Constitucional - TSPR

Nombramiento condicionado: Propuesta para una judicatura en crisis

Se publica hoy en 80grados mi columna Nombramiento Condicionado en la que propongo un sistema de nombramiento de jueces según el cual un aspirante al cargo solamente podrá ser nombrado formalmente si, luego de su confirmación por el Senado, el candidato o candidata aprueba un programa de estudios mínimo diseñado para capacitarle en la función judicial. Si no aprueba dicho currículo, no podrá ser juez. Es decir, el Gobernador no podrá nombrarle y extenderle sus credenciales. El objetivo del ensayo es generar discusión sobre los criterios de competencia en la selección de jueces que tanto incide sobre la legitimidad del sistema judicial, mientras propongo una alternativa que preserve amplia flexibilidad a las ramas políticas (y al proceso político) para seleccionar candidatos a jueces. ¡Oprime el enlace, lee y comenta!

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  • Gracias, Hiram, por invitarnos a reflexionar en torno a estos asuntos. Te comparto por aquí algunas impresiones generales:

    1. Lo del ‘intersticio’ de la expedición del nombramiento me parece interesante, y no lo había considerado anteriormente, pero ¿no crees que sería más fácil (política y jurídicamente) atar la ‘escuela judicial’ al proceso de confirmación en el Senado? Es decir, en vez de que la escuela comience luego de que la persona sea nominada y confirmada, ésta estaría integrada el proceso de evaluación y deliberación por el
    Senado. Esto lo descartas argumentando que no crees que el proceso deba hacerse en esa etapa porque serviría de disuasivo para candidatos/as a la judicatura, dado que la sombra de la confirmación estaría todavía sobre ellos/as. Sin embargo, no veo gran diferencia entre esto y la escuela post-confirmación. En la medida en la que la aprobación de la escuela sería un requisito sine qua non para que expidan el nombramiento, pienso que tendrá más o menos el mismo efecto disuasivo si se hace antes o después de la confirmación. O sea, según leo tu propuesta, entiendo que aumentará considerablemente la incertidumbre de los/as nominados en torno a su eventual nombramiento, dado que tendrían que cumplir con el requisito adicional de aprobar la escuela. Eso me parece bien, pero no creo que la incertidumbre provocada por la escuela aumente considerablemente si se da como parte del proceso de confirmación en el Senado.

    Esto, por supuesto, tiene muchos problemas (el potencial control partidista de la escuela; la interrogante sobre qué harán los nominados/as mientras están en la escuela, dado que no pueden cobrar aún porque no han sido confirmados, pero no tendrían tiempo para trabajar; etc.). Creo que algunas de estas preocupaciones se pueden atender, por ejemplo, legislando para sacar la escuela del control absoluto de los/as senadores/as. No sé si sería mejor que lo que propones, pero pienso que probablemente sea más fácil de defender este mecanismo ante posibles planteamientos de inconstitucionalidad que el de montar la escuela luego que las personas sean confirmadas. Como mínimo, eso evitaría tener que enfrentar el rollo de los ‘derechos adquiridos’, según la opinión de las escoltas.

    2. No dedicas mucha atención a la única propuesta nominalmente relacionada al tema que se ha escuchado por ahí: limitar el poder de nombramiento del Gobernador con una comisión que le recomiende candidatos/as (creándolo de la manera que sea… voluntariamente por el Gobernador por Orden Ejecutiva, mediante propuesta de enmienda constitucional, etc.). He conversado sobre esto contigo anteriormente y me parece que tienes algunas reservas con este tipo de propuestas, pero quizás debas aprovechar aquí para tomar nota de la propuesta y explicar porqué esa ruta no te sienta bien. Lo otro es que si sigues trabajando con este tema con miras a desarrollar una propuesta más definida, quizás debas examinar otras alternativas dirigidas a atender el asunto de la calidad/capacidad de los nombramientos (limitar el poder de nombramientos del Gobernador dentro de lo que la Constitución permite; ampliar los requisitos de elegibilidad para ser juez/a; crear nuevos espacios de participación y deliberación, o expandir los actuales, en los procesos de evaluación de candidatos/as; establecer controles de calidad como los que propones; etc. Quizás tu preferencia sea tratar de elaborar una propuesta más puntual que atienda alguno de estos asuntos, pero pienso que, antes de hacerla, debería examinarse el proceso de nombramiento en su totalidad, e identificar qué más puede hacerse en cada etapa.

    3. Me parece que excluir a los/as jueces/zas del TSPR abre las puertas para que te planteen que, de ser implementada, ello significaría que el nombramiento a los jueces de tribunales inferiores es más difícil que el nombramiento de jueces al TS. Alguien podría decir, por ejemplo, que eso se presta para que jueces que jamás pasarían la escuela puedan llegar al TS y revisar decisiones de jueces que fueron nombrados conforme a ese sistema. Eso parece más típico del sistema de cortes constitucionales en el modelo kelseniano tradicional, en donde los jueces que suben por la carrera judicial pueden llegar a todos los niveles de la rama, salvo en el constitucional, cuyos nombramientos son hechos mediante procesos similares al nuestro. Sin embargo, en nuestro sistema, en el que todos los nombramientos salen del
    ejecutivo, establecer la distinción me parece un poco más difícil. Podrías aludir a la naturaleza fundamentalmente distinta del TS y los foros inferiores para justificar la distinción, pero eso no me persuade mucho, porque, si algo, sólo me llevaría a insistir en que el proceso para nombrar jueces a ese tribunal debe ser más riguroso que el proceso para nombrar jueces a tribunales inferiores.

    Probablemente estés siendo pragmático al proponer excluirlos/as, dado que quizás serían más los reparos con su inclusión. Sin embargo, me parece que una propuesta en esta dirección debe ser extensiva a todos los nombramientos judiciales, incluyendo (sobretodo) a aquellos cuyas decisiones pueden tener valor de precedente.

    4. Por último, y algo relacionado con el #2, me preocupa que, al proponer introducir este nuevo elemento al proceso, no estés sopesando el impacto que podría tener sobre las etapas de nombramiento y confirmación de jueces/zas, así como de la capacitación posterior en la Rama Judicial. Me parece que el colega y amigo Pedro Cabán Vales te había hecho un comentario en esta dirección en otro espacio. Mi preocupación parte, además, de que el proceso de nombramiento y confirmación empleado en Puerto Rico no ha sido particularmente trasnparente y acucioso en tiempos recientes, y ello, me parece, viene ocurriendo desde mucho antes del pasado cuatrienio. De hecho, tu mismo has escrito sobre esto, cuando trazaste aquella comparación entre el proceso de confirmación de nominados/as al Supremo federal con las confirmaciones recientes de jueces/zas al nuestro. ¿Contribuirá la ‘escuela’ a devaluar aún más la importancia del ‘consejo y consentimiento’ del Senado? Eso sería preocupante, dado que ése es, quizás, el único espacio en el que la ciudadanía puede participar en la deliberación en torno a cierto/a candidato/a. Es por eso que una propuesta como ésta debe venir acompañada de otras medidas dirigidas a fortalecer y democratizar las otras etapas del proceso de nombramiento de jueces/zas en Puerto Rico.