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¿Se golpean entre sí o golpean la Justicia?

Hace algunas semanas publiqué en este espacio mi análisis (preliminar) en torno a la Ley 18-2013, que altera dramáticamente la competencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Allí expresé mi repudio a la medida, en atención a tanto su proceso atropellado de aprobación como a las deficiencias (y la torpeza) de varias de sus disposiciones. En fin, dicha medida me pareció un nuevo golpe, un capítulo más en el relato en torno a los intentos de la Rama Legislativa por reformar el funcionamiento de la Rama Judicial respondiendo a intereses político-partidistas, y las reacciones de esta última a los intentos de la primera; relato que, como mínimo, bien puede ser trazado a la creación del Tribunal de Apelaciones en pleno año electoral en el 1992.[1]

En aquel momento, expresé que

quizás el impacto más severo de la Ley 18 no radica en sus disposiciones, sino en la continuación de la tendencia de utilizar el revanchismo político como fuente de inspiración para la aprobación de legislación en estos asuntos. ¿Por qué aprobar medidas que sólo persiguen evitar la posibilidad de presentar recursos ante un tribunal que está “totalmente al día” en el manejo de sus casos y que no ha solicitado que se le reduzca su carga? ¿Por qué aprobar la ley en menos de una semana, ignorando las voces que mostraban reparos con lo allí dispuesto? ¿Por qué no convocar a la profesión jurídica, a profesores/as de Derecho, y a la sociedad civil en general a someter ponencias en torno a estos temas? Aún las personas que estén a favor de estos cambios deberían tener problemas con este proceder. Después de todo, no es descabellado pensar que una medida como ésta, aprobada prácticamente sin discusión y con fines jurídicos cuestionables, será mucho más fácil de derogar por una administración futura que otra que sea producto de discusión amplia y/o del consenso entre distintos sectores.

Paralelo a estos eventos, y de manera desconocida para la mayor parte del País, para esas fechas ya navegaban por los tribunales sendos litigios en los que se cuestionaban la constitucionalidad de partes de la Ley 3-2013, que altera dramáticamente el Sistema de Retiro de Empleados(as) del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El primero de ellos fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia el 8 de mayo de 2013, siendo las partes demandadas emplazadas al día siguiente, casualmente el día antes de que el proyecto del Senado que terminó convirtiéndose en la Ley 18-2013 cogiera vida, luego de languidecer en la Comisión de lo Jurídico desde febrero. Igualmente, y en atención a que las partes que cuestionan la constitucionalidad de la Ley 3-2013 tienen, en virtud de las Secciones 29 y 30 de la misma medida, hasta el 30 de junio para decidir si se acogen a retiro para evitar que les aplique el esquema de beneficios reducidos creado mediante dicha Ley, dichas partes solicitaron la certificación del caso al Tribunal Supremo el 16 de mayo de 2013.

Dado que la fecha ‘oficial’ de aprobación de la Ley 18-2013 es el 15 de mayo, el Estado compareció ante el Tribunal Supremo para solicitar la desestimación de los recursos de certificación. El planteamiento era que en virtud de la Ley 18 no era posible presentar una solicitud de certificación ante el Tribunal Supremo de un caso pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia salvo que todas las partes en el mismo consintieran a ello. Las partes demandantes se opusieron a la desestimación, planteando en primera instancia que la Ley 18-2013 no fue firmada por el Gobernador el 15 de mayo de 2013, sino el 16 o 17 de mayo, y que por ello no era de aplicación a la solicitud de certificación presentada el 16 de mayo y, en la alternativa, aseverando que la Ley violaba la doctrina de separación de poderes, en tanto fue aprobada con el propósito de afectar el resultado en dicho litigio.

El asunto de la fecha en la que fue firmada la Ley 18-2013 es, francamente, un capítulo bochornoso para el Gobernador. El Estado alega que la Ley fue firmada por el Gobernador el 15 de mayo, y así lo acreditó mediante una certificación emitida por un funcionario del Departamento de Estado. Sin embargo, la Ley no apareció publicada en registros electrónicos hasta dos días después, y antes otra Ley, la actualmente denominada Ley 19-2013, aparecía identificada como la Ley 18. Quizás lo más vergonzoso es que el 16 de mayo de 2013 el Gobernador curso una carta al Juez Asociado Estrella Martínez, con copia a todos/as los/as jueces/zas, en la que respondía a una misiva del ante mencionado Juez del día anterior y le expresaba que “daría seria consideración a sus argumentos” en torno al proyecto de ley que tenía ante sí. En otras palabras, si creemos la posición del Estado –y del Gobernador– respecto a que la Ley fue firmada el 15 de mayo, nuestro primer mandatario realizó el acto deleznable y engañoso de cursar una carta al Supremo al día siguiente para informar que aún evaluaba la medida cuando ya la había firmado. Si, por el contrario, pensamos que la Ley fue firmada el 16 o el 17 de mayo, entonces no sólo la carta del Gobernador del 16 de mayo fue un chiste de muy mal gusto, sino que también un funcionario del Departamento de Estado certificó una falsedad, y quedaría quizás más claro que la razón tras la alegación sobre la firma de la Ley el 15 de mayo fue hecha con el único fin de afectar la solicitud de certificación presentada ante el Tribunal Supremo al día siguiente. De cualquier forma, se trata de incidentes que ni siquiera los/as más férreos/as defensores/as del Gobernador pueden expresamente avalar o ignorar con sus silencios.

Es con más o menos este cuadro que, en la tarde del pasado martes, 11 de junio, el Tribunal emitió una Resolución en el caso de Alvarado Pacheco y otros v. ELA,[2] mediante la cual dictaminó que los Artículos 1 y 2 de la antes aludida Ley 18-2013 viola la doctrina de separación de poderes y por ello es inconstitucional. Acto seguido, el Tribunal decidió, por votación 8 a 1 (siendo el Juez Asociado Estrella Martínez el único disidente), denegar la solicitud de certificación intrajurisdiccional presentada por las partes peticionarias, ordenando, a su vez, al Tribunal de Primera Instancia a celebrar una vista en el caso en o antes del 18 de junio, de manera que se atienda el recurso con la celeridad requerida.

Ya tendré la oportunidad de examinar a profundidad en éste u otro espacio la Resolución y los votos particulares de conformidad, disidentes y mixtos, suscritos por los jueces y juezas del Tribunal. Sin embargo, a manera de comentario preliminar, comparto las siguientes impresiones:

A. Coincido plenamente con lo expresado por la colega y amiga Mariana Iriarte en lo relativo a que la decisión del Tribunal fue emitida mediante Resolución. Ello provoca un panorama de incertidumbre innecesario que sólo es resultado del deseo de una mayoría abrumadora del Tribunal de no expedir el auto de certificación presentado por los/as empleados/as públicos que cuestionan partes de la Ley 3-2013. Tal decisión, la de no expedir del auto, me parece sumamente problemática a la luz de la dilación del Tribunal Supremo en atender el asunto sobre la constitucionalidad de los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013. Como resultado del trámite actual, el Tribunal Supremo ha ordenado la celebración de una vista ante el foro de instancia mientras seguramente el trámite de certificación seguirá pendiente ante el Tribunal Supremo, debido a que imagino que el Estado solicitará las dos solicitudes de reconsideración que la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo permite presentar. Siendo ello así, es muy probable que, para la ante mencionada fecha crucial del 30 de junio de 2013, el Tribunal Supremo aún no haya podido emitir el mandato acreditativo de que el trámite de certificación ha advenido final y firme, lo cual, en virtud de la Regla 23(b)(2) del Reglamento del Tribunal y de la jurisprudencia interpretativa sobre los efectos de la notificación de un mandato a foros inferiores, es un requisito procesal necesario para que el foro de instancia pueda emitir una Sentencia en torno a los planteamientos constitucionales sobre la Ley 3-2013. Es por ello que, en cuanto a este extremo, coincido plenamente con los planteamientos esbozados por el Juez Asociado Estrella Martínez en cuanto a que si el Tribunal estaba dispuesto a declarar inconstitucional los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013, o a interpretarlos de manera que no fuesen un impedimento para la consideración del recurso presentado ante dicho foro, era imperativa la expedición del auto de certificación solicitado. Fuese por los méritos propios de dicha solicitud o por la dilación del Tribunal en emitir su dictamen en torno a la Ley 18-2013, entiendo que la solicitud de certificación intrajurisdiccional presentada por las colegas Judith Berkan y Mary Jo Méndez cumplía con los requisitos para su expedición. No haberlo hecho, me temo, coloca a los/as empleados/as demandantes en una difícil situación procesal.

B. Pese a que me parece que la aprobación de la Ley 18-2013 fue un gran error no sólo por sus disposiciones sino por su trámite atropellado, no coincido con el análisis de una mayoría del Tribunal en cuanto a que la misma viola la doctrina de separación de poderes. De hecho, contrario a lo que parece sugerirse en el voto particular de conformidad de la Jueza Asociada Pabón Charneco, nada en mi escrito anterior sugería tal resultado. Sobre este particular, la Resolución del Tribunal en Alvarado Pacheco expresa, aplicando lo resuelto anteriormente en los casos de Colón Cortés v. Pesquera,[3] que los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 fueron aprobados con el fin de afectar el trámite del caso ante la consideración del Tribunal Supremo. Añade, además, que el esquema aprobado mediante los referidos artículos contraviene las disposiciones de la Sección 3 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en tanto y en cuanto evita que el Tribunal Supremo sirva de “tribunal de última instancia en Puerto Rico” en ciertas controversias. Discrepo del análisis del Tribunal en ambos extremos:

1. En primer lugar, me parece que la controversia en Alvarado Pacheco es muy distinta a la de Colón Cortés v. Pesquera y, también, a la de Misión Industrial v. Junta de Planificación,[4] las otras instancias en las que el alto foro se había pronunciado sobre la interferencia legislativa con el proceso adjudicativo en determinados casos pendientes en los tribunales. Sobre este particular, me parecen atinadas las expresiones de la Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez en su voto particular disidente. A diferencia del caso actual, Colón Cortes y Misión Industrial, que versaban sobre los proyectos de la Ruta 66 y el Súper Acueducto de la Costa Norte, respectivamente, involucraban controversias en las que la Rama Legislativa pretendía no sólo condicionar el trámite futuro de un litigio pendiente, sino que lo hacía luego de que algún tribunal hubiera adjudicado partes de o todas las controversias que ante sí. En cambio, el proyecto que dio paso a la Ley 18-2013 fue presentado en febrero de 2013, mucho antes de que se aprobara la Ley 3-2013 o que se presentara el litigio que cuestiona su constitucionalidad. Además, ningún Tribunal había emitido un dictamen en el caso sobre la Ley 3 para la fecha en la que se aprobó la Ley 18.

2. Quizás una lectura más favorable para la posición que adopta una mayoría del Tribunal es que si bien la presentación del proyecto que se convirtió en la Ley 18-2013 no violaba la doctrina de separación de poderes, el que su trámite de aprobación sólo cobrara vida luego que se presentara la demanda cuestionando la constitucionalidad del nuevo régimen de retiro aprobado mediante la Ley 3-2013 demuestra que la aprobación de la Ley 18-2013 responde al deseo de las ramas Ejecutiva y Legislativa de privar al Tribunal Supremo de entender en dicho caso. Sobre este particular, debe decirse que ningún/a integrante de la mayoría en Alvarado Pacheco parece hacer esta importante distinción, que trasciende lo resuelto en Colón Cortés y Misión Industrial, casos en los que no sólo los proyectos de ley que allí se invalidaron fueron presentados con posterioridad a la pendencia de los casos en los tribunales, sino que se presentaron con posterioridad a que el Tribunal Supremo hubiera intervenido y adjudicado partes de los mismos. De hecho, un examen del trámite legislativo de la Ley Núm. 19 del 12 de junio de 1997 (declarada inconstitucional en Misión Industrial), y de las Ley Núm. 324 del 6 de noviembre de 1999 (declarada inconstitucional en su aplicación en Colón Cortés), encuentra innumerables referencias a las decisiones que se interesaban ‘modificar’ del Tribunal Supremo, así como al deseo de guiar el trámite futuro de los litigios pendientes. Nada de ello está presente en Alvarado Pacheco.

3. Tampoco me parece que la referencia al trámite legislativo de la Ley 18-2013, a la que la mayoría hace alusión, apoya la contención de que la misma fue aprobada con la intención ineludible de incidir en el trámite y el resultado de Alvarado Pacheco. Las expresiones del Presidente del Senado, citadas por la mayoría, revelan inequívocamente que lo que está detrás de la Ley 18-2013 es el mismo interés revanchista que tanto criticamos en nuestra entrada anterior sobre el tema. Si bien ello me parece un fin legislativo poco loable, y que tiene el efecto de agudizar la prevalencia de discursos político partidistas en la administración de la justicia, ello no convierte la Ley 18-2013 en inconstitucional. Si así lo fuera, también podría plantearse que la Ley de la Judicatura de 1994, aprobada luego de una controversia entre un Tribunal Supremo controlado por el PPD y una Rama Legislativa y Ejecutiva controladas por el PNP en torno a la existencia de un tribunal apelativo intermedio, también era inconstitucional. En dicho caso, al igual que el de autos, el criterio rector del proceder legislativo era el revanchismo con el Tribunal Supremo.

4. Quizás pueda pensarse que es sabio que el Tribunal sancione actuaciones legislativas motivadas por el ‘revanchismo político’. No lo entiendo así por dos razones. Primero, porque la distinción entre actuaciones legislativas motivadas por el ‘revanchismo’ y actuaciones motivadas por el interés de revocar o modificar el Estado de Derecho, según interpretado por el Tribunal Supremo, es muy tenue. Segundo, porque ello abre las puertas para que la Rama Judicial condicione demasiado el ámbito de actuación de la Rama Legislativa, lo que impide que ambos poderes constitucionales desarrollen el tipo de relación dialógica, deliberativa, participativa e inclusiva con la que me identifico.

5. El razonamiento del Tribunal en torno a que los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 violan lo dispuesto en la Sección 3 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, puesto que evita que el Tribunal Supremo sirva de “tribunal de última instancia en Puerto Rico” en ciertas controversias, me parece más persuasivo, aunque también problemático. El razonamiento del Tribunal aquí es que, por operación de la limitación a la presentación de solicitudes de certificación intrajurisdiccional y a la revisión de asuntos interlocutorios ante el Tribunal Supremo, hay ciertas controversias, todas de naturaleza urgente, que evadirían revisión por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal parece hacer este planteamiento desde la perspectiva de cómo ello afecta al propio Tribunal en su función como foro de última instancia en Puerto Rico, lo cual constituye un planteamiento de separación de poderes, en su modalidad de intervención con el diseño constitucional de poderes dispuesto en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal también parece articular que dicho esquema viola los derechos de los/as trabajadores/as peticionarios/as en este caso, dado que no le permiten llevar su caso ante el Tribunal Supremo. En este último sentido, parecería que el Tribunal construye un planteamiento de debido proceso de ley, en su modalidad procesal, a favor de las partes que interesan llevar sus reclamos ante el Tribunal Supremo. Aunque reconozco que en ambos supuestos hay planteamientos persuasivos a favor de la inconstitucionalidad de los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013, como los expresados por la colega Mariana Iriarte en su escrito en este espacio, discrepo de ambos fundamentos de inconstitucionalidad.

6. Me parece que los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 no privan al Tribunal Supremo de ejercer su rol como tribunal de última instancia en Puerto Rico en estos casos porque, aunque me parece que el diseño procesal de competencias dispuesto en la referida medida tiene el efecto de hacer más difícil que estos casos puedan eventualmente llegar hasta dicho Tribunal, no lo impiden completamente. De entrada, huelga aclarar el alcance limitado de este argumento por parte de la mayoría del Tribunal. Se trata de que, en casos de considerable interés público y en los que existen circunstancias urgentes que exigen que el trámite judicial sea más ágil que el ordinario, tal y como el enfrentado en Alvarado Pacheco, una parte que interese que el Tribunal Supremo se exprese sobre el mismo está en una posición particularmente difícil para lograrlo. Ello ocurre porque, en primera instancia, dicha parte ya no podrá solicitar la certificación de su caso al Tribunal Supremo mientras el mismo esté pendiente en el Tribunal de Primera Instancia, salvo la extraordinaria circunstancia de que las partes contrarias consientan a tal proceder. En mi entrada anterior sobre este tema ya reflexioné sobre lo difícil, sino imposible, que será el que ello ocurra en casos de considerable interés público. Así, en estos casos, el único camino para acudir ante un foro judicial superior en jerarquía será mediante la revisión de asuntos interlocutorios ante el Tribunal de Apelaciones, como la expedición de órdenes de entredicho provisional o interdicto preliminar, la denegatoria de mociones de carácter dispositivo u otras controversias que inciden sobre asuntos de interés público o en las que esperar hasta la conclusión final del caso conllevaría un ‘fracaso irremediable de la justicia’. Sin embargo, por operación de las disposiciones de la Ley 18-2013, si bien estos casos podrán ser llevados ante el Tribunal de Apelaciones, no podrán ser revisados mediante certiorari ante el Tribunal Supremo. Ello, pues, parecería cerrar las puertas del Tribunal Supremo a este tipo de asuntos en los que, por operación de las circunstancias que exigen su atención urgente, limitarían el que dicho Tribunal pueda entender en los mismos.

7. Lo anterior, sin embargo, ignora que las partes que interesan acudir ante el Tribunal Supremo en estas circunstancias aún tienen un mecanismo bajo la Ley 18-2013 que les permitiría así hacerlo: la certificación intrajurisdiccional de casos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones. Así, en casos en los que un foro de instancia adjudique un asunto interlocutorio susceptible de ser revisado mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, si bien dicha parte no podría llevar eventualmente ese asunto mediante certiorari al Tribunal Supremo, sí podrían presentar una solicitud de certificación intrajurisdiccional del mismo ante dicho Foro y ni siquiera tendrían que esperar a que el foro apelativo intermedio resuelva su recurso. Es por ello que, en estos casos extraordinarios también sería posible llevar el caso al Tribunal Supremo. Quizás los mecanismos procesales provistos por la Ley 18-2013 para que ello ocurra no son los más sensatos, pero, aunque ello parezca desafortunado, la falta de sensatez no convierte una ley en inconstitucional.

8. Más allá de lo anterior, no está del todo claro a qué se refiere el Tribunal cuando asevera que la Ley 18-2013 le priva de su rol como foro de última instancia. En la mayoría de los casos, es la parte perdidosa ante un tribunal inferior, y no el Tribunal Supremo, quien decide si éste ejercerá su rol como tribunal de última instancia. Ello se debe a que, en nuestros tribunales, la inmensa mayoría de los casos no llegan al Tribunal Supremo. De hecho, el esquema aprobado mediante la Ley 18-2013 no es radicalmente distinto al existente en otras jurisdicciones, incluida la federal, en donde no existe un equivalente funcional a la certificación intrajurisdiccional –y lo que existe, la certificación de preguntas, prácticamente está en desuso– y en donde la revisión de asuntos interlocutorios está mucho más restringida que en Puerto Rico. Si bien en el análisis interpretativo de las disposiciones del Artículo V de nuestra Constitución poco importa el régimen federal, nuestra jurisprudencia interpretativa de la doctrina de separación de poderes, y particularmente la de interferencia legislativa con la Rama Judicial, ha mirado con mucha frecuencia a la experiencia federal.

9. Quizás el argumento entonces es que la Ley 18-2013 priva a las partes en este tipo de controversias de acudir oportunamente al Tribunal Supremo cuando así lo desee. Confieso que éste planteamiento, el menos desarrollado en la Resolución del Tribunal en Alvarado Pacheco, es el que más interesante me parece. Sin embargo, el mismo tiene un escollo que, a mi juicio, dispone del mismo: el Tribunal Supremo nunca ha resuelto que un litigante tiene un derecho constitucional, como corolario del debido proceso de ley en su modalidad procesal, a apelar de un dictamen o llevar un caso ante un foro judicial superior. De hecho, la única vez que el Tribunal se ha expresado sobre el tema, una opinión emitida en el 1949, lo hizo para responder a dicha interrogante en la negativa.[5] Tal vez ha llegado el momento de que se re-examine tal conclusión, a la luz de la transformación de nuestro ordenamiento procesal apelativo, así como de la aprobación del Artículo V de nuestra Constitución en el 1952. Sin embargo, ello no es objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo en Alvarado Pacheco.[6] Por tal razón, y en ausencia de algún pronunciamiento que reconozca la existencia de un derecho constitucional a llevar un caso ante el Tribunal Supremo, tampoco me parecería persuasivo concluir que los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 son inconstitucionales por este fundamento.

10. Resta considerar el creativo voto del Juez Asociado Estrella Martínez, con el cual finalmente tampoco concurro. Ya antes señalé que, invalidados los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013, coincido plenamente con su posición a favor de la expedición del auto de certificación intrajurisdiccional en el caso. Sin embargo, en lo relativo a la Ley 128-2013, éste no endosa abiertamente el análisis de separación de poderes de la mayoría, sino que interpreta la medida de manera que evita tener que pronunciarse sobre su constitucionalidad, en respeto a las normas de autolimitación judicial. Su planteamiento es que si bien la Ley 18-2013 podía alterar, como hizo, la competencia del Tribunal fijada en la Ley de la Judicatura de 2003 y las Reglas de Procedimiento Civil, no podía alterar la ‘competencia’ que la Constitución le asigna al Tribunal Supremo. Así, según su análisis, aún si la Asamblea Legislativa priva al Tribunal Supremo de toda su competencia apelativa, el Artículo V de la Constitución constituiría una fuente independiente para conferir competencia a dicho Foro, en los extremos limitados allí dispuestos. En cuanto a este particular, tiendo a coincidir con el voto particular disidente del Juez Presidente Hernández Denton, que plantea que las expresiones del Juez Asociado Estrella Martínez parecen incorporar a nuestro acervo constitucional una especie de recurso de amparo. A ello añadiría que el Tribunal Supremo nunca ha resuelto que las disposiciones constitucionales que le confieren jurisdicción operan ex proprio vigore o son auto ejecutables, es decir, que no necesitan de legislación que las habilite. Ciertamente, el Tribunal Supremo no parece haber actuado en algún momento de manera compatible con dicha interpretación, sino que se ha entendido privado de competencia cada vez que la Asamblea Legislativa a optado por aprobar legislación que limite la posibilidad de llevar determinadas controversias ante dicho Foro.

11. Por último, sorprende sobremanera que el Tribunal Supremo hubiese declarado inconstitucional aquella parte del Artículo 1 de la Ley 18-2013 que reduce la competencia original del Tribunal Supremo al mínimo constitucionalmente exigible por la Sección 5 del Artículo V, a saber, la presentación de solicitudes de habeas corpus. Dicha enmienda no guarda relación alguna con el litigio en Alvarado Pacheco. Contrario a lo que se ha sugerido, la presentación de una solicitud de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo no constituye un ejercicio de jurisdicción original por parte de dicho Tribunal pues, por definición, la certificación intrajurisdiccional parte de la pendencia previa de un litigio ante un foro judicial inferior en el ordenamiento. Francamente, no me parece que existe fundamento jurídico alguno para invalidar esa parte del Artículo 1 de la Ley 18-2013.

C. Al final, si bien no coincido con el análisis constitucional de la mayoría del Tribunal sobre los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013, no por ello me sumo entre los/as defensores/as de la medida. Como señalé en mi entrada anterior sobre el tema, su trámite me pareció atroz, y sus disposiciones me parecen mal ideadas o completamente problemáticas. Es por ello por lo que, aunque concurro con el análisis constitucional de los/as disidentes, el que éstos/as evadan dar visibilidad alguna a todo lo anterior me parece sumamente problemático. Quizás la Ley 18-2013 no constituya una intervención inconstitucional con el poder judicial, pero sí es una intervención altamente problemática. Podrá plantearse que, como canon de interpretación constitucional, no corresponde a la Rama Judicial hacer juicios valorativos sobre las medidas aprobadas por la Rama Legislativa. Dejando a un lado mi discrepancia con tal visión del proceso adjudicativo, me parece que ello no ha evitado que el Tribunal Supremo o sus integrantes expresen su parecer en torno al impacto que aquellas medidas que inciden sobre la función judicial, así como sobre la necesidad de que las reformas judiciales sean producto de procesos deliberativos amplios, y no de leyes aprobadas a espaldas de la Rama Judicial, la profesión jurídica y el País. De hecho, sorprende que los/as disidentes incluso hubieran evitado examinar el planteamiento sobre la fecha en la cual la Ley 18-2013 entró en vigor. Superado para ellos/as el planteamiento constitucional, era imperativo entonces determinar si la Ley 18-2013 era de aplicación al recurso presentado el 16 de mayo de 2013, en atención a la problemática carta del Gobernador y las demás alegaciones de las partes peticionarias en torno a la fecha en la que fue firmada la medida.

* * *

Las reacciones al dictamen del Tribunal Supremo no se han hecho esperar. El Presidente del Senado ha tildado la Resolución de “asalto jurídico”, expresando que “irá a la historia como un intento adicional de destruir la justicia en Puerto Rico”, y ha llegado a sugerir que la Asamblea Legislativa no le hará caso a las decisiones del Tribunal Supremo. El Presidente de la Cámara de Representantes, a su vez, planteó que la Resolución “es un atentado a nuestra Constitución y una afrenta a la gestión de la Rama Legislativa”. Sin embargo, las expresiones más extremas han sido las del Gobernador, quien no sólo llamó a los/as seis jueces/zas nombrados por el Ex-Gobernador Fortuño Burset “enemigos interiores del País”, sino que también los responsabilizó por cualquier derogación del crédito de Puerto Rico como resultado de una (posible) decisión del Tribunal invalidando la reforma al Sistema de Retiro.

Quizás la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo al invalidar los Artículos 1 y 2 de la Ley 18-2013 sea jurídica y políticamente objetable, y quizás quepa plantear que la misma resta legitimidad a la Rama Judicial. Francamente, si fuera por mí, reservaba ese tipo de calificativos para otras decisiones del Tribunal, tales como su opinión en Domínguez Castro v. ELA, avalando la constitucionalidad de la Ley 7-2009 mediante análisis muy deferenciales al poder legislativo que ahora la mayoría en el Supremo abandona pero la minoría adopta. Sin embargo, más allá de esto, ¿acaso no debe criticarse también la Ley 18 y su proceso atropellado de aprobación? ¿No aplica lo mismo también a la oprobiosa carta del Gobernador a los/as jueces/zas del 16 de mayo de 2013, informándoles que evaluaría seriamente los planteamientos del Juez Asociado Estrella Martínez sobre el P. del S. 367, cuando ya había firmado la Ley? ¿Y que decir de las expresiones de un Gobernador de Puerto Rico que, en claro tenor manipulativo, amenaza a un grupo de jueces/zas del Tribunal Supremo sobre las consecuencias de resolver una controversia pendiente ante el foro judicial de manera adversa para el Estado? ¿No son tales actos ‘afrentas’, ‘atentados’ y ‘asaltos’ a la justicia? ¿O resulta que cuando unos/as los hacen está bien, pero no cuando los hacen otros/as? ¿No es eso ceñirse también a criterios político-partidistas, tal y como se acusa a los/as integrantes de la (ya no tan nueva) mayoría en el Tribunal Supremo?

Me resulta muy difícil pensar que algún grupo, el Tribunal Supremo, la Rama Legislativa, el Gobernador, o incluso el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, pueda reclamar algún nivel de superioridad moral en este debate, particularmente en atención a los desarrollos en estos asuntos en poco más de los últimos cuatro lustros. En este sentido, la Ley 18-2013, cuya evaluación y aprobación en Senado, Cámara y Gobernación se dio entre el 10 y el 15 de mayo de 2013, sin celebrar vistas públicas, con la comparecencia única de la Oficina de Administración de Tribunales y con claro interés revanchista, es sólo el más reciente desarrollo en la triste historia de intervenciones partidistas con la Rama Judicial. Triste decirlo, pero ante tal cuadro, difícilmente podía esperarse algo distinto del Tribunal Supremo en Alvarado Pacheco, independientemente de que ello sea jurídicamente apropiado.

El nuevo capítulo ahora se escribe sobre la desproporcionada reacción del liderato del PPD a la Resolución del Tribunal Supremo, seguido de la presentación de un nuevo proyecto de ley, el P. de la C. 1248, que elimina completamente la certificación intrajurisdiccional de casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia y, salvo la revisión de asuntos interlocutorios en casos criminales, las cuales atinadamente preserva, mantiene la misma restricción de revisión de asuntos interlocutorios civiles al Tribunal Supremo que éste declaró inconstitucional en Alvarado Pacheco. Muchas de las preocupaciones que expresé en mi entrada anterior sobre la Ley 18-2013 siguen siendo de aplicación al nuevo proyecto. Pero, independientemente de ello, ¿qué pasará cuando ese proyecto se convierta en Ley y el Tribunal Supremo la invalide también? Se intentará aprobar una medida, claramente contraria al requisito constitucional de que la composición del Tribunal Supremo sólo se altere a petición de éste, para derogar la Ley mediante la cual se aprobó el aumento solicitado en su composición durante el pasado cuatrienio? ¿Se intentará enmendar la Constitución para aprobar un nuevo Artículo V y crear una estructura distinta al Tribunal Supremo o aumentar su composición? ¿Aspiraría todo ello a resolver algo que no sea el interés partidista de lograr que el PPD recupere el control del alto foro judicial?

¿Cómo termina esto? Mal, supongo, salvo que alguno de los entes o las personas involucradas en estos procesos se detenga, abandone su discurso de superioridad moral y jurídica, reconozca que, lejos de servir el interés de promover el acceso a la justicia, sus actuaciones están principalmente motivadas por criterios político-partidistas, y opte por ampliar las bases de discusión de una verdadera reforma judicial que dé suficientes garantías de apertura y confiabilidad a todos los sectores involucrados: partidos, Rama Judicial, abogados/as, sociedad civil, etc. Eso, o que el reclamo provenga de los cuerpos gremiales de la profesión jurídica o la misma sociedad civil, que cada vez es víctima del cierre de puertas a sus intereses. ¿Aspiraciones ilusas? Mucho peligro, entonces, para el país y para los y las que hacemos del pensar, hacer y operar el derecho nuestra profesión.


[1] Para un excelente recuento del ante mencionado proceso, así como la reacción, tanto o más desafortunada que la primera, por parte de la administración del partido opositor, véase José Julián Álvarez González, La nueva Ley de la Judicatura y la competencia obligatoria del Tribunal Supremo: Algunas jorobas del mismo camello, 65 Rev. Jur. UPR 1 (1996).

[2] 2012 TSPR 64.

[3] 150 DPR 724 (2000).

[4] 146 DPR 64 (1998).

[5] Vázquez v. Rivera, 69 DPR 947, 950 (1949) (“El derecho a apelar . . . es puramente estatutario y no forma, además, parte del debido procedimiento de ley”.). Sobre este particular, véase José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos: Casos y materiales 619-20 (2010).

[6] Sobre este tema reflexiono algo más en el análisis del término 2011-2012 en material de Derecho Procesal Apelativo que está próximo a salir publicado en el volume 82 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Véase Luis José Torres Asencio & José María Viggiano, Derecho Procesal Apelativo, 82 Rev. Jur. UPR 345 (2013).

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