Constitucional - TSPR

Un problema de bueyes y carretas

Otra vez, la Nueva Mayoría hace de las suyas. Burdamente. Con un grado apreciable de deshonestidad intelectual. Esta vez, contra el saco de boxeo favorito de la derecha jurídica local: el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados acudió a los tribunales impugnando la constitucionalidad de la ley que eliminó la colegiación compulsoria. La Mayoría, rechazó de plano el pedido, negándose a acoger el recurso de certiorari. En el proceso, mediante Resolución, declaró que todo tipo de colegiación compulsoria es presumiblemente inconstitucional. Es decir, que toda colegiación compulsoria afecta un derecho fundamental (el derecho a la libertad de asociación) y que por ende sólo será válida ante un “interés apremiante del estado”. Como sabe todo abogado, ese es el lenguaje mágico para decir que es inconstitucional automáticamente, a menos que exista una excepción extraordinaria y rara (a no ser que la excepción ahora sea maleable y ad hoc… no me sorprendería). Dice el Tribunal en su Resolución:

La colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad asociación…. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados. Por ello, esa limitación significativa de la libertad a no asociarse es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés gubernamental apremiante que la hace necesaria. E.g., NAACP v. Button, 371 U.S. 415, 438 (1963)(descripción de este escrutinio).

El problema con la aseveración es que es sólo cierta a medias. Y medio falsa también. ¿Cuántas veces se ha impugnado en los tribunales federales aspectos relativos a la colegiación compulsoria, a base del derecho a la libertad de asociación? Muchísimas. Sin embargo, nunca se ha declarado de plano que la colegiación compulsoria es inconstitucional, como pretende intimar la mayoría. Y por alguna razón es ello.

Ciertamente, el derecho a la libre asociación es uno de carácter fundamental y activa un escrutinio estricto. La jurisprudencia norteamericana sobre el tema se desarrolló muy meritoriamente ante esfuerzos gubernamentales de perseguir y carpetear a individuos por razón de pertenecer a agrupaciones políticas como el NAACP. NAACP v. Alabama ex rel. Patterson, 357 U.S. 449 (1958); Bates v City of Little Rock, 361 U.S. 516 (1960). Claro, el derecho a asociarse ha evolucionado. En la primera mitad de su aseveración, la Mayoría anda en lo correcto. Es “esa limitación significativa de la libertad [de asociación]” la que activa un escrutinio estricto. Y es por eso que en su aseveración cita uno de los casos del NAACP. Es con lo segundo que induce a error. En lo que tiene que ver con la colegiación de asociaciones profesionales, especialmente la de abogados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresa en otros términos. Y lo hace de forma cristalina. Ciertamente la colegiación compulsoria implica a la libertad de asociación, y este derecho impone unos límites importantes muy pragmáticos y muy distantes de un escrutinio estricto: la libertad de asociación tiene como corolario la libertad de no asociarse, lo cual impide que una agrupación profesional obligatoria utilice el dinero de las cuotas para fines ideológicos que no estén relacionados con los objetivos de la agrupación. Pero este límite no implica su presunta invalidación constitucional. Todo lo contrario. La premisa expresa es que tales agrupaciones son constitucionales. La Mayoría lo sabe, pues no se le puede imputar ignorancia de la jurisprudencia, especialmente cuando el Juez Presidente se lo señala directamente en su Voto Particular disidente. Y aquí está la verdad no expuesta por la Mayoría. Dice el Tribunal Supremo federal, expresándose sobre un ataque a la colegiación compulsoria (“integrated bar”) en Wisconsin en Lathrop v. Donohue, 367 U.S. 820 (1961) (Ver también, Keller v. State Bar of California, 496 U.S. 1 (1990)):

Both in purport and in practice, the bulk of State Bar activities serve the function, or at least so Wisconsin might reasonably believe, of elevating the educational and ethical standards of the Bar to the end of improving the quality of the legal service available to the people of the State, without any reference to the political process. It cannot be denied that this is a legitimate end of state policy. We think that the Supreme Court of Wisconsin, in order to further the State’s legitimate interests in raising the quality of professional services, may constitutionally require that the costs of improving the profession in this fashion should be shared by the subjects and beneficiaries of the regulatory program, the lawyers, even though the organization created to attain the objective also engages in some legislative activity. Given the character of the integrated bar shown on this record, in the light of the limitation of the membership requirement to the compulsory payment of reasonable annual dues, we are unable to find any impingement upon protected rights of association.

Se trata de un salto lógico y doctrinal muy deshonesto, intelectualmente hablando, el de la Nueva Mayoría. La distinción entre una cosa y la otra está en la jurisprudencia; pero la ignora. Ya en otras ocasiones habíamos visto cómo la Mayoría acomodaba sus precedentes oportunistamente para acomodar un resultado deseado. Por ejemplo, le concedió un “derecho adquirido” a dos ex gobernadores para tener escoltas pagadas por el gobierno, pero se lo negó a empleados públicos sin explicación alguna. Asimismo, aumentó la composición del tribunal basado en razones infantiles y con distinciones que no hacen diferencia, que no vale la pena repetir aquí, pero se han discutido antes en este blog. Y, ahora, por razones compatibles con un fetichismo ideológico neoclásico, resuelve que cualquier agrupación obligatoria afecta fatalmente un derecho individual fundamental, dando la espalda a décadas de jurisprudencia sobre la reglamentación de profesiones y el derecho a la libre asociación. Tal parece que aquí hay un problema de bueyes y carreta; de resultado primero y justificación después. Y anticipando intentos de una nueva legislatura para regresar a la colegiación compulsoria, adelanta su intolerancia visceral a esta institución centenaria. En el proceso, arroja duda sobre la viabilidad de varias agrupaciones profesionales compulsorias en Puerto Rico. Por eso sospecho que este no será la última palabra del Tribunal sobre el tema. Y cuando hable, sabremos tal vez de qué se trata todo esto. Y es que mucho de esto va más allá del desagrado que puedan tener estos jueces con el Colegio de Abogados. Es además parte un debate ideológico que viene (al menos en lo judicial) desde principios del siglo veinte. ¿Sabrán que Lochner (1905) ya no es el derecho aplicable? Como expresó Holmes allí “[the Constitution] does not enact Mr. Herbert Spencer’s Social Statics”. Pero es la lógica que parece animar el espíritu de esta Resolución y el alcance ideológico de los miembros de esta Mayoría pues muestran cierta alergia a reglamentaciones estatales de índole socio-económica (relativas a la reglamentación de profesiones). Inclinación que no debe tener lugar en la adjudicación constitucional (aunque sí en la elaboración de política pública), y que tal vez tendrá su peso al elaborar la idea de los famosos “derechos adquiridos” patrimoniales.

[Otro día comentaré sobre la sugerencia ideológicamente germana de uno de los Jueces Asociados de que el common law es más eficiente y coloca a nuestro sistema jurídico en mejor posición para un entorno globalizado. (Supongo que el sustento para ello es que el método del common law se genera por las controversias individuales, versus la codificación jerarquizada continental, y al igual que el mercado es un mejor mecanismo para generar normas de conducta eficientes; lo cual ignora que (a) la eficiencia del common law no es ni remotamente aceptada por la academia del law and economics de Estados Unidos y (b) que parece reproducir una caricatura del sistema continental, acogido por países inmersos en un entorno global)…. a menos que la preferencia por el common law responda a otras preferencias ideológicas, con “i” minúscula].

Espero que, si tan preocupados están con la defensa de los derechos individuales, reactiven la factura más ancha en nuestro derecho a la intimidad, y reconozcan el derecho a personas LGBT los derechos individuales humanos que les tiene en categoría de subclase política y social. Mientras tanto, seguiremos observando cómo el oportunismo intelectual (tomando citas de aquí y de allá sin realmente ajustarse al derecho) va reduciendo capas de legitimidad a esa institución. Si no se da cuenta, es porque los Honorables Jueces Asociados viven enajenados. Pero la población va entendiendo lo que se encuentra cuando rasgamos las vestiduras del poder judicial: poder desnudo. No mucho más.

* entrada editada para corregir algunos errores el 20 de marzo de 2011.

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