Constitucional - TSPR

El momento político

Ayer, el Tribunal Supremo emitió su Opinión en el caso que tanto se comenta. Oportunamente tendremos mucho que opinar sobre sus méritos sustantivos, falacias lógicas, el rol de la religión, la visión de mundo imperante, las teorías de adjudicación desplegadas, la hipocresía de la deferencia selectiva al proceso político, lo irrelevante que se va tornando el Tribunal Supremo para la sociedad puertorriqueña y, sencillamente, la entronización del discrimen en el Tribunal Supremo.  Aquí sólo comento un detalle político importante.

* Al final de esta entrada reproduzco un Resumen de la Opinión que anda circulando por la internet (con citas) que me pareció bastante útil para facilitar la discusión. Las Opiniones, además, se encuentran consolidadas en un documento que se aneja luego de este resumen.

Sobre la Opinión del TSPR ahora sólo quiero apuntar algo sobre el momento, o el “timing”. En los próximos meses el Tribunal Supremo de Estados Unidos atenderá el caso sobre  matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso (nadie cuestionará) puede impactar el escenario constitucional, por lo que el asunto de la adopción podría tener que se relitigado. De entrada pensaría que se pudo haber esperado a que se aclarara ese issue constitucional para ver cómo queda parado el tema de la adopción luego que se exprese el Tribunal Federal.

No obstante, la Opinión se emite sólo a dos de días de la marcha del lunes organizada por grupos religiosos (a favor del discrimen),  y con el tema del discrimen por orientación sexual recientemente sobre el tapete legislativo (con los proyectos  sobre la Ley 54 y el discrimen por orientación sexual). Esta fue, en fin, una semana de intensa actividad política sobre este asunto. La opinión echa leña al fuego político elevando el valor de lo que está en juego. Ese  contexto causa suspicacia, particularmente de parte de un Tribunal altamente politizado. La pregunta es, ¿por qué se emite ayer? Justo esta semana en que es el tema político candente. Un caso que llevaba años sometido. Casualidad…

Políticamente, una cosa es discutir medidas sobre discrimen y ley 54 por sí mismas; otra cosa es discutir todo el tema de beneficios sociales como adopción, matrimonio, seguros médicos, etc. Añadir lo segundo a lo primero tiene un impacto en la discusión pública y pone en una posición difícil a los políticos que (algunos a duras penas) favorecen las propuestas leyes. Ahora (con muchísima razón) estaremos exigiendo una enmienda a la ley de adopción como resultado de la opinión y estos políticos tendrán que posicionarse sobre eso, lo cual les resultará difícil. Ya el Gobernador le sacó el cuerpo al tema, según se reportó en el periódico, al enfatizar que el tema de la adopción “no está planteado en este momento”. La opinión puede tener el resultado de activar más a los grupos progresistas y crear más presión y consenso (ojalá), pero también puede ser una píldora venenosa en el debate que debilite rodillas. En fin, que además de los temas constitucionales, habrá que pensar en las consecuencias políticas de la selección del momento.

En este sentido, el momento político nos convoca a presionar para que se corrija esta decisión bárbara que retrata los últimos aleteos de un particular régimen muy opresivo hacia la dignidad humana. Pero hoy debemos notar que el momento en que se baja una decisión como esta es seleccionado, no es casualidad y tiene un (potencial) impacto político previsible. En este sentido no puedo sino tener suspicacia sobre cómo el Tribunal decide el momento y ocasión de sus actos, con un ojo a la política y (tal vez) con esperanza (o efecto esperado) de afectar el debate político. Si es así, entonces quedan mal parados todos los llamados de esta Mayoría hacia la deferencia con las ramas políticas y las rasgaduras de sus vestiduras en defensa de la deferencia al proceso político.

Resumen y Citas: A.A.R., Ex parte, CC-2008-1010.
El Tribunal Supremo resolvió cinco a cuatro que una mujer no puede adoptar a la hija biológica de su pareja, también mujer, sin que esta última pierda su vínculo jurídico con la menor. La niña nació luego de que la pareja se sometiera a un proceso de inseminación artificial.

La Opinión mayoritaria, emitida por la Jueza Pabón Charneco, resolvió que el Art. 138 del Código Civil impide la adopción solicitada y que esta prohibición es válida. Esto, pues entendió que el discrimen por orientación sexual no está prohibido en la Constitución. Además, avaló el criterio de la Legislatura de que la familia tradicional compuesta por padre, madre e hijos es la que protege el mejor bienestar de los menores.

Los Jueces Martínez Torres, Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón estuvieron conformes con este resultado. Los primeros tres emitieron Opiniones de conformidad en las que plantearon, entre otras cosas, que los Padres Constituyentes no pensaron en prohibir el discrimen por orientación sexual, que permitir la adopción por parejas del mismo sexo no redunda en el mejor bienestar del menor y que la figura paternal es esencial para la dignidad de los menores.

Por su parte, el Juez Presidente Hernández Denton disintió de lo resuelto en la Opinión mayoritaria tras concluir que la prohibición a la adopción solicitada es inconstitucional. Interpretó que la protección contra el discrimen por razón de sexo garantizada en la Carta de Derechos prohíbe discriminar por orientación sexual. Además, enfatizó que se probó ante el foro primario que la adopción beneficiaría a la menor.

Mientras, las Juezas Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez, así como el Juez Estrella Martínez, también emitieron Opiniones disidentes en las que sostuvieron que el Artículo cuestionado no prohibía la adopción solicitada, por lo que hubieran acogido la figura estadounidense del “second parent adoption”. En cuanto a la controversia constitucional, las Juezas interpretaron que discriminar por orientación sexual está prohibido constitucionalmente, aunque hicieron análisis distintos.

Citas
Opinión mayoritaria – Jueza Pabón Charneco
  • “El Art. 138, supra, no contiene una clasificación basada en nociones arcaicas o estereotipadas de uno de los sexos, con el efecto que se le nieguen a uno beneficios o se les trate de manera distinta entre sí. Eso sería el discrimen por razón de sexo que prohíbe nuestra Constitución. El Art. 138, supra, garantiza a ambos –hombres y mujeres- los mismos derechos de adopción en casos en que se pretendan mantener vínculos jurídicos entre el adoptando y su familia biológica. En otras palabras, la prohibición que contiene el Art. 138, supra, se extiende por igual a hombres y mujeres”.
  • “No es un ejercicio intelectual honesto el pretender que la cláusula que prohíbe el discrimen por sexo, con todo su historial claro y su propósito de erradicar las nociones arcaicas del rol de la mujer en nuestra sociedad, sea el vehículo que cargue por osmosis con el discrimen por orientación sexual. La historia sencillamente nos demuestra que el propósito de esa cláusula es otro”.
  • “el hecho de que la Rama Judicial tenga la última palabra en cuanto a la interpretación constitucional no se traduce a que las otras ramas no puedan interpretar la Constitución al ejercer sus funciones. Por eso, bajo la doctrina de separación de poderes, le compete a las ramas políticas proponer cambios al texto constitucional para atemperar el documento al paso del tiempo. P.I.P. v. E.L.A. y otros, supra. Después de todo, son esas ramas las más cercanas al Pueblo y las que en mejor posición están para determinar si la Constitución requiere cambios. No es que nuestra carta magna sea “prisionera del tiempo” como alegan los disensos, sino que la llave para dar paso a un cambio en el significado de su texto no está en posesión de los jueces del Tribunal Supremo”.
  • “Siendo ello así, es impresionante que desde este Foro varios de sus miembros abiertamente esbocen una teoría de interpretación que permita a los jueces determinar que el significado de la Constitución ha sufrido una metamorfosis a través del tiempo. ¿Qué legitimidad tienen los nueve (9) abogados que tienen el privilegio de ostentar las togas de este honroso Foro para anunciarle al Pueblo de Puerto Rico que el significado de su lex superior se ha alterado? Una cosa es decir que tenemos el poder para interpretar el documento constitucional, pero algo completamente distinto es conjurar un alegado poder para cambiar el significado de su texto. Ello es ajeno al concepto de revisión judicial en nuestro sistema político. Ese poder que reclama ostentar la disidencia es peligroso y rehusamos avalarlo. Somos jueces, no filósofos-reyes socráticos”.
  • “Al comparecer a un tribunal para comenzar un procedimiento de adopción fue la propia peticionaria la que abrió las puertas de su hogar al foco público. Por definición, el reclamo de que se haga un reconocimiento público de una filiación no es un reclamo privado”.
Opinión de conformidad – Juez Martínez Torres
  • “debe quedar bien claro que lo que se está denegando es una solicitud de adopción en uno de los vínculos. La madre de la menor seguirá siéndolo. La menor seguirá viviendo en el mismo hogar, en compañía de las peticionarias, y seguirá reviviendo el cuidado y cariño que sin duda ha recibido hasta ahora.”
  • “Así, el Tribunal ha demostrado un respeto profundo a la democracia y ha dejado en manos del Pueblo de Puerto Rico arribar a un consenso social y político en temas tan delicados como la adopción por parejas de un mismo sexo”.
  • “Comprendo la impaciencia de muchas personas para que se reconozca la facultad de adoptar en circunstancias como la de este caso. Se trata de cuestiones profundamente emocionales que desatan pasiones enormes. Sin embargo, eso no crea una violación de la Constitución ni nos faculta a intervenir para escoger una solución de acuerdo a nuestras preferencias morales”. 
  • “En lo personal, simpatizo con la posición de las peticionarias. No tengo la menor duda de que sería mejor permitir la adopción por una pareja hábil del mismo sexo, ansiosa por brindar amor y un hogar a un menor, que condenarle a pasar su niñez en un orfelinato, o de hogar de crianza en hogar de crianza. Respeto la posición moral de los que piensan distinto a mí. Sin embargo, mi compromiso con el mejor bienestar de los menores me lleva a aceptar a las personas homosexuales o lesbianas como adoptantes en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales. No obstante, la Constitución no me autoriza a imponer mi preferencia moral a toda la sociedad”.
Opinión de conformidad – Juez Rivera García
  • “Hoy nos encontramos ante una encrucijada que obliga a cuestionarnos si realmente la visión de que más derechos a toda costa equivale a más justicia, es una verdad o una arraigada falacia que, de continuar alimentándose fuera de su justo contexto, puede afectar seriamente el propósito de nuestro sistema de justicia”. 
  • “En el caso de la adopción, el Estado, según esbozamos, establece como requisitos de esta Institución que se imite la realidad de la filiación biológica cuando se quiere adoptar un menor que ya goza de una filiación. Es decir, en estos casos, cuando se va a insertar otra figura materna o paterna de manera legal, esta debe ser del sexo opuesto, con el fin primario y justificado de que el menor tenga madre y padre”.
  • “El sentido común nos dicta que el término “sexo” y “orientación sexual” no son equivalentes; mientras el primero es un dato evidente y verificable, el segundo es un dato no evidente y de difícil verificación, ya que el Estado no puede conocer que lo alegado en cuanto a las preferencias sexuales individuales es cierto, por ser una decisión subjetiva de la persona. En consecuencia, la diferenciación por sexo establecida en los requisitos de adopción, es constatable pero además, necesaria, ya que busca imitar la filiación natural como antes establecimos”.
  • “Por eso, la lucha contra la discriminación de orientación sexual no se puede colocar directamente en la línea de la lucha a favor de la no discriminación por razón de raza o contra la mujer, pues en estos últimos casos estamos frente a datos objetivos independientes de la elección del sujeto. En el caso de la orientación sexual, hay siempre una posibilidad de interpretación y de decisiones autónomas: no se tiene una orientación sexual como necesariamente se pertenece a una raza o se tiene un determinado sexo”.
  • “En relación con la discusión que nos ocupa, el mejor bienestar del menor no debe ser visualizado exclusivamente según el crisol de una relación de amor. El amor es importante para el desarrollo de las relaciones humanas pero siendo muchas veces confundido con un estado de ánimo subjetivo, no debe ser el único factor imperante de las relaciones de familia.” 
  • “Entre los muchos argumentos que consideran la adopción por parejas del mismo sexo contraria al bienestar del menor, resulta de particular interés la afirmación de que este necesita una historia creíble de su nacimiento […] una pareja del mismo sexo nunca proveerá una historia de generación creíble”.
  • “Que hoy se quiera negar el dato biológico para trastocar la realidad y reclamar derechos sobre otra persona no me nubla el juicio. El hecho de que en nuestra época los conceptos de maternidad y paternidad se hayan vaciado de significado no implica que podamos omitir la necesidad de esas figuras para un niño. Tal vez, este mismo olvido, entre otros, es el detonante del estado de deterioro social que vivimos.”
  • “Empero, cuando deliberadamente se intercambian las figuras paternas y maternas por la vindicación de un deseo personal –que puede ser loable- se afecta al menor y se trastoca su integridad”.
  • “Precisamente, teniendo presente esa sensibilidad para con los niños y niñas, la tradición jurídica ha introducido criterios “discriminantes” fijando los requisitos para poder adoptar. Como hemos expuesto, en nuestra jurisdicción históricamente se ha conceptualizado la adopción para que el menor tenga ambas figuras, madre y padre, siguiendo la filiación natural”.
  • “¿Por qué entonces es mejor tener dos mamás que una? ¿Por un simple hecho numérico? […] es que lo natural es ser hijo de una pareja conformada por dos: mujer y hombre. […] quitando la referencia natural, quedaría como único criterio la cuestión numérica llegando al ilógico pensar que si dos mamás son mejor que una, entonces también tres mamás serían mejor que dos, y cuatro mejor que tres”.
  • “Por mi parte, en este momento histórico de nuestra cultura, afirmo que las figuras de padre y madre no son intercambiables y sí importan. En consecuencia, creo firmemente que, en virtud de su dignidad humana, todos los niños tienen el derecho a crecer y formarse en el seno de una relación de padre y madre, claro está, reconociendo que en la vida cotidiana surgen circunstancias que inevitablemente conllevan la ausencia de tales figuras e incluso se pueda dar la adopción por una sola persona”.
Opinión de conformidad – Juez Kolthoff Caraballo 
  • “los jueces de esta Curia no estamos llamados ni a defender causas justas ni a combatir injusticias, sino a -en el análisis responsable y ponderado del derecho- perseguir la justicia”. 
  • “En nuestra jurisdicción, y por las razones que sean –culturales, religiosas, por el simple sentido natural de las cosas o todas las anteriores—si dos féminas se proponen como objetivo común el ser madres, para que puedan registrar oficialmente tal maternidad, cada una deberá tener su propia criatura”.
  • “Mientras el discrimen por razón de sexo obra meramente en virtud de lo que soy biológicamente – varón o hembra- el discrimen motivado por la preferencia u orientación sexual opera en razón de lo que pienso y acciono. Uno se manifiesta en razón de lo físico, de lo evidente, de lo inmutable y en total pasividad, mientras el otro surge como oposición a aquello que es abstracto, pero que se evidencia en la acción.”
  • “La Constitución tampoco incluye de manera alguna los términos género u orientación sexual entre el grupo de aquellas clasificaciones que si son afines a su naturaleza. Me refiero a las clasificaciones de ideas políticas o religiosas. Notemos que estas son clasificaciones que, como el concepto género o preferencia u orientación sexual, obedecen a la forma de pensar sentir y actuar de un individuo”.
Opinión disidente – Juez Presidente Hernández Denton
  • “El recurso ante nos representa una oportunidad histórica para respetar cabalmente una de las garantías más fundamentales de nuestra Carta Magna: “[todas las personas] son iguales ante la Ley”. Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Para viabilizar el cumplimiento de este mandato constitucional a través de las generaciones, tenemos que atemperar el ordenamiento jurídico vigente a la realidad extrajurídica de nuestra sociedad. Así honraremos este principio de igualdad a una pareja del mismo sexo y haremos justicia a una menor que desde su nacimiento ha tenido un hogar estable con sus dos madres. Como últimos intérpretes de nuestra Ley Suprema, estamos obligados a decretar la inconstitucionalidad del Art. 138 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 539, por este incluir una clasificación inherentemente sospechosa que discrimina por razón de sexo,[1] Sin embargo, la Opinión mayoritaria aplica con automatismo una ley que discrimina contra una pareja del mismo sexo, cerrando así las puertas a los reclamos legítimos de una madre que quiere legalizar su relación con la niña a quien ha criado desde que nació hace doce años. Por ello, disiento”.
  • “No podemos ser insensibles al efecto que la decisión de este Tribunal tiene sobre esta familia. Tampoco podemos ignorar el hecho de que este proceder nos aísla de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Disiento de ese insularismo judicial que parte de la premisa de que nuestra Constitución hay que interpretarla en el contexto en que fue promulgada hace más de sesenta años, como si fuera un manuscrito antiguo encapsulado en una urna de cristal”.
  • “No tengo problemas con afirmar que, de llegar a este Tribunal un caso similar a Andino Torres, Ex parte, haría lo mismo que hice en aquella ocasión. Con el paso de los años, soy más sensible a los perjuicios que sufren las personas que son discriminadas por razón de género. En la vida, todos los seres humanos vamos evolucionando y reflexionando sobre las decisiones que tomamos en el pasado. Los efectos adversos que históricamente han tenido decisiones judiciales retrógradas me han convencido de que el camino correcto hacia la igualdad es el que hoy expongo en este disenso. El dilema no es tan sencillo como algunos exponen ni tampoco es cuestión de acoger posturas que algunos critican por supuestamente ser “anti-intelectuales” y “radicales”. Se trata de tener sensibilidad ante los problemas reales que enfrentan las personas y de cumplir con nuestra obligación constitucional de defender y proteger la dignidad y la igualdad del ser humano consagrada en nuestra Constitución.   Además, como admite el compañero Juez Asociado señor Martínez Torres, en este caso se trata de que nuestro compromiso con el bienestar de los menores requiere reconocer a las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales en igualdad de condiciones”.
  • En síntesis, lo relevante para adjudicar la solicitud de adopción ante nuestra consideración no es el sexo de la adoptante, sino que JMAV proviene de una única filiación, que AAR cumple con los requisitos para adoptar, que la adopción resultaría en el mejor bienestar de JMAV y que denegarla resultaría en un grave perjuicio para la menor. Partiendo de lo anterior, y teniendo presente nuestra obligación de velar por el mejor interés de los menores, concedería la adopción solicitada. Solo así avanzaremos en nuestro camino hacia la igualdad que nuestra Ley Suprema garantiza a todos y todas. Recordemos que: “[e]l fin de la Constitución es la convivencia social con respeto y justicia para todos. Su vitalidad descansa en su dinamismo. Es un documento que rebasa las preferencias personales de sus autores y plasma las esperanzas de ulteriores generaciones. Su factura es moderna, de lenguaje claro y sencillo, susceptible a una continua renovación. No está escrito en lengua extinta, arduo de descifrar y referente a asuntos esotéricos. Interpretamos una Constitución, no los Rollos del Mar Muerto. Nuestra decisión no es incompatible con las garantías que un Estado democrático debe a sus ciudadanos. (…) En buena teoría de adjudicación, además, los parlamentos no son los únicos agentes de cambios sociales necesarios. Cuando se trata de mantener vivo un esquema constitucional, de conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, es principal deber de la judicatura propender igualmente a tal fin, aunque con la mesura y circunspección que le impone su papel dentro de nuestro sistema de gobierno y sin exceder al marco de sus atribuciones.”
  • “En resumen, concluyo que el Art. 138 del Código Civil, supra, prohíbe expresamente que una persona del mismo sexo adopte el hijo de su pareja, sin que esto conlleve la ruptura del vínculo jurídico entre el adoptado y su padre o madre legal. Ello nos impide acoger la figura de “second parent adoption” para conceder la adopción solicitada en este caso. Ahora bien, esta disposición contiene una clasificación inherentemente sospechosa que contraviene la prohibición constitucional contra el discrimen por razón de sexo. Esta protección constitucional se extiende al discrimen por orientación sexual por lo que procede aplicar el escrutinio estricto a esta clasificación. En este caso, el Estado no demostró que este trato desigual persigue un interés apremiante y que la clasificación cuestionada es el medio necesario y menos oneroso para conseguirlo. Consecuentemente, es forzoso concluir que la clasificación contenida en el Artículo impugnado es inconstitucional por ser discriminatoria y violar la cláusula de igual protección de las leyes. Tras descartar este impedimento inconstitucional a la adopción solicitada, es preciso reconocer que la peticionaria demostró que cumple con todos los requisitos para adoptar a quien ha sido su hija de facto por más de doce años y que la adopción redunda en el mejor bienestar de la menor. Por ende, concedería la adopción según solicitada. Sin embargo, mientras el resto del mundo sigue abriendo las puertas a los reclamos legítimos de seres humanos discriminados por su orientación sexual, una mayoría de este Tribunal se rehúsa a decretar la inconstitucionalidad del Artículo cuestionado mediante una interpretación restrictiva de nuestra Carta de Derechos. La intención de nuestros Constituyentes fue crear una Constitución de avanzada; no un pergamino arcaico conservado en un monasterio de monjes cartujos que justifique el insularismo judicial al cual hoy nos lleva la Opinión mayoritaria. Disiento.”
Opinión disidente – Juez Rodríguez Rodríguez
  •  “La venda que adorna la majestuosa figura de la Justicia debe utilizarse para dispensarla con imparcialidad y sensibilidad, no para impedir –porque no se vislumbra el verdadero alcance de nuestras prerrogativas constitucionales- que quien en efecto es madre, pueda adoptar a la hija de su compañera de vida, la cual vio nacer y ha criado desde entonces junto a ella. Ahí yace el mejor interés y bienestar de la menor. Es trágico para un país, que su más Alto Foro tenga sobre sí una visión de tan corta mira”.
  • “circunscribir la categoría familia a aquella unión marital entre un hombre y una mujer con fines reproductivos exclusivamente, resulta hoy en día anacrónico. Ignorar que el ámbito jurídico debe cristalizar los arreglos sociales existentes redundaría en impartir una Justicia a medias. No podemos negar lo que ocurre a nuestro alrededor, no existe una única y monolítica familia. A diferencia de ello, conviven múltiples arreglos que se traducen en la configuración de relaciones familiares basadas en el amor, la contención, la manutención y el cuidado común y que no necesariamente se configuran alrededor de una pareja o matrimonio heterosexual. En este sentido, los tribunales no podemos aferrarnos a una realidad que dejó de ser tal. Se ha dicho que: “El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver”. No debemos negarnos a aprender, aprisionados en una visión que sólo contempla un modelo único de familia merecedor de protección jurídica”.
  •   “Independientemente del sentir mayoritario, la realidad es que AAR ha fungido como madre de JMAV desde antes de ésta nacer y el expediente en este caso apunta a que, desde entonces, su norte siempre ha sido vigilar y defender el mejor interés de su hija. Lo que ha hecho, dicho sea de paso, con entereza, dignidad, sensibilidad y profundo amor maternal, amor que le es reciprocado por JMAV. No hay razón ni en Justicia ni en Derecho, para que este Tribunal se niegue a reconocer esa verdad y no convalide, jurídicamente, lo que ya es realidad entre ellas: que AAR es y seguirá siendo madre de JMAV. Ahí yace el mejor interés de la menor”.
  •  “Ante las nociones subyacentes de prejuicios y estereotipos bajo el discrimen histórico de orientación sexual, urge que despojemos las propias visiones morales del ejercicio judicial. Resulta impostergable que esta Curia reconozca las prácticas discriminatorias e inicuas contra grupos históricamente perseguidos y políticamente marginados, y asuma el deber de dar la protección judicial y constitucional para la que hemos sido investidos”.
  • “disiento desde el lado correcto de la historia y sin olvidar que “[l]a experiencia enseña que todo el que camina por la historia exhibiendo absolutos deja un mal recuerdo”.
Voto particular disidente – Jueza Fiol Matta
  • “Disiento enérgicamente de la decisión que toma una mayoría de este Tribunal, porque es contraria a nuestro ordenamiento constitucional, no responde a la realidad que vive nuestra sociedad, incumple la función principal del poder judicial, y, lo más lamentable, resulta en detrimento del bienestar de una niña”.
Opinión disidente – Juez Estrella Martínez
  • “es evidente que el Art. 138 del Código Civil, supra, no es de aplicación a casos como el de marras. Ello, pues, el referido articulado no contempla ni regula los vínculos que surgen luego de una inseminación intrauterina para la reproducción asistida, los cuales, de ordinario, se determinan por la intención original de las partes. En específico, el legislador, al promulgar el Art. 138, supra, no vislumbró que mediante los métodos noveles de la reproducción asistida y los nuevos modelos neo-parentales, un adoptado puede carecer de una familia anterior, por causa de que tales métodos han permitido el nacimiento del adoptado en un núcleo familiar original -el de siempre- compuesto por procreadores biológicos y/o padres o madres funcionales”.
  • “nada impide que se reconozca en nuestro ordenamiento jurídico la figura del Second Parent Adoption para brindarle protección jurídica a esos menores que no la tienen, por el mero hecho de formar parte de familias no tradicionales cuyos derechos aún no han sido definidos por el legislador”. 
  • “Interpretar que el Art. 138 del Código Civil, supra, impide que subsistan los vínculos jurídicos de una menor con su madre biológica cuando es adoptada por la madre funcional que también la planificó, la ha sustentado y criado, es negarle a la menor el reconocimiento legal de su condición filial social real”.

CC-2008-1010 Ex Parte AAR 

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  • http://www.facebook.com/profile.php?id=725961878 Luis José Torres Asencio

    Ya tendré tiempo para leer y comentar las nueve ponencias. Sin embargo, aprovechando este comentario sobre asuntos no relacionados a la decisión en si, no quisiera que se escapen otros dos elementos relacionados a la temporalidad.

    En primer lugar, este caso se presentó ante el Tribunal Supremo hace
    aproximadamente cuatro años y medio. No recuerdo cuándo el Tribunal
    decidió acogerlo, pero cuando lo hizo, su composición era muy distinta a
    la actual, pues los seis jueces nombrados por el Ex-Gobernador Fortuño
    (cinco de los cuales ayer formaron la mayoría) aún no eran parte del
    Tribunal. Es probable que, cuando el Tribunal tuvo a bien acoger este
    caso, lo hizo para revocar al Tribunal de Apelaciones y declarar con
    lugar la petición de adopción. Sin embargo, la demora en el proceso
    adjudicativo ante el Tribunal Supremo provocó que el caso no pudiera
    resolverse antes del cambio en la composición. Así, este caso presenta
    una instancia poco comentada en la que la demora tiene consecuencias muy
    palpables para las partes.

    La otra reflexión tiene que ver con la
    decisión de llevar el caso al Tribunal Supremo. Es un tema muy complejo,
    en el que compiten asuntos éticos (respeto a las preferencias de los y
    las clientas y el rol de los y las abogadas en los litigios de interés
    público) y políticos (delimitar la mejor estrategia para adelantar una
    causa de justicia social) que muy pocas veces discutimos. De una parte,
    quisiera uno pensar que la acción del Tribunal provocará una reacción
    vigorosa del País a confrontar sus instituciones de Gobierno y adelantar
    sus reclamos de Justicia. De otra, habría que reflexionar en torno a si
    los tribunales son el mejor foro para ventilar estos reclamos. No creo
    que exista una respuesta para este último asunto, y tiendo a pensar que
    fue atinado llevar este caso al Tribunal Supremo, pero creo que sobre
    este tema no estamos hablando lo suficiente.