Constitucional

Entre discursos de odio

Son muchas las instancias históricas en las que el odio ocupa el rol principal en eventos de violencia, destrucción y marginación. La referencia obvia nos lleva al racismo y sus manifestaciones atroces en la Europa fascista o en los Estados Unidos del siglo pasado. Otras manifestaciones importantes se centran en el odio nacional o étnico, de lo que tenemos referentes recientes como Ruanda o el odio del gobierno de Israel contra el pueblo palestino. La homofobia y el machismo son manifestaciones de odio por razón de género que también encuentra espacios más recientes en la discusión sobre este tema.

La manera en que se ha manejado este asunto, al igual que otros similares, es a través del castigo a la acción y no a la idea. Los gobiernos condenan los actos delictivos a partir de definiciones legales de la acción criminal. Son los estados los que definen y por lo tanto, crean el crimen y éstas definiciones solo enfocan la acción y no la causa. Por supuesto, la base teórica de lo anterior es que en los estados liberales, la idea o el pensamiento goza de una protección jurídica importante. Así, muchas personas entienden que la base de la vida en democracia es el respeto a la idea. De lo que podemos colegir que la idea que no se convierte en acción delictiva debería siempre estar protegida. Lo que constituye acción en este contexto puede o no incluir a la expresión de la idea. En términos generales y en teoría, la idea y la expresión de la misma son indistinguibles por lo que la expresión goza de la mayor de las protecciones dentro de nuestro esquema constitucional.

No obstante, como todo derecho individual, el derecho a la libre expresión no es absoluto. Unos pocos tipos de expresión no gozan de protección constitucional, entre estos se encuentran la obscenidad, la pornografía infantil, la expresión que genera un daño claro y presente, la difamación y las palabras con riña. La razón para excluir estos tipos de expresión de la protección constitucional, es que no aportan nada valioso al mercado de ideas y causan daño a individuos o la sociedad en general.

Las expresiones de odio, por el contrario, se han mantenido protegidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. A menos que esa expresión se convierta en acción delictiva, los tribunales norteamericanos han interpretado que se trata de una expresión que merece protección constitucional. Los Estados Unidos, y Puerto Rico se alejan de la mayoría de los países del mundo y del Derecho Internacional en la protección de la expresión de odio. Por ejemplo, la    Convención Americana de Derechos Humanos, declara que las expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13 y exige que los Estados Partes  proscriban esta forma de expresión.  En el párrafo 5 del artículo 13 se establece: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” Cabe señalar, que los Estados Unidos no ha firmado esta Convención.

La expresión de odio genera daños aunque no se convierta en acción delictiva. Los daños sociales y emocionales que ocasiona la expresión racista, sexista, xenofóbica u homofóbica atacan y lesionan directamente la dignidad del ser humano, valor que también goza de alta estima y protección por nuestra Constitución. Los daños se exacerban cuando esta expresión de odio proviene de interlocutores poderosos que intervienen en la opinión pública o incluso la generan. ¿Dónde queda la dignidad humana cuando la expresión de odio proviene del estado? ¿Cómo podemos hablar de “tus valores cuentan” cuando vivimos entre discursos de odio?

En tiempos recientes hemos sido bombardeadas y bombardeados por discursos de odio que provienen precisamente de las esferas asignadas con el deber social de protección. Algunas instancias merecen particular mención. No podemos olvidar al Sr. Jaime González, entonces  director del proyecto Rivera del Caribe, quien dirigiéndose a una comunidad pobre dice que si no tienen ni 5 centavos para comprarse un “limber” al menos podrán entretenerse mirando a los más privilegiados comiendo en restaurantes caros, porque “such is life”. O al entonces secretario de la gobernación, el Sr. Rodríguez Emma quien en el contexto de la huelga universitaria del 2010, dice que sacaría a patadas a los líderes estudiantiles y a los profesores de la UPR. O a las asesoras legislativas y la legisladora Weis, Zaida Hernández y Lorna Soto, quienes se refieren a políticos negros como simios o monos.

Pero quizás, el discurso de odio más violento y repugnante provino la semana pasada de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Luego de la determinación del jurado puertorriqueño en el caso federal contra Edison Burgos en contra de la aplicación de la pena de muerte en Puerto Rico, la fiscal no podía contener su odio. Su decepción al no poder condenar a alguien a morir fue tal que provocó que expresara: “Creo que estamos listos, pronto, para el caso adecuado y ustedes saben que están ahí … Ya dije que en este caso era el caso en que se le iba a imponer cadena perpetua con ninguna posibilidad de salir con vida. Sale en un ataúd” (El Nuevo Día, 27 de septiembre de 2012).

El estado y sus oficiales no pueden estar libres para violentar la dignidad humana. La libertad de expresión, como todos los derechos constitucionales, protegen al pueblo contra el gobierno y no al revés. Por lo que la expresión de odio proveniente del gobierno no está protegida por la constitución.  Tampoco podemos proteger el odio del estado de otras formas, el silencio de los pueblos lo protege y lo hace impune. La denuncia y la oposición lo condena y lo resiste.

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