Constitucional - TSPR

Crisis Política y el Tribunal Supremo

Cualquier intento por desenredar el caos en que está sumido el Tribunal Supremo debe comenzar por entender el tipo de problema que le subyace. Y es que al Tribunal no le aqueja un dolama meramente jurídico-técnico sobre la distribución de poderes entre el Pleno del Tribunal y su Juez Presidente. Aunque es una dimensión importante, no es la única.

Si fuéramos a definir el problema como uno exclusivamente legal tendríamos una conversación parecida a la siguiente: La Constitución de Puerto Rico establece que el Juez Presidente “dirigirá la administración de los tribunales”, pero a la vez dispone que el Tribunal en su totalidad “adoptará reglas para la administración de los tribunales”. Toda vez que la Constitución configura una especie de división de tareas, una de reglamentación y otra de administración, se nos plantea hoy una controversia constitucional: si las “Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes” creadas por el Tribunal (al amparo de su poder de reglamentación) interfieren con los poderes de administración del Juez Presidente. En el proceso, seguiría la conversación, debemos interpretar el significado de la facultad que tiene el Presidente de “dirigir” la administración de los tribunales. Contestar esa pregunta, requeriría del arsenal hermenéutico y analítico convencional que enseñamos en las facultades de derecho: un análisis del texto de la Constitución, su historia, objetivos, etc. El problema, se dice, es que estamos ante una situación curiosa: como es el Tribunal Supremo (su mayoría) quien tiene la última palabra sobre la interpretación de la Constitución, nada impide que esa mayoría interprete restrictivamente los poderes administrativos del Presidente mientras que, a la vez, se agrande los suyos sin posibilidad de solicitar revisión ante foro superior alguno. Eso, se dice, constituye una “crisis constitucional”.

Pero en realidad no es extraño que una mayoría de jueces del Supremo tenga la facultad de dibujar los contornos de su propio poder. Lo hace todo el tiempo, como cuando evalúa si un caso es “justiciable” (si puede ser evaluado por el Poder Judicial) sobre la base de criterios de su propio diseño o, de otro lado, cuando se atribuye “poderes inherentes” para reglamentar la profesión de la abogacía. Las otras Ramas tienen prerrogativas similares. Cada Cámara legislativa, dispone la Constitución, “será el único juez de la capacidad legal de sus miembros” y sobre esa base tiene amplias facultades atinentes a su membresía; facultades que son prácticamente inapelables ante tribunales. Asimismo, el Poder Ejecutivo, dice la Constitución, “se ejercerá por un Gobernador”, pero no especifica cómo y hasta dónde el Gobernador puede “ejercer” ese poder—muchos límites se encuentran en la misma Constitución (el mismo articulado dispone poderes específicos  de éste, la reserva de facultades a otras Ramas, y la Carta de Derechos, por ejemplo). Pero en la generalidad de los casos, el Poder Ejecutivo define sus poderes mediante Órdenes Ejecutivas, cargadas implícita o explícitamente de la interpretación que él mismo pueda hacer de sus propias prerrogativas. Nada nuevo ahí.  Es decir, que es parte de la cotidianidad constitucional que las Ramas consideren y decidan sobre la extensión de sus propias facultades, en ocasiones teniendo la palabra final y sin posibilidad real de revisión ulterior.

Entonces, si el auto agrandamiento de poderes es un asunto jurídico relativamente familiar (que puede o no ser constitucionalmente problemático, pero no necesariamente alarmante) ¿vale la pena tan siquiera hablar de crisis?  Por supuesto que sí, pues la problemática del Tribunal no tiene que ver exclusivamente con interpretación constitucional, aunque sin duda es una dimensión central del problema. Fundamentalmente se trata de una crisis política que toca la esencia de nuestra convivencia democrática, oprimiendo al corazón de nuestro sistema político.  Y como tal debemos tratarla.

La dimensión política de la crisis

El contexto inmediato en que se da la controversia es importante: en medio de imputaciones públicas contra el Juez Presidente, Federico Hernández Denton, sobre el uso de recursos de la Rama Judicial para fines personales, se desatan sendas investigaciones por el Senado de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. Es respuesta, Hernández Denton, por vía de la Oficina de Administración de Tribunales, comenzó una investigación más amplia sobre el uso de recursos de la Rama por sus jueces, no limitada a las imputaciones contra el Juez Presidente. En un inusual intercambio por comunicados de prensa, la mayoría del Tribunal tildó la acción de Hernández Denton como “altamente sospechosa e inoportuna” y, eventualmente, emitió una Resolución creando las mencionadas Reglas para investigaciones independientes, las cuales imponen el consentimiento de dos terceras partes del Tribunal (en la práctica unanimidad de jueces del bloque de nuevo nombramiento) para todo tipo de pesquisa sobre el uso de fondos de la Rama Judicial. A la vez desautorizó, so pena de desacato, la iniciada por la OAT porque, entre otras cosas, supuestamente podría interferir con las investigaciones del Senado y Justicia contra Hernández Denton; pero, simultáneamente, comenzó su propia investigación sobre los mismos hechos.

Nadie duda la intención y origen de estas movidas. La elite del país que hoy está en el poder lleva décadas resintiendo el control del Tribunal Supremo por jueces nombrados por administraciones del PPD.  La oportunidad de asentarse en el Poder Judicial finalmente se dio este cuatrienio. Primero ocupando tres vacantes que venían del cuatrienio de Acevedo Vilá (y que no se pudieron llenar durante el periodo de “gobierno compartido”), luego una cuarta silla dejada por el retiro del Juez Asociado Efraín Rivera Pérez y, finalmente, como si tener cuatro de siete puestos no fuera suficiente, el aumento en la composición del Tribunal por dos jueces, solicitado por los mismos Jueces recién nombrados.  La fiebre por acaparar el poder en todas las esferas posibles llegó al Tribunal para quedarse. Resta, únicamente, la codiciada posición de Juez Presidente quien administra la Rama Judicial y, con ello, el botín que representa un presupuesto millonario.

Pero aunque este contexto es elocuente, no es suficiente para entender la dimensión política de esta crisis.  Los acontecimientos recientes deben verse, además, tomando en cuenta el consistente ejercicio del poder tosco por parte de la Mayoría del Tribunal Supremo. Poder que se manifiesta, principalmente, en su trayectoria durante los pasados tres años.

Todo comienza desde el saque: con procesos de nombramiento y confirmación que apuntan a una imposición burda carente de la discusión mínima necesaria para que la población evalúe la idoneidad y capacidad de los aspirantes.[1] Internamente, cualquier posibilidad de discusión y colaboración colegiada en el seno del Tribunal se disipó rápidamente: vemos a una Mayoría híper-consciente de su poder agrandando sus facultades internas frente al Juez Presidente (por ejemplo, concentrando en la Mayoría la asignación de casos[2] y, con la ayuda de la Asamblea Legislativa, asumiendo mayor control en la asignación de jueces durante el proceso electoral).[3] Asimismo, le vemos tomando decisiones fundamentales a la Rama cual caucus político, a espaldas de los Jueces en minoría (como fue con el aumento en la composición del Tribunal,[4] y en esta crisis, desautorizando al Juez Presidente mientras se encontraba fuera del país y sin contar con las Juezas Rodríguez y Fiol).  A ello se le suma una actitud institucional violenta y prepotente en su proceder diario, tal como en este caso amenazando con desacato a la Directora de la OAT ante lo que entendieron fue un reto a su autoridad autoimpuesta. Violencia que se percibe en un Juez Asociado a quien no le faltan excusas para recordarnos que está allí como resultado “del mandato del Pueblo expresado … en las urnas”,[5] que con evidente desprecio acusa a la voz disidente de tener “una mente prejuiciada o de escasa cultura jurídica”[6] y que en sus Opiniones intenta ridiculizar las críticas provenientes de la sociedad civil.[7] Y hay otro Juez que sin tapujos dice que se concibe a sí mismo como miembro de una “Nueva Mayoría”, club de filosofía jurídica (e ¿ideológica?) unísono.[8]

Pero ahí no queda la cosa. El devenir de este Tribunal ha estado marcado por un fuerte aliento de arbitrariedad al no justificar convincentemente (jurídica o lógicamente) sus decisiones más importantes. Por ejemplo, todavía estamos esperando explicaciones sobre porqué los ex gobernadores tienen un derecho constitucional “adquirido” a sus escoltas, pero los empleados públicos despedidos por la Ley 7 no tienen semejante derecho a sus empleos;[9] o qué justifica su sugerencia de que todas los colegiaciones compulsorias son inconstitucionales (prominentemente la del Colegio de Abogados), contrario a la jurisprudencia constitucional;[10] tampoco percibiremos como jurídica la construcción de excepciones adicionales a la ley de violencia doméstica por razones morales o religiosas (similar a otros casos del Tribunal en la pasada década);[11] o limitaciones artificiales a la libertad de expresión por razones jurídicamente inconcebibles;[12] y el propio aumento de jueces con razones deconstruibles con una increíble facilidad.[13]  El episodio reciente no está exento de lo anterior: usar su poder de “reglamentación” para establecer que la Mayoría aprobará decisiones investigativas particulares, instruir a la OAT que asigne recursos para su propia investigación, y regañando a la Directora por comenzar la propia, es equivalente a auto delegarse funciones de administración que es precisamente lo que ordena la Constitución debe estar concentrado en el Juez Presidente. Todo ello so pretexto de solidificar la “confianza de la ciudadanía” en la Rama Judicial.

Hay que enfatizar: si se tratara únicamente de quién tiene más votos ahí acabaría la discusión. Pero el poder público ha de ejercerse legítimamente, o no se ejerce. Ello incluye, crucialmente, el empleo de razones públicas de modo que, quien quede afectado por ese poder, le perciba como aceptable aún desde el disenso. Y esa legitimidad sufre si quien detenta la fuerza nos asume receptores pasivos de un poder cuya única referencia de autoridad es tautológica, el poder mismo. Que tengamos recuerdo de similar uso de poder en el pasado, nada dice de su validez hoy. En ello se juega nada menos que el carácter de una comunidad democrática. Como señalara el profesor Efrén Rivera Ramos reflexionando en torno a la solicitud de aumento en jueces:

El Tribunal Supremo depende para su legitimidad de la fuerza de sus argumentos, del respeto que susciten sus decisiones, de la acogida que logre, en su conjunto, tanto en la comunidad jurídica como entre la población general. Si ese respeto se desvanece, sufre su legitimidad. Ese respeto, sin embargo, no puede simplemente exigirse, sin más. Se lo tienen que ganar los miembros del alto foro con su proceder.[14]

Estamos pues ante un tipo de ejercicio del poder candente donde el tema jurídico sobre qué constituye “administrar” la Rama toma un segundo plano. Y es precisamente el ejercicio de ese poder por el Supremo, ignorando su rol constitucional, lo que resalta la dimensión política del conflicto.

Soluciones políticas

En esta discusión se siente un grado pasmoso de silencio, particularmente de abogados y abogadas. Las razones pueden ser diversas. Por un lado, muchos abogados (quienes, por su entrenamiento, deberían estar especialmente capacitados para evaluar al Tribunal) pueden verse en una posición paradójica: precisamente porque conocen (o perciben) las deficiencias crasas del Poder Judicial, pueden estar cohibiéndose por temor a ver perjudicados aquellos casos que llevan a ese foro o, peor aún, porque equivocadamente piensan que los poderes disciplinarios del Tribunal superan los dictámenes de la Primera Enmienda. De otro lado, muchos abogados están convencidos de que mantener la legitimidad de la Rama Judicial es responsabilidad de todos (y de ellos especialmente) y de ahí emana una idea, equivocada, de que resulta inapropiado expresarse duramente contra la institución y sus jueces. Lo primero recae sobre la consciencia de cada abogado y abogada. Sobre lo segundo vale la pena recalcar que la legitimidad del Tribunal no viene de gratis y que le toca principalmente a sus componentes ganársela. Además, si de la legitimidad del foro se tratara, hay que preguntarse primero si al día de hoy queda alguna legitimidad que rescatar. Llamados públicos a que las partes conversen pausadamente para limar asperezas por el bien de la institución, aunque bien intencionados, ya están tarde. La institución está deslegitimada. Y la participación de las Ramas políticas en ese proceso de deslegitimación, en lo que incluyo al propio Tribunal, es evidente para cualquier observador razonable.

A veces se escuchan voces señalando que “los populares” hacían lo mismo como si de política partidista se tratara. Ese argumento no se contesta porque nada contribuye. Lo que sí tiene agarre es una reserva a que la crítica en este contexto vaya acompañada por (o sea percibida como) una defensa implícita a la trayectoria del Tribunal Supremo en los últimos años o incluso al Juez Presidente como individuo.  Pero uno puede ser un duro crítico del Tribunal Supremo antes del copo y aún así ver las diferencias marcadas entre este “Nuevo Tribunal” y los predecesores. La forma en que se ejerce el poder es un asunto sustantivo importante. Y uno puede cuestionar aquel ejercicio de poder burdo y distinguirle de aquel ejercicio de poder que, aunque nos opongamos a otros aspectos sustantivos fundamentales, garantiza posibilidades de conversación social con esas estructuras. Subrayar las diferencias entre uno y el otro no es equivalente a restaurar el “viejo orden”, que mucho tendría que transformar, pero sí rescatar aquellos aspectos en la estructura política y jurídica que son esenciales para hacer posible esa transformación.

Pero si algo tiene de razón la anterior preocupación es que subraya un aspecto fundamentalmente problemático en la tradición política que rodea al Tribunal. Por décadas llevamos atrapados en un paradigma que concibe a los Jueces como si pertenecieran a bloques ideológicos fijos. Ese es el problema político de fondo y trasciende al conflicto actual, a los personajes involucrados y a la Mayoría coyuntural. El proceso político (y la cultura política) le ha fallado a la institución progresivamente y nos hemos acostumbrados a pensar, tal vez irreversiblemente, que esa forma ideológica (principalmente político-partidista) de ver a los miembros del Tribunal es correcta.

Ante todo esto, el momento exige una interacción ciudadana crítica con la Constitución que nos permita reflexionar sobre una salida permanente a esta imagen que rodea al Tribunal Supremo. Y para eso hay que pensar en soluciones radicales que permitan comenzar de nuevo, con una plana de Juezas y Jueces capaces de ganar el respeto de la población puertorriqueña, y procesos de selección que garanticen a un Tribunal poblado por gente del más alto calibre y, sobre todo, sentido de justicia.

Sólo una enmienda constitucional que declare vacantes (en etapas) todas las posiciones vigentes, dará ocasión genuina para la reestructuración necesaria. Ello sólo es viable si viene acompañado con un compromiso político por garantizar un proceso social inclusivo y deliberativo para determinar los criterios mínimos del cargo así como las personas particulares. Por diseño constitucional todo proceso de enmienda requiere el más alto nivel de participación pública, voluntad política y consenso; y esa es la razón fundamental por la que sería el mecanismo adecuado. Tal vez por ahí encontraremos salida a la crisis política que tenemos de frente.

* Columna publicada en Claridad el 7 de febrero de 2012.



[1] Hiram Meléndez Juarbe, 48 horas, en http://derechoalderecho.org/2011/05/11/48-horas/

[2] Hiram Meléndez Juarbe, Pequeñeces en la Justicia, http://derechoalderecho.org/2010/03/09/pequeneces-en-la-justicia/

[3] In re Disposiciones del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, 2012 TSPR 7

[4] Hiram Meléndez Juarbe, Y ahora, ¿qué?, http://derechoalderecho.org/2010/11/07/y-ahora-%C2%BFque/

[5] Yiyi Motors v ELA, 2009 TSPR 159,14 de octubre de 2009, Opinión de Conformidad Juez Asociado Martínez Torres a la que se une la Jueza Pabón Charneco, pág. 4

[6] Martínez Román v ELA, 2009 TSPR 176, 20 de noviembre de 2009, pág pág. 5. Véase además, Hiram Meléndez Juarbe, Pequeñeces en la Justicia, http://derechoalderecho.org/2010/03/09/pequeneces-en-la-justicia/

[7] Esther Vicente, Profesora Mafalda: persona del año, http://derechoalderecho.org/2011/12/29/profesora-mafalda-persona-del-ano/; Érika Fontánez Torres, El Peligro del Absolutismo Judicial, http://derechoalderecho.org/2011/12/30/el-peligro-del-absolutismo-judicial/

[8] En una discusión sobre la relación entre el common law y la tradición civilista nos reitera el Juez Asociado Rivera García que se concibe a sí mismo como parte de un bloque: “igual visión comparten los compañeros jueces asociados y la juez asociada del ‘Nuevo Tribunal’”. Edgardo Rivera García, “El Andamiaje Legal de Puerto Rico: Fusión Enriquecida del Derecho Común Anglosajón y la Tradición Civilista”, Ponencia ante el Federal Bar Association 20 de enero de 2011, pág. 22.

[9] Hiram Meléndez Juarbe, Derechos adquiridos (y la constitucionalización de algunos intereses patrimoniales), http://derechoalderecho.org/2009/10/13/derechos-adquiridos/

[10] Hiram Meléndez Juarbe, Un problema de Bueyes y Carretas, http://derechoalderecho.org/2011/03/19/un-problema-de-bueyes-y-carretas/

[11] Esther Vicente, Interpretación Discriminatoria y Odiosa, http://derechoalderecho.org/2011/03/26/interpretacion-discriminatoria-y-odiosa/

[12] Hiram Meléndez Juarbe, La Primera Enmienda se va del Tribunal Supremo, http://derechoalderecho.org/2011/06/29/la-primera-enmienda-se-va-del-tribunal-supremo/

[13] Hiram Meléndez Juarbe, Y ahora, ¿qué?, http://derechoalderecho.org/2010/11/07/y-ahora-%C2%BFque/

[14] Efrén Rivera Ramos, Poder sin legitimidad, El Nuevo Día, 7 de noviembre de 2010. Disponible en http://derechoalderecho.org/2010/11/17/poder-sin-legitimidad-efren-rivera-ramos/

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