Constitucional - TSPR

El Tribunal y la Huelga Estudiantil

Cuando la Nueva Mayoría finalmente se desnudó frente al país al promover su glotonería de poder político, muchos observamos las consecuencias que ello tendría sobre la legitimidad de la institución judicial. Así, expresé:

[C]uando la judicatura misma promueve un aumento inusitado e innecesario con el propósito exclusivo de consolidar poder por varias generaciones, pues ya no podemos echar culpa a los políticos en la Legislatura y en Fortaleza.  Ahí son los jueces mismos los que entran al terreno de lo político. Y, en ese momento, cuando la población puertorriqueña desconfíe de su autoridad y legitimdad, y cuando les miren con suspicacia y no les crean ni una sola palabra de lo que escriban en enjundiosas Opiniones… en ese momento los de la Nueva Mayoría recordarán que quien manchó la imagen y reputación de esa rama, la única hasta ahora respetada de las que nos queda, no fueron sus críticos y detractores, sino ellos mismos. Se han disparado en el pie.

Asimismo, el profesor Efrén Rivera publicó:

El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder.

Pues bien, con su legitimidad en crisis, a nadie le puede sorprender por qué la más reciente Opinión del Tribunal ha caído en la irrelevancia total para la sociedad Puertorriqueña y muy en particular para los estudiantes.  Dejando a un lado las interrogantes sobre academicidad, coincidencia en tiempo con la huelga actual, y la torpeza de atragantar la decisión a los jueces de minoría sin voluntad de escuchar visiones contrarias, el Tribunal resuelve, en esencia, que los puertorriqueños tenemos el derecho expresarnos libremente en la Universidad, sujeto a reglamentaciones razonables de “tiempo, lugar y manera” (razón por la cual la resolución de la Rectora es patentemente inconstitucional).  Nada nuevo ahí. Si me hubiesen pedido una opinión consultiva, hubiese dicho lo mismo, como cuestión constitucional. Y si el Tribunal ostentara algún grado de legitimidad en la población y no fuese percibido como un comité de acción política (percepción completamente atribuible a sus actos), tal vez su Opinión sería tomada en consideración.  Pero como la legitimidad de una Mayoría que sustituye razones por garrotes es precaria, las casi 80 páginas de la Opinión mayoritaria serán relegadas a una mera nota al calce en la historia de este país.

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