Constitucional - TSPR

48 horas

Amartya Sen, filósofo y economista indio, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, nos recuerda en su más reciente obra “The Idea of Justice” que la democracia es algo más que un conteo de votos; más bien, debe concebirse como que incluye crucialmente el ejercicio del pcoder público mediado por procesos deliberativos, es decir “government by discussion”.  Añade:

There is … the older–and more formal–view of democracy which characterizes it mainly in terms of elections and ballots, rather than in the broader perspective of government by discussion. And yet, in contemporary political philosophy, the understanding of democracy has broadened vastly, so that democracy is no longer seen just in terms of demands for public balloting, but much more capaciously, in terms of … “the exercise of public reason” (p 324)

Ballots do, of course, have a very important role even for the expression and effectiveness of the process of public reasoning, but they are not the only thing that matters, and they can be seen just as one part–admittedly a very important part–of the way public reason operates in a democratic society. Indeed, the effectiveness of ballots themselves depends crucially on what goes with ballotting, such as free speech, access to information and freedom of dissent. (p 327)

A estas alturas de nuestra historia parecería tonto enfatizar que la discusión, el debate y deliberación sobre asuntos de interés público es importante para una democracia. Eso nos gustaría pensar…pero resulta que una de las transformaciones constitucionales más trascendentales de los últimos años en PR, la recomposición del TSPR, no ha sido objeto de la  discusión y deliberación pública mínima que es de esperar.

Y no estoy hablando exclusivamente del aumento en composición de 7 a 9 jueces, aunque lo incluye. Ya habíamos reseñado el relato de la Jueza Asociada Fiol en torno a cómo se tomó la decisión para aumentar el número de jueces. Dije en aquella ocasión:

Es espantoso el relato al final de la Opinión de la Jueza Fiol. Llega un día un sobre sellado, marcado “confidencial”, a su oficina, con un borrador de la Resolución preparada por uno de los Jueces. Dos horas más tarde, tres sobres “confidenciales” con los votos de los otros tres jueces, a favor de la Resolución. Se acabó. Cuatro días más tarde, se notifica la decisión al País. ¿Por qué ese proceder atropellado? ¿Cuál es la prisa? Cierto es que el Tribunal tiene el poder de solicitar el aumento. Cierto es, también, que ello es independiente del partido político que nominó a los Jueces en la mayoría. Pero también es cierto que cuando se ejerció ese poder en el pasado, no sólo fue por unanimidad, sino además precedido por procesos de consulta y deliberación. Se destaca el episodio en los años 80, cuando el Tribunal anunció que no iba a solicitar un aumento porque, luego de deliberarlo, no se encontró consenso entre los Jueces del Tribunal para ello. Por deferencia, respeto, y por fidelidad a la institución judicial y a sus compañeros, la Mayoría de aquel entonces no impuso su criterio por el mollero del voto. El voto mayoritario basta para resolver un caso cotidiano. Requerir unanimidad en todas las decisiones paralizaría al Tribunal. Pero aquellas decisiones de gravedad institucional y constitucional requieren mucho más. Y la pregunta se impone. Independientemente del tema de la unanimidad, ¿por qué ni siquiera hablarlo? ¿Por qué no se tomaron ni un café para discutirlo? ¿Cuál es el afán por ser tan mezquino y conspiratorio? Se pierde mucho, pero ¿qué se gana?

No me refiero a sólo eso, sino al copo del Tribunal por personas que hoy día muy difícilmente podríamos decir que tienen el respeto que la población y los abogados le deben a la Judicatura. La transformación constitucional de la que hablo, no tiene nada que ver con que el partido azul logró nombrar la mayoría de jueces que componen al TSPR (eso, como he dicho antes, me importa un bledo pues hay azules capacitados, como hay rojos y verdes mediocres). Me refiero a la transformación radical en torno a qué constituye un Tribunal Supremo para un estado democrático de derecho. Esto es fundamental. La revolución judicial del 2008-2011 es esa: la transformación total de lo que representa el Tribunal Supremo para el imaginario social puertorriqueño y su lugar en nuestra democracia constitucional.

En sólo un par de años, se ha logrado destruir lo que le tomó generaciones al Tribunal lograr: la confianza pública en que las controversias del país serán dirimidas por personas que como mínimo harán un esfuerzo por resolverlas conforme al derecho– conforme al imperio de la ley– no conforme al imperio del partido, de la religión, o del prejuicio. Digan lo que digan del Tribunal antes del 2008, de sus jueces o de su afiliación política, esta percepción no existía: de hecho, era común ver a jueces nombrados por una administración de un color, resolviendo a favor de administraciones del otro color, o en contra del supuesto color suyo. Era aún más común ver a jueces nombrados por administraciones germanas disentir férreamente entre ellos, por las más diversas razones, y no como es el caso ahora, en grupos sólidos unísonos cual bloque ideológico con disciplina acrítica. Tendrían que trabajar muy duro para devolver esa confianza, si es que la quieren.

Entonces, la pregunta huelga: ¿qué discusión hemos tenido sobre esta transformación? ¿Cómo hemos vivido en Puerto Rico el “government by discussion”, ante esta transformación radical? Claro, en este blog hemos tratado el tema a saciedad, y a veces en la prensa se reseña alguna reflexión o Editorial. Pero no sólo en la sociedad civil hay que discutir esto. Las esferas institucionales que encausan esta transformación tienen la responsabilidad de plantearse las consecuencias de sus actos explícitamente; ¿qué significa esta revolución en el Tribunal, ahora, y para su estabilidad futura? ¿Qué respeto derivarán las opiniones del Tribunal por parte de ciudadanos, o por parte de administraciones futuras que claramente le visualicen como retrancas políticas? Todo esto es importante. No… todo esto es vital para nuestro sistema político.

La discusión no existe pues el espacio discursivo institucional está restringido; es decir, el contexto material y temporal donde la reflexión ha de ocurrir, está clausurado.

Pensemos en el espacio temporal. El 5 de noviembre de 2010 la Mayoría del TSPR solicita a las Ramas Políticas un aumento de dos jueces. Seis meses después, un poco antes de las 5 de la tarde del lunes, 9 de mayo del 2011, el Gobernador anunció los dos nuevos nombramientos. Dos días después, hoy miércoles 11 de mayo, a la 1:15 pm, a menos de 48 horas del nombramiento y darse a conocer la identidad de los nuevos candidatos, el Senado había celebrado y concluido una “vista pública” para “considerar” a los nominados. Y a nadie en el País le cabe duda que, en efecto, ya están confirmados (escribo pasadas las 5pm del 11 de mayo), lo cual será oficializado por el Senado en pocas horas o minutos. 48 horas para debatir el futuro de la Rama Judicial. 48 horas para considerar y deliberar la magnitud del momento constitucional en que nos encontramos. 48 horas para discutir la idoneidad de estas personas.

Es decir, el Gobernador se tomó su tiempo, presumiblemente para lograr consenso con el liderato del Senado y auscultar opciones. El país a través de sus representantes electos, menos de dos días. Y eso es en el caso de los dos más recientes; pero igual es la experiencia con los cuatro jueces anteriores nombrados a partir del 2008. Friendo y comiendo.

Para poner las cosas en perspectiva, y utilizando de referente la experiencia con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, consideremos los siguientes datos (utilizo como base la información en el estudio del Congressional Reserch Service, titulado “Speed of Presidential and Senate Actions on  Supreme Court Nominations, 1900-2010”).

Según los datos, entre los años 1981 y 2009, la mediana del término entre el nombramiento por el Presidente y la confirmación por el Senado fue de 80.5 días. En Puerto Rico, 48 horas.

En ese mismo periodo de años (1981-2009) la mediana del término entre el momento en que el Presidente conoció de la vacante en el Tribunal y el día en que presentó el nombramiento fue 18 días. En Puerto Rico, en el caso más reciente, ese término fue de 185 días (presumiendo que el Gobernador conoció de las vacantes con la Resolución del TSPR, y no antes por arreglo).

Noten la relación invertida. En el proceso político estadounidense de las últimas tres décadas, la Rama Ejecutiva se toma relativamente poco tiempo. Es decir, el proceso secreto, interno, entre los asesores del Presidente, sobre los candidatos a nominarse, fluye con rapidez. Pero el proceso público, de deliberación, discusión, escrutinio severo del historial de los nominados… ese proceso, el que todos hemos visto reseñado en los medios, en el que nos enteramos de la filosofía judicial de los potenciales jueces, el proceso a través del cual formamos nuestra opinión sobre su idoneidad, ese proceso es muchísimo más extenso.  En el caso de Sotomayor, por ejemplo, 72 días. Los dos nombramientos más recientes en Puerto Rico… 48 horas.   Para confirmar a dos (no uno) jueces en Puerto Rico tomó 2.7% del tiempo (en días contados desde el nombramiento) que tomó para confirmar a Sotomayor en el Senado federal. Si bien el proceso interno en el Ejecutivo es secreto, el segundo está sujeto a muchísima más transparencia. Pero no en Puerto Rico.

Ahí tenemos el “government by discussion” de la democracia boricua. No vale decir que porque los votos están (en el Supremo, en el Senado, en las urnas) todo vale y todo es legítimo.  Los actos públicos deben estar respaldados por razones, argumentos, discusión, que de alguna forma permita a la población sentir que el resultado del proceso político refleja un respeto por los ciudadanos que somos regidos por la ley. Cuando hay discusión y deliberación, se dan pistas importantes para distinguir la “decisión de una mayoría”, por un lado, y la “tiranía de la mayoría”, por otro. Y esto es importante para todos; especialmente para los que viven la mayoría hoy, pues mañana serán minorías, y luego querrán reclamar que el trato de las mayorías coyunturales no sea tiránico. Pues tendrán que ganarse ese reclamo.

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  • nous

    Interesante articulo. Me recuerda dos cosas que sobresalieron durante la lectura del diario de sesiones de la convencion constituyente (abajo) que evidencian tristemente como la “tirania de la mayoria” parece parte del imaginario social puertorriqueno el reto que tenemos ante nosotros para lograr una sociedad verdaderamente democratica.

    1) delegado PADRON RIVERA “no vais a poder negar que se ha maniobrado para que la constitución sea hecha por un solo partido” refiriendose a como el partido en poder llevo a cabo su agenda politica a traves del voto mayoriatrio en aquella ocasion.

    2) y mas profetico aun el delegado FIGUEROA cuando dijo “Pero no cojais de mampara al Tribunal Supremo para hacer cosas que huelen mal. Asi es que, senores delegados de la mayoria, os invito en nombre del respeto que merece la carta constitucional que estamos escribiendo, el respeto que merecen los senores delegados todos, a quienes no se puede enganar como ninos, y velando por las prerrogativas que tenemos, que no debemos redirlas en este momento, yo os invito a que acepteis la enmienda de aumentar el numero de jueces del Tribunal Supremo a siete y que elimineis el rabito ese, el rabito ese que se le ha puesto, de que, a peticion de los jueces del Tribunal Supremo, seran ellos aumentados o disminuidos, porque el aumento o la disminucion despues, puede crear el caos que ha senalado el companero y amigo dilecto, Lino Padron Rivera; despues de eso, se presta a cosas que huelen mal.”

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