Constitucional - TSPR

Algunas notas sobre la Resolución del Tribunal Supremo (Ley 18-2013)

El martes en la tarde el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales los artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 que limitaban, entre otras cosas, las instancias en que éste podía traer ante sí un asunto mediante el recurso de certificación intrajurisdiccional. Concurro con el resultado por dos razones principales.  Primero, porque entiendo que la Constitución sólo faculta a la Asamblea Legislativa para que disponga la organización y competencia de los tribunales que está autorizada a crear. Es decir, todos con excepción del Tribunal Supremo. En el caso de este último, funciona bajo sus propias reglas, tal es así que el número de miembros sólo puede modificarse a pedido del mismo Tribunal y es el mismo Tribunal quien adopta su reglamentos y las Reglas de Procedimiento Civil y Criminal.

Por otra parte, soy del criterio de que la Sec. 5 del Art. V de la Constitución, Jurisdicción Original del Tribunal Supremo, no aplica al recurso de certificación. Nuestra Constitución dispone que el Tribunal Supremo podrá atender en jurisdicción original recursos de habeas corpus y aquellos otros que se determinen por Ley.  Así, de los recursos extraordinarios que conocemos, es el único que tiene rango constitucional.  A diferencia del habeas corpus y otros, como el injunction y el mandamus, el auto de certificación no se considera un recurso extraordinario.  En este sentido, pienso que cuando la Constitución señala que “[e]l Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley” sólo se refiere a recursos extraordinarios y causas que la Legislatura pueda entender que el Tribunal debe ver en primera instancia.

Por definición el auto de certificación no puede verse en jurisdicción original por el Tribunal Supremo; tampoco es una causa como podría ser una acción en daños o un divorcio.  Es simplemente un mecanismo procesal que les permite a las partes llevar ante un tribunal de última jerarquía determinados asuntos que ya están ante la consideración de un tribunal inferior. Este mecanismo está –y debe estar- disponible para las partes porque al ser tratar asuntos constitucionales o asuntos de alto interés público se sabe de antemano que tarde o temprano terminarán en el último foro.  El Tribunal tiene discreción para expedirlo o no y a base del expediente determinará si está listo para adjudicarse o si es mejor que termine el trámite ordinario.

Ahora bien, la Sec. 5 no puede leerse en el vacío sino que debe leerse conjuntamente con la Sec. 4 que dispone que el Tribunal funcionará bajo reglas de su propia adopción.  Es decir, ninguna otra rama de gobierno tiene poder de decirle cómo debe funcionar; esto incluye el poder para decidir cuándo atenderá o no un asunto que se le presente ante su consideración.  Aunque la Asamblea Legislativa puede determinar que el Tribunal Supremo no podrá atender un injunction en primera instancia, no tiene poder para decirle si –en el ejercicio de su discreción- puede atender un asunto que por las circunstancias particulares una de las partes entiende que debe ser visto por el tribunal de máxima jerarquía en aras de la economía procesal y de recursos.  Ese poder la Constitución se lo delegó al propio Tribunal Supremo, no a la Legislatura.

Dicho eso, también debo decir que, aunque concurro parcialmente con el resultado, me preocupan varios asuntos.  El primero es que coincido con la Juez Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez en cuanto al problema que representa que la Ley 18-2013 se haya declarado inconstitucional mediante una Resolución.  Esto es preocupante porque, como sabemos, sólo pactan derecho las Opiniones del Tribunal.  En este caso, la Resolución se publicó porque ocho de los jueces y juezas emitieron votos de conformidad o disidentes pero en el caso de que ninguno se hubiese expresado la misma no se hubiese publicado.

Lo segundo, y también relacionado a esto, es que debemos preguntarnos cuándo adquiere jurisdicción el Tribunal Supremo en un caso que está ante sí.  Es decir, ¿adquiere jurisdicción cuando se presenta el caso o cuándo se decide si se expide o no?  En este asunto es de utilidad la Regla 23 del Reglamento del Tribunal que claramente dice que la presentación del recurso de certificación no interrumpe los procedimientos ante el tribunal en el que se encuentre el caso.  Entiendo que, dado el lenguaje de la Regla, el Tribunal inferior retiene la jurisdicción hasta tanto el Tribunal decide expedir el auto.  De lo anterior podemos inferir que si la Resolución de 11 de junio determinó no ha lugar en esta etapa y por tanto el recurso no se expidió todos los pronunciamientos siguientes se hicieron sin jurisdicción.  Lo lógico hubiese sido que el Tribunal expidiera el recurso, se pronunciara sobre los planteamientos en cuanto a la Ley 18 y, si entendía como entendió que era necesario un expediente más completo, devolviera el caso al Tribunal de Instancia para que continuara con los procedimientos.

Respecto a lo anterior, entiendo el curso de acción adecuado era el planteado por el Juez Asociado Estrella Martínez quien, convincentemente, señala que no había razón para no expedir la certificación. El Juez, muy bien, detalla cómo se verían afectados derechos de primer orden si la controversia sobre la constitucionalidad de la Ley 3-2013 no resuelve antes del 30 de junio.  En este sentido, resulta difícil distinguir este caso de otros similares donde el Tribunal sí expidió la certificación aun cuando no se había celebrado vista evidenciaria como lo fueron Domínguez Castro v. E.L.A. (Ley 7) y  Justo Lozada v. A.E.E. (Gasoducto).

Tercero, es preocupante también el uso tan superficial que hace la mayoría del “acceso a la justicia”.  En ese contexto es imprescindible que nos preguntemos de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia. Entiendo que debemos mirar -si es que queremos analizar el tema como una cuestión de derechos humanos- cuáles son las garantías con las que cuenta la ciudadanía en cuanto acceso a los tribunales.

Si de acceso se trata, hay que decir que hoy por hoy tenemos una doctrina de legitimación activa mucho más restrictiva. A partir del 2009, este Tribunal que hoy reclama el recurso de certificación como un asunto de acceso a la justica ha ido achicando, con excepción del Juez Asociado Estrella Martínez, una doctrina que, hasta entonces, favorecía la participación ciudadana en los procesos judiciales. De esta manera, conviene mirar el recuento que hace la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez sobre cómo, jurisprudencialmente, se ha ido cerrando las puertas de los tribunales.

Es por eso que me llama la atención que un Tribunal que ha mirado restrictivamente el Derecho y ha interpretado restrictivamente los derechos ciudadanos entienda hoy que el recurso de certificación es fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Aunque personalmente pienso que es una herramienta que debe estar disponible para las partes, no puedo evitar preguntarme cómo instrumentalizar esto en un País donde los derechos son cada vez más pequeños. También es cierto que en el pasado -y el presente- este tipo de recurso se ha utilizado para resolver cuestiones políticas y ha redundado en un menor acceso a la justicia de la parte más vulnerable.  Sin embargo, pienso que la respuesta al uso desmedido no puede ser la eliminación del auto sino más bien la creación de mecanismos fiscalizadores de poder ciudadano.

Este asunto es importante porque estamos ante un asunto de democracia.  El acceso a la justicia está estrechamente relacionado a los niveles de democracia de un País. Allí, donde los operadores del Derecho restringen la participación ciudadana, el acceso a la justicia se empequeñece. Basta con que usted se pregunte ¿Es mayor el acceso a la justicia de las mujeres hoy? ¿Y el de los trabajadores? ¿Y el de los ambientalistas? ¿Y el de la disidencia? Y si una va a ser sincera con una misma y con los demás debe contestar que no. Que hoy por hoy el acceso a la justicia es chiquitito, aunque esté disponible el recurso de certificación.

Ciertamente, es lamentable para el País y para la legitimidad del Tribunal, bastante cuestionada en estos días, que las páginas de las Decisiones de Puerto Rico sirvan de escenario para argumentos extrajurídicos que poco abonan al Derecho del País. De igual manera, me parece desacertado que el Gobernador -independientemente de las motivaciones que le pueda imputar a cada uno de los jueces y las juezas-  responsabilice al Tribunal de la debacle a la que puede llevar una determinación de inconstitucionalidad de la Ley 3-2012.  Esas expresiones equivalen a pedirle al Tribunal que sirva de sello de goma a la política pública de la administración.  Estas acciones las hemos criticado antes y pienso que no es momento de mantener silencio ahora.  De igual manera pienso que pedirle a los trabajadores y trabajadoras públicos que sacrifiquen su pensión en pos de un bien común del que ni siquiera existe evidencia es un discurso inaceptable.  Esto último me parece mucho más perverso que cualquier motivación subyacente que el máximo foro pueda tener para declarar inconstitucional un estatuto.

Por mi parte, comparto parte de los señalamientos de la Juez Rodríguez, concurro parcialmente con el resultado de la mayoría, y estoy de acuerdo con el Juez  Estrella Martínez  por entender que las controversias sobre la constitucionalidad de la Ley 3-2013 debieron atenderse con premura por la jerarquía de los derechos contenidos en éstas.

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  • Hernán Reyes

    El único resultado al que llega la Resolución en el contexto del caso y controversia ante sí es “No ha lugar al recurso de certificación en esta etapa de los procedimientos”. Todo lo demás es una declaración de inconstitucionalidad en el abstracto que no era necesaria para llegar a ese resultado particular (¿un dictum u opinión consultiva, como se señala en la disidencia? Ese es el problema principal de logística y justiciabilidad que se presenta, más allá de darle valor de precedente a una Resolución). Más interesante aún, esa declaración de inconstitucionalidad no se limita al mecanismo procesal del recurso de certificación -que era el único planteado en el caso- sino que también se invalidan otras modificaciones legislativas a la competencia original y apelativa del TS, como por ejemplo, todas las limitaciones referentes al certiorari interlocutorio que -para bien o para mal- se aprobaron en la Ley 18 para hacer extensivo al TSPR el “final judgment rule” que ya existe en el Tribunal de Apelaciones por mandato de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Como bien se explicaba en un artículo anterior de este blog (citado en uno de los votos de conformidad), esa acción legislativa realmente tenía un alcance muy limitado, por lo que el TS le podía buscar la vuelta fácilmente sin la necesidad de hacer una declaración tan amplia de inconstitucionalidad.

    De otro lado, cuando la Constitución dispone en el Art. V, sec. 4 que el TS funcionará bajo reglas de su propia adopción, no quiere decir que el propio Tribunal puede determinar su propia competencia. Esa función siempre ha estado en manos de la Rama Legislativa, al igual que en el sistema federal y en todos los estados, y la Constitución de PR no introdujo elementos novedosos en lo que se refiere a las estructuras y la distribución de poderes de las tres ramas de gobierno. Tan es así que el recurso de certificación intrajurisdiccional como lo conocemos hoy día -a solicitud de parte o motu propio y disponible desde que se presenta la demanda- solo tiene diez años en nuestro ordenamiento. Antes lo que había era un recurso de certificación desde que se presentaba el recurso apelativo, lo que configuraba precisamente uno de los mecanismos establecidos por la Ley 18 y ahora invalidado por la Resolución. En el sistema federal y en la mayoría de los estados la certificación intrajurisdiccional solo está disponible a solicitud del propio tribunal inferior, quien retiene la jurisdicción sobre el caso y solo certifica una pregunta de derecho(tal como la certificación interjurisdiccional que nosotros conocemos). Por eso no es muy persuasivo reconocerle carácter constitucional a un recurso creado por ley que no estaba ni en el panorama cuando se aprobó la Constitución.

    Lo que no se le puede privar al TS es de su jurisdicción en su función de tribunal de última instancia. La competencia -o lo canales y caminos en que se distribuye la jurisdicción- siempre han sido objeto de determinación legislativa, y lo importante es que exista algún camino para que el tribunal finalmente ejerza esa última jurisdicción. El que se prive de una vía de competencia particular no debe ser mayor problema si existe alguna vía, que es lo que ha reconocido el TS federal al interpretar el exceptions clause desde Ex Parte McCardle hasta Hamden v. Rumsfeld. En ese sentido se podría entender la postura del J. Estrella de darle la vuelta a la constitucionalidad de la Ley 18. Ello bajo la premisa que en su aplicación al caso de Retiro, cuya reforma entra en vigor el 1 de julio, la única manera en que el Tribunal Supremo podía ejercer efectivamente su juridicción final sería expidiendo el caso inmediatamente para evitar que se torne académico. Sin embargo, eso dista mucho de lo que sugiere la autora de este artículo en cuanto a la potestad (o la supuesta impotencia) de la Legislatura de regular la competencia apelativa del TS. Tampoco es lo que hizo el TS, que denegó el recurso e invalidó la Ley 18 bajo el análisis de Colón Cotés v. Pesquera y los motivos del legislador en atención al caso de Retiro.

    Por último, no se menciona que parecería que el TS invalidó los artículos 1 y 2 de la Ley 18 in toto, aunque el Art. 1 también incluyó una modificación significativa de la competencia original del TS al eliminar el mandamus, quo warranto y auto inhibitorio. Sin duda en esa esfera de la competencia original, la Constitución es más clara todavía, y lo único que la Legislatura no podría eliminar es el habeas corpus.

    Resta ver qué ocurrirá si se vuelve a aprobar una ley similar pero con una vigencia prospectiva, según se ha anticipado en la prensa. A una ley así no le debería aplicar automáticamente el mismo análisis de Colón Cortés y la interferencia legislativa con la función judicial. De eso ocurrir, esperemos que el tono del discurso entre todas las partes sea más ecuánime.