Constitucional

La voz constitucional y una perspectiva crítica, en 80grados

Se publica una columna hoy en 80grados titulada “La voz constitucional y una perspectiva crítica” en la que reflexiono sobre la responsabilidad que tenemos de darle sentido a las disposiciones constitucionales, en particular a nuestro derecho a la libre expresión. En fin, que el contenido de nuestra libertad de expresión depende de lo hagamos con ella y de lo que digamos sobre ese derecho en el foro público, en una conversación incesante.  ¡Visiten 80grados!  Comienza así:

“Los derechos constitucionales se definen sobre la marcha. No se congelan en un papel y su evolución no queda monopolizada por jueces, legisladores o gobernadores. La cultura política, nuestra actitud como pueblo ante estos derechos en el discurso público y nuestra práctica dan sentido a nuestras garantías constitucionales y establecen pauta para los operadores del derecho. Así, la interpretación que hagamos del alcance de estos derechos (lo que decimos, lo que practicamos) puede servir de contexto (y brindar contenido) a las garantías formales en la Constitución.  Por eso es esencial que nos sintamos autores y dueños del régimen constitucional, de sus instituciones y de la gestión pública en general, desde la cotidianidad.”

PrintFriendlyFacebookTwitterStumbleUponMySpaceBlogger PostLinkedInDeliciousShare/Bookmark
  • Saludos Hiram. Creo que lo que aquí expones es fundamental, sobre todo como parte de un planteo que llevamos haciendo hace un tiempo con relación a la legitimidad de los pronunciamientos de operadores jurídicos, como el Tribunal Supremo, los nombramientos de jueces, e incluso la aprobación de leyes sin debates inclusivos y robustos que sostengan la legitimidad de esas actuaciones. Es imprescindible que en el debate público estos asuntos estén en constante discusión y cuestionamiento y en el caso de la Constitución, su interpretación y significado no debe ser la excepción. Salvaguardando el tema e importancia de los derechos fundamentales, aún una podría decir que lo que consideramos derechos fundamentales, siempre han estado y están sujetos a interpretación. Por lo tanto es imprescindible una sociedad ávida en discutir abierta e inclusivamente estos temas para darle legitimidad en última instancia a lo que sea el resultado de los procesos y diseños institucionales que hemos concebido.

    Añadiría algo más. En el debate público no solo debemos estar atentos y atentas a la interpretación y significado de la Constitución sino a cómo se fraguan o enmarcan las controversias sociales y políticas que enfrentamos. Los dos ejemplos que traes, el del comentario de la asesora legislativa y el del anuncio del PNP los estás enmarcando en el tema de libertad de expresión, en cuyo caso la controversia de índole jurídico-constitucional que construyes es si el Estado en el primer caso debe penalizar a la asesora por emitir un comentario racista y en el segundo, si debe permitir al partido político el uso de las imágenes de dos sujetos acusados. Esa es una manera de enmarcar la controversia, que por supuesto, deja fuera otras formas de hacerlo. Creo que en el caso de la asesora el reclamo fue más a denunciar el comentario racista y a en la arena política convencer a la Presidenta de la Cámara de lo perverso e inapropiado de contar con una asesora que en esencia se ubica como una persona racista. No creo que la discusión fuese una de libertad de expresión en el marco jurídico sino de denuncia política sobre si queremos o no que nuestro gobierno esté constituido por personas que abiertamente expresan comentarios racistas e inciden en nuestras políticas públcias y en el proceso legislativo. El cómo enmarcar la controversia también es algo que ineludiblemente debemos mirar porque una vez lo hacemos, dejamos fuera inevitablemente otras perspectivas.

    Lo mismo con el caso de los jóvenes en el anuncio. El PNP rápidamente en los tribunales enmarcó la controversia como un asunto de libertad de expresión. Evidentemente con razón pues cualquier abogado de esa parte así lo hubiese hecho, pero otra vez, la pregunta o controversia podría ser fraguada de otra forma en la esfera pública. ¿Qué tal cuestionarle al PNP como partido de gobierno su estrategia de estigmatizar ciudadanos al punto de poner en riesgo o al menos soslayar o incidir en su debido proceso de ley? ¿creen ellos que estos jóvenes merecen un debido proceso de ley, un juicio justo e imparcial? ¿ Es el PNP un partido que cree en estos principios? Esto, fuera de la lógica jurídica que se ve en en Tribunal, y aún dentro del tribunal, ante el argumento de libertad de expresión, como sabes, siempre está en discusión el tema del debido proceso y el derecho a juicio imparcial y cómo eso se afecta o protege y hasta qué grado. Situarlo en un asunto de libertad de expresión versus derecho a la intimidad, como vemos, tira una raya sobre lo que se considera y lo que no, en el debate. Lo mismo que cualquier otra forma de construir la controversia.

    En fin, que además de ser activos en interpretar lso derechos, debemos ser activos y activas en velar por la forma en que se contruyen y enmarcan las controversias o problemas con que nos enfrentamos, algunos de los cuales ni siquiera son problemas de interpretación constitucional.

    Seguimos. Salud!

  • luis jose

    Gracias, Hiram, por invitarnos a reflexionar sobre este tema tan importante. Coincido con lo planteado por Érika en su comentario, particularmente lo relativo a otros abordajes y maneras de enmarcar los asuntos que describes (principalmente los de Wys y el anuncio del PNP). Me limitaré, entonces, a comentar sobre el tema de cómo vemos (o qué queremos que haga) el derecho a la libertad de expresión.

    En términos algo abstractos, coincido con la mayoría de los planteos que haces en el escrito. Llevamos, de distintas maneras, contextos y en diversos espacios, luchando contra aquella visión que sujeta el debate sobre cómo (re)leer, (re)escribir y (re)interpretar la Constitución (la escrita y la no escrita) a lo que digan los tribunales. Reñimos, además, con aquella visión que, aunque no condiciona el debate de tal manera, prioriza el discurso jurídico/judicial sobre cualquier otro.

    Me parece que haces también un argumento importante también sobre el valor expresivo que tiene (o puede tener) la expresión invididual, “aunque no tenga ni pretenda tener el alcance de la
    protesta pública política”. Igual coincido (aunque quizás aquí pueda empezar a hacer algunas precisiones), con un planteamiento general a favor de proteger expresiones que tú clasificas como extremas, aunque tengo problemas con el calificativo, pues “lo extremo” en la actividad expresiva está condicionado por, entre otras cosas, consideraciones sobre el control del debate público, a la Chomsky.

    Eso me lleva, entonces, al asunto de origen. ¿Qué representa (o más bien, debería representar) en nuestra sociedad el derecho a la libertad de expresión. Para mí (y con el caveat de que mis posturas, como la Constitución, no están congeladas en el tiempo), quizás refleja un compromiso con una visión participativa de la democracia. Quizás me equivoque, pero no te leo como alguien que reñiría demasiado con esa expresión.

    Tal compromiso, sin embargo, debe ser sensible a las desigualdades sociales, políticas y económicas, particularmente a aquellas que inciden sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Dicho de otra forma, si el derecho a la libertad de expresión está verdaderamente comprometido con una visión participativa de la democracia, debe ser interpretada de manera que fomente su ejercicio por sectores que se ven particularmente invisibilizados en el espacio público. También debe, por supuesto, luchar contra la desigualdad en el acceso a la información, pero sobre eso no hago énfasis aquí.

    Partiendo de esas premisas, y regresando entonces al planteo de la defensa de la actividad expresiva ‘extrema’, me parece que, en ocasiones, esa defensa puede tener un efecto contrario al de fomentar la actividad expresiva por sectores particularmente invisibilizados. Ciertas expresiones de odio contra grupos y/o poblaciones, por ejemplo, podrían tener el efecto de disuadir a algunos/as de sus integrantes a participar en debates públicos sobre asuntos de su interés e, incluso, a hacer el tipo de expresión individual que no pretende tener el alcance de la protesta pública que mencionas.

    No sé si los casos de Wys y el anuncio del PNP sean ejemplos de este problema, pero lo he visto en otros contextos. Por ejemplo, trabajando en residenciales públicos me he topado en alguna ocasión con personas que me dicen que prefieren no hacer alguna expresión pública sobre determinado asunto porque el País los percibe como criminales y/o mantenidos/as. Dicha ‘percepción’ por supuesto, ha sido generada por mucha actividad expresiva que ha recibido (directa o indirectamente) la protección del derecho a la libertad de expresión.

    Por supuesto, también en los sectores invisibilizados hay quienes no se amilanan y hacen ejercicio de su derecho. Sin embargo, me parece que, en la medida en la que determinado acto expresivo pueda tener un efecto disuasivo sobre una parte de estos sectores invisibilizados, la misma tiene el efecto de recrudecer, y no reducir, la desigualdad en estos contextos. Ello, a su vez, nos alejaría de una lectural del derecho a la libertad de expresión como principio que fomenta una visión participativa de la democracia.

    No escribo lo anterior porque promueva cierta noción de censura contra la actividad expresiva extrema, ‘ofensiva’ o ‘de odio’ (también tendría problemas con las categorías ‘ofensiva’ o ‘de odio’, pero bueno). Después de todo, el control de la actividad expresiva raras veces termina bien, y toda esta discusión no contempla instancias en las que la persona que realiza actividad expresiva pertenece, a su vez, a sectores particularmente invisibilizados. Sin embargo, traigo el asunto porque me parece que va más allá de, y no necesariamente se atiende con “crear una cultura que promueva políticas públicas protectoras de aquellos intereses agraviados por la expresión ofensiva y para manifestar nuestro repudio por aquellas expresiones lesivas a la dignidad humana (aun cuando el régimen vigente no permita cancelar la expresión dañina)”.

    Te dejo, finalmente, con otra discusión que no sé si conoces, que, aunque hecha en un contexto muy distinto a éste, toca mucho de los temas que discutes en tu columna. Se trata de la reflexión de Bernat Tort a su salida del blog “La Acera” (y la reacción del blog a ello). Aquí el enlace al escrito de Tort (http://www.dialogodigital.com/index.php/Dialogo/Noticias/Debate-Mediatico/En-busca-de-enemigos-elegantes-sobre-censura-y-libertad-de-expresion-en-La-Acera.html) y una contestación de “La Acera” (http://laacera.com/posts/rafvs/2010/05/en-busca-de-intelectuales-cafres))

    Nuevamente, gracias por el escrito, Hiram. Un abrazo.

  • Gracias a ambos, LJ y EFT, por sus comentarios. Reacciono con dos planteamientos.

    Primero, Luis José, soy consciente del problema que representa expresión que pueda atentar contra las posibilidades mismas de participación democrática; como puede ser la expresión racista. Resulta paradójico defender plantear una autonomía para participar en el discurso público cuando se trate de expresión que pueda socavar ese discurso público. No obstante, en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder por el Estado, creo que éste se debe mantener neutral aun ante expresión que tenga el potencial de cuestionar los supuestos mismos que hace posible la autodeterminación colectiva. Sencillamente, es un poder que no quiero reconocerle porque la experiencia me dice que lo va a abusar.

    Hay muchas formas de ser “sensible a las desigualdades sociales, políticas y económicas, particularmente a aquellas que inciden sobre el ejercicio de la libertad de expresión”, sin impedir por vía del Estado la libertad de expresión racista, xenófoba etc. Que Estado debe potenciar las capacidades de individuos y grupos, intelectual, emocional y materialmente, es para mí indudable.

    Lo cual me lleva, en segundo término, al planteamiento de Érika, que LJ comparte. Entre esas formas de contrarrestar esta expresión extrema (además de lo que pueda hacer el Estado para promover condiciones de igualdad) está precisamente el ejercicio del derecho a expresarse en el discurso público. Obviamente el análisis jurídico no es el alfa y omega: pero sí provee algunas condiciones para que se dé la conversación pública. Crucialmente, para que se dé la conversación pública sobre los términos mismos de la conversación pública. Y esa discusión tiene consecuencias: estas consecuencias las observamos en el resultado del referéndum, por ejemplo. Todo el debate sobre el uso de las imágenes de los acusados desató precisamente la conversación que Érika señala, y más. Y, aunque obviamente no podemos reducir el resultado del referéndum a esta controversia, sí podemos decir que fue un elemento adicional que ayudó a construir un entorno de discusión pública en que se demarcaban las estrategias de argumentación sustantiva sobre las propuestas en cuanto a la fianza. Miedo y demagogia por un lado (ejemplificada por esas fotos) y argumentos políticos, estadísticos etc, por otro lado. Entonces, irónicamente, las imágenes ayudaron a crear un mapa de argumentación y coordenadas de debate que fueron cruciales para el resultado (perdona la metáfora cartográfica, pero estoy en espera de tormenta ahora mismo).

  • Prueba comentario Disqus.