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Carta al Gobernador

Ya habrá mucho que decir en este espacio sobre el proyecto de ley reciente que altera y reduce drásticamente la competencia del Tribunal Supremo. En este punto sólo presentamos la carta que hoy envía el Juez Asociado Luis Estrella al Gobernador sobre este asunto. Se destaca su llamado procesal:

“Lamentablemente, la Asamblea Legislativa no permitió que sectores importantes de nuestra sociedad hablaran previo a aprobar la medida. Tampoco se solicitó contar con el beneficio del insumo de todos los  jueces y juezas del Tribunal Supremo. A pesar de que la medida incidirá en los derechos de los obreros, grupos ambientales, el ejercicio de la profesión de los abogados y la ciudadanía en general, la Asamblea Legislativa no solicitó ponencias a representantes y entidades relacionadas. Por el contrario, al filo de la media noche se aprobó ayer en la Cámara de Representantes la medida que llegó ese mismo día ante ese cuerpo. Tampoco acogieron propuestas de enmiendas que contaban con el consenso del Juez Presidente y de una amplia mayoría de los Jueces Asociados. En el caso del Senado, ni siquiera esperaron por el insumo del Departamento de Justicia, única agencia de la Rama Ejecutiva a la cual se le solicitó memorial explicativo.”

El Juez Asociado tiene toda la razón. Y es evidente que esta importante medida sólo puede aprobarse tras gozar de la discusión pública requerida para un asunto de esta naturaleza. Eso hay que cuestionarlo enérgicamente. El Juez Asociado, el señor Luis Estrella, tiene justificación en sus denuncias y hace muy bien en presentarlas oportunamente y con la seriedad que las emite. Sin embargo, resulta claro–y estoy seguro que le habrá pasado por la mente–  el Juez tiene un problema de legitimidad que pesa sobre su carta. Como hemos dicho antes, la legitimidad del cargo no viene automáticamente con el juramento… hay que ganársela.   Una y otra vez hemos apuntado en este espacio a la manera en que ese mismo Juez llegó a ocupar su cargo; bajo los mismísimos estilos antidemocráticos que con mucha justificación denuncia. Hasta publicamos un libro sobre el tema.  La legitimidad del ejercicio del poder judicial es un asunto fáctico que se desgasta o se cultiva con los actos. Y su posición está manchada con el pecado original de su nombramiento politizado.  Tal vez llegará un momento en que no lo concibamos así, ya sea porque sus actos habrán demostrado lo contrario o porque otros hechos validen su ejercicio del poder judicial…  Ojalá el Gobernador escuche sus palabras; y ojalá el Gobernador aprenda que el mensaje más poderoso de la carta no es su contenido, sino el aura deslegitimador que emana de la misiva.

Se aneja la referida carta y el P del S 367

Carta-al-Gobernador.pdf

P_del_S_367.pdf

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  • Armandito

    No es más facil para el Pleno del Tribunal esperar un caso y declarar esa ley inconstitucional? Un nuevo Aguayo o una versión de Marbury para el Siglo XXI? Después de todo el TS es quien tiene la tarea de definir cuáles son las labores de un tribunal de última instancia y los límites de tal poder.

    Por otro lado, la legislatura debió presentar estadísticas actualizadas sobre los recursos que el TS acoge en jurisdicción original y para qué han usado el recurso de certificación recientemente. Ciertamente, el hecho de que se legisle a la carrera no contribuye a que el sisteme judicial sea más eficiente. Además, uno espeararía un poco más de profesionalismo en aquellos proyectos de ley que buscan trastocar el balance constitucional de separación de poderes.

  • No soy ingenua

    ¿Acaso el pecado original no supone que los hombres son culpables del pecado cometido por el padre de la raza? Es decir, ¿no supone que los hombres son culpables de un pecado que no cometieron? Tal referencia es definitivamente desacertada. No me parece justo que se demonice (por aquello de los referentes religiosos) al juez Estrella por haber sido nombrado por la administración de Fortuño, ignorando sus méritos académicos y profesionales para ocupar su silla.

  • Yeah, no. Me parece desacertado culpar a el juez Estrella, sin duda el mejor juez de la nueva mayoría y uno que merece estar allí, por la forma en que fue nombrado. Colma en lo ridículo. En lo que respecta a este proyecto me preocupa por demás como ciertos sectores de la comunidad legal han decidido usar la nueva composición del supremo como táctica de distracción para no llegar a una discusión de lo substantivo de la ley.

  • Edelmiro Salas

    “—Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.” Saludos.

  • Érika

    Dejo esta columna de Negrón García que salió publicada hoy 31 de mayo en El Nuevo Día y la copio completa para fines de mantener tracto del tema. (A veces El Nuevo Día las elimina del enlace o archivos digitales). Saludos.

    31 de mayo de 2013

    El acceso al Tribunal Supremo

    ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

    Con las etiquetas de “reformas” y “mayor acceso ciudadano a una justicia rápida y económica”, desde el 1992 los gobiernos del PPD y del PNP tratan de controlar el Poder Judicial creando y eliminando tribunales, nombrando jueces y aumentando su número, modificando competencias, entre otras prácticas.

    Más recientemente, luego del control ideológico del Tribunal Supremo por parte del PNP, salieron a flote diferencias irreconciliables, no sólo en la interpretación del derecho sustantivo y procesal, sino sobre la manera del juez presidente de administrar internamente este foro y demás tribunales, frente al reclamo de unas facultades constitucionales de la mayoría del Tribunal. En tal escenario, en el 2012, intervino la legislatura del PNP y despojó arbitrariamente al juez presidente de importantes prerrogativas administrativas (constitucionales y legislativas), que lo facultaban a él exclusivamente para asignar a los jueces, incluso en los casos electorales. Mientras tanto, legislación en trámite del PPD restituyendo esos poderes, pone fin a una indebida intromisión que laceraba la Constitución.

    Sin embargo, con la excusa de aliviar al Tribunal Supremo de una sobrecarga de recursos originales para que dedique los esfuerzos a “pautar el desarrollo del derecho puertorriqueño en consonancia con su mandato constitucional”, el PPD acaba de escribir otro triste capítulo contra el Poder Judicial. Sin apoyarse en dato alguno sobre el movimiento de casos, la Ley 18 le quita a dicho foro la jurisdicción original en los recursos extraordinarios de mandamus, “quo warranto” y auto inhibitorio. De ese modo se ignora el informe objetivo de la directora de Administración de Tribunales, representante del juez presidente, expositivo de la tendencia estatal norteamericana que reconoce la necesidad de esa facultad jurisdiccional original (pág. 13).

    La Ley 18 también retoma la versión original del recurso de “certificación intrajurisdiccional” y elimina la posibilidad de atender los provenientes del Tribunal de Primera Instancia. Ahora, los casos deben ser resueltos inicialmente por este foro de menor jerarquía. Una vez adjudicados, sólo si son presentados en el Tribunal de Apelaciones, podrá activarse la jurisdicción del Tribunal Supremo mediante el referido recurso de certificación.

    Este cambio no es tan grave como la prohibición de que, salvo unas pocas excepciones, el Tribunal Supremo no podrá revisar directamente vía certiorari, resoluciones o sentencias interlocutorias. Además, se remiten al Tribunal de Apelaciones las revisiones sobre los procesos de permisología en el área de la construcción. En suma, se cierran las puertas del más alto foro a innumerables litigantes que deberán transitar por un lento y costoso camino procesal previo.

    La aprobación festinada de la Ley 18 (sin vistas públicas), unida a la total ausencia de datos estadísticos y análisis empírico que justifiquen los cambios, aparenta ser un revanchismo político-partidista en respuesta al aumento en la composición del Tribunal y a varias de sus decisiones. Comoquiera, es incomprensible que se le prive de los casos aludidos sin discutirse ni examinarse a fondo su labor, fallas, factores relevantes, proyecciones y otras posibles soluciones.

    Por ser el Tribunal Supremo el foro judicial de última instancia, la facultad legislativa de alterar y fijar su competencia no es irrestricta. Tiene que ejercerse prudencialmente en armonía con la Constitución y, por ende, según los principios del debido proceso de ley y sus elementos cardinales de justicia accesible, rápida y económica. La Legislatura parece haber olvidado que nunca “podrá impedir que los casos judiciales en alguna forma o en otra, lleguen hasta la consideración del Tribunal Supremo”. (Diario, Asamblea Constituyente, 592).

    Reducir la función revisora con el objetivo de que se dedique mayormente a “pautar el desarrollo del derecho puertorriqueño” es menoscabar toda la doctrina jurisprudencial que proclama, en virtud de su condición de Tribunal de Justicia, como misión de igual trascendencia, “evitar demoras e injusticias”. Naturalmente, si sus decisiones no son justas, nada contribuirán a forjar un “buen” derecho puertorriqueño. La futura interpretación del propio Tribunal Supremo sobre el alcance de la Ley 18 determinará si constitucionalmente ésa es la “única forma” que tiene el ciudadano de tocar y abrir las puertas del máximo foro.

  • Rafael L. Lama Gattás

    Rafael L. Lama
    Puerto Rico se Dirige Camino al Desastre Economico, por los altos costos y mala Administracion y Gigantismo Gubernamental de todos los Partidos y Gobiernos.

    Quien Diablos Querra Traer Inversion a la Isla, con el Costo de Electricidad Subiendo de Julio a Agosto 2013 de $0.26 a $0.40 por Kilovatio-Hora?

    Este Costo es Tres Veces lo que Cuesta la Electricidad en los Estados de la Nacion Americana.

    Que Vendan y Privaticen la Generacion, Distribucion y Venta de Electricidad, Pues el Monopololio de la Autoridad de Energia Electrica es INSOSTENIBLE!!!

    Expresate si estas de Acuerdo Con que se Rompa este Monopolio.