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SUMARIO DERECHO Y GOBIERNO (enero-junio 2011) PARTE II

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

 

Ordenes Ejecutivas del Gobernador

Orden Ejecutiva Núm. 1 de 10 de febrero de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-001

Crea el “Comité de Interoperabilidad de Comunicaciones de Emergencia”. El objetivo es asegurar la capacidad de los sistemas de diferentes agencias y jurisdicciones para intercambiar información entre sí a pesar de las diferencias entre los mismos.  La orden ejecutiva se justifica en el contexto de la política pública adoptada por el gobierno federal a través del Departamento de Seguridad Nacional.

Orden Ejecutiva Núm. 3 de 10 de febrero de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-003

Establece un “Centro de Fusión en Puerto Rico” en cumplimiento con la Ley Federal de Reforma de Inteligencia y Prevención de Terrorismo.  La orden define el centro de fusión como un “esfuerzo conjunto realizado por dos o más entidades para compartir recursos, experiencia y/o información en un centro común con el propósito de maximizar los procesos y habilidades en las áreas de detección, prevención, investigación, y respuesta en caso de actividad criminal o terrorismo u otras emergencias”. [Aunque el título indica que el centro se crea en “cumplimiento” con la legislación federal, el contenido de la orden parece indicar más bien que la medida se adopta por iniciativa del gobierno de Puerto Rico.]

Orden Ejecutiva Núm. 4 de 25 de febrero de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-004

La Ley Núm. 1 de 2009 creó el Fondo de Estimulo Económico de Puerto Rico y mediante la Ley Núm. 9 de 2009 se asignaron $500 MM para determinados programas dispuestos en dicha ley.  La Ley Núm. 9 autorizaba además al Gobernador a emitir órdenes ejecutivas para redistribuir las asignaciones entre algunos de los programas o utilizar sobrantes para los mismos propósitos dispuestos en la ley.  Esta orden es precisamente un ejercicio de distribución de sobrantes en varios proyectos de infraestructura e incluso una asignación a la Policía “para iniciativas relacionadas a seguridad pública”.

Orden Ejecutiva Núm. 5 de 3 marzo de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-005

Establece el “Distrito de las Artes” y crea el “Comité de Apoyo al Distrito de las Artes”.  El llamado Distrito de las Artes comprende la Avenida Ponce de León, desde Barrio Obrero hasta la Parada 15, zona que la orden cataloga como un corredor cultural histórico.  El comité está compuesto por un sinnúmero de agencias y debe presentar al Gobernador para su aprobación un plan maestro dentro de 120 días a partir de la firma de la orden ejecutiva.

Orden Ejecutiva Núm. 10 de 18 de marzo de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-010

Deroga las Ordenes Ejecutivas Núm. 32 de 2006 y Núm. 36 de 2007, las cuales establecían el “Programa Comercio al Día”, un proyecto de simplificación del proceso de permisos para comerciantes bajo la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.  La orden aduce que el programa tuvo poca efectividad y que perdió pertinencia ante los desarrollos en la prestación de servicios de emisión de certificaciones a través de internet y el portal pr.gov.

Orden Ejecutiva 13 de  12 de abril de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-013

Extiende la declaración de estado de emergencia que había hecho el Gobernador en relación a la infraestructura de generación eléctrica.  La Ley Núm. 76 de 2000 provee para un procedimiento acelerado de permisos tras una declaración de emergencia del Gobernador y esta orden ejecutiva extiende la declaración que ya había emitido el Primer Ejecutivo en julio de 2010 (acá) pero que tenía una duración de 6 meses. La Ley Núm. 76 fue enmendada por la Ley Núm. 32 de 2011 permitiendo al Gobernador extender el estado de emergencia por el resto de su incumbencia.  Esta orden ejecutiva hace precisamente eso.

Orden Ejecutiva Núm. 14 de 13 de abril de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-014

Es una redistribución parecida a la antes reseñada en la Orden Ejecutiva Núm. 4 de 2011.

Orden Ejecutiva Núm. 15 de 29 de abril de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-015

Establece el “Comité Asesor sobre el Futuro de la Educación Superior en Puerto Rico”. Asesorará al Gobernador sobre las medidas necesarias para mejorar el sistema de educación superior. Se dispone la presentación de un informe preliminar no más tarde del 15 de agosto de 2011 y un informe final no más tarde del 1 de noviembre de 2011, siendo ambas fechas prorrogables por 30 días adicionales. [Aunque esta orden ejecutiva es de 29 de abril de 2011, el Gobernador Fortuño lo que hizo fue formalizar el grupo que había creado hacía más de un mes. Ver acá.]

Orden Ejecutiva Núm. 16 de 2 de mayo de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-016

Crea el “Programa de Empleo y Adiestramiento a la Nueva Fuerza Laboral de Puerto Rico”.  Se trata de un programa de empleo de verano para jóvenes y en este caso la particularidad es que incorpora un componente de orientación en torno a áreas de trabajo seguras y los beneficios del Fondo del Seguro del Estado (FSE). Se dispone “la colaboración” del Corporación del FSE a través de la transferencia de $7.5 MM a la Administración del Derecho al Trabajo. [La incorporación del FSE posiblemente tiene más que ver con facilitar dinero para empleos de verano que para orientar sobre sus funciones.]

Orden Ejecutiva Núm. 19 de 3 de junio de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-019

Establece que con motivo de la visita del Presidente Obama existían “las circunstancias necesarias para que todas las agencias pudieran activar los procedimientos especiales de ‘compra de emergencia’”.  [Las compras y contrataciones que realizan las agencias deben cumplir con requisitos como subastas o al menos la búsqueda de cotizaciones. Sin embargo, como regla general las leyes y reglamentos contemplan que ante situaciones de emergencia se puede prescindir de tales requisitos. Lo inusual es que se utilice una declaración del propio Gobernador en sustitución de una declaración del jefe de agencia que corresponda asumiendo responsabilidad por la decisiónEsto, claro está, más allá de que la visita del Presidente constituyera una “emergencia”.]

Orden Ejecutiva Núm. 20 de 4 de junio de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-020

Establece el “Consejo Asesor del Gobernador sobre Manufactura” compuesto por 9 miembros, 7 de los cuales serán nombrados por  el Gobernador y los otros dos serán el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y Director de la Compañía de Fomento Industrial. [Es una práctica usual de los gobernadores crear estos “consejos” que son usualmente integrados por ciudadanos que no ocupan cargos públicos.  Este en particular está llamado a atender asuntos tales como promover la creación de empleos en la manufactura e implantar propuestas para alcanzar los objetivos del Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE).  El MENE es una de esas cosas que al anunciarse parecía que iba a cambiar el rumbo de la historia y ya casi no se menciona.]

Orden Ejecutiva Núm. 26 de 28 de junio de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-026

Esta Orden ejecutiva aprueba la designación del “Área de Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste”, la designación de la “Gran Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste” y el “Plan y Reglamento de Calificación Especial del Área de Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste”. [Esta es la culminación de la política pública adoptada por la administración del Gobernador Fortuño en relación al Corredor Ecológico del Noreste. Para una crítica inmediata ver acá.]

Orden Ejecutiva Núm. 27 de 28 de junio de 2011, Boletín Administrativo OE-2011-027

El Boletín Administrativo OE-2009-34 estableció para el año fiscal 2009-2010 un procedimiento de control para la contratación de servicios en el gobierno.  Todo contrato debía ser autorizado por la Junta de Estabilización y Reconstrucción Fiscal (JEFR) y el Secretario de la Gobernación so pena de nulidad.  El Boletín Administrativo OE-2010-30  prorrogó dicho procedimiento para el año fiscal 2010-2011.  Este nueva orden ejecutiva hace lo propio para los años fiscales 2011-2012 y 2012-2013. [Esta práctica de establecer un proceso centralizado para la aprobación de contratos en las agencias es común desde la administración del Gobernador Rosselló aunque lo usual es que utilice durante el primer año, no el cuatrienio completo.]

Opiniones del Secretario de Justicia

Op. de 14 de febrero de 2011

Se trata de una opinión solicitada por el Presidente del Consejo de Educación Superior en cuanto a la vigencia o efectividad del Plan de Reorganización Núm. 1 de 2010, conocido como “Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico”.  Mediante el mismo se consolidó en esta nueva entidad el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo General de Educación (CGE). La opinión aclara que en tanto se nombrara al menos 2/3 partes de los miembros del Consejo de Educación, tanto el CES como el CGE seguirían operando. [Aunque la opinión nada menciona al respecto meses antes se había suscitado un incidente cuando la UPR se negó a aceptar una visita de funcionarios del CES aduciendo que la entidad había dejado ya de existir. Ver acá.]

Op. de 15 de febrero de 2011

Se trata de una consulta de la Presidenta de la Comisión Industrial relacionada al derecho de un comisionado de dicho organismo al disfrute de licencia regular, por enfermedad, por maternidad y sin sueldo.  La opinión es interesante precisamente por haber declinado el Secretario de Justicia atenderla.  En cambio, el Secretario opta por dar deferencia a la función de asesoramiento que en temas de recursos humanos posee la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA).  Indica el Secretario que en su función de emitir opiniones “no incidirá sobre la facultad de otros funcionarios u organismos gubernamentales llamados a atender primariamente el asunto en controversia”. En tanto ORHELA está autorizada a brindar asesoramiento en estas materiales, procede dar deferencia para que sea dicha agencia quien atienda, “en primera instancia”, la consulta. [La posición asumida por el Secretario de Justicia en este caso debe aplicar igualmente en el caso de otras agencias que tienen una función formal de asesoramiento. Tal es el caso de la Oficina de Ética Gubernamental e incluso la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.  Cabe enfatizar que esta deferencia no debe significar que el Secretario de Justicia no conserve autoridad legal para emitir dichas opiniones y al menos dentro de la rama ejecutiva se debe considerar su posición como la interpretación de mayor jerarquía.  De hecho, recientemente en ELA v. Crespo Torres, 2011 TSPR 15 el Tribunal Supremo resolvió una controversia en cuanto a un asunto en el que OCAM había brindado asesoramiento erróneo y donde el Departamento de Justicia terminó asumiendo una posición contraria.]

Op. de 20 de abril de 2011

Se trata de una consulta presentada por el Director de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado (ORHELA) preguntando si existía una incompatibilidad entre la función de asesoramiento en recursos humanos de la agencia y la autoridad concedida por ley para facturar por sus servicios.  La opinión concluye que ORHELA cumple con su deber ministerial de asesoramiento aun cuando facture por los mismos.  Además, también atiende dicha función al publicar reglamentación de aplicación general. [Aunque la opinión no lo toca, es preciso apuntar que en las pasadas décadas se ha concedido autoridad a algunas agencias que prestan servicios al propio gobierno para que cobre por los mismos. Tal es el caso de ORHELA, la Administración de Servicios Generales y aun el propio Departamento de Justicia. Hay una clara intención de proveer fuentes de ingresos alternos a estas agencias en áreas de servicios donde el gobierno tiene como práctica contratar con el sector privado.]

Cartas Circulares del Secretario de Justicia

Carta Circular 2011-01

Al momento de contratar es usual que las agencias incluyan determinadas cláusulas en los contratos conforme a políticas públicas para proteger el interés público. Algunas de estas cláusulas son requeridas por ley, mientras que otras responden a prácticas establecidas dentro de la gestión pública.  Esta Carta Circular gira alrededor del uso de una cláusula que impide la adjudicación de la buena pro en subastas a contratistas que tengan demandas contra el gobierno.  Se da cuenta en la misma de dos sentencias judiciales, una del Tribunal de Apelaciones y otra del Tribunal de Distrito federal, ambas de noviembre de 2010, que prohíben la utilización de las llamadas cláusulas de “No Demandas”.  Al amparo de las facultades que concede la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, la Carta Circular prohíbe incluir estas cláusulas en contratos de gobierno, así como en pliegos de especificaciones de subastas.

 

William Vázquez Irizarry

Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico

wvazquez@law.upr.edu

(Sobre el Sumario Derecho y Gobierno, ver esta explicación).

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