Constitucional - Derechos Humanos

La legalidad no es suficiente: ni para el matrimonio gay ni para el derecho al aborto

El Senado de Uruguay discute actualmente una propuesta legislativa adoptada por la Cámara de Representantes de dicho país para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sigue el paso a Sao Paolo, estado brasileño que cuenta con más de 40 millones de habitantes y que legalizó los matrimonios del mismo sexo en el 2012, a Argentina que en 2010 legalizó los matrimonios entre parejas del mismo sexo en toda la nación y a México, Distrito Federal que estableció dicho derecho en el 2009, entre otros lugares.

Es interesante comparar las peripecias que han de realizar los y las activistas que luchan por la despenalización del aborto con las que realiza el movimiento en torno al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Razones de índole política, religiosa, filosófica y de género informan los derroteros a veces diversos y otras muy parecidos que atraviesan estas dos manifestaciones de la lucha por los derechos humanos para todos y todas.

En octubre del 2012 Uruguay promulgó una ley para la despenalización del aborto. Hasta entonces regía en Uruguay la prohibición del aborto con  pena de prisión para la mujer y para las personas que le asistieran en la terminación de un embarazo.  Se reconocían como causales de mitigación de la pena la condición económica, la protección de la salud de la mujer y si el embarazo había sido producto de una violación.

Hace una década, en respuesta a los reclamos de las mujeres uruguayas “a ser madres cuando queramos, cuantas veces queramos y con quien queramos”, inició el proceso en el Parlamento uruguayo hacia la despenalización del aborto. Entre el 2002 y el 2012 se discutieron varios proyectos de ley con dicho propósito. Algunos fueron derrotados en el Parlamento y otros recibieron el veto presidencial.

Durante todo este proceso ha sido evidente el movimiento de las mujeres en apoyo a la despenalización del aborto. Fotos impresionantes han circulado en los medios noticiosos internacionales mostrando la contundencia de sus reclamos. Performances al desnudo, demostraciones frente al Parlamento, actividades de formación para la comunidad, publicación de estudios en torno al impacto de la prohibición  del aborto sobre la vida de las mujeres y muchas otras acciones de incidencia política mantuvieron vivo el reclamo y el interés público en el tema.

La ley de despenalización, recien aprobada, reconoce el derecho al aborto durante las primeras doce (12) semanas del embarazo. Sin embargo, requiere que la mujer acuda a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud a los efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias generadas por las condiciones en que ha sobrevenido la concepción. Debe exponer aspectos tales como circunstancias de penuria económica, sociales o familiares que le impiden continuar con el embarazo. Luego de la consulta con el médico, éste ha de ordenar una consulta con un equipo interdisciplinario compuesto de por lo menos tres profesionales, del área médica, psiquiátrica y social con el propósito de que informen a la mujer sobre las características del procedimiento de terminación del embarazo, los riesgos inherentes a la práctica, los programas de apoyo social y económico disponibles y la alternativa de la adopción.

Tras esta segunda consulta, que no tiene otro objeto que constituirse en un disuasivo a la determinación de realizarse el aborto, la mujer tendrá que esperar un mínimo de cinco (5) días antes de poder recibir el servicio de terminación de embarazo. Tanto el médico como el equipo interdisciplinario están obligados a dejar constancia del historial médico de la mujer independientemente de si se realiza el aborto o no.

La ley provee para el aborto en circunstancias especiales, por ejemplo, si el embarazo implica grave riesgo para la salud de la mujer,  en cuyo caso habrán de hacerse esfuerzos para salvar “la vida del embrión o del feto”. Así también, en caso de malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo fuere producto de una violación acreditada mediante denuncia judicial; siempre que se realice dentro de las primeras catorce (14) semanas del embarazo.

Obviamente, esta legislación, aunque reconoce el derecho a practicarse un aborto durante las primeras doce semanas del embarazo, se ubica dentro de la tendencia limitativa del derecho al aborto, pues impone demasiados requisitos para lograr acceso al servicio médico requerido.

Desde el movimiento de mujeres en Uruguay se ha criticado por diversas razones. Se señala que realmente no despenaliza el aborto pues no deroga el articulado del Código Penal sobre el tema. Más que reconocer el derecho de la mujer a ejercer su opción de terminar un embarazo, lo que hace es establecer un sistema de tutelaje profesional e institucional que puede tener el efecto de retrasar indebidamente la obtención del servicio médico. De otra parte, cuestionan el hecho de que la ley deja sin protección a las mujeres que no cuentan con estatus legal en el país y a las que reciben servicios médicos fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Con todo, aunque la ley uruguaya promulgada en octubre de 2012, ni es la panacea ni resuelve todos los reclamos de las mujeres, constituye un logro importante para las mujeres y para el movimiento por la despenalización del aborto en Uruguay, que es uno de los más activos de la América Latina. Tan es así que a un mes de su aprobación los dirigentes eclesiásticos y los del partido opositor han anunciado que iniciarían una campaña de recolección de firmas con la finalidad de convocar a un referéndum que derogue la ley que despenaliza el aborto.

Nada, que la legalidad no es suficiente. Esperemos no siga el mismo derrotero la propuesta ante el poder legislativo uruguayo con el fin de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

PrintFriendlyFacebookTwitterStumbleUponMySpaceBlogger PostLinkedInDeliciousShare/Bookmark