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Un nuevo golpe a la Administración de la Justicia

“Las reformas judiciales, así como las electorales, operan en áreas extremadamente sensitivas, por lo que la experiencia demuestra la sabiduría de emprenderlas sólo después de lograr un consenso amplio”.[1]
 

El martes, 14 de mayo de 2013, Noticel hizo pública la aprobación por líneas partidistas en el Senado del P. del S. 367. El proyecto, de la autoría del Presidente del Senado, enmienda la Ley de la Judicatura de 2003, las Reglas de Procedimiento Civil y la Ley de Permisos para alterar considerablemente la competencia del Tribunal Supremo y, en el caso de las enmiendas a la última, para restituir la revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

El mismo martes, el Gobernador expresó que no sabía qué pasaría con el proyecto en la Cámara, pero que él haría “una evaluación seria y ponderada de esa medida del Presidente del Senado”. Curiosamente, ese mismo martes el proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, también por votación partidista. Remitido al Gobernador, su “evaluación seria y ponderada” lo llevó a firmarlo y convertirlo en la Ley 18-2013. El miércoles. Ni siquiera detuvo la firma del proyecto el que un integrante del Tribunal Supremo, el Juez Asociado Luis F. Estrella Martínez, enviara una carta al Gobernador ese mismo miércoles, implorándole que no convirtiera en Ley el proyecto en atención a ambos su atropellado proceso de evaluación y a su opinión en torno al impacto de la medida.

Más allá del proceso expedito de aprobación, el análisis de la ahora Ley 18 fue virtualmente inexistente. Sólo dos entidades, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales, fueron invitadas a someter su posición en torno a la medida. Sólo la última presentó una ponencia, en la que no expresa posición sobre el proyecto, sino que se limita a reconocer la facultad de la Rama Legislativa para aprobar la medida y a exponer el ‘derecho aplicable’ y expresar lo que, a su juicio, son las tendencias recientes en cuanto a los asuntos objeto de enmiendas. ¿Por qué no invitar al Colegio de Abogados y a la Asociación de Abogados a declarar? ¿A destacados/as profesores/as de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo? ¿A sectores de la sociedad civil que hacen uso constante de los recursos que la Ley trastoca? Tal fue la exclusión, y quizás sirve de muestra de la falta de perspectiva de los autores de la medida, que ni siquiera se solicitó la comparecencia de la funcionaria estatal de la oficina que más se verá afectada por la Ley, la Procuradora General.

La Exposición de Motivos alude a varias razones que ‘justifican’ las enmiendas adoptadas. Sin embargo, en ninguna parte allí, en los informes de Comisión en Cámara y Senado o en la discusión pública del proyecto, se alude a las razones por las cuales era tan urgente la aprobación de la medida que ni siquiera había espacio para celebrar vistas públicas y solicitar ponencias a personas y entidades interesadas. Se trata, pues, de otra manifestación de estados de excepción, o de cómo la adopción de normas por vía de emergencia en nuestro ordenamiento, sean estas legislativas, judiciales o ejecutivas, cada vez se va convirtiendo en práctica generalizada. Si antes denunciamos, por ejemplo, la declaración de emergencia energética del Gobernador Fortuño, dado que no respondía a una situación de verdadera urgencia, y que sólo tenía el efecto de cerrar las puertas a la participación de comunidades y organizaciones ambientales en la evaluación de proyectos como el Gasoducto del Norte y la finca de viento de Santa Isabel, ahora debemos denunciar, con igual fuerza, la manera en la que ha sido aprobada esta Ley.

En lo sustantivo, la Ley incide sobre cuatro asuntos relacionados a la jurisdicción del Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones para entender en controversias. A continuación discuto brevemente cada uno de estos temas, haciendo la salvedad de que, como resultado de la adopción atropellada de la medida, no pretendo aquí hacer una exposición muy profunda de todos los asuntos.

Reducción de la competencia original del Tribunal Supremo

En primer lugar, la Ley 18 reduce la competencia original del Tribunal Supremo al mínimo permitido por la Sección 5 del Artículo V de la Constitución, es decir, a la presentación de solicitudes de habeas corpus, eliminando así la posibilidad de presentar otros recursos, como el quo warranto, el mandamus y el auto inhibitorio, directamente ante dicho Foro.

En cuanto a este particular, la Exposición de Motivos de la Ley y los informes de Comisión en la Cámara y el Senado disponen que la eliminación de esas instancias de  competencia original responde al ‘convencimiento’ de la Asamblea Legislativa de que “la función esencial del Tribunal Supremo en la administración de la justicia en Puerto Rico es servir como órgano de revisión o de apelación y no como tribunal de primera instancia”.[2]

De entrada, la cláusula constitucional que permite que la Rama Legislativa altere la competencia original del Tribunal Supremo establece que dicho foro podrá “conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley”. De conformidad con lo anterior, no se trata de si es apropiado o no que el Tribunal entienda en recursos como los anteriormente permitidos –ya la cláusula hace ese juicio y concluye en la afirmativa–  sino de si es deseable permitirlo.

Las estadísticas no parecen avalar que el Tribunal Supremo esté actuando como un Tribunal de Primera Instancia de una manera que desatienda su ‘función esencial’ de pautar el derecho mientras revisa dictámenes de foros judiciales inferiores. Son muy pocos los casos en los que alguna parte solicita la intervención directa del Tribunal Supremo, y menos los que el Tribunal accede a acoger. El Informe Estadístico del Tribunal Supremo para el año fiscal 2011-2012 (del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012) revela que sólo nueve de estos recursos fueron presentados en dicho período, nueve recursos, debe añadirse, que el Tribunal no estaba obligado a acoger, dado que toda la competencia original del Tribunal es de naturaleza discrecional.[3] Tal cifra no es una anomalía; para el año fiscal 2010-2011 se presentaron trece recursos de jurisdicción original al Tribunal Supremo, y para el año fiscal 2009-2010, catorce. Esas cantidades son relativamente insignificantes si se comparan con las de solicitudes de certiorari (1,117) y apelaciones (145) presentadas durante el año fiscal 2011-2012, así como las correspondientes para los otros años. Así, difícilmente puede argüirse que las partes que presentan estos recursos al Tribunal hacen que éste se comporte con frecuencia como un foro de instancia. Aún si todos estos casos hubiesen sido acogidos –algo que no suele ocurrir, dado que lo usual es que el propio Tribunal decline intervenir en estas controversias y las refiera al Tribunal de Primera Instancia– de todos modos estaríamos hablando de que tal intervención se da en menos del 1% de los casos presentados ante el Tribunal Supremo.

Por otra parte, sea a consecuencia del reciente aumento en la composición del Tribunal o de medidas adoptadas previamente para aumentar su eficiencia, según el Juez Presidente del Tribunal Supremo dicho foro está “totalmente al día” en el manejo de sus casos. Noten que ese “totalmente al día” se da bajo el esquema anterior a la Ley Núm. 18, es decir, con las bases de jurisdicción original del Tribunal anteriores. No estamos entonces ante un Tribunal sobrecargado, que reclama que se le libere de alguna carga para concentrarse en su ‘función esencial’. Parecería, pues, que no era necesario reducir la jurisdicción original del Tribunal Supremo.

Reducción en la competencia del Tribunal para entender en asuntos interlocutorios

La segunda enmienda reduce dramáticamente la competencia del Tribunal Supremo para revisar asuntos interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. Específicamente, y en su parte pertinente, el inciso (d) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura ahora dispone lo siguiente:

Las actuaciones interlocutorias del Tribunal de Apelaciones, y las sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones sobre asuntos de naturaleza interlocutoria procedentes del Tribunal de Primera Instancia, no serán revisables directamente por el Tribunal Supremo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal Supremo podrá revisar mediante recurso de certiorari las sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones sobre la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, descalificación de abogados, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia ante el Tribunal de Primera Instancia. De expedir el recurso de certiorari para revocar una decisión del Tribunal de Apelaciones de declararse sin jurisdicción, el Tribunal Supremo podrá resolver los méritos de la controversia entre las partes sin necesidad de devolver el caso al Tribunal de Apelaciones.

Cualquier otra sentencia, resolución u orden sobre asuntos interlocutorios ante el Tribunal de Primera Instancia que emita el Tribunal de Apelaciones podrá ser revisada por el Tribunal Supremo en el recurso de apelación o de certiorari que se interponga ante dicho foro contra la sentencia final del Tribunal de Apelaciones que disponga del recurso de apelación o recurso de revisión administrativa instado en ese Tribunal, sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de Procedimiento Civil sobre los errores no perjudiciales.

Antes de reflexionar sobre la justificación y el impacto de esta enmienda, debo señalar que, quizás en el ajoro por aprobar la medida, la Asamblea Legislativa no reparó en dos asuntos que sin duda generarán mucha incertidumbre.

En primer lugar, si bien la Ley 18 introduce el arriba citado lenguaje a la Ley de la Judicatura, no hace lo propio con el inciso (b) de la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, que claramente contempla la presentación de solicitudes de certiorari al Tribunal Supremo para revisar cualquier asunto interlocutorio procedente del Tribunal de Apelaciones, incluyendo casos en los que el Tribunal de Apelaciones revisa asuntos interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Por ende, estamos ante disposiciones contradictorias en el ordenamiento.

Podría plantearse, claro está, que tanto por aplicación del principio de especialidad (la Ley de la Judicatura es la que establece las bases jurisdiccionales del Tribunal Supremo) como el de temporalidad (la Ley Núm. 18 es la expresión más reciente de la voluntad legislativa), debe prevalecer el nuevo régimen apelativo dispuesto por la Ley 18. El asunto, sin embargo, no es tan sencillo pues, como elemento que parece abonar a la teoría de que esta incongruencia es producto de un ejercicio de torpeza legislativa, la Ley 18 también enmendó la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, pero dejó intacto el lenguaje que viabiliza la revisión de determinaciones interlocutorias ante el Tribunal Supremo. Sí, tal y como usted lo ha leído: la misma ley que enmienda la Ley de la Judicatura para reducir considerablemente las instancias en las que el Tribunal Supremo puede entender en asuntos interlocutorios, también enmienda una Regla de las de Procedimiento Civil que permite lo contrario, pero deja intacta las partes que generan esa contradicción.

Por otra parte, la enmienda a la Ley 18 exceptúa de la norma que no permite al Tribunal Supremo revisar asuntos interlocutorios aquellas “sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones sobre la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, descalificación de abogados, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia ante el Tribunal de Primera Instancia”. Dicha excepción, a su vez, responde a casi todas las instancias en las que tanto la Regla 52.1 de Procedimiento Civil como la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa de dicha Regla han reconocido que puede acudirse al Tribunal de Apelaciones por vía de una solicitud de certiorari. Sin embargo, la Ley 18 excluye de esas excepciones una instancia reconocida mediante una enmienda a la Regla 52.1 aprobada por la Ley 177-2010, que permite acudir en revisión interlocutoria al Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes del Tribunal de Primera Instancia que inciden sobre asuntos de interés público o en los que esperar hasta la conclusión final del caso conllevaría un “fracaso irremediable de la justicia”. También se excluye la revisión de dictámenes bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil (entredicho provisional, injunction premilinar, etc.). Si tomamos la Ley 18 en su sentido literal, en estos casos una parte podrá solicitar revisión interlocutoria ante el Tribunal de Apelaciones pero no podrá llevar el caso al Tribunal Supremo cuando el foro apelativo intermedio emita su dictamen.

No está del todo claro si la omisión del Legislador de incluir tanto la instancia reconocida por la Ley 177 como la referencia a dictámenes bajo las Reglas 56 o 57 fue intencional. Quizás pueda plantearse que sí, que la Ley 18 pretende enumerar taxativamente las instancias en las que puede acudirse al Tribunal Supremo para revisar asuntos interlocutorios, eliminando la posibilidad de utilizar conceptos más abstractos, como ‘interés público’ y ‘fracaso irremediable de la justicia’, y cerrando la revisión al Supremo de casos que involucran controversias sobre la procedencia de interdictos preliminares o remedios provisionales. Ciertamente, ello es compatible con el interés anunciado de reducir las instancias de revisión interlocutoria, así como el de “reimprimirle al recurso de certiorari su característica de remedio extraordinario y especial”.[4]

Sin embargo, si tal era el interés, debo decir que la medida aprobada hace muy poco por alcanzarlo. Al incluir como excepciones a la prohibición de revisión interlocutoria ante el Tribunal Supremo casi todas las excepciones a la prohibición de revisar dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, la Ley 18 básicamente pauta una norma que dice que sólo se podrá revisar al Tribunal Supremo todo asunto interlocutorio que se puede revisar ante el Tribunal de Apelaciones, salvo aquellos dictámenes del foro de instancia que inciden sobre asuntos de interés público o en los que esperar hasta la conclusión final del caso conllevaría un “fracaso irremediable de la justicia” y los que surgen bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil. Así, dado que cualquier otra instancia de revisión interlocutoria ya estaba prohibida por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, ésta enmienda a la Ley de Judicatura tendrá un impacto sumamente limitado. En otras palabras, si el recurso de certiorari va a regresar a ser considerado como recurso extraordinario, no será por la Ley 18.

Otro elemento importante de esta parte de las enmiendas de la Ley 18 consiste en eliminar la posibilidad de llevar asuntos interlocutorios que surjan en el Tribunal de Apelaciones ante el Tribunal Supremo, tales como la concesión o denegatoria de mociones de auxilio de jurisdicción y la imposición de sanciones a las partes o sus abogados. Aquí, sin embargo, debe aclararse que, en virtud de la redacción de la enmienda a la Ley de la Judicatura, esa prohibición no será absoluta. Según la enmienda, en los casos en que, por vía de excepción puede acudirse al Tribunal Supremo para revisar dictámenes interlocutorios del Tribunal de Instancia revisados por el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo no estará limitado a revisar ‘sentencias’ del Tribunal de Apelaciones, sino que también podrá revisar ‘resoluciones’. Ello provoca el absurdo de que, en apelaciones (y en la mayoría de las revisiones administrativas) pendientes ante el Tribunal de Apelaciones, es decir, instancias en las que el foro inferior emitió un dictamen que puso fin a la controversia, una parte no podrá revisar ante el Tribunal Supremo asuntos interlocutorios que surjan en el foro apelativo, pero sí lo podrá hacer cuando lo que esté pendiente ante el Tribunal de Apelaciones sea una solicitud de certiorari.

Por último, ni en la Exposición de Motivos ni los informes de Comisión se hace mención del impacto que esta medida tendrá sobre la revisión de asuntos interlocutorios en el plano criminal. Ello es sumamente preocupante pues, mientras en el contexto civil, la enmienda a la Ley de la Judicatura antes mencionada tendrá poco impacto sobre la revisión de asuntos interlocutorios ante el Tribunal Supremo, lo opuesto ocurre en su aplicación a casos criminales. Resulta particularmente problemático el que el Legislador optara, sin análisis alguno, por extender al contexto de la revisión interlocutoria penal ante el Tribunal Supremo disposiciones contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil que nunca fueron pensadas para el litigio criminal. Quizás eso se resuelva con una interpretación muy generosa y abarcadora de la frase “mociones de carácter dispositivo”, de manera que la revisión de solicitudes de supresión de evidencia (que no necesariamente tienen el efecto de ‘disponer’ de un caso) y de mociones de descubrimiento de prueba, por ejemplo, queden comprendidas dentro de la excepción. Sin embargo, tal interpretación no incluiría otros reclamos presentados interlocutoriamente, incluso algunos de rango constitucional, como las solicitudes de traslado motivadas por reclamos en torno a la incapacidad de formar un jurado imparcial en la jurisdicción en la que se encuentra un caso. Como resultado de la Ley 18, la revisión de éste y otros asuntos interlocutorios criminales pasará de no enfrentar limitación alguna a sólo poder llevarse ante el Tribunal de Apelaciones, debiendo aguardar hasta la conclusión del juicio en su fondo ante el Tribunal de Primera Instancia, y la adjudicación de una apelación oportunamente presentada ante el Tribunal de Apelaciones, para poder finalmente llevar el asunto a la atención del Tribunal Supremo.

Más allá de la escueta expresión en torno al deseo de “reimprimirle al recurso de certiorari su característica de remedio extraordinario y especial”, la Exposición de Motivos aduce que la revisión de asuntos interlocutorios ante el Tribunal Supremo puede “ocasionar dilaciones y costos adicionales en el litigio que atentan contra la economía procesal y la resolución rápida y eficiente de los casos”.[5] Quizás ello sea cierto. Después de todo, la práctica apelativa suele ser un ejercicio muy costoso de litigio, al que generalmente pueden acceder con mayor frecuencia quienes más recursos tienen. Sin embargo, la revisión interlocutoria también sirve de mecanismo para promover la solución ágil y expedita de controversias que no tienen porqué llegar hasta un juicio para ser resueltas. Tal interés cobra mayor importancia en asuntos que involucran a litigantes de escasos recursos económicos y en casos criminales, en los que el cierre de la revisión interlocutoria ante el Tribunal Supremo podría tener el efecto de obligar a dicha parte a permanecer injustamente en el caso.

Por último, el esquema creado por la Ley 18, mediante el cual se permite al Tribunal de Apelaciones, pero no al Tribunal Supremo, revisar asuntos interlocutorios es, como mínimo, muy curioso. Si la intención del Legislador era promover “la economía procesal y la resolución rápida y eficiente de los casos” mediante la limitación a la revisión de asuntos interlocutorios, ¿por qué sólo limitarlo a la revisión de estos asuntos ante el Tribunal Supremo? Después de todo, el Tribunal de Apelaciones atiende muchos más de estos recursos que el Supremo. Tampoco parece explicar el esquema el que se quería aliviar la carga de trabajo del Tribunal Supremo pues, como vimos, ese Tribunal está al día en sus trabajos. Así, al igual que en el caso de las enmiendas a la competencia original del Tribunal Supremo, parecería que el verdadero interés aquí es el de evitar que cierto tipo de casos lleguen a su consideración.

Enmiendas a la competencia del Tribunal para atender solicitudes de certificación intrajurisdiccional

El tercer asunto objeto de enmienda por la Ley 18 es la manera y el momento en el que se pueden llevar solicitudes de certificación intrajurisdiccional al Tribunal Supremo. Sobre esta figura, así como su (ab)uso reciente por parte del Supremo, reflexioné críticamente en 80grados hace un año. Allí señalé que, mediante este tipo de recurso discrecional, se permite elevar ante la consideración del Tribunal Supremo asuntos pendientes ante tribunales inferiores “cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos”.[6] Por ser un recurso que “permite circunvalar el trámite ordinario de un caso, su expedición es de carácter excepcional”.[7] Debido a lo anterior, expresé que el recurso de certificación intrajurisdiccional sólo debe estar disponible para casos sumamente extraordinarios, en los que existan razones de peso que requieran preterir el trámite usual de los litigios, y en los que las controversias a resolverse no dependan demasiado de la dilucidación de asuntos fácticos, para los cuales el Tribunal Supremo no está particularmente diseñado para atender.

En apretada síntesis, en dicho escrito expresé que de un momento para acá, que puede trazarse desde temprano en la década del 2000 y que se agudizó durante el período entre 2009 y 2012,

[E]l Tribunal Supremo ha aumentado considerablemente el uso del mecanismo de la certificación intrajurisdiccional para preterir el trámite usual de adjudicación de controversias jurídicas a través de los tres niveles de la Rama Judicial, lo ha hecho, usualmente, a petición del Estado, de los partidos políticos gobernantes o de intereses sociopolíticos y económicos de gran poder, y, frecuentemente, lo ha dictaminado sin expresar sus razones para ello. Lo anterior, por supuesto, requiere hacer ciertos matices, relacionados a la dificultad que entraña no tener acceso a estadísticas completas del Tribunal Supremo, y a la necesidad de examinar los méritos de cada certificación expedida por el Tribunal. Sin embargo, tales matices no hacen mella en el hecho de que el Tribunal ha utilizado el recurso con mayor frecuencia que en otros tiempos, y que, en muchas ocasiones, lo ha hecho para sacar el caso de las manos de tribunales que, por las razones que sean, han estado más dispuestos a emitir dictámenes adversos a los intereses que persiguen que su caso llegue al Tribunal Supremo lo antes posible. Así, al certificar estos casos, el Tribunal priva al País de otro beneficio incidental del esquema adjudicativo de tres niveles: que el debate político en la sociedad civil sobre asuntos ante la consideración de los tribunales se nutra del efecto discursivo que tiene que los argumentos de diversas partes sean validados por al menos algún componente de la Rama Judicial.

Al aprobar la Ley 18, la Asamblea Legislativa parece haber estado consciente de esta situación. El Informe Positivo de la Cámara de Representantes señala lo siguiente:

La certificación de asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia debilita al Tribunal Supremo en su función de revisión debido a que entraría a adjudicar controversias en las que no se ha completado el procedimiento de recibo de prueba y elaboración del expediente. Esto presenta un problema en la administración de la justicia en la medida en que el Tribunal Supremo no está concebido como foro para realizar vistas evidenciarías y se resolviendo con un expediente incompleto. Al igual que el recurso de certiorari, se trata de un recurso excepcional y discrecional. No obstante, con frecuencia los litigantes utilizan el recurso de certificación en un intento de evadir los trámites judiciales ordinarios que se han establecido por ley para garantizarle derechos a todas las partes.  Propiciando con ello que se afecte el acceso a la justicia y se limiten los derechos individuales. El resultado puede ser nefasto, tanto para las partes, como para el debido funcionamiento de la Rama Judicial. Más aun, es razón de preocupación para esta Asamblea Legislativa el uso constante en tiempos recientes del recurso de certificación en cuanto a asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia. Casos como: Universidad de Puerto Rico v. Laborde, 2010 T.S.P.R. 225; Fernando Moreno Orama v. U.P.R., 2010 T.S.P.R. 66; Domínguez Castro v. E.L.A., 2010 T.S.P.R. 22; Asoc. De Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 2011 T.S.P.R. 22; Sindicato de Bomberos v. Cuerpo de Bomberos, 2011 T.S.P.R. 12; Edwin Mundo v. CEE, 2012 T.S.P.R. 166; PIP v. E.L.A., 2012 T.S.P.R. 111, Santini Gaudier v. CEE, 2012 T.S.P.R. 82 y PNP v. Conty Pérez, 2012 T.S.P.R. 71, son solo algunos de un sinnúmero de casos en donde se ha expedido una certificación del Tribunal Supremo, privándole al juzgador de hechos en el Tribunal de Primera Instancia de recibir la prueba y desarrollar el expediente del caso. Peor aún, esto afecta adversamente a las partes que no tuvieron oportunidad adecuada para presentar prueba. No es en los mejores intereses de la justicia que el Tribunal Supremo disponga de controversias de alto interés público como las antes mencionada sin el beneficio de evaluar un expediente completo.  El proceder de nuestro máximo foro durante el año 2012 en cuanto a la expedición de recursos de certificación representa un incremento sustancial en comparación con la norma en años anteriores.

De conformidad con lo anterior, mediante la Ley 18 se restringe la presentación de solicitudes de certificación intrajurisdiccional a dos instancias. En primer lugar, el Tribunal Supremo podrá expedir éste recurso, sea motu proprio o a solicitud de parte, para “traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Apelaciones” en el que exista (1) un “conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones”, (2) “cuestiones noveles de derecho”, o (3) “cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del [ELA] o de la Constitución de [EEUU]”. En segundo lugar, el Supremo podrá acoger un auto de certificación intrajurisdiccional de cualquier asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia en alguna de las tres instancias arriba indicadas, pero sólo “cuando medie solicitud de ambas partes”.

De entrada, la referencia a “ambas partes” es confusa, puesto que en un sinnúmero de casos en los tribunales hay mucho más de dos partes. De hecho, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos que se certifican al Tribunal Supremo hay más de dos partes. ¿Se requerirá que todas las partes en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia se unan a una solicitud de certificación intrajurisdiccional? Me parece que ésa es la interpretación que más se ajusta a la voluntad legislativa pero, nuevamente, vemos que las disposiciones de la Ley 18 no son un modelo de claridad.

Me parece, además, que hay inconsistencia entre los problemas identificados por el Legislador y los mecanismos diseñados para atenderlo. De entrada, confieso que mecanismos que requieren que las partes presenten solicitudes conjuntas para este tipo de asuntos me parecen interesantes. Sin embargo, para que sean verdaderamente efectivos, esos mecanismos presuponen que todas las partes en un caso tienen suficiente confianza en el Tribunal Supremo como institución como para acceder a llevar conjuntamente su solicitud ante dicho foro. Dicho de otra manera, si una parte entiende que el Tribunal Supremo resolverá un caso en su contra, sea porque verdaderamente piense que su postura no es correcta en derecho o porque esté convencida de que dicho foro responde a intereses ideológicos particulares que le son particularmente adversos, dudo mucho que tenga algún deseo de unirse a una petición para llevar el caso directamente a ese Tribunal. Es por ello que sospecho que, salvo contadísimas excepciones, las partes en un caso no se pondrán de acuerdo para solicitar la certificación de un caso pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal Supremo.

Que en la inmensa mayoría de los casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia no se pueda solicitar una certificación ante el Supremo no es necesariamente un problema. El problema, a mi juicio, radica en que ello será el resultado de la operación de un mecanismo, el requisito de solicitud conjunta, que parece haber sido diseñado como impedimento para la certificación y no de algún ejercicio razonable de discernimiento en torno a qué controversias son susceptibles de ser certificadas al Tribunal Supremo y cuáles no. Así, en casos en los que todas las partes representen intereses generalmente protegidos por el Alto Foro (se me ocurren, por ejemplo, controversias entre intereses comerciales privados, o asuntos de índole contributivo), quizás las partes sean proclives a solicitar la certificación, tal vez incluso de manera excesiva, pero en otros casos (como controversias sobre derechos humanos y constitucionales, por ejemplo) prácticamente en ningún caso pendiente ante el foro de instancia se solicite.

Por otra parte, habría que cuestionar la conclusión de la Asamblea Legislativa en torno al que el alegado uso abusivo reciente del recurso por parte del Tribunal Supremo. En primer lugar, pese a que señala la existencia de una tendencia creciente en torno a la expedición de este tipo de recursos por parte del Tribunal, no se proveen estadísticas sobre este particular, sino que se cita una serie de casos que parece sugerirse fueron certificados impropiamente. Tengo dos reparos a esa aseveración. En primer lugar, de los nueve casos citados, dos (Domínguez Castro v. ELA, y Sindicato de Bomberos v. Cuerpo de Bomberos) versaban sobre la constitucionalidad de la Ley 7, que tenía un Artículo que ordenaba al Tribunal a expedir un auto de certificación intrajurisdiccional para atender controversias bajo esa Ley. Tengo mis dudas en torno a si ese Artículo de la Ley 7 constituía un ejercicio válido del poder legislativo pero, independientemente de ello, los casos fueron expedidos en virtud del mismo. Otro de los casos (UPR v. Laborde) es uno cuya certificación critiqué en mi columna en 80grados. Sin embargo, dado que la solicitud de certificación en dicho caso fue presentada cuando el caso estaba pendiente ante el Tribunal de Apelaciones, la solicitud se podría presentar de igual forma bajo el nuevo régimen creado por la Ley 18. Además, otro de los casos (Asoc. de Fotoperiodistas v. Rivera Schatz) era producto combinado de una certificación intrajurisdiccional presentada por el entonces Presidente del Senado y de un mandamus presentado por diversas organizaciones que agrupan a periodistas en Puerto Rico directamente ante el Tribunal Supremo, en virtud de su jurisdicción original. Así, dado que las partes que no presentaron la solicitud de certificación habían acudido directamente al Supremo, sería razonable asumir que se hubiesen allanado a presentar una solicitud de certificación de manera conjunta, por lo que esta solicitud se podría presentar bajo las nuevas disposiciones de la Ley 18. Finalmente, los últimos cuatro casos citados en el Informe Positivo de la Cámara de Representantes (Edwin Mundo v. CEE, PIP v. ELA, Santini Gaudier v. CEE y PNP v. Conty Pérez) versan sobre controversias electorales urgentes. No sugiero que todo caso electoral deba ser certificado al Tribunal Supremo, y me parece que en alguno de esos casos se podría hacer alguna crítica al momento en el que dicho foro expidió el auto de certificación que le fue solicitado, pero si me parece que los casos electorales se prestan particularmente para este tipo de figura, puesto que concurren allí circunstancias extraordinarias y urgentes que ameritan la adjudicación expedita de los asuntos planteados. Así, la lista de casos provista como justificación para la medida admite muchas precisiones que impiden su uso para los fines pretendidos por la Asamblea Legislativa.

Tampoco está del todo claro a qué se refiere el Informe Positivo de la Cámara cuando habla de un aumento en el uso de la figura. Según los informes estadísticos del Tribunal Supremo, durante el año fiscal 2011-2012 se presentaron 16 solicitudes de certificación al Tribunal Supremo, sean estas interjurisdiccionales o intrajurisdiccionales. Dicha cifra no varía de las correspondientes a los dos años anteriores (17 para el año fiscal 2010-2011 y 16 para el año 2009-2010). Así, no sólo no hay evidencia que sugiera que las partes están abusando de esta figura,[8] sino que tampoco se trata aquí de que la medida aprobada viene a aliviar la carga de trabajo del Tribunal.

Podría plantearse que lo que ha aumentado es la expedición de estos recursos. Algo como esto intimé en mi escrito en 80grados. Sin embargo, también expresé que, aunque quizás pueda plantearse que dicho auge en el uso de la figura se agudizó con la ‘nueva mayoría’ del Tribunal, ello realmente comenzó en algún momento durante los primeros años de la década del 2000. ¿Por qué entonces esto es un problema que amerita acción legislativa inmediata ahora, y de manera que ni siquiera se pueda deliberar sobre la misma?

Al final, más allá de la deseabilidad de que las controversias que llegan al Tribunal Supremo estén lo suficientemente delimitadas como para facilitar su adjudicación, mis preocupaciones sobre el uso del recurso de certificación intrajurisdiccional por parte del Tribunal Supremo tienen que ver con la posibilidad de que dicho foro esté utilizando la figura para favorecer determinadas ‘clases de litigantes’, como el Estado, algún partido político o funcionario electo, o interés privados alineados con las preferencias ideológicas del Tribunal. Además, me inquieta el que el Supremo no suela expresar las razones por las cuales procede la expedición de estos autos, sobre todo en casos en los que no parecen concurrir circunstancias extraordinarias o urgentes para ello. Desgraciadamente, nada en la Ley 18 contribuye a evitar tales problemas. Por el contrario, las enmiendas parecen perseguir, nuevamente, el interés no del todo justificado de evitar que ciertos casos lleguen al Tribunal Supremo. Ello, amén de que añade trabajo a un foro que sí esta sobrecargado, así como que le da considerable poder a los jueces y juezas de instancia para que, si así lo entienden, se tomen su tiempo en la adjudicación de asuntos que podrían requerir de un trámite excepcional, no me parece un ejercicio inteligente del poder legislativo.

La restitución del recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones en casos bajo la Ley de Permisos

Quizás la única medida incluida en la Ley 18 con la que me identifico a algún nivel es con las enmiendas a la Ley de Permisos para restablecer la competencia del Tribunal de Apelaciones para entender en controversias relativas a la aprobación de permisos, consultas y otras autorizaciones bajo la Ley de Permisos. Se trata de un reclamo hecho por diversas comunidades y grupos ambientales, que vieron como se les cerraba las puertas al Tribunal de Apelaciones sin justificación alguna, se creaba una nueva agencia, la Junta Revisora de Permisos y Usos de Terrenos, para remplazar al foro judicial apelativo, y se disponía que el único tribunal que pasaría juicio sobre este tipo de determinaciones sería el Tribunal Supremo, y de manera discrecional.[9] Sin embargo, al igual que en las instancias anteriores, la premura con la que se aprobó la Ley 18 hace que el proyecto aprobado adolezca de varios problemas.

En primer lugar, si bien las enmiendas aprobadas por la Asamblea Legislativa reinstalan el recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones, no eliminan la Junta Revisora ni eximen a las partes de presentar un recurso de revisión ante dicha agencia previo a acudir al Tribunal de Apelaciones. Así, pues, con la Ley 18 se configura una instancia de doble apelación, mediante la cual una parte interesada en cuestionar un dictamen de la Oficina de Gerencia de Permisos debe presentar primero un recurso de revisión a la Junta Revisora, para luego presentar otro recurso de revisión, éste ante el Tribunal de Apelaciones.

Quizás pueda pensarse que ello no es necesariamente mala idea. Después de todo, podría plantearse que mientras más oportunidades tenga una parte para vindicar sus reclamos, mejor. Discrepo de esa conclusión por tres razones.

Las primeras dos están relacionadas al esquema que obliga a las partes a acudir a la Junta Revisora antes de presentar un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Ello tiene el efecto de, por un lado, encarecer los costos de litigio para todas las partes y, por otro, de posponer la adjudicación definitiva de la controversia. Lo primero es particularmente problemático para aquellos sectores, como las comunidades y organizaciones ambientales, que generalmente no cuentan con considerables recursos para adelantar sus reclamos ante foros administrativos o judiciales. Lo segundo afecta a todas las partes. De un lado, se prolonga el panorama de incertidumbre relativo a estos asuntos. De otro, dado que son muy pocos los casos en los que el dictamen que se impugna es paralizado, la pendencia de todos estos recursos se da mientras la obra o proyecto impugnado se comienza a construir, lo que provoca que, para la fecha en la que el caso finalmente llega a un tribunal, la controversia tenga cierto aura de academicidad (aunque formalmente no sea académica).

Por otra parte, en tiempos de estrechez económica, no parece tener sentido alguno mantener la existencia de la Junta Revisora. Su creación, me parece, nunca fue debidamente justificadas. En un cuatrienio marcado por la cesantía de cerca de 30,000 empleados públicos, así como el cierre o desmantelamiento de oficinas y agencias, sorprendía la creación de una estructura a todas luces redundante, pues asumía la responsabilidad de pasar juicio sobre asuntos que ya eran revisados por el Tribunal de Apelaciones, sin que se redujera el presupuesto o la composición de dicho tribunal. La justificación para ello, se decía, recaía en el rol desempeñado por dicho tribunal en la revisión de decisiones ambientales, elemento que atrasaba y, por consiguiente, encarecía, los procesos dirigidos a obtener permisos para proyectos. En ningún momento, sin embargo, se ofrecieron estadísticas que apoyasen tal aseveración en torno al foro judicial apelativo. Me parece que enmendar la Ley de Permisos para reinstalar el recurso de revisión administrativa sin eliminar la Junta Revisora, padece del mismo problema. Por eso el reclamo de las voces que apoyan la restitución del recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones ha sido a los efectos de que ello se haga en detrimento de la existencia de dicha Junta. De lo contrario, el Estado continuará subsidiando un espacio completamente innecesario, y que pospondrá el que la Rama Judicial pueda finalmente entender en controversias sobre la Ley de Permisos.

Más importante aún, las enmiendas a la Ley de Permisos introducidas por la Ley 18 no resuelven el problema de acceso al tribunal en casos ambientales provocado por las decisiones recientes del Tribunal Supremo en materia de legitimación activa. Sobre este tema he reflexionado en otro espacio. Basta aquí decir que las enmiendas a la Ley 18 no alteran la frase “parte adversamente afectada” allí dispuesta, la cual ha sido utilizada por el Tribunal Supremo para incorporar una lectura particularmente rigurosa y conservadora de los requisitos de legitimación activa, según aplicados a casos y controversias ambientales. Poco importará la restitución de la revisión al Tribunal de Apelaciones si no se atienden estos asuntos, sea para ampliar las bases de legitimación activa en estos casos o para desarrollar mecanismos que permitan que las personas interesadas en cuestionar dictámenes ambientales puedan ofrecer evidencia que acredite su cumplimiento con los requisitos de esta figura.

Por último, un elemento incierto de las enmiendas a la Ley de Permisos debe comentarse. La Ley 18 elimina toda referencia a la posibilidad de acudir ante el Tribunal Supremo de dictámenes del Tribunal de Apelaciones en estos casos. Desconozco si la intención legislativa es no permitir que los dictámenes del foro apelativo intermedio al amparo de la Ley de Permisos puedan ser revisados ante el Tribunal Supremo. La única expresión sobre este particular se encuentra en el Informe Positivo de la Cámara de Representantes, en el que se indica que “al . . . enmendar la Ley [de Permisos], para que sea el Tribunal de Apelaciones el foro que revise las actuaciones, determinaciones finales y resoluciones de la Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta Adjudicativa, el Profesional Autorizado o de los Municipios Autónomos, se promueve que el Tribunal Supremo continúe cumpliendo eficientemente su función como órgano de revisión y apelación final”, lo cual “sin duda también es beneficioso para las partes puesto que los costos asociados al litigio son menores ante el Tribunal de Apelaciones que ante el Tribunal Supremo” y “es cónsono con esquemas anteriores que probaron su eficacia”.

Si la pretensión con la Ley 18 es eliminar la posibilidad de revisar dictámenes del Tribunal de Apelaciones ante el Tribunal Supremo en estos casos, lo que dudo, me temo que ello no será posible. En primer lugar, no es necesario que la Ley de Permisos haga alusión a la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo para que dicho remedio esté disponible. Ello se debe, en primera instancia, a que el inciso (d) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, aún después de las enmiendas de la Ley 18, dispone que el Tribunal Supremo revisará mediante certiorari “las sentencias finales del Tribunal de Apelaciones que dispongan de un recurso de apelación, recurso de revisión administrativa o recurso de certiorari para revisar sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia” (énfasis suplido). Si bien esa medida no establece el término dentro del cual serían revisables estas determinaciones, el Tribunal Supremo no se ha entendido impedido de subsanar tales omisiones legislativas en el pasado.[10]

Además, no estoy del todo convencido de que una actuación legislativa que prive al Tribunal Supremo de toda competencia revisora sobre dictámenes bajo la Ley de Permisos, y que convierta al Tribunal de Apelaciones en el foro judicial de última instancia para dichos casos, sobreviviría un análisis constitucional, particularmente en virtud de la Sección 3 del Artículo V de la Constitución, que establece que el Tribunal Supremo será “el tribunal de última instancia en Puerto Rico”. Ello, sobretodo, pues se cerraría las puertas de ese tribunal a un entramado de asuntos que inciden sobre la política pública ambiental dispuesta en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución, que ordena “la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. Independientemente del poco interés que el Tribunal Supremo parece demostrar a este mandato constitucional, dudo que permita que se le impida revisar decisiones del Tribunal de Apelaciones bajo la Ley de Permisos.

Por último, con toda franqueza, sería una verdadera locura pretender que los dictámenes del Tribunal de Apelaciones bajo la Ley de Permisos no puedan ser revisados por el Supremo. El foro apelativo intermedio está dividido en doce paneles que operan con tres y cuatro jueces y juezas, sin que exista algún mecanismo diseñado para asegurar uniformidad entre los dictámenes de cada panel, como lo sería, por ejemplo, la presentación de solicitudes de reconsideración al pleno del Tribunal. Por ello, una medida que pretenda que el Tribunal de Apelaciones sea el foro de última instancia para determinados casos está, en efecto, creando doce foros de última instancia diferentes. No hay que razonar mucho para entender los problemas graves de falta de uniformidad e implementación de mandatos judiciales que esto provocaría.

* * *

“[L]a reciente reforma a la estructura y funcionamiento de nuestro sistema judicial, hecha a toda prisa, sin prestar atención a los reclamos provenientes del Poder Judicial y prácticamente a espaldas de los expertos en la materia, es un ejemplo paradigmático de cómo no se debe legislar”.[11]
 

Tanto los informes positivos en Cámara y Senado y la Exposición de Motivos de la Ley 18 citan con bastante frecuencia de un artículo del profesor José Julián Álvarez González, publicado en el 1994, comentando ambos el proceso político que llevó a la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994, así como sus disposiciones. Al parecer la lectura del artículo del profesor Álvarez González no fue muy exhaustiva, pues al aprobarse la Ley 18, se obvió lo que es sin dudas el planteamiento central del escrito: el revanchismo político y las disputas entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista por el control de la Rama Judicial no pueden ser los elementos alrededor de los cuales se aprueben reformas a la judicatura.

En este sentido, quizás el impacto más severo de la Ley 18 no radica en sus disposiciones, sino en la continuación de la tendencia de utilizar el revanchismo político como fuente de inspiración para la aprobación de legislación en estos asuntos. ¿Por qué aprobar medidas que sólo persiguen evitar la posibilidad de presentar recursos ante un tribunal que está “totalmente al día” en el manejo de sus casos y que no ha solicitado que se le reduzca su carga? ¿Por qué aprobar la ley en menos de una semana, ignorando las voces que mostraban reparos con lo allí dispuesto? ¿Por qué no convocar a la profesión jurídica, a profesores/as de Derecho, y a la sociedad civil en general a someter ponencias en torno a estos temas? Aún las personas que estén a favor de estos cambios deberían tener problemas con este proceder. Después de todo, no es descabellado pensar que una medida como ésta, aprobada prácticamente sin discusión y con fines jurídicos cuestionables, será mucho más fácil de derogar por una administración futura que otra que sea producto de discusión amplia y/o del consenso entre distintos sectores.

Desde éste y otros espacios, algunos/as hemos denunciado varios de los eventos que han marcado la actividad en el Tribunal Supremo durante los últimos años. Hemos fustigado particularmente la manera en la que se han utilizado criterios perceptiblemente partidistas para alterar dramáticamente la estructura y composición del Tribunal, empleando para ello estrategias que cierran los espacios para la discusión amplia de estas propuestas. Me parece que es hora de colocar el ojo crítico sobre las actuaciones del Gobernador y la Asamblea Legislativa en cuanto a este extremo. Después de todo, no todas las afrentas a la legitimidad de la Rama Judicial provienen del Tribunal Supremo o de un partido en específico. Nos corresponde, pues, denunciarlas todas. En palabras del profesor Álvarez González, igualmente ignoradas al aprobar la Ley 18, “[e]stos errores no se deben repetir, por el bien de nuestro muy maltrecho sistema judicial. Los abogados no podemos permitir nuevamente que se emprenda una reforma judicial alocada y vengativa, a espaldas de la voz y de los intereses de la profesión”.[12]


[1] José Julián Álvarez González, La nueva Ley de la Judicatura y la competencia obligatoria del Tribunal Supremo: Algunas jorobas del mismo camello, 65 Rev. Jur. UPR 1, 7 n.33 (1996).

[2] Exposición de Motivos, Ley Núm. 18-2003.

[3] El Informe no detalla con claridad cómo se dispuso de estos recursos.

[4] Exposición de Motivos, Ley 18 (citando a Job Connection v. Supermercados Econo, Inc., 2012 TSPR 85; José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Ed. Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1503).

[5] Exposición de Motivos, Ley 18.

[6] Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 LPRA § 24s (2011); Suárez v. CEE, 163 DPR 347, 352 (2004). El lenguaje citado no varía con la aprobación de la Ley 18.

[7] Rivera Soto v. JCA, 164 DPR 1, 7 (2005).

[8] Curiosamente, sospecho que, ante la indisponibilidad del recurso de certiorari para revisar asuntos interlocutorios ante el Tribunal Supremo, la Ley 18 provocará un aumento en la presentación de solicitudes de certificación intrajurisdiccional en estos casos cuando estén pendientes ante el Tribunal de Apelaciones, siempre que exista al menos uno de los tres criterios requeridos para la expedición de estos recursos.

[9] Para un resumen de mis reparos con la Ley de Permisos en cuanto a este extremo, véase Laura Beatriz Arroyo Lugo & Luis José Torres Asencio, La lucha ambiental de cara al próximo cuatrienio: La Ley de Permisos, Claridad, 13 al 19 de diciembre de 2012, en las págs. 12, 25; Luis José Torres Asencio, Las comunidades y las organizaciones ambientales interrumpen: La política pública ambiental bajo la nueva Ley de Permisos, Revista Atabey, septiembre 2010, en las págs. 25-26.

[10] Álvarez González, supra nota 1, en la pág. 41 (discutiendo cómo el Tribunal había interpretado de manera parcialmente errónea, según el autor, que la Asamblea Legislativa no fijó un término para la presentación de apelaciones ante el Tribunal Supremo al aprobar la Ley de la Judicatura de 1994, por lo que procedió a fijarle un término al aprobar su nuevo Reglamento en el 1995).

[11] Álvarez González, supra nota 1, en la pág. 4 (1996) (citando a José Trías Monge, Constitución y Partidismo, en la pág. 3 (10 de septiembre de 1994) (Impresión del Colegio de Abogados de Puerto Rico)) (crítica en torno al proceso de aprobación de la Ley de Judicatura de 1994).

[12] Álvarez González, supra nota 1, en la pág. 81.

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  • Gracias por esta gran contribución Luis José. Espero poder comentarte pronto. Por ahora, quiero colocar por aquí esta acertada columna de Jay Fonseca sobre el asunto: http://derechoalderecho.org/wp-content/uploads/El-Tribunal-Supremo-viste-de-Clubman.pdf

    También se encuentra en su fuente original: http://www.primerahora.com/noticiaspuerto-rico/columna/jay-fonseca/columnas/eltribunalsupremovistedeclubman-924338/

    • Luis José Torres Asencio

      Gracias por compartirla, Hiram. Hace poco publicaste una nota que iba sobre líneas similares. Yo coincido con el planteamiento de ambos, dígase, que la referencia al discurso de ‘acceso a la justicia’ por parte de los jueces asociados Estrella Martínez y Martínez Torres no parece genuina, en atención a las decisiones recientes del Tribunal que inciden sobre esos temas. Podría decirse, además, que la alusión a la importancia de la deliberación en los procesos de toma de decisiones también es curiosa, dado que tanto sus respectivos nombramientos y algunos de los cambios que han realizado al Tribunal (la solicitud de aumento de jueces/zas, la enmienda a los procesos de asignación de casos, etc.) no fueron producto de procesos amplios y deliberativos. Es pertinente señalar tales inconsistencias.

      Mi preocupación, sin embargo, es que en aras de señalarlas, nos olvidemos de examinar, comentar y criticar lo que está ocurriendo. No hay una sola línea en el escrito de Jay Fonseca sobre la Ley 18 o el proceso atropellado mediante el cual se aprobó. Tampoco hay referencia alguna a que cuando el PPD estaba en minoría (y cuando estuvo en campaña eleccionaria), criticó al PNP por cerrar espacios y aseguró que gobernaría de manera distinta. Sin embargo, ahora que están en mayoría, se implementan prácticas afines a las que previamente criticaron. Ésa también es una gran inconsistencia. Señalar las de unos sin cuestionar las de otros me parece problemático.

  • Érika

    Gracias, Luis José, por este análisis. Dejo esta columna de Negrón García que salió publicada hoy 31 de mayo en El Nuevo Día y la copio completa para fines de mantener tracto del tema. (A veces El Nuevo Día las elimina del enlace o archivos digitales). Saludos.
    31 de mayo de 2013

    El acceso al Tribunal Supremo

    ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

    Con las etiquetas de “reformas” y “mayor acceso ciudadano a una justicia rápida y económica”, desde el 1992 los gobiernos del PPD y del PNP tratan de controlar el Poder Judicial creando y eliminando tribunales, nombrando jueces y aumentando su número, modificando competencias, entre otras prácticas.

    Más recientemente, luego del control ideológico del Tribunal Supremo por parte del PNP, salieron a flote diferencias irreconciliables, no sólo en la interpretación del derecho sustantivo y procesal, sino sobre la manera del juez presidente de administrar internamente este foro y demás tribunales, frente al reclamo de unas facultades constitucionales de la mayoría del Tribunal. En tal escenario, en el 2012, intervino la legislatura del PNP y despojó arbitrariamente al juez presidente de importantes prerrogativas administrativas (constitucionales y legislativas), que lo facultaban a él exclusivamente para asignar a los jueces, incluso en los casos electorales. Mientras tanto, legislación en trámite del PPD restituyendo esos poderes, pone fin a una indebida intromisión que laceraba la Constitución.

    Sin embargo, con la excusa de aliviar al Tribunal Supremo de una sobrecarga de recursos originales para que dedique los esfuerzos a “pautar el desarrollo del derecho puertorriqueño en consonancia con su mandato constitucional”, el PPD acaba de escribir otro triste capítulo contra el Poder Judicial. Sin apoyarse en dato alguno sobre el movimiento de casos, la Ley 18 le quita a dicho foro la jurisdicción original en los recursos extraordinarios de mandamus, “quo warranto” y auto inhibitorio. De ese modo se ignora el informe objetivo de la directora de Administración de Tribunales, representante del juez presidente, expositivo de la tendencia estatal norteamericana que reconoce la necesidad de esa facultad jurisdiccional original (pág. 13).

    La Ley 18 también retoma la versión original del recurso de “certificación intrajurisdiccional” y elimina la posibilidad de atender los provenientes del Tribunal de Primera Instancia. Ahora, los casos deben ser resueltos inicialmente por este foro de menor jerarquía. Una vez adjudicados, sólo si son presentados en el Tribunal de Apelaciones, podrá activarse la jurisdicción del Tribunal Supremo mediante el referido recurso de certificación.

    Este cambio no es tan grave como la prohibición de que, salvo unas pocas excepciones, el Tribunal Supremo no podrá revisar directamente vía certiorari, resoluciones o sentencias interlocutorias. Además, se remiten al Tribunal de Apelaciones las revisiones sobre los procesos de permisología en el área de la construcción. En suma, se cierran las puertas del más alto foro a innumerables litigantes que deberán transitar por un lento y costoso camino procesal previo.

    La aprobación festinada de la Ley 18 (sin vistas públicas), unida a la total ausencia de datos estadísticos y análisis empírico que justifiquen los cambios, aparenta ser un revanchismo político-partidista en respuesta al aumento en la composición del Tribunal y a varias de sus decisiones. Comoquiera, es incomprensible que se le prive de los casos aludidos sin discutirse ni examinarse a fondo su labor, fallas, factores relevantes, proyecciones y otras posibles soluciones.

    Por ser el Tribunal Supremo el foro judicial de última instancia, la facultad legislativa de alterar y fijar su competencia no es irrestricta. Tiene que ejercerse prudencialmente en armonía con la Constitución y, por ende, según los principios del debido proceso de ley y sus elementos cardinales de justicia accesible, rápida y económica. La Legislatura parece haber olvidado que nunca “podrá impedir que los casos judiciales en alguna forma o en otra, lleguen hasta la consideración del Tribunal Supremo”. (Diario, Asamblea Constituyente, 592).

    Reducir la función revisora con el objetivo de que se dedique mayormente a “pautar el desarrollo del derecho puertorriqueño” es menoscabar toda la doctrina jurisprudencial que proclama, en virtud de su condición de Tribunal de Justicia, como misión de igual trascendencia, “evitar demoras e injusticias”. Naturalmente, si sus decisiones no son justas, nada contribuirán a forjar un “buen” derecho puertorriqueño. La futura interpretación del propio Tribunal Supremo sobre el alcance de la Ley 18 determinará si constitucionalmente ésa es la “única forma” que tiene el ciudadano de tocar y abrir las puertas del máximo foro.

    • Luis José Torres Asencio

      ¡Gracias, Érika! La vi esta mañana y me pareció muy buena. Me alegra que por fin algo se haya publicado allí sobre el tema, dado que creo que El Nuevo Día ni sacó una nota sobre la aprobación de la Ley.

  • Luis José Torres Asencio

    Aquí un nuevo artículo de Noticel (¡Que trabajo tan valioso han hecho con este asunto!) que sugiere una explicación para el trámite acelerado que tuvo la ahora Ley 18-2013 en Cámara, Senado y Gobernación: http://www.noticel.com/noticia/142456/apuntan-a-manipulacion-de-firma-del-gobernador-para-afectar-demanda-de-retiro.html. ¿Qué casualidad, no?