Constitucional - Derechos Humanos - TSPR

La Primera Enmienda se va del Tribunal Supremo

El caso, resuelto el 9 de junio, es Josefina Pantoja v. Municipio de San Juan. El problema comienza con la forma en que la Opinión estructura la controversia:  propiedad privada vs libertad de expresión. La oposición de estos dos intereses no era del todo necesaria y,  en el proceso, se instauró una norma procesal y sustantiva en extremo restrictiva de derechos de libertad de expresión. Todo ello empleando una pobreza analítica y jurídica que menoscaba irreparablemente la dignidad de la función judicial. Lee el caso aquí.

Hay mucho que opinar, pero sólo apunto algunos detalles principales. Algo de los hechos: Un grupo de mujeres, pertenecientes al Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, pintó un mural alusivo al crítico problema de violencia de género en Puerto Rico.  Que no quepa duda: se trata de una pared habitualmente utilizada para fines similares. Como resalta la Jueza Rodríguez (en Opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente, la Jueza Fiol y el Juez Estrella): “Lo cierto es que cualquier puertorriqueño que haya transitado por la Avenida 65 de infantería a la altura del Colegio San José, ha observado mensajes alusivos a asuntos de interés público como por ejemplo Vieques, así como propaganda política como comercial.” A pesar de ello, esa mañana fueron detenidas por la policía del Municipio de San Juan, agentes del Estado claro está, y fueron multadas a base de una Ordenanza Municipal. Las mujeres acudieron al Tribunal, en protección de sus derechos de libertad de expresión. Inicialmente ese Tribunal de Primera Instancia concedió un Entredicho Provisional y luego un Interdicto Preliminar, ordenando al Municipio a abstenerse de interferir con los derechos de libertad de expresión de las demandantes. Como es de esperar, el Municipio acudió al Tribunal de Apelaciones. Ese tribunal, como es normal en casos así, le concedió a las mujeres demandantes 10 días para expresarse; y aquí es que se pone la cosas extraña… el Municipio no dio oportunidad a las mujeres a expresarse (¡otra vez!) en el Tribunal de Apelaciones, y acudió al Tribunal Supremo oponiéndose al hecho de que el Tribunal de Apelaciones no revocó inmediatamente al Tribunal de Primera Instancia y, en cambio, le dio esos 10 días a las demandantes. Al parecer el Municipio tenía de repente una necesidad urgente de mantener esa pared limpia (¡a pesar de que todos los testimonios reconocían su uso continuo para graffiti!).

Y si el proceder del Municipio parece extraño, la respuesta del Tribunal Supremo raya en lo bizarro: resolvió, inmediatamente, paralizar los efectos del interdicto del TPI y, eventualmente–luego de un trámite procesal muy irregular, atropellado y apresurado– revocó la decisión ordenando el Interdicto bajo el siguiente fundamento: que no se “desfiló prueba suficiente en derecho sobre la naturaleza y titularidad del muro en donde MAPR lleva a cabo sus manifestaciones”. Como escribiría el caricaturista chileno Pepo… ¡Plop!

La Opinión desarrolla toda una línea de argumentación sobre cómo era indispensable que se argumentara y pasara prueba de que la propiedad utilizada era pública, porque a fin de cuentas el derecho a la libertad de expresión sólo puede exigirse frente al gobierno y no a personas privadas. Ergo (y aquí la falacia lógica), si se trata de una pared privada, no hay derecho a expresarse allí, por lo que era indispensable alegar que se trate de una pared pública. No hacerlo es causa para desestimar la demanda.

Dejando un lado el hecho de que, como resalta Anabelle Rodríguez en su disenso, sí se pasó prueba testifical sobre la titularidad, el razonamiento es tan pobre que no da mucho trabajo identificarlo. La contestación sencilla es: ¡si la pared es pública o privada no dispone del reclamo! La razón es básica.

Vamos a asumir, que la ordenanza municipal (principalmente de ornato) es válida de su faz; asumamos que se trata de una norma neutral de aplicación general con un efecto muy incidental sobre la libertad de expresión. Asumamos también que se trata de una pared privada. Es más, asumamos además que las mujeres NO tenían derecho, legalmente hablando, de pintar ese mural allí. No obstante eso, los ciudadanos no pierden sus derechos civiles contra los funcionarios del Estado aun cuando operen en una propiedad privada. Y la razón es esta:Por Andreas Heyden, bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA

Aun cuando el Estado tenga la autoridad legítima para poner en vigor una prohibición, ello no lo puede hacer selectivamente contra una persona o grupo, señalándoles en la puesta en vigor, por razones arbitrarias, por desprecio o por desfavorecer el contenido de su mensaje. Como dijo el Tribunal Supremo federal hace 125 años: “Though the law itself be fair on its face and impartial in appearance, yet, if it is applied and administered by public authority with an evil eye and an unequal hand, so as practically to make unjust and illegal discriminations between persons in similar circumstances, material to their rights, the denial of equal justice is still within the prohibition of the Constitution.” Yick Wo v. Hopkins, 118 US 356, 374 (1886) (Ver además, Cleburne v. City of Cleburne, 473 U.S. 432 (1985); Romer v Evans, 517 U.S. 620 (1996), Bordenkircher v. Hayes, 434 US (1987) (“the conscious exercise of some selectivity in enforcement is not in itself a federal constitutional violation” so long as “the selection was [not] deliberately based upon an unjustifiable standard such as race, religion, or other arbitrary classification”).

Entonces se revela la falacia del argumento de que si es propiedad privada no hay derecho y por tanto había que alegar el carácter público de la pared: aun cuando sea privada, el Estado no puede ejercer sus facultades selectivamente en violación de la primera Enmienda. Por eso, alegar que se trata de una pared privada es inconsecuente si lo que se cuestiona es la actuación del Estado. En otras palabras, puede ser que en determinado caso (o en este caso) se demuestre en juicio plenario (recuerden que sólo llegó a injunction preliminar y no a juicio) que había actuación Estatal selectiva. Por lo que alegar sobre su titularidad es irrelevante.

Pero demos un paso adicional, sobre este nuevo requisito de alegar que la pared es pública y no privada… ¡puede que tampoco importe si es privada o no, y que las demandantes sí tenían derecho a pintar en una pared privada, independientemente de la selectividad! Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico (y el de Estados Unidos) ha resuelto que, ciertas propiedades privadas adquieren características (tras su uso y tradición) tan similares a las de foros públicos, que en efecto, jurídicamente hay que tratarles como si fueran foros públicos. El caso normativo es Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo v. Hermandad, 2000 TSPR 71, donde se resuelve que centros comerciales (propiedad privada) caen en esta categoría. Nuevamente, que se trate de propiedad privada o no, no es determinante; por lo que no tiene sentido exigir esa alegación. Lo que procedía era, pues, permitir que el tribunal de primera instancia celebrara un juicio en su fondo para determinar si en efecto el planteamiento constitucional tenía méritos. En la prisa por desestimar a base de un requisito de nueva invención, se privó a las partes de esa oportunidad fundamental.

Entonces, ¿qué podemos interpretar de esta decisión tan pobremente razonada? ¿Que podemos colegir de esta prisa desmedida en resolver un caso con efectos detrimentales sobre la libertad de expresión, para enarbolar la bandera de la propiedad privada, interponiendo un requisito formalista de alegar algo sobre la titularidad de la pared que, a fin de cuentas, puede ser inconsecuente al reclamo?  El Tribunal llega a sugerir que su prisa al arrebatarle el caso al Tribunal de Apelaciones era necesaria pues la tardanza procesal lo que hace es crear incertidumbre y genera un “chilling effect” en la expresión. Puede ser. Pero tratando de no ser cínico, habrá que cuestionar si no crea más disuasivo expresivo, o chilling effect, una norma que exige un estudio de título a quien quiera pintar sobre una pared aunque se encuentra atiborrada de imágenes y graffiti previamente.

Es común que los jueces se equivoquen, como todo ser humano. Es común que también en su razonamiento, olviden considerar elementos importantes que hagan de sus planteamientos un tanto débiles. Eso es normal y todos sabemos equivocarnos,  reconsiderar y recapcitar si lo amerita. Pero es difícil determinar qué hacer con toda esta pobreza intelectual, que no sea expresar una genuina frustración por el rumbo del derecho puertorriqueño y de las instituciones encargadas de timonearlo.

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  • Kudos!!!!!! Nunca ha sido difícil discernir los foros de expresión pública tradicionales, particularmente para los jueces de instancia que en su mayoría tienen los pies en la tierra y conocen el entorno físico y social de los distritos en los que sirven. Por ahora, sin embargo, habrá que ordenar un estudio de título antes de publicar expresiones en espacios de esta índole.

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