Constitucional - Propiedad Intelectual

Propia Imagen y campañas políticas

Hace unas semanas, familiares de los acusados cuyas fotos son utilizadas para una campaña mediática del PNP a favor de la enmienda constitucional sobre la fianza presentaron una demanda solicitando la paralización de dicha campaña.

El fundamento para solicitar este remedio es el llamado derecho de propia imagen que el Tribunal Supremo ha reconocido en una línea de casos que comienza con Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982), pasa por Bonilla Medina v. Partido Nuevo Progresista, 140 D.P.R. 294 (1996) y termina con otro caso más reciente llamado Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s Sub, Inc, 2008 T.S.P.R. 38. Este derecho, entre otras cosas, reconoce el interés de un individuo por controlar el uso de su imagen en público. Es decir, el derecho de controlar un aspecto importante de su personalidad: “dónde, cuándo y cómo se le toma una fotografía o se reproduce de cualquier forma su imagen.” Bonilla Medina v. Partido Nuevo Progresista, 140 D.P.R. 294 (1996).

Es importante recalcar que, según el Tribunal Supremo, este derecho no depende de la existencia de una ley pues es “una vertiente del derecho a la intimidad” (Vigoreaux, supra, Bonilla, supra)  y por lo tanto “surge expresamente de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Es decir, que se trata de un derecho constitucional vinculado al derecho a la intimidad.

Consistente con la génesis constitucional de esta causa de acción, el Tribunal ha reconocido un remedio de daños y perjuicios por los daños morales que la violación del derecho ocasionaría (si alguno). Pero además, el Tribunal ha reconocido que un sujeto tiene un derecho patrimonial sobre el uso de su imagen y, por lo tanto, en casos en que el uso de la imagen sea para fines comerciales,”tiene derecho a participar económicamente en la comercialización de su propia imagen, su nombre o su parecido, conforme al valor de tasación de tal imagen en el mercado de publicidad al momento de los hechos”. Vigoreaux, supra. Es decir, que la jurisprudencia reconoce dos causas de acción: una de índole patrimonial cuyo remedio es el valor en el mercado de la imagen, en caso de que se use para fines comerciales; y otra de índole moral, para vindicar el derecho constitucional. 

Más recientemente, el derecho a la propia imagen  fue reconocido legislativamente mediante la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen, Ley Núm. 139 de 13 de julio de 2011. No obstante esta ley  no incluye la dualidad de remedios que menciono: provee una causa de acción contra “Cualquier persona natural o jurídica que utilice la imagen de otra persona con fines o propósitos comerciales, mercantiles o publicitarios,  sin el consentimiento previo de ésta”. Y, a menos que el demandante solicite unas cantidades en daños predefinidas, los daños que se proveen son por el concepto económico:

“El Tribunal fijará la cuantía de los daños tomando como base los siguientes elementos: el beneficio bruto que hubiera obtenido la parte infractora mediante el uso de la imagen en cuestión; el importe de la ganancia que la persona perjudicada hubiere dejado de percibir como resultado de la actuación de la parte demandada; el valor del menoscabo que la actuación del demandado le hubiera ocasionado al demandante; y cualquier otro factor que a juicio del tribunal cuantifique adecuadamente los daños.  … El tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe.”

Es decir que, podría argumentare, la Ley de Propia Imagen tiene que ver con un tipo de causa de acción de Propia Imagen y un tipo de remedio: el tipo de causa de acción patrimonial y el remedio que le acompaña, que es económico.  Por lo tanto, la ley no tiene nada que ver con las causas de acción Constitucionales, y los remedios en daños que se enganchan en el derecho constitucional. Más bien, diría el argumento, esas reclamaciones no patrimoniales, porque tienen una génesis constitucional, están relegadas a los tribunales para que elaboren los contornos de ese derecho constitucional a la intimidad, como se ha hecho desde 1952.

Otra interpretación de esta ley y sus efectos sería que, en cierto modo, ocupa el campo y reconoce únicamente el derecho de propia imagen patrimonial, desplazando la causa de acción no patrimonial. De hecho, la ley establece ciertas excepciones tipo fair use que, por ejemplo, excluyen una causa de acción cuando “se utilice la imagen con propósitos de crítica o comentario, académicos o investigativos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la imagen protegida”. No obstante, ello se enfrenta al planteamiento anterior que llama la atención al rango constitucional del derecho a la intimidad para sugerir la supervivencia de la causa de acción de índole no patrimonial. La ambigüedad generada por esta ley no ha sido ampliamente discutida (aunque en mis clases levanto estas interrogantes con los estudiantes).

Al otro lado de todo esto se encuentra el fundamento del que depende el PNP para utilizar dicha imagen: su derecho a la libertad de expresión. Se trata, pues de un conflicto recurrente entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.

Ya es noticia que  el Tribunal de Apelaciones revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia. El TPI tiró la raya a favor de la expresión como creo que corresponde según el ordenamiento vigente (no porque no exista un derecho de intimidad en esos casos, sino porque la libertad de expresión sobre asuntos públicos tiene un rango superior en estas circunstancias muy particulares). No obstante, el Tribunal de Apelaciones le revocó en breve tiempo, invirtiendo el razonamiento.

Ahora bien, resalta la aseveración del TA a los efectos de que la Ley de Propia Imagen no aplica en este caso precisamente porque esa ley protege la causa de acción comercial solamente, dejando al descubierto (y por ende, para los Tribunales) reclamaciones de propia imagen no comerciales (es decir, las de índole Constitucional).  Más específicamente dijo:

“La Ley [de Propia Imagen] ni es aplicable al caso de autos (por lo que no desplazó lo resuelto en Colón v Romero, supra) ni podría impedir o limitar un reclamo de cese y desista de una violación al derecho a la intimidad. En fin, el reclamo de la Sra. Carrasquillo se hizo al amparo de la Constitución (a la cual el legislador tiene que ceñirse al aprobar estatutos).”

Es un argumento muy poderoso, el del Tribunal de Apelaciones. En casos no cubiertos por la Ley de Propia Imagen, en una controversia como ésta, hay un conflicto puro entre derechos constitucionales (sin intermediación de ninguna ley).  El resultado al que llega ese tribunal, no obstante, es otra cosa y me parece inapropiado. Pues al realizar este balance específico entre derechos constitucionales, el derecho a la libertad de expresión (sobre asuntos de interés público) ostenta superior jerarquía al derecho a la intimidad en un caso como éste. No es que no existe un derecho a la intimidad en estos casos (como a algunos les gusta plantear); sino que en el balance, hay que echar por delante la primacía de la palabra libre cuando se trata de asuntos íntimamente vinculados al discurso público.

Reitero, para evitar la duda: no planteo que no hay un derecho a la intimidad en estos casos. El hecho de que los acusados hayan estado en el foro público cuando se tomó sus fotos, no aniquila sus derechos constitucionales. Ya antes he planteado que no se debe reproducir la idea de que uno pierde expectativa de intimidad en público. De hecho, precisamente la conclusión que se desprende de la jurisprudencia sobre propia imagen plantea todo lo contrario: existe esta dimensión del derecho a la intimidad que permite al individuo controlar su imagen en público. Es decir, se trata de un derecho a la intimidad en público. Sucede, no obstante, que a veces ese derecho debe abrir paso a un discurso público vigoroso.

Anejo las dos Sentencias.

Carrasquillo Ortiz v. Pnp (2012) by Hiram Meléndez Juarbe

CarrasquilloVSPNP TA by Hiram Meléndez Juarbe

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