Constitucional

Juicio por jurado en casos civiles como cuestión de derecho constitucional: Un error garrafal

Recientemente un juez estatal dictaminó que la falta de juicio por jurado en casos civiles en Puerto Rico es inconstitucional.  Pérez Toledo v. Quiñones Rosario, NSCI 2011-00096 (TPI Fajardo, PR) (Juez Eduardo Estrella Morales).  Según la sentencia, le aplica a Puerto Rico la Séptima Enmienda de la Constitución federal que provee para jurado en casos civiles en el tribunal federal.  La decisión, como veremos, esta claramente errada.

De trasfondo, tenemos que notar que desde que Estados Unidos adquirió a Puerto Rico bajo el Tratado de París, la isla se ha considerado un territorio no incorporado bajo la Constitución federal.  Según los Casos Insulares, existen dos tipos de territorios: los incorporados, y los no incorporados.  Los territorios incorporados gozan de una promesa expresa de estadidad futura de parte del Congreso, y por ende les aplica todos los derechos de la Carta de Derechos federal. Los territorios no incorporados, sin embargo, son territorios sobre los cuales el Congreso no se ha expresado en torno a su futuro político. De la Carta de Derechos, sólo le aplican los derechos fundamentales. El caso emblemático es Balzac (1921), en el cual el Tribunal Supremo determinó que aunque el Congreso le había concedido la ciudadanía americana a los puertorriqueños bajo la Ley Jones de 1917, dicha concesión no era equivalente a una promesa expresa de estadidad. Por ende Puerto Rico continuaba como un territorio no incorporado a que solo le aplicaban los derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo federal, sin embargo, ha determinado que la mayoría de las garantías de la Carta de Derechos son derechos fundamentales que protegen a toda persona, ya sea en un estado o territorio. En Puerto Rico, por ende, existe el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de culto, de prensa, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes, y los derechos que aplican a procesos criminales, tal como el derecho a abogado y juicio por jurado, entre otros.  Nuestra Constitución, además, ofrece protecciones más amplias que la federal, de tal manera que toda persona goza de un doble muro de contención contra el poder estatal. Ya sea por la Constitución de Puerto Rico o la federal, las personas en la isla no carecen de derechos individuales. En términos prácticos, por ende, las distinciones básicas entre territorio y estado se reducen a dos: (a)  la exclusión del territorio del proceso político federal (el voto Presidencial y la elección de representantes al Congreso); y (b) la autoridad que ostenta el Congreso para tratar a Puerto Rico discriminatoriamente en la otorgación de fondos federales, lo que se denomina la falta de paridad.

En el 2008, el juez federal Gustavo Gelpí declaró en Consejo de Salud v. Rullán, USDC-PR Civil No. 06-1269(GAG) que debido a su integración a los Estados Unidos, y el trato del Congreso hacia la isla, Puerto Rico había evolucionado de un territorio no incorporado a un territorio incorporado equivalente a un estado con derecho a paridad en fondos federales. Dicha opinión, sin embargo, no solo constituye un robo democrático en cuanto equivale a imponer la estadidad por fiat judicial,  sino también es claramente contraria a los precedentes jurídicos que requieren una expresión clara de la voluntad del Congreso a esos efectos. Aquí no la hay, y al día de hoy, ningún tribunal apelativo ha convalidado la decisión del juez federal. Su valor como autoridad, por ende,  es limitado y cuestionable.

El tribunal estatal, no obstante, descansó en la decisión del Juez Gelpí  para concluir que a Puerto Rico le aplicaba la Séptima Enmienda como si fuese un estado. Pero aún siendo así, sobre lo que no hay duda es que ya desde Minneapolis & St. Louis RR v. Bombolis, 241 U.S. 21 (1916) el Tribunal Supremo federal  estableció que la Séptima Enmienda no obliga a los estados. Dicha decisión fue ratificada por el Primer Circuito tan reciente como en Rivera v. Centro Médico de Turabo, 575 F.3d 10 (1st Cir. 2009). La Constitución sencillamente no reconoce como un derecho fundamental la necesidad de un jurado en pleitos civiles monetarios entre partes privadas. La razón es que estos pleitos, contrario a los procesos criminales,  no involucran la perdida de libertad o la posibilidad de cárcel.  En resumen, cada estado esta libre para decidir si desea adoptar el jurado civil no por obligación constitucional, sino como cuestión de política pública; o sea, por legislación. Por ende, aunque a Puerto Rico se considerase equivalente a un estado federal, según el Juez Gelpí, el derecho a un juicio por jurado en casos civiles no aplica ni a los propios estados de la federación. La decisión del tribunal estatal, en fin, es un error garrafal de lectura constitucional.

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  • jurilex

    Si Puerto Rico fuese incorporado como territorio de Estados Unidos, desde la perspectiva de su Constitución, el gobierno de este territorio se consideraría como una instrumentalidad autorizada por el Congreso, sujeta a todos los derechos que esa Constitución le garantiza a las personas frente al gobierno federal.