Constitucional - Teoría - TSPR

Rivera Ramos y El Estado de Derecho

Hoy se publica en El Nuevo Día una columna de Efrén Rivera Ramos titulada “El Estado de Derecho”. Reflexionando sobre las exigencias de ese requerimiento político, nos permite evaluar nuestra situación política actual. Es lectura obligada. Se copia aquí, íntegramente.

El estado de derecho

Por Efrén Rivera Ramos

Desde Washington hasta Pekín, pasando por prácticamente todas las capitales del mundo, se proclama la necesidad de que se respete el “estado de derecho”. Al reclamo se unen múltiples organismos regionales e internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas.

La noción del estado de derecho expresa la aspiración de que toda comunidad política sea regida por la ley y no por el capricho de sus gobernantes. La diversidad de endosos a ese propósito se hace posible por la igualmente variada gama de interpretaciones del concepto. Por ejemplo, unos lo asocian con la “ley y el orden”. Otros, con el respeto profundo a los derechos humanos.

Las justificaciones sobre su necesidad también varían. Para algunos se trata de un instrumento indispensable para asegurar la estabilidad social y política o para propiciar la inversión y el desarrollo. Otros lo fundamentan en principios ético-morales relacionados con la dignidad humana y la autonomía de las personas. En ocasiones se combinan los argumentos instrumentales con los de principio.

La visión formal del estado de derecho recaba meramente la existencia de leyes públicas, generales, prospectivas y promulgadas por una autoridad competente. La deficiencia de esta concepción reside en que cualquier estado, aun el más autoritario, podría cumplir con esos criterios. De ahí que la opinión más entendida y, la más extendida, en el mundo contemporáneo proponga que la vigencia del estado de derecho requiere elementos de mayor sustancia.

No basta, pues, que haya ley. Hay que preguntarse qué ley. La respuesta más acertada es que ha de ser una ley producida democráticamente, es decir con la mayor participación posible de aquellos a quienes habrá de aplicarse. Debe tratarse, además, de normas que resulten de la deliberación pública, mientras más amplia mejor.

No sólo se debe inquirir sobre el quién y el cómo, sino también sobre el qué de la ley, es decir, sobre su contenido. En los sistemas constitucionales modernos ello significa, como mínimo, que la ley debe ajustarse a las normas, principios y valores incorporados en la Constitución. Pero el discurso ético-político contemporáneo, recogido en numerosas declaraciones y convenios regionales e internacionales, demanda todavía más. Exige que la ley se atenga al respeto debido a los derechos humanos, más allá de consideraciones de raza, género, origen étnico, condición social, ideas políticas o religiosas y otras de carácter similar.

Pero todavía ello no sería suficiente. Pues la existencia de normas sin la garantía de su cumplimiento constituye, en el mejor de los casos, un deseo sin materialidad y, en el peor, un soberano engaño. Las garantías pueden ser múltiples. En los sistemas jurídicos actuales, se tiende a descansar de forma sustancial en la posibilidad de contar con tribunales imparciales e independientes. A lo que habría que añadir las condiciones necesarias para que toda la población tenga acceso a ellos. La garantía mayor, sin embargo, tendría que ser la fiscalización de los diversos sectores de la comunidad.

A la luz de esta noción del estado de derecho, ¿dónde queda Puerto Rico?

Cualquiera que conozca el País tendría que concluir que tenemos problemas serios en este sentido.

Empecemos por la circunstancia de que nuestra condición política nos somete al gobierno de normas en cuya creación no participamos de forma significativa. Sigamos por el hecho de que muchas veces aun aquellas normas forjadas por organismos electos o establecidos por nosotros mismos son generadas mediante procesos atropellados sin deliberación alguna que merezca los apellidos de pública y adecuada. La sujeción de la ley a la Constitución se ha puesto en duda con las interpretaciones cuestionables emanadas del Tribunal Supremo. La arbitrariedad de algunas decisiones legislativas y ejecutivas ha quedado sin remedio. Los cuestionamientos frecuentes sobre la independencia judicial y el cierre del acceso a los tribunales de personas y comunidades afectadas por diversas actuaciones gubernamentales ponen sobre el tapete el asunto de las garantías reales del estado de derecho.

La complacencia no se justifica.

 

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  • rpaganc

    Hace 253 años, Benjamín Franklin observó que quienes ceden sus libertades esenciales para comprar un poco de seguridad (y yo agregaría, de conveniencia) temporera, no merecen ni libertad ni seguridad. En su libro “Escape de la Libertad”, Eric Fromm postuló el peligro de una sociedad que abroga sus propios derechos por evitar la inconveniencia de luchar por ellos; y la responsabilidad que asume tal sociedad ante los crímenes de quienes la gobiernan. Aunque parezca contradictorio, dice Fromm, las personas prefieren entregar su independencia de criterio con tal de echarle la culpa a otros; en lugar de tener que aceptar su responsabilidad por cómo anda su vida personal y comunitaria. Por otro lado, nuestra tradición caudillista fomenta una ley del más fuerte: aún hasta para designar quiénes dirijen nuestras instituciones educativas y de administración de justicia. La voz del débil se ha callado; y la voz de la oposición independiente se anula. Al final, se deshacen de todo mecanismo viable que pretenda fiscalizarlos. ¿No ameritará establecer un esquema donde los lobos se vigilen a sí mismos? ¿Qué tal un sistema para designar educadores y jueces, donde los candidatos sean evaluados obligatoriamente a través de grupos que obligatoriamente incluyan representación efectiva de todos los partidos, similar a cómo debe trabajar la Comisión Estatal de Elecciones? A lo mínimo, se le haría más difícil manipular por quien ejerza el poder de turno.