Constitucional

El Derecho a la Protesta y el Código Penal: Una prohibición por contenido

En el día de ayer el Juez Superior Eduardo Busquets Pesquera emitió una sentencia (ver abajo) que declara inconstitucional el actual Artículo 208-A del Código Penal de Puerto Rico (idéntico al actual artículo 200), por encontrarlo en violación al derecho a la libertad de expresión. Particularmente, la sentencia encuentra que dicho artículo es inconstitucional “por tener el efecto disuasivo o ‘chilling effect’ sobre los ciudadanos que no tienen la intención de cometer delito alguno”.

El Artículo en cuestión lee como sigue:

Artículo 200.- Obstrucción o Paralización de Obras

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas, realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno.

(b) Ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno. El tribunal, además, impondrá la pena de restitución.

Los argumentos para debatir la constitucionalidad del artículo tienden a girar en torno a si: (a) el mismo sufre del defecto de vaguedad o de amplitud excesiva, (b) se trata de una legislación neutral con efectos incidentales sobre la libertad de expresión, (c) si constituye una reglamentación de tiempo lugar o manera de la expresión. Todas estas son categorías constitucionales importantes en un caso como éste. Particularmente, considerando–como hace el Tribunal–el efecto disuasivo que dicha ley sobre el interés legítimo de ciudadanos para expresarse en torno a asuntos de interés público en el contexto de desarrollos de construcción, quienes se enfrentarían a la posibilidad de 3 años de cárcel bajo circunstancias que no quedan del todo claras (incluyendo “impedir [temporeramente]…la entrada [de] … personas… autorizadas [a] cualquier obra de construcción”). De este caso continuar su curso en el sistema judicial, veremos mucha discusión sobre estas categorías constitucionales. Se alegará por el Estado (como se alegó en el TPI), pues, que se trata de una ley neutral desde el punto de vista de la expresión y que por tanto supera escrutinios constitucionales relajados para esas circunstancias.

El problema principal de la ley, sin embargo, es señalado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico en su ponencia ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, el 27 de febrero de 2013 (p. 18): uno de “los vicios de que adolece el Art. 200, es que es selectivo en el tipo de actividad que censura y criminaliza, la obstrucción o paralización de obras públicas o privadas o movimiento de terreno. De ordinario, quienes serían las personas que incurrirían en dicha actividad, sin la intención de cometer delito: aquellas personas que quieran hacer valer un derecho, como a manera de ejemplo: rescatadores de terrenos, ambientalistas, entre otros.”

Y es que esta ley, aunque neutral de su faz, no puede abstraerse de la realidad histórica que le vio nacer. La ley, conocida popularmente como la Ley Tito Kayak, se creó con un fin muy particular en mente (en el contexto de protestas por el proyecto de Paseo Caribe): impedir cierto tipo de protesta en específico, con cierto tipo de mensaje en particular. Impone una pena muy alta solamente en atención a protestas que van dirigidas a cuestionar el desarrollo de proyectos de construcción.  No existe en Puerto Rico un problema general relacionado con la obstrucción de obras de construcción. La única obstrucción a construcciones que presenciamos en esta isla es aquella relacionada con la protesta pública, en particular la asociada a luchas ambientales. Por tanto, se trata, como dije para otro contexto (similar) de “un discrimen contra cierto contenido de expresión política (lo cual lo acerca también al llamado “view point discrimination”, por tratarse de un punto de vista particular de expresión política el que prohíbe)”.  Cabe señalar que la protesta pública que interfiera con obras de construcción ya está atendida por delitos verdaderamente generales como, por ejemplo, el delito de alteración a la paz (Art 241) y el de usurpación (Art. 196).

En fin, de continuar este caso por el proceso judicial convencional (decisión que ahora está en manos de la Procuradora General, no del Secretario de Justicia como se menciona en los medios), este debe ser el enfoque constitucional a tomar.

Sentencia.pdf by Hiram Meléndez Juarbe

CAPR_Cam.pdf by Hiram Meléndez Juarbe

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