Constitucional - Teoría - TSPR

El proceso de enmienda a la Constitución de Puerto Rico

El camino para enmendar la Constitución de Puerto Rico, sin ser intransitable, debe ser difícil. Así fue dispuesto por los constituyentes puertorriqueños en 1952. Esa ruta no puede ser alterada por poderes pasajeros aun reconociendo el alcance limitado de nuestra Constitución. Recordemos algunos principios fundamentales que deben servirnos de guía para  comprender lo anterior.

“Sin poder constituyente no hay Constitución. Pero sin soberanía nacional no hay poder constituyente”. Así de tajante es la afirmación  del constitucionalista español Javier Pérez Royo en su reconocida  obra  “Curso de Derecho Constitucional“. Es un principio que también rondaba por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812 cuyo bicentenario conmemoramos en estas fechas. Es por eso que al referirnos a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es obligado reconocer que ésta representa la voluntad original del Pueblo de Puerto Rico mediatizada por el Congreso de los Estados Unidos. Fue una manifestación trunca del poder constituyente. Sin embargo, también es obligado reconocer que es lo más cerca que hemos estado de convocar la voluntad original de nuestro pueblo. Dentro de los límites que impuso la metrópolis, constituye una conquista producto de muchos factores que incluyen la presión de fuerzas puertorriqueñas. La función de dicha Constitución en nuestra sociedad no debe subestimarse. Antes al contrario: debe fomentarse su respeto y defender su integridad en bien del estado de derecho.

Para enmendar la Constitución hay que cumplir con los límites expresos que contiene el Artículo  VII. Ahí comienza el camino difícil. En ese articulado también hay una metodología de interpretación evidente: si surgen dudas sobre el significado de su texto o de su aplicación, la rigidez impera como principio rector. La flexibilidad interpretativa fue descartada por los constituyentes. Solo ello explica los requisitos expresos  para que el proceso sea válido.

El Artículo VII propone dos caminos para enmendar la Constitución: el primero (Sección 1), cuando se desea reformar la Constitución; la segunda (Sección 2), cuando se desea revisar el instrumento. La reforma de la Constitución (Sección 1) admite la vía del referéndum siempre que se cumpla rigurosamente con las limitaciones que establece el articulado (aprobación de dos terceras partes o tres cuartas partes, según fuera el caso, de los miembros que componen cada cámara; número máximo de propuestas y los requisitos de publicidad entre otros). La revisión de la Constitución (Sección 2) solo puede ejecutarse por vía de una asamblea constituyente, es decir, haciendo un llamado a la voluntad original del Pueblo de Puerto Rico. Como explicaremos, una revisión implica cambios profundos a la Carta Magna.

Así pues, dependiendo de la naturaleza de las enmiendas propuestas, se activará uno u otro del difícil camino de enmienda. A mi juicio, si la enmienda o enmiendas no van dirigidas a alterar  los principios en que se fundamenta la estructura del Estado (como por ejemplo cambios al propio Artículo VII), los valores que promueve su preámbulo o si no disminuyen las protecciones que emanan de la Carta de Derechos, entonces la Constitución puede enmendarse por la vía del referéndum. Por el contrario, si van dirigidas en esta dirección, la Constitución de Puerto Rico es irreformable. Solo puede revisarse por la vía de la asamblea constituyente llamando a la voluntad original de Pueblo pues así lo imponen los límites implícitos discutidos los cuales emanan de la Sección 2 antes mencionada. Estos principios fueron sabiamente acogidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Berríos Martínez  v. Gobernador II, 137 DPR 195 (1994) fundamentados en la labor del insigne constitucionalista español Don Pedro de Vega en su obra La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. En aparente contradicción con lo expresado, en Berríos se validó la vía del referéndum para decidir si se eliminaba el derecho absoluto a la fianza, acción que como sabemos el pueblo rechazó. Pienso que el Tribunal no tuvo la oportunidad de aplicar las limitaciones implícitas al proceso de enmienda por no haber sido planteadas en el caso o porque nunca estuvo en controversia la validez de esta enmienda en particular.

El proceso de enmienda a la Constitución que se avecina debe reavivar este debate. El pleito ya incoado sobre este asunto sin duda lo provocará. ¿Sobrevivirán los principios enunciados en Berríos en el “nuevo” Tribunal Supremo? Es cierto que el acercamiento rígido que debe aplicarse aumenta el poder de revisión judicial en detrimento del poder legislativo. Pero ¿acaso ello no es indispensable en estos tiempos de desmanes y abusos del poder legislativo, es decir de la tiranía de la mayoría? ¿No es más fundamental que nunca que el Tribunal sea “anti-mayoritario”? ¿Lo comprenderá el Tribunal o la marea alta nublará su entendimiento?

PrintFriendlyFacebookTwitterStumbleUponMySpaceBlogger PostLinkedInDeliciousShare/Bookmark