Constitucional - TSPR

Otro Editorial

En un tercer editorial sobre la crisis en el Tribunal Supremo, y el segundo sobre el aumento en jueces, el periódico el Nuevo Día solicita hoy al Gobernador que vete, en contra de todas las probabilidades, el proyecto que consagra el aumento.  Ver editoriales anteriores aquí y aquí.

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El Gobernador no debe firmar la ley

El más elemental sentido de racionalidad y de respeto al vigente sistema republicano de Gobierno –de tres poderes, “igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”, según nuestra Constitución–, debe obligar al Gobernador a no convertir en ley un injustificado aumento en el número de jueces del Tribunal Supremo.Dificultamos que haya un solo puertorriqueño que pueda sentir orgullo o que pueda aportar aunque fuera una cintila de justificación o excusa ante el espectáculo poco edificante que se observa en la sede de uno de esos poderes: el Judicial.

Si injustificados y hartamente pueriles han sido los argumentos esgrimidos por la mayoría de cuatro jueces designados por el actual Gobernador para solicitar un aumento en el actual cupo de siete jueces del Tribunal Supremo, más burdo y contrario al mismo temperamento que tanto se exige y se espera de los jueces de cualquier instancia, ha sido el desplante, la arrogancia y el sentido de imposición exhibido por esa mayoría judicial para lograr lo que a todas luces es un plan con motivaciones partidistas, nada menos que en la más emblemática de nuestras instituciones de derecho.

En supuesta justificación para el aumento solicitado –y aprobado a paso de “fast track” por la Cámara de Representantes y el Senado–, los jueces Eric Kolthoff, Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez Torres y Edgardo Rivera García se querellan del “sudoroso” trabajo que soportan ante un alegado cúmulo de 792 casos pendientes al 30 de junio pasado.

Sin embargo, los números oficiales de la Administración de los Tribunales coloca ese número de sólo 155, apenas 10 casos más que el número de los que estaban pendientes en 1975 cuando, a la inversa de lo que se propone ahora, se redujeron a siete los nueve puestos de jueces en el alto foro.

Otros 442 casos se están dilucidando por los oficiales jurídicos de los jueces, quienes determinarán si el tribunal los acepta o no para ser tramitados. También hay otros 195 casos pendientes de alegatos de las partes que implican un refinamiento burocrático que no afecta en forma alguna el trabajo de los magistrados.

Añadir dos jueces a los siete existentes representa casi un 30% de crecimiento en el volumen de los componentes del alto foro, sin que haya constancia fehaciente o creíble de “ataponamiento” y sin que tampoco se haya detectado o denunciado en los pasados años por los círculos de la abogacía o por la Administración de los Tribunales reclamo alguno de tardanza sustancial en la resolución de los casos.

La mayor parte de las controversias en las que el Tribunal Supremo trabaja en pleno como máximo foro apelativo son asuntos sobre la constitucionalidad o no de las leyes; asuntos vitales como el de la separación de Iglesia y Estado; los procesos relacionados con los derechos individuales de los puertorriqueños, como el de la libertad de expresión y de asociación, y los relacionados con los derechos electorales de los ciudadanos. Ninguno de los manejables casos pendientes en el alto tribunal está vinculado en la actualidad a asuntos de tan vital importancia.

También es digno de destacarse que solamente 5 jurisdicciones de Estados Unidos, 4 estados -Mississippi, Oklahoma, Texas y Washington-, más el Distrito de Columbia, funcionan con 9 jueces en sus tribunales supremos, mientras que la composición de la Alta Corte en los 46 estados restantes se mantiene en 5 ó 7 miembros.

Dado que no existen datos objetivos que sustenten la necesidad de que Puerto Rico incremente a 9 la nómina de jueces del Tribunal Supremo, corresponde ahora al Gobernador detener la procelosa marea de política partidista en que se quiere sumergir nuestro más alto foro judicial y rehusarse a firmar una ley que lesionaría gravemente a su confiabilidad, -la cual siempre debe estar más allá de las contingencias del momento-, so pena de aparecer ante el País como cómplice de una indigna maniobra.

 

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