TSPR

SUMARIO DERECHO Y GOBIERNO (enero-junio 2011) PARTE III

JURISPRUDENCIA

 

 

Gotay Flores v. Administración de Corrección, 2011 TSPR 10 (Resolución)

Un confinado impugnó la aplicación de un reglamento relacionado a la concesión de ciertos beneficios por ser el mismo distinto y posterior al vigente al momento de cometer los hechos por los cuales fue convicto. Alegó que la aplicación de dicho reglamento violaba la prohibición constitucional contra leyes ex post facto.

La mayoría del TS declinó expedir y emitió una resolución explicando que la disposición constitucional lo “que prohíbe es la imposición de castigo más severo que el dispuesto por ley o reglamento cuando el delito ocurrió”. En este caso se trataba de un programa de pases y el TS consideró que no se trataba de un derecho, sino de un privilegio que sirve como medida de tratamiento individualizado para el confinado.  En Voto Particular Disidente de la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, al cual se une el Juez Presidente Hernández Denton y la Jueza Asociada Fiol Matta, se da cuenta de que existían sentencias contradictorias del TA sobre el tema, lo cual conforme a la Ley de la Judicatura convertirían el recurso en este caso en una apelación que el TS estaba obligado a atender. Más relevante todavía, en casos previos la Oficina de la Procuradora General había tomado una posición distinta a la defendida por la mayoría, sosteniendo que lo correcto era aplicar el reglamento vigente al momento del confinado cometer los hechos.

Sindicato de Bomberos Unidos de PR v. Cuerpo de Bomberos, 2011 TSPR 12

Otro caso de impugnaciones a la Ley Núm. 7 de 2009, el cual plantea cuestionamientos similares a los denegados en Domínguez Castro v. ELA, 2010 TSPR 11. Aunque el TS reitera su decisión previa, hay varios asuntos distintos. De un lado, se impugna la ley bajo la Sección 17 del Artículo III de la Constitución de PR, donde se consigna el principio de que toda ley aprobada por la Legislatura debe regular una sola materia. Se alegaba también que determinados despidos eran nulos por cuanto en casos de empleados unionados, la ley disponía que la unión debía ser notificada de la decisión y esto no se había hecho de forma simultánea o bien el gobierno se limitó a darles copia de la carta de despido del empleado. También se impugnaba la autoridad del Jefe Interino de Bomberos para realizar las notificaciones.

Sobre el ataque a la Ley Núm. 7 por contener “varios” asuntos, el TS afirmó que el objetivo del estatuto era uno de “corte económico”, por lo que era de esperar que tuviera un “alcance amplio”. Respecto a las notificaciones, el TS concluyó que la agencia había errado en el manejo, pero que eso no invalidaba los despidos.  Respecto al planteamiento de simultaneidad, explicó que no se trataba de un requisito dispuesto por la ley, pero de todos modos interpretó que cualquier término apelativo debía comenzar a correr desde la última notificación que hiciera la agencia entre las partes a quien debía informar la decisión. De otro lado, el TS concluyó que el requisito de notificar a la unión requería cursarle una comunicación a la organización y no meramente darle copia de las cartas de destitución notificadas a los empleados unionados.

Respecto al remedio a otorgar una vez se estableció que la notificación fue defectuosa, el TS invocó Molini Gronau v. Corporación para la Difusión Pública, 2010 TSPR 140.  Allí hubo una notificación defectuosa pues al empleado destituido se le indicó que debía apelar ante un comité interno de la agencia, cuando en realidad correspondía acudir al TPI.  Ahora bien, el empleado había acudido ante el TPI y dicho foro lo que decidió fue invalidar la destitución por falta de notificación adecuada.   El TS concluyó que en tales circunstancias donde el empleado había acudido al foro correcto no obstante el error en la notificación, el remedio no era invalidar la destitución, sino que el TPI atendiera los méritos del caso pues ya lo tenía ante sí.  Ahora, en Sindicato de Bomberos, el TS invoca esa opinión para resolver que en este caso los empleados acudieron al TPI, foro que atendió sus reclamos. “Por ello, ni su derecho a revisión ni las garantías que emanan del debido proceso de ley -a las cuales tienen perfecto derecho- han sido lesionadas por las notificaciones defectuosas”.

El Juez Presidente Hernández Denton, y las Juezas Asociadas Rodríguez Rodríguez y Fiol Matta disintieron, pero se limitaron a reiterar las posiciones que habían asumido en Domínguez Castro, por lo que no se expresaron en torno al tema de la notificación.

[Aunque el análisis del TS merece varios comentarios, me limito a uno. Respecto a Molini Gronau me parece que el TS no entiende que se trata de escenarios distintos. En aquel caso el empleado acudió al foro correcto, por lo que hacía sentido disponer del caso indicando al TPI que viera los méritos.  Aquí, el foro correcto era una agencia administrativa, pero los empleados fueron al TPI.  La lección del caso anterior es que si el foro correcto tiene el caso ante sí debe verlo aunque la notificación haya sido equivocada.  De manera incorrecta el TS parece entender que la lección es que el TPI puede ver el caso si llega ante sí. Por eso es que se equivoca al descansar su decisión en que los empleados fueron “escuchados”, dejando de lado que esto no se trataba del foro correcto dispuesto por ley.]

ELA v. Crespo Torres, 2011 TSPR 15

Discute la situación de pagos indebidos efectuados por el gobierno en el contexto del aumento de salario de un alcalde que resultó contrario a la Ley de Municipios Autónomos.  TS abandona la distinción error de hecho y error de derecho, conforme a la cual el primer tipo de error conllevaba el deber de restituir el pago recibido mientras que el segundo no. De ahora en adelante todo pago indebido conlleva el deber de restitución.  La decisión no fue aplicada al alcalde en cuestión por cuanto la norma al momento de los hechos era la antes explicada y su error fue uno “de derecho”.

El Juez Presidente Hernández Denton emitió opinión disiente a la cual se une la Jueza Asociada Rodríguez, cuestionando la conclusión de que hubo un error de derecho y planteando que en realidad se actuó de forma contraria a lo requerido por ley.

Asociación de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 2011 TSPR 22

Se trata de la controversia surgida a raíz de la decisión del Presidente del Senado de prohibir la entrada a las gradas de dicho cuerpo.  Se presentaron demandas por organizaciones de periodistas y senadores de minoría. El TS determinó que la controversia se volvió académica una vez el Presidente del Senado emitió una orden administrativa cuyo efecto era permitir nuevamente el acceso de la prensa al área designada en el hemiciclo. También decidió que los senadores demandantes no contaban con legitimación activa.

Las Juezas Asociadas Rodríguez y Fiol Matta disintieron objetando que la mayoría no aplicara la excepción a la doctrina de academicidad conforme a la cual el caso puede verse si existe la posibilidad de que la controversia recurra pues no hay visos de permanencia en la conducta del demandado.  En particular, impugnaron la decisión como contraria a lo resuelto en UPR v. Laborde, 2010 TSPR 225.

Municipio de Quebradillas v. Corporación de Salud de Lares, 2011 TSPR 27

Un municipio acordó con una compañía privada la prestación de servicios a través de empleados municipales a quienes el gobierno municipal pagaría el salario, costo que sería reembolsado por la segunda parte.  El municipio tuvo que reclamar judicialmente el cumplimiento con el acuerdo pero se enfrentó al escollo de que el mismo fue verbal.  Ni el TPI ni el TA dieron paso a la demanda conforme a la doctrina de que los contratos gubernamentales sólo surten efecto legal cuando constan por escrito y cumplen determinados requisitos.

El TS afirmó que esa norma no busca proteger al gobierno, sino los fondos públicos. Así, en un caso como éste la protección de recursos públicos significa permitir que el municipio recobre lo pagado.  Al no existir base contractual válida para ello, el TS permitió el recobro por vía de la doctrina del enriquecimiento injusto.

[Sobre la jurisprudencia del TS relativa a la contratación gubernamental tuve oportunidad de expresarme en el análisis del término del Tribunal Supremo publicado en el Volumen 79 de la Revista Jurídica de la UPR].

Meléndez Rivera v. Alicea Vasallo, 2011 TSPR 31 (Resolución)

La ACAA realizó una auditoria interna en relación al uso de una tarjeta de crédito por parte de su anterior Director Ejecutivo.  Los hallazgos fueron remitidos al Departamento de Justicia y dicha agencia hizo un referido a la Oficina del Panel del FEI.  El ex funcionario acudió entonces ante el TPI en recurso de mandamus en contra del actual Director solicitando copia del informe de auditoria. TPI le dio la razón, así como el TA. El TS emitió resolución acogiendo un certiorari paralizando la determinación de que el documento le fuera entregado al ex Director.

La Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez disintió por entender que las determinaciones inferiores eran correctas. La reglamentación de la agencia exigía discutir un informe de auditoría con “el jefe de la unidad auditada”, previo a que el mismo sea final y eso no ocurrió aquí.  Despachó como improcedente el argumento de la agencia de que no tenía que compartir el documento con un ex empleado.

[El argumento de la agencia que resulta sorprendente si consideramos que los informes de auditoría por excelencia en el gobierno, los emitidos por la Oficina del Contralor, siempre son compartidos con los ex funcionarios previo a ser finales y públicos].

Centro Médico del Turabo v. Depto. de Salud, 2011 TSPR 35 

La LPAU dispone que un reglamento puede tener vigencia inmediata si el Gobernador emite una certificación acreditando una emergencia o cualquier otra circunstancia que lo justifique.  Este caso invalida un reglamento por no desprenderse del expediente del mismo el fundamento para la certificación emitida por el Gobernador.  Se trata de un trámite excepcional y aquí el gobierno no pudo justificar las razones para utilizar un procedimiento de emergencia.

De otra parte, la LPAU dispone que un reglamento puede ser impugnado de su faz ante el TA en un término de 30 días a partir de su vigencia. El TS resuelve que ese termino queda suspendido en el caso de un reglamento de vigencia inmediata y se extiende hasta 30 días después de completarse el procedimiento ordinario que la ley exige luego de la certificación de emergencia.

[La discusión en torno a qué constituye una emergencia y la necesidad de una justificación para controlar la acción gubernamental es importante.  Es un tema donde los tribunales suelen tener mucha deferencia, particularmente si se trata del primer ejecutivo. De ahí la importancia de una decisión donde se reafirman que hay límites al momento de invocar facultades especiales.]

Colegio de Abogados de PR v. ELA, 2011 TSPR 36 (Resolución)

La controversia gira en torno a las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa para eliminar la colegiación compulsoria de los abogados y abogadas en Puerto Rico: la Ley Núm. 121 de 13 de octubre de 2009  y la Ley Núm. 135 de 6 de noviembre de 2009. El Colegio impugnó la constitucionalidad de ambas leyes bajo varios argumentos: “1) por violar las cláusulas constitucionales sobre el “Bill of Attainder»; 2) por usurpar el poder inherente que [del TS] para reglamentar la profesión de la abogacía; 3) por violar el principio de separación de poderes y pretender revocar, mediante fíat legislativo, las decisiones judiciales de Schneider 1 y Schneider II; 4) por incumplir varios requisitos sobre la redacción y el trámite de las leyes; 5) por violar los derechos de libertad de expresión y asociación del Colegio; 6) infringir los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación de los miembros del Colegio; 7) violar el derecho del Colegio a la igual protección de las leyes por carecer de un nexo racional entre la medida legislativa y un fin legítimo del Estado; y 8) menoscabar la relación contractual entre el Colegio y sus miembros.”  

El gobierno solicitó la desestimación de la demanda, lo cual fue denegado por el TPI pero eventualmente concedido por el TA.  Dicho foro emitió una extensa sentencia acogiendo la postura del gobierno y rechazando cada una de los argumentos del Colegio. El caso llega entonces ante el TS, foro que mediante resolución declina expedir, lo cual tiene el efecto de dejar en pie la desestimación del TA.  El dictamen del TS incluyó incorporar el texto íntegro de la Sentencia del TA. El Juez Presidente Hernández Denton y las Juezas Asociadas Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez disintieron.

[La actuación del TS es importante en dos aspectos. El primero es la postura que asume en los méritos en un caso donde está en juego un tema, la colegiación de los abogados y abogadas, que en algún momento se ha llegado a considerar como un área perteneciente a los poderes inherentes de dicho cuerpo judicial.  Lo otro es el manejo del caso.  Como bien señalan las ponencias disidentes el tema es de tal relevancia que ameritaba que el TS descargara su responsabilidad de pautar el derecho.  No resulta suficiente invitar a los interesados, a leer una Sentencia del TA que el TS entiende “expone de manera correcta el derecho aplicable”, afirmación que tampoco es del todo correcta.  Al menos en los asuntos preliminares el TA hace expresiones altamente cuestionables sobre las circunstancias en que procede un injunction cuando el mismo se solicita al amparo de una ley cuya constitucionalidad es impugnada. Sobre lo expresado por el TS en su resolución véase el análisis del colega Hiram Meléndez Juarbe en Un problema de bueyes y carretas.]

Calderón Otero v. CFSE, 2011 TSPR 48

Se trata de dos medidas disciplinarias tomadas contra un empleado de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que son cuestionadas alegando violación del debido proceso de ley.  En 1983 la corporación público aprobó un Reglamento de Personal y conforme al mismo adoptó un Manual de Medidas Disciplinarias.  En 2000 se aprobó un nuevo reglamento en el cual se dispuso que “[e]l Administrador establecerá, mediante un Manual de Medidas Disciplinarias, las reglas de conducta que deben observar los empleados y las acciones correctivas y disciplinarias aplicables a dichas reglas”.  Los hechos en torno a los cuales se disciplinó al empleado ocurrieron entre 2004 y 2005 y su impugnación descansaba en que el FSE nunca aprobó el Manual requerido en el Reglamento de 2000.

El TS aplicó las normas de hermenéutica del Código Civil en torno a derogaciones y concluyó que el Reglamento de 2000 sólo eliminó los aspectos incompatibles de la normativa anterior y que, en ausencia de un nuevo Manual, el contenido del previo prevalecía.

Pueblo v. Costas Elena 2011 TSPR 49 (Sentencia).

Se trata de una controversia de supresión de evidencia en un caso de evasión contributiva donde el TS emite una Sentencia al dividirse los jueces 3 y 3. La discusión central gira sobre la procedencia de un requisito de legitimación activa para quien solicita se suprima una evidencia en su contra en un proceso criminal por haber sido la misma obtenida de forma ilegal.  En este caso el Departamento de Hacienda obtuvo una orden judicial ex parte para registrar unas cuentas bancarias personales y corporativas y conforme a la evidencia obtenida se acusó criminalmente a los individuos.  La evidencia obtenida en las cuentas personales fue suprimida por insuficiencia en la declaración jurada que sirvió de base a la orden judicial. Sin embargo, la evidencia de las cuentas corporativas no se suprimió bajo el fundamento de que sólo tenía legitimación activa para ello las corporaciones, aun cuando se obtuvieron al amparo de la misma declaración jurada que resultó ser insuficiente. Esta decisión del TPI fue avalada por el TA y se mantuvo ante un TS dividido.

Otro ángulo que se discute es la alegación de que la actuación del Departamento de Hacienda fue ilegal por haber delegado la investigación de evasión contributiva a una CPA privada contratada por la agencia.  Alegaban los acusados que se trataba de una función pública que no podía ser ejercida bajo un contrato de servicios profesionales.  El asunto se discute en una Opinión de Conformidad del Juez Asociado Martínez donde se valida la actuación de la agencia en un argumento que se mueve entre la existencia de autoridad legal para la delegación y la inexistencia de una prohibición al respecto.

In re Carmen H. Pagani Padro, 2011 TSPR 51 

Se trata de un proceso disciplinario en contra de una Juez Superior del TPI por razón de haberse demorado 10 años en resolver un caso sometido. Es preciso enfatizar que no se trata de que el caso tardó ese tiempo en resolverse, sino de que luego de todas las etapas previas al juicio, el mismo se celebró y cuanto ya no quedaba nada por hacer por las partes, la jueza tardó 10 años en emitir una decisión.  La Oficina de Administración de los Tribunales investigó una queja presentada por la parte demandante luego de emitida finalmente la sentencia en su contra, y determinó iniciar un proceso disciplinario.

Una mayoría del TS resuelve que la mera dilación en resolver un caso no puede ser objeto de un proceso disciplinario. Según lo resuelto, se requiere motivaciones indebidas para ello o bien un patrón de dilaciones.  Aunque la propia Juez había admitido que el tiempo transcurrido no fue razonable, el TS declina tomar medida alguna en su contra tomando también en consideración un historial de buenas ejecutorias.  El Juez Presidente Hernández Denton disintió de la norma establecida, aunque en vista de la admisión de la Jueza, entendió que no procedía disciplinarla. La Jueza Asociada Rodríguez también disintió, pero tampoco hubiera disciplinado por tratarse de la primera vez que el TS se expresaba sobre el tema de la dilación indebida en el contexto de la ética judicial, por lo que hubiera dispuesto una aplicación prospectiva de su postura de disciplinar este tipo de conducta.

[Las tres ponencias son lectura imprescindible para una discusión seria sobre las diferentes maneras en que el sistema judicial parece verse a sí mismo.  En particular, son importantes las expresiones del Juez Presidente sobre el problema de la dilación como uno de cultura de trabajo. De otro lado, el caso debe verse en el contexto de cómo se entiende el tema de la legitimidad del poder judicial en tanto poder constitucional eximido de procesos ordinarios de “accountability político”. Cuándo un procedo adjudicativo simplemente no funciona, la responsabilidad es ¿judicial? ¿administrativa? ¿gerencial? ¿individual? ¿estructural?]

Sanchez Diaz v. ELA, 2011 TSPR 68 

Otro caso de Ley Núm. 7.  En esta ocasión se atiende el alcance de las enmiendas realizadas a dicho estatuto por la Ley Núm. 37 de 2009, a través de las cuales se quiso excluir a una serie de empleados del alcance de las disposiciones de la Ley Núm. 7 relacionadas a la posibilidad de cesantías.  En particular, la enmienda excluyó al “Personal del Registro de la Propiedad”. La controversia aquí giraba precisamente en torno a empleados del Registro cesanteados y quienes impugnaron alegando estar protegidos por la referida legislación.  El TS resuelve que a diferencia de otras agencias donde hubo empleados protegidos por ley en atención al tipo de función que realizaban, el lenguaje en el caso del Registro de la Propiedad era uno absoluto y no condicionado, por lo que se dio la razón a los empleados cesanteados.

Moralez Cales v. Marengo, 2011 TSPR 71 

De entrada el asunto es relativamente sencillo. Las Reglas de Procedimiento Civil disponen de forma general un término de 30 días para presentar una apelación y en el caso particular  del ELA, “sus funcionarios” o una de sus instrumentalidades que no     fuere una corporación pública, o un municipio, dicho término es de 60 días.  En este caso los demandados eran seis funcionarios públicos en su carácter personal y la apelación fue presentada por la Oficina del Procurador General ante el TA precisamente el día 60.  El TA desestimó por entender que no tenía jurisdicción y la Oficina del PG acudió al TS planteando que el término aplicable era el de 60.

El TS indicó que la regla tiene una lista donde cada persona es separada por la conjunción “o”.  Para el TS esto es fundamental pues si fuera un “y”, entonces cabria argumentar que los 60 días aplican solo cuando el Estado es uno de los demandados. En realidad, concluye el TS, se trata de escenarios alternativos y en este se cumple con el supuesto de la regla pues hay “funcionarios”.

[Parece sencillo, ¿no?  Hay algo medular que el TS menciona sin entender su alcance. Los funcionarios fueron demandados en su carácter personal y conforme permite la Ley de Pleitos contra el Estado, solicitaron representación legal ante el Departamento de Justicia.  La confusión del TS es entender que estos funcionarios demandados en su carácter personal son los mismos “funcionarios” a los que hace referencia la Regla de Procedimiento Civil.  La realidad es que los funcionarios de la Regla son aquellos demandados en su carácter oficial y, por tanto, la norma no aplica a este caso. Hay dos razones elementales para sustentar esta interpretación y las mismas se desprende de las dos normas implicadas (reglas de procedimiento civil y Ley de Pleitos contra el Estado).

Lo primero es que las propias reglas en ningún momento contemplan de forma expresa la situación de funcionarios demandados en su carácter personal.  Que se trata de aquellos demandados en su carácter oficial es algo que queda claro en la Regla 4 sobre emplazamiento, donde se contempla la forma de diligenciar el emplazamiento del Estado, funcionarios en su carácter oficial y demás instrumentalidades.  Por otro lado y por si fuera necesario aclararlo, una reclamación contra un funcionario en su carácter personal supone que una indemnización económica debe salir de su bolsillo. Mientras, una reclamación contra un funcionario en su carácter oficial supone que la paga el Estado. Es por ello que no hay diferencia alguna entre una reclamación de $100 contra el Departamento de Educación y una por la misma cantidad contra el Secretario de Educación en su carácter oficial, ambas son reclamaciones contra el ELA.  De ahí que en ambos casos las reglas dispongan el mismo tiempo de 60 días para apelar.  Al contrario, desde el punto de vista de las reglas una reclamación contra un funcionario en su carácter personal no tiene particularidad alguna, es una acción civil más.  Lo errado de la decisión se plasma cuando consideramos el escenario de un ex funcionarios demandados en su carácter personal y representados por el Departamento de Justicia.  La consecuencia natural e ilógica de la opinión es que estos tendrán 30 días para apelar, mientras que los que todavía sean funcionarios pero fueron demandados en el mismo carácter tienen 60 días.]

Aquino González v. AEELA, 2011 TSPR 77

Se discute la naturaleza de un proceso de arbitraje contemplado por ley en caso de impugnaciones a elecciones dentro de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA).  El procedimiento exige llevar la impugnación ante un Panel Independiente de Arbitraje adscrito al Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El laudo que emite este Panel puede entonces ser objeto de revisión judicial.  La controversia gira en torno a la naturaleza de dicha revisión, si la misma debía ser una limitada como es usual en casos de laudos de arbitraje o si era revisable en toda su extensión. La opinión hace una amplia explicación del mecanismo de arbitraje en Puerto Rico.  Al final aclara que el proceso de arbitraje en AEELA es uno compulsorio dispuesto por ley y la manera en que se define allí el proceso hace del laudo revisable en sus méritos jurídicos. No aplica, por tanto, la norma de abstención judicial.  Se resuelven también aspectos relacionados a quienes tienen derecho a participar en las elecciones entre los pensionados.

[Esta decisión se emite justo en medio de toda una discusión pública en torno al futuro de esta entidad y la aprobación de la Ley Núm. 144 de 2011 que entre otras cosas cambia su nombre a “Asociación de Empleados de Gobierno de Puerto Rico “(AEGPR) y aumenta a 26 los miembros de la Junta de Directores, facultando al Gobernador y cada Presidente de los cuerpos legislativos a nombrar cada uno 3 miembros. Para el contexto político de estos eventos ver acá].

Torres Santiago v. Depto. de Justicia, 2011 TSPR 78 

Una Directora de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) se vio involucrada en una controversia relacionada a la cancelación de unos viajes del servicio “Llame y Viaje” de la corporación pública, diseñado para beneficiar con un servicio de transportación a personas con incapacidad o condición de salud relacionada.  Se planteó que ella propició la cancelación en el caso de unos ciudadanos que interesaban acudir a vistas públicas ante la Asamblea Legislativa precisamente para criticar a la AMA.  Esto suscitó varias controversias legales incluyendo un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente y la presentación de una demanda por violación de derechos civiles en el foro judicial donde la ex directora fue incluida como demandada en su carácter personal.

A raíz de la aprobación de la Ley Núm. 9 de 1975, la Ley de Pleitos contra el Estado permite que un funcionario o ex funcionario demandado en su carácter personal por alegada violación de derechos civiles, solicite al Departamento de Justicia que le brinde representación legal y, en el caso de recaer una sentencia en su contra, puede igualmente solicitar que se satisfaga el pago de la misma.  Si la agencia determina denegar la petición de representación el solicitante puede solicitar una vista informal y eventualmente incluso revisión judicial.

En este caso la ex funcionaria solicitó la representación legal, la misma fue denegada, solicitó vista informal la cual se celebró y la agencia mantuvo su posición.  En revisión judicial el TA revocó y entonces el Departamento de Justicia procedió a concederle la representación de forma provisional en tanto se dilucidaba de forma final la controversia ante el TS.

La opinión discute si la controversia se volvió académica por el hecho de que en ese momento la demanda federal se hubiera transado, si el proceso provisto por el Departamento de Justicia fue adecuado desde un punto de vista del debido proceso de ley y de LPAU, y si la decisión se sostiene conforme los criterios de esta última ley. Sobre lo primero el TS aplica la excepción a la academicidad de efectos colaterales. En este caso una decisión del TS a favor de la agencia implicaría que ésta podría cobrarle a la ex funcionaria los gastos incurridos durante el tiempo que le brindó representación legal provisional.

En cuanto al proceso, el TS resuelve que con independencia de la naturaleza del mismo, catalogado por la agencia en este caso como uno informal, “el Departamento de Justicia tiene la obligación de brindarles a los solicitantes de los beneficios de representación legal, las garantías procesales mínimas que la [LPAU] reconoce que se le deben garantizar a las partes en la adjudicación formal de una controversia”.  En cuanto al derecho a notificación, el TS concluyó que la agencia no proveyó una adecuada pero que al participar de todo el proceso administrativo y nunca cuestionar la notificación en esa etapa ni ante el TA, la ex funcionaria había renunciado a ese derecho.  El resto del trámite procesal fue avalado por la opinión, incluyendo el uso de prueba de referencia para dirimir la controversia.  El TS concluye ordenando a la ex funcionaria el pago de los gastos incurridos por la agencia al brindarle representación legal de forma provisional.

[Aunque considero correcto no haber desestimado por academicidad, la opinión confunde el efecto colateral de la controversia con el caso que tiene ante sí. No veo como la decisión del TS puede incluir una orden para que la ex funcionaria pague un dinero al Departamento de Justicia.  Al fin y al cabo se trata de revisión judicial y lo que debía adjudicar era si fue correcto o no denegarle los beneficios de representación legal.  Resuelto esto a favor de la agencia, corresponde enviarle a la persona una carta de cobro de dinero. Ya determinará ésta su paga o si levanta planteamientos para no hacerlo.  Ese el efecto colateral que ameritaba resolver el caso de la revisión, pero no era en sí lo que estaba resolviendo el TS.

Respecto al procedimiento utilizado por el Departamento de Justicia, la discusión por parte del TS no es del todo clara y apunta a una pregunta que si bien parece sencilla no cuenta con una respuesta clara en nuestro derecho administrativo. ¿Cuándo está obligada una agencia a celebrar un proceso adjudicativo formal?  La respuesta no está en LPAU, la cual se limita a indicar que hay dos tipos de procesos, informales y formales, y en el caso de los últimos el Capítulo III de la ley provee cuál será su contenido.  Esto es, para efectos de LPAU la decisión de qué tipo de proceso debe utilizarse se toma en otro lugar, siendo esta ley sólo un marco procesal de cómo se realiza una adjudicación formal. 

Por otro lado, en tanto ambos escenarios de adjudicación, el formal y el informal, afecten un interés de libertad o propiedad del ciudadano, las garantías mínimas del debido proceso de ley son aplicables.  El problema es que mientras parece claro que las garantías de una adjudicación formal bajo LPAU cumple con el DPL, en el caso de un proceso informal todo depende de lo que haya ocurrido en el mismo.  Si esta posible incertidumbre no genera tanto problema es tal vez porque las agencias están acostumbradas a realizar el procedimiento formal, por costumbre o a conciencia de que esto reduce la posibilidad de impugnaciones procesales.  

En esta opinión el TS no atiende de forma directa lo anterior y termina indicando que sin importar que el proceso fuera formal o informal, debía cumplir con los requisitos de LPAU.  Esta conclusión no tiene el efecto neutral que parece suponer pues al final lo que significa es que los requisitos que la propia LPAU reconoce como aplicables a procedimientos formales, deben ser utilizados en procesos que las agencias entiendan son informales. La distinción entre lo formal y lo informal se diluye.  Lo anterior tal vez podría explicarse aduciendo que es preferible que los procesos de adjudicación de las agencias sean todos formales por representar ello más garantías o que se trata de un resultado ineludible del DPL.  Esto requiere, sin embargo, abordar el problema de forma directa y no creando mayor confusión conceptual.]

Pantoja Oquendo v. Municipio de San Juan, 2011 TSPR 82

Un grupo de cuatro mujeres intentaba pintar un mural en Río Piedras denunciando el alarmante número de mujeres asesinadas por sus parejas, cuando fueron objeto de una intervención por la Policía Municipal de San Juan.  Las cuatro fueron multadas por infringir una Ordenanza del Municipio de San Juan que alegadamente prohibía esta práctica.  Las querelladas acudieron entonces al TPI impugnando la constitucionalidad de la ordenanza de su faz y en su aplicación. Aunque obtuvieron un entredicho provisional y un injunction preliminar de dicho foro, el mismo fue eventualmente dejado sin efecto por el TS al intervenir cuando la controversia sobre la medida interdictal estaba ante la consideración del TA.  En esencia el TS decidió dejar sin efecto el injunction por razón de que el mismo no procedía en tanto se dilucidara la titularidad del muro sobre el cual se quiso pintar.  La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez emitió una demoledora opinión disidente a la cual se unieron el Juez Presidente Hernández Denton, la Jueza Asociada Fiol Matta y el Juez Asociado Estrella.

[Sobre esta decisión véase el excelente análisis del colega Hiram Meléndez Juarbe en La Primera Enmienda se va del Tribunal Supremo.]

 

William Vázquez Irizarry

Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico

wvazquez@law.upr.edu

(Sobre el Sumario Derecho y Gobierno, ver esta explicación).

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