Constitucional - Familia - TSPR

Interpretación Discriminatoria y Odiosa

La denuncia expone que el día de los hechos el señor Flores Flores cruzó su vehículo frente al automóvil de la perjudicada, le quitó las llaves, se montó en el auto y comenzó a discutir con ella y a golpearla. Cuando la perjudicada intentó salir del vehículo, el acusado la sujetó fuertemente por el brazo, la haló y agarró por el pelo y le apretó fuertemente el cuello, causándole marcas.

La interpretación del alcance de la Ley 54, esbozada por el Juez Asociado del Tribunal Supremo señor Kolthoff Caraballo, en el caso Pueblo v. Flores Flores, del 23 de marzo de 2011, deja sin la protección que provee la Ley 54 a la perjudicada de tan claro acto de maltrato agravado. No sólo priva a la mujer que tuvo que enfrentar tan duro evento, sino que envía un mensaje a los operadores del sistema de justicia de que la Ley 54 sólo ha de utilizarse para proteger a aquellas personas que se conformen a un particular estilo de vida – personas en relación de pareja matrimonial tradicional.

La opinión del Juez Kolthoff constituye un tortuoso malabarismo que maltrata y lacera una pieza legislativa que ha provisto remedios a miles de personas agobiadas por la violencia en la pareja. También agrede el derecho a la igual protección de las leyes y discrimina contra un sector importante de la sociedad puertorriqueña – las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica en una relación de pareja con un hombre distinto al marido o quien está casado con otra mujer.

La Ley Número 54 del 15 de agosto de 1989 se diseñó, se redactó, se defendió y se promulgó con el propósito expreso de proveer protección a la vida, a la seguridad y a la dignidad de las sobrevivientes de violencia en la relación de pareja. No se adoptó para proteger a la familia. Tanto es así que los remedios que provee garantizan el desalojo del agresor y su arresto inmediato, sacándolo así de la vida familiar que la conducta violenta ya ha destruido.

Al participar en la redacción y defensa del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 54 el movimiento de mujeres se aseguró de que se extendiera la protección de la Ley al mayor número posible de personas afectadas por este mal social. Por ello se definió específicamente la relación de pareja como aquella existente entre cónyuges, ex cónyuges, cohabitantes, ex cohabitantes, personas que sostienen o han sostenido una relación consensual íntima y las que han procreado un hijo o una hija en común. Esta definición fue objeto de múltiples discusiones y fue acogida por los y las legisladoras tras convencerse de que el movimiento de mujeres no aceptaría una ley que limitara la protección a las parejas tradicionales.

La Ley 54 es un logro del movimiento de mujeres en Puerto Rico y se aprobó gracias al esfuerzo concertado y constante de grupos y organizaciones diversas que defienden los derechos de las mujeres en nuestro país. No fue una dádiva de los que detentaban el poder en el 1989, sino el producto del reclamo y del trabajo político y jurídico de varios años.

No cabe duda de que aunque la ley se redactó en lenguaje neutro, las mujeres son las mayores beneficiarias de sus remedios, como lo demuestran los datos que provee la Policía de Puerto – entre un 99% y un 85% de las personas que informan incidentes de violencia, son mujeres. Ello es así porque la violencia en la relación de pareja se alimenta de las visiones y roles estereotipados que promueven la subordinación de las mujeres – a los que se une el Tribunal Supremo con la sentencia emitida en el caso Pueblo v. Flores Flores. Y, es que aunque la sentencia emitida en este caso no sienta precedente, sí envía un mensaje sumamente discriminatorio a los operadores del sistema de justicia.

Por voz de tres de sus jueces – el Juez Asociado señor Martínez Torres y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco se unieron al ponente – la mujer que solicitaba protección por un acto de maltrato agravado quedó sin acceso a los remedios que provee la Ley 54. Es lamentable este resultado para una mujer puertorriqueña. Constituye una segunda victimización, la negación de sus derechos constitucionales a la igual protección de las leyes y la violación de su derecho a la garantía constitucional que prohíbe la discriminación.

Se trata de una decisión discriminatoria y odiosa. Discriminatoria porque se ensaña con un sector de la población que no se acomoda a la visión tradicional del tipo de relación de pareja que tenemos derecho a formar en Puerto Rico. Odiosa, porque abona al clima de prejuicio que aún se respira en esta Isla contra las mujeres que se alejan del mandato fundamentalista de ser hija-madre-esposa abnegada y subordinada.

Ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Romer v. Evans de 1996 estableció que este tipo de acción gubernamental, que señala a un sector, le estigmatiza y le niega la protección de la ley es inconstitucional. No puede convertirse en norma en nuestro país la interpretación discriminatoria y odiosa que los jueces Kolthoff, Pabón y Martínez han esbozado sobre el alcance de la Ley 54. Gracias a la intervención acertada de la Jueza Asociada señora Fiol Matta, a la que se unieron la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Presidente señor Hernández Denton, esa tragedia constitucional pudo limitarse en su alcance.

Llegado es el momento de asegurarnos que la interpretación discriminatoria y odiosa de la Ley 54 no de al traste con su constitucionalidad.

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