido por procesos de consulta y deliberación. Se destaca el episodio en los años 80, cuando el Tribunal anunció que no iba a solicitar un aumento porque, luego de deliberarlo, no se encontró consenso entre los Jueces del Tribunal para ello. Por deferencia, respeto, y por fidelidad a la institución judicial y a sus compañeros, la Mayoría de aquel entonces no impuso su criterio por el mollero del voto. El voto mayoritario basta para resolver un caso cotidiano. Requerir unanimidad en todas las decisiones paralizaría al Tribunal. Pero aquellas decisiones de gravedad institucional y constitucional requieren mucho más. Y la pregunta se impone. Independientemente del tema de la unanimidad, ¿por qué ni siquiera hablarlo? ¿Por qué no se tomaron ni un café para discutirlo? ¿Cuál es el afán por ser tan mezquino y conspiratorio? Se pierde mucho, pero ¿qué se gana?

(c) Entonces están las interrogantes relacionadas con pobreza en razonamiento y desempeño analítico. En algún momento, por ejemplo, se establece que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve sobre el 90% de sus casos dentro del año (por ciento muy superior al TSPR) y que, como ellos tienen 9 jueces, eso quiere decir que 9 es mejor y más productivo que 7. Pero este es un razonamiento tan pobre que nadie se atrevería a hacerlo ni en una discusión de cafetín, mucho menos ponerlo por escrito, y muchísimo menos para justificar una solicitud tan seria. Hay cientos de razones que explican el comportamiento y volumen de trabajo del Tribunal Supremo de EEUU (alto costo de litigio, función de los tribunales de circuito de apelaciones, la limitadísima jurisdicción de ese tribunal, número de recursos de certiorari que expiden, cantidad de recursos económicos, etc). Muchas de estas razones explicarían el desempeño de ese tribunal. Lo mismo cuando la Mayoría compara el contexto puertorriqueño con Tribunales de última instancia en otras jurisdicciones, con 9 jueces. No se puede comparar esos tribunales con el de PR sin considerar la cantidad de casos que reciben, cuántos jueces de instancia apelativa intermedia filtran los casos en vía hacia esos tribunales supremos, entre otros factores que son constitutivos de esos contextos judiciales. Los disensos desmontan estos argumentos con una facilidad pasmosa. Y es que son tan tontos algunos de estos argumentos y comparaciones que es imposible que los jueces de la Mayoría, con lo inteligentes que son indudablemente, crean, genuinamente, que son correctos. Son evidentemente artefactos de confusión. Y la pregunta se impone, ¿qué tipo de juez le tiene tan poco aprecio a la función judicial como para bajar su nivel de competencia a ese nivel, sólo por llegar al resultado deseado?

Estas son sólo algunas de las cuestiones que nos planteamos. Y quizás, como sugiere el Tribunal mismo, será que quienes lanzamos estas preguntas somos unos prejuiciados. (“Los que lanzan esos ataques olvidan que también habrá quien le adjudique el mismo propósito inadecuado a la oposición a esta medida.” Resolución, pág. 21) Pero si hay algún consenso en la academia jurídica puertorriqueña, es en su apreciación de este triste episodio. Y hasta que estas preguntas no se atiendan satisfactoriamente, muy lamentablemente, quien tiene el peso de probar la legitimidad de sus razones es el Tribunal y, hasta ahora, no lo ha logrado. Resulta que los Tribunales le deben a la población justificaciones y razones; es su única moneda. Cuando dejan de brindarlas, dejamos de caracterizar lo que hacen como “justicia”, y lo percibimos sólo como poder desnudo. Y si el deber del Tribunal incluye justificar su proceder con razones legítimas y válidas, el nuestro es, en una democracia, exigirlas. Exigirlas vigorosamente.

A LOS POLÍTICOS Y A LA CIUDADANÍA
La profesora y compañera Érika Fontánez Torres plantea (en este blog y en el suyo), con gran sabiduría, ¿y por qué no 9? Tal vez hay razones de mucho peso para ampliar la composición del Tribunal, diversificarlo, incorporar voces, experiencias y perspectivas distintas. Tal vez es buena idea. Después de todo, la eficiencia y productividad no lo es todo. Las dictaduras son sistemas políticos muy eficientes, pues no hay que consultar nada con nadie, pero en las democracias tendemos a preferir cierta ineficiencia porque valoramos cosas como la representatividad, el diálogo, la separación de poderes para prevenir abusos, entre otras cosas. Y, así, puede ser que independientemente de la eficiencia, 9 es mejor que 7, bajo otros criterios.

Y entonces, políticos, tal vez esta es la oportunidad para que le demuestren al país que todo esto no es simplemente el famoso “banquete” que ha llevado a desarticular en los últimos años todos los focos de potencial disenso político (Colegio de Abogados, Asambleas Estudiantiles, invisibilización de minorías en la Legislatura apagándole micrófonos, privando a la población del acceso a la casa de las leyes, por ejemplo).

Demuestren que todo esto es legítimo de verdad y discutamos, pausadamente y con sensibilidad y razonabilidad, qué tipo de jueces queremos y necesitamos, si es que necesitamos alguno más. Y cuál es el mejor talento disponible. Francamente me importa un bledo si son penepés o no. Pero que satisfagan los criterios exigentes que impongamos, a base de una discusión seria. Eso quiere decir, como mínimo, un proceso de confirmación que dure mucho más que un par de días.

Y en este proceso, idealmente, se tornarán relevantes las interrogantes planteadas por la profesora Fontánez, y que nos debemos hacer todos y todas, si es que el proceso se abre genuinamente para ello:

¿Porqué querríamos un aumento a 9 jueces en el Tribunal Supremo? (más allá de que sepamos las razones que producen la iniciativa) ¿es deseable? ¿para quien? ¿para todos? ¿para el país reforzar el estado de derecho y fortalecer a la institución judicial como garante de derechos? ¿conviene para la diversidad? ¿ayudará en una pronta solución de controversias? ¿mejorará el acceso a la justicia a los y las ciudadanos que quedan fuera de ese acceso? ¿fortalecerá arreglos institucionales más justos, más inclusivos y más igualitarios? ¿Cómo provocar discusión y deliberación sobre estas preguntas y otras legítimas que deberían hacerse?

AL TRIBUNAL, OTRA VEZ
Hay un tema que nadie ha discutido todavía, pero que es de una importancia fundamental. Y es que los cambios que se avecinan trascienden por mucho el aumento en jueces. Veremos un cambio radical en la forma en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dispone de controversias sociales. Estamos pendiente de estos desarrollos importantes, aunque–por la forma en que se han comportado los miembros de la Mayoría– no albergamos esperanza de que los cambios estén precedidos por participación y consulta con la clase togada o con nadie que no componga la Nueva Mayoría. Las transformaciones institucionales próximas, tendrán potencialmente un impacto sustancial sobre toda la población a un grado que todavía no se ha considerado. Un ejemplo basta.

El aumento a 9 jueces viene acompañado por la idea de que el Tribunal opere en salas de, posiblemente, 3 jueces. Es decir, que en lugar de que los casos sean considerados por la totalidad del Tribunal (con la diversidad de perspectivas que ello implica), serán adjudicados sólo por tres. Dejemos a un lado el hecho de que 4 ojos ven más que dos, y 18 más que 6, y que es en el toma y dame de ideas, que se pule el razonamiento. Dejemos a un lado, a su vez, que se le priva a la población el derecho de que sus controversias sean consideradas por el Tribunal Supremo, en su totalidad, y no por un puñado.

Eso se trató una vez, y no funcionó en parte porque ello generó la indeseable situación de incoherencia institucional: múltiples decisiones de diferentes paneles, imposibles de reconciliar. El tribunal se vio en la insostenible situación de que resolvía controversias similares de forma distinta, lo que es injusto pues los ciudadanos tenemos el derecho a ser tratados como iguales. Si a Fulano y Mengano le resolvieron una controversia de manera X favoreciendo a Fulano; entonces debemos esperar que a Sutano y Perencejo le resuelvan un caso idéntico de la misma forma X, favoreciendo a Sutano quien se encuentra en la misma posición que Fulano. Si no es así, Sutano tendrá todo el derecho a reclamar, ¿a cuenta de qué? ¿Es que Fulano es mejor que yo, acaso no somos iguales? Bueno, esa es la idea brutalmente simplificada.

Pues la Mayoría del Tribunal responde a esta posibilidad, en su Resolución, (P19 y n6), de una manera increíble y sorprendente. Nos plantea que para resolver el problema de la posible inconsistencia, en lugar de abandonar el mecanismo de los paneles (que ya se demostró fue un fracaso), la solución está en disponer que las decisiones de los paneles de 3 jueces no establezcan precedente.

“Para evitar los errores del pasado, debemos evitar que las decisiones de una sala de este Tribunal sienten precedente

Esto es dramático y fundamental. Según la Resolución, entonces, el problema de la inconsistencia (y por ende la desigualdad de tratar casos iguales de manera distinta) no se resuelve fomentando la consistencia y eliminando el trato desigual, sino ignorando el problema. Adviértase que, es precisamente el hecho de que las decisiones sientan precedente y vinculan al propio tribunal, lo que obliga al Tribunal mismo a atenerse a dictámenes previos y obligarse a resolver el caso de hoy de manera compatible con el caso de ayer, aun cuando el de ayer sea de otro panel. Al disponer que las decisiones de los paneles o salas no sienten precedentes, explícitamente fomenta que paneles con casos similares ignoren decisiones de otros, y actúen inconsistentemente.

En un escenario como éste, la ciudadanía, los abogados, sus clientes, no sabrán qué esperar del Tribunal cuando acudan a éste. Y, ante un ambiente de incertidumbre jurídica, se les hará más difícil planificar sus asuntos legales. El imperio de la ley, el llamado Rule of Law, fomenta la autonomía individual y colectiva, pues en la medida en que sepamos cuáles son los parámetros de lo que podemos y no podemos hacer, legalmente hablando, podemos planificar nuestras vidas con seguridad.

En su Resolución, el Tribunal (nota al calce 6) adelanta algunos de estos problemas, pero sigue ignorando lo central. Dispone, por ejemplo, que todo quedaría resuelto si el Tribunal en su totalidad puede revisar las decisiones no unánimes de un panel de 3 jueces.

“Para garantizar la amplitud de la revisión judicial, podría establecerse que cuando no haya unanimidad de criterio en una sala, el recurso pase al Tribunal en pleno.”

Pero ¿y qué de las decisiones de los paneles de tres jueces, unánimes? Según este modelo, tres jueces (de 9) que resuelvan unánimemente un caso, dispondrán del asunto, sujeto posiblemente a alguna solicitud de reconsideración (dice el Tribunal, que a otro panel). Pero si la reconsideración no es concedida, esa decisión de 3 personas será final. Y, según lo propuesto, no establecerá precedente, por lo que otro caso idéntico podrá resolverse de manera diferente por otro panel. Dicho esto, también queda el tema de la mentada eficiencia, en un universo de paneles, con oportunidades adicionales de reconsideración. Habrá que ver cómo queda parada la “eficiencia” ante un sistema de múltiples reconsideraciones y esfuerzos administrativos para integrar y dar coherencia a las diferentes salas.

Creo que el punto quedó establecido. Dos jueces más, y un tribunal operando en salas pequeñas, en islas independientes, plantea problemas gravísimos para la administración de la justicia. Y cuando vemos a un Tribunal demostrando poca consideración para con la dignidad de la institución judicial y, por ende, de los ciudadanos, no podemos sino albergar expectativas sumamente bajas. Espero que me equivoque.

Lea la Resolución y Opiniones Aquí.

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  • Excelente post, Hiram, gracias. Excelentes tus argumentos. Luego comento con más calma algunos asuntos. Comparto, por ahora, algo que acabo de (re)encontrar en una especie de repaso que estoy haciendo sobre lo que ha surgido en los pasados meses sobre el tema del Supremo: una cita del nuevo Juez asociado Rivera García que emitió en su proceso de confirmación: ““Tenemos que ser persuasivos con los demás compañeros que componen esta curia para que, luego de haber hecho un análisis riguroso de cuál es el derecho aplicable, podamos nosotros establecer cuál es nuestra visión para ser persuasivo y convencerlos de que sean partícipes de la opinión o el pronunciamiento que se trata. De eso es que se trata un tribunal colegiado”.

    Que liviano lo que se dice respecto a cómo se traduce, no? Una quisiera pensar que las palabras significan…

  • También es revelador el relato que hace Oscar Serrano, del Centro de Periodismo Investigativo.