Administrativo - Legislación

SUMARIO DERECHO Y GOBIERNO (enero-junio 2011) PARTE I

LEGISLACION

 

Ley Núm. 3 de 4 de febrero de 2011 Añade el Artículo 246-A al Código Penal tipificando como delito la obstrucción de los servicios públicos en las institucionales de enseñanza, salud y otros edificios en donde se ofrecen servicios gubernamentales al público. [Se trata de una ley directamente relacionada a los eventos huelgarios en la UPR.  Sobre la criminalización de la protesta ver acá lo escrito por la colega Erika Fontánez Torres.]

Ley Núm. 5 de 17 de febrero de 2011 Establece que todas las agencias deben contar con una persona enlace “para grupos comunitarios y basados en la fe”, para promover el desarrollo de programas de servicios a personas sin hogar, con problemas de salud mental, adicción a sustancias controladas y personas víctimas de maltrato. [Debe ser vista junto a otras leyes y órdenes ejecutivas aprobadas en años recientes y que responden a la política pública iniciada por la administración del Presidente George W. Bush de apoyo a las llamadas organizaciones de base de fe. Aunque el asunto es controversial por lo que supone en término de relaciones Estado-Iglesia, el problema se ha intentado atender incorporando el concepto “grupos comunitarios” como beneficiarios de la ley.]

Ley Núm. 11 de 18 de febrero de 2011  Faculta a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a reglamentar los servicios de compañías de servicios de televisión satélite (“DBS”) y atender querellas de consumidores.

Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2011 Establece que la AEE debe incluir un mensaje en las facturas sobre los beneficios de instalar equipos para la generación de energía de fuentes renovables. [La exposición de motivos refleja cierta insatisfacción de la Legislatura con la AEE en torno al manejo del tema].

Ley Núm. 25 de 25 de febrero de 2011  Enmienda la “Ley para Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos Esenciales para disponer que cuando los cargos incluyan 3 o más mensualidades vencidas “por servicios que no habían sido previamente facturados”, la corporación pública correspondiente debe ofrecerle al abonado un plan de pago razonable cuya duración no podrá exceder de 24 meses.

Ley Núm. 28 de 7 de marzo de 2011 Otorga a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) la responsabilidad de promover “la plena inclusión de Puerto Rico en todas las estadísticas nacional” que produzca el gobierno federal y organismos no gubernamentales “para así tener mecanismos de medición que permitan comparar el desarrollo de la Isla con el resto de los estados de los Estados Unidos”. [Además de las consideraciones políticas que puede implicar la ley, cabe apuntar que la viabilidad de lo pretendido supone la existencia de estadísticas serias y confiables en Puerto Rico. Las vicisitudes del Instituto de Estadísticas no parecen contribuir a ello. Sobre esto véase acá y acá.]

Ley Núm. 32 de 14 de marzo de 2011 Dispone que el estado de emergencia que la Ley Núm. 76 de 2000 permite al Gobernado decretar en situaciones de crisis en infraestructura por un término de 6 meses, podrá ser extendido mediante orden ejecutiva durante el término de su incumbencia.  [Se trata del cuestionable uso de la Ley Núm. 76 como fundamento para decretar una situación de crisis en la infraestructura de generación de energía eléctrica.  Mediante orden ejecutiva se decretó un primer estado de emergencia en julio de 2010 que sirvió de base legal para acelerar el proyecto de la AEE conocido como “Vía Verde”.  Bajo la ley original la emergencia sólo podía durar 6 meses y la Legislatura debía pasar juicio sobre la misma.  Aunque podían haber extendido legislativamente el estado de emergencia, optaron por algo peor: otorgarle al Gobernador la potestad de hacer su declaración por toda su incumbencia. De 6 meses ahora el estado de emergencia puede durar hasta cuatro años si un Gobernador decide actuar los primeros días de su mandato.  El Gobernador Fortuño actuó conforme esta enmienda emitiendo una nueva orden ejecutiva en abril de 2011.]

Ley Núm. 35 de 21 de marzo de 2011  Establece términos máximos para que la Policía atienda querellas y trámites disciplinarios contra miembros de la fuerza.  En trámites de falta grave serán 180 días y en faltas graves 1 año.  Los términos comienzan a decursar una vez la agencia recibe una querella o “se advenga en conocimiento de la posible comisión de un acto que conlleva una sanción punible” por reglamento. [La exposición de motivos es muy crítica de la incapacidad demostrada por la agencia en atender estos trámites].

Ley Núm. 41 de 30 de marzo de 2011 Crea el Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa, dispone los documentos que allí custodiarán y establece un proceso para que determinados organismos públicos depositen en este Archivo las colecciones existentes en su poder relacionadas a las materias objeto de la ley.

Ley Núm. 42 de 30 de marzo de 2011  Autoriza el establecimiento del cuerpo de la “Policía Capitolina de Puerto Rico”, adscrito a la Policía de Puerto Rico.   Estará bajo la dirección inmediata de un Coronel nombrado por el Superintendente de la Policía “con el consejo y consentimiento” de los Presidentes de ambos cuerpos legislativos.  Desempeñará el cargo a voluntad del Superintendente.  El reglamento para el funcionamiento de este cuerpo será preparado por el Superintendente pero debe ser aprobado por los Presidentes de los cuerpos legislativos. [Aunque el concepto general es viable, la ley tal cual aprobada levanta algunos cuestionamientos en términos de separación de poderes. Tal es el caso de la autoridad conferida a las cámaras legislativas de aprobar un reglamento de aplicación a policías que no dejan de ser funcionarios ejecutivos. Parece que estamos ante una modalidad de “veto legislativo”. Más preocupante todavía es una disposición que prohíbe la diseminación de información confidencial de seguridad sin la debida autorización de los presidentes de ambas cámaras.  Aunque hace sentido desde el punto de vista del poder legislativo, se estaría obstaculizando el flujo de información dentro del ejecutivo.]

Ley Núm. 50 de 8 de abril de 2011  Ordena a las corporaciones públicas a utilizar los servicios de asesoramiento, adiestramiento y mediación que ofrece la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) y crea un Fondo Especial en el Departamento de Hacienda para los ingresos producto del cobro por dichos servicios. [Por lo general las agencias que prestan servicios al propio gobierno están en situación algo precaria en tanto son vistas por los funcionarios con la misma desconfianza que la ciudadanía tiene a la eficiencia del servicio público.  Ejemplos de esto es la Administración de Servicios Generales, la Autoridad de Edificios Públicos e incluso la propia ORHELA.  Es por ello que esta ley es una medida importante para esta última agencia.  De seguro habrá corporaciones públicas que no estarán muy contentas de ver limitada su capacidad de contratación servicios privados.]

Ley Núm. 55 de 8 de abril de 2011  Enmienda la Ley Núm. 166 de 2009, la cual autoriza a la Administración de Corrección a negociar contratos con agencias, municipios y empresas privadas para la utilización de confinados en trabajos agrícolas, ornato y construcción.  La ley originalmente disponía que Corrección podía retener un 20% del total de ingresos que generaran los confinados, para cubrir gastos administrativos y de seguridad.  Tal facultad se eliminó con esta enmienda.

Ley Núm. 61 de 13 de abril de 2011 Dispone la creación de un “Protocolo de Investigación y Radicación de Acciones Criminales Frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Género”, en el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal.  Esto tres tendrán 90 días para redactar y aprobar “en coordinación” las guías para un procedimiento operacional que implante la ley.  [En principio parece tratar la manera en que estos órganos públicos van a investigar posibles delitos de acoso, sin importar el lugar de trabajo, público o privado, donde acontezca. Hay, sin embargo, disposiciones confusas que parecen ir dirigidas a cómo las agencias de gobierno en general manejan investigaciones internas de acoso.  De otra parte, llama la atención la forma liviana que la ley trata “la Policía Municipal” como si fuera una agencia que puede  “coordinar” con Justicia y la Policía, cuando lo cierto es que cada uno de los 78 municipios puede contar con su propia policía municipal.]

Ley Núm. 68 de 2 de mayo de 2011  Enmienda el inciso (C) (3) de la Regla 58.3 de Procedimiento Civil para eximir a los municipios de tener que presentar en el legajo de expropiación una consulta de ubicación cuando cuente con un Plan de Ordenación Territorial, la propiedad a adquirirse se encuentre localizada dentro de dicho plan y el uso propuesto “es cónsono o está permitido” por el mismo. [Debe ser vista en conjunto con la Ley Núm. 157 de 2009 que autorizó a los municipios a expropiar sin el requisito previo de una consulta de transacción que usualmente exigía la Junta de Planificación.  Ambas medidas se dan en el contexto de controversias durante los pasados años donde comunidades impugnaron judicialmente intentos de expropiación por gobiernos municipales.

Ley Núm. 73 de 17 de mayo de 2011  La Ley Núm. 7 de 2009 había dispuesto la suspensión por 2 años de todo convenio colectivo en el gobierno central.  Esta ley extiende por dos años a partir de 9 de marzo de 2011 la vigencia de las cláusulas no económicas de los convenios colectivos expirados al entrar en vigor la Ley Núm. 7 o durante la vigencia de la misma. Se dispone además para agencias donde el representante exclusivo solicite iniciar negociaciones sobre cláusulas económicas y no económicas y aquellos casos en que había negociaciones en curso a la vigencia de la Ley Núm. 7. [Sobre la posición asumida por los sindicatos en torno a esta ley, ver acá.]

Ley Núm. 78 de 1 de junio de 2011 Adopta el Código Electoral para el Siglo XXI.

Ley Núm. 88 de 7 de junio de 2011  Autoriza al Juez Presidente del Tribunal Supremo y a los Presidentes de ambas cámaras legislativas a que en caso de negociar con un plan de salud (incluyendo el gubernamental), y ambos cónyuges beneficiarios son empleados públicos o pensionados, estos podrán acogerse al plan de su preferencia. Esto incluye el derecho a que se apliquen las aportaciones patronales de ambos a dicho plan hasta el máximo de la referida aportación.

Ley Núm. 89 de 7 de junio de 2011  Establece una política de “Escuelas Eco Eficientes” disponiendo que las escuelas de nueva construcción utilizarán el concepto de “climatización” y de ser posible contarán con un sistema de recolección y almacenamiento de agua para sus baños.  Se dispone también que para el mantenimiento de las escuelas se compren productos sensibles a la salud pública y al medio ambiente.  Para ello se crea un comité encargado de preparar una lista con los parámetros y especificaciones que deben tener estos productos, a ser publicada y revisada cada dos años. [En el comité hay dos representantes del interés público nombrados por el Gobernador que no recibirán compensación por sus servicios. La ley indica que estos no tienen que cumplir con presentar informes financieros bajo la Ley de Ética Gubernamental debido “a la función no asalariada de sus deberes”.  Aunque el requerir dichos informes dificulta en ocasiones el reclutamiento de ciudadanos privados para este tipo de función, el criterio final no es si reciben compensación, sino la posibilidad de que el acceso a información privilegiada les beneficie de forma indebida en sus actividades comerciales privadas.]

Ley Núm. 94 de 16 de junio de 2011  Establece por 90 días a partir de una orden administrativa del CRIM un plan de incentivos para el pago de deudas por concepto de contribuciones sobre la propiedad, través de un relevo de intereses, penalidades y recargos.  Además, faculta a los municipios a hacer gestiones de cobro en coordinación con el CRIM por la vía administrativa o judicial.

Ley Núm. 95 de 16 de junio de 2011  Extiende por 2 años fiscales la suspensión de la prohibición de utilizar préstamos para balancear el presupuesto general.  [La prohibición fue impuesta en la Ley de Reforma Fiscal de 2006 por parte de la Legislatura al Gobernador Acevedo Vilá en medio de las controversias que generó el “gobierno compartido”.  La Legislatura actuó en enero de 2009 para suspender esta prohibición durante los primeros dos presupuestos del Gobernador Fortuño. Esta ley ahora permite tomar prestado para el presupuesto del presente año fiscal 2011-2012 y para el correspondiente al 2012-2013.]

Plan de Reorganización Núm. 1 de 22 de junio de 2011

Mediante esta medida se consolidan cuatro procuradurías.  La Oficina del Procurador del Paciente pasa a ser la Oficina del Procurador de la Salud; la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada pasa a ser la Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad; mientras que  la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos y la Oficina del Procurador del Veterano, permanecen con el mismo nombre.  Se crea un nuevo ente llamado la Oficina de Administración de las Procuradurías (“OAP”), como componente administrativo de las Procuradurías.  [Respecto a la propuesta original y luego de mucho debate público, sobrevivieron la consolidación la Procuradora de las Mujeres y la Oficina de Comunidades Especiales.]

Ley Núm. 100 de 23 de junio de 2011 Dispone que cuando un alimentante solicite la modificación de pensión alimenticia por razón de pérdida de empleo o ingreso, el Tribunal u Oficial Administrativo de ASUME debe celebrar la vista correspondiente en un término no mayor de 7 días.  La modificación que surja será entonces retroactiva a la fecha de la solicitud.

 

William Vázquez Irizarry

Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico

wvazquez@law.upr.edu

(Sobre el Sumario Derecho y Gobierno, ver esta explicación).

PrintFriendlyFacebookTwitterStumbleUponMySpaceBlogger PostLinkedInDeliciousShare/Bookmark
  • sjantonetti

    Gracias, William, por compartir los frutos de tu labor. Tengo par de comentarios. Concurro contigo en que la Ley Núm. 5 de 17 de febrero de 2011 fue motivada por el deseo de favorecer la religión, pero fue estructurada de forma que parecería cumplir con los requisitos de Lemon v. Kurtzmann. El asunto de su constitucionalidad, por lo tanto, admite de argumentos a favor y en contra. Por otro lado, en cuanto a la Ley Núm. 32 de 14 de marzo de 2011, lo que me vino a la mente fue eso de los “decretos leyes” venezolanos (http://www.eluniversal.com/2011/01/07/pol_ava_tsj-declara-constitu_07A4945695.shtml). Independientemente de su constitucionalidad (o falta de ella), ciertamente no es una norma muy saludable. Paso seguido, la Ley Núm. 42 de 30 de marzo de 2011 que crea la policía capitolina es, francamente, muy preocupante, tanto por que ignora lo resuelto en INS v. Chadha (decisión que sé que no aplica aquí, pero cuyo razonamiento me parece incuestionable), como por su afición al hermetismo. Otro asunto: Me gustaría que, cuando tengas un momento, ofrezcas tu opinión sobre el nuevo Código Electoral, pues apenas lo comienzo a estudiar.