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Ante la ley hay un guardián: Del Supremo y la Democracia

Tan recientemente como la semana pasada escribía sobre la necesidad de un currículo con perspectiva de género para el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres y la consolidación democrática. Y, por supuesto, cuando hablaba de consolidación democrática me refería a mucho más que el ejercicio electoral cada determinado tiempo. Me refería, más bien, a la participación plena y consciente en la cosa pública y en los asuntos que nos afectan como comunidad política. Es decir, tener voz en la configuración de los arreglos institucionales en los cuales compulsoriamente participamos.

Es por ello que, cuando hablo de democracia, hablo en un sentido amplio que incluye pero trasciende los límites de la política electoral. Y en ese mismo sentido, es decir dentro del concepto amplio, pienso en la reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Nieves Huertas y Albadalejo v. García Padilla y otros, CT-2013-017. Así, en la tarde de ayer, el Tribunal Supremo desestimó un demanda presentada por los abogados Arturo Nieves Huertas y Luis Raúl Albaladejo mediante la cual se cuestionaban los nombramientos de decenas de jueces y fiscales hechos por el exgobernador Luis Fortuño justo después de perder las elecciones del 4 de noviembre.

Entre los nombramientos cuestionados se encontraba el de la exlegisladora, ahora Jueza, Liza Fernández quien fue nombrada Jueza Superior luego de no revalidar como senadora. Además, se encontraba en controversia el nombramiento del Juez Asociado del Tribunal Supremo Edgardo Rivera García.

La solicitud de Certificación ante el Tribunal Supremo la presentó la hoy Jueza Liza Fernández. La exsenadora ni siquiera había sido emplazada por lo cual, antes de que compareciera al Supremo y se sometiera a la jurisdicción del Tribunal, técnicamente no era parte en el pleito. Sin embargo, utilizando el tan desprestigiado recurso de certificación intrajurisdiccional, accedió al más Alto Foro y solicitó que resolviera la controversia. Además, pidió que se le impusiera sanciones a los demandantes por éstos haberla obligado a litigar en reiteradas ocasiones.

“Los cuatro Jueces entendieron que los abogados habían actuado con temeridad al cuestionar la validez de los nombramientos. Sin duda, la imposición de la multa es un golpe a la democracia y al poder fiscalizador de la ciudadanía. ¿Una sanción de esa magnitud no tiene acaso un enorme poder disuasivo? ¿No limita la participación ciudadana en su dimensión de contralor en cuanto a los actos del ejecutivo? ¿Implica que una vez se ganan las elecciones la ciudadanía no tiene poder para cuestionar los actos de los funcionarios electos? ¿Podría considerarse una oposición a una nominación como un acto temerario? ¿Quién si no la ciudadanía puede reivindicar que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución?”

Y, como era de esperarse, el Tribunal resolvió. A pesar de determinar que los demandantes no tenían legitimación activa –es decir autoridad o poder- para demandar, consideró los méritos del caso. Esta es una práctica que se viene dando hace tiempo sobre todo en casos de alto interés público. Es decir, aun cuando el Tribunal determina que no puede resolver porque no se dan las condiciones para así hacerlo, termina resolviendo la controversia. Sin embargo, eso no es lo importante para el País o, por lo menos, no es lo más importante. Más allá de que si los nombramientos procedían o no en Derecho entiendo pertinente pasar juicio sobre los efectos que tiene para la democracia, para la participación ciudadana y para el poder fiscalizador que la ciudadanía debe de tener a la hora de pasar juicio sobre los nombramientos del ejecutivo, la decisión del Tribunal.

En este sentido, lo primero que debemos decir es que la desestimación la decretaron cuatro Jueces de un total de nueve que componen el Tribunal. Un simple cálculo aritmético demuestra que una minoría de un Tribunal que tiene todas sus sillas llenas, no sólo desestimó una demanda sino que además impuso una sanción confiscatoria. La mayoría del Tribunal, aunque por razones diferentes, no intervinieron en esta controversia. La Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada Fiol Matta y el Juez Presidente emitieron un Voto Particular de No Intervención donde explicaron las razones que les motivaron a no participar de la resolución de la controversia. Específicamente, sostuvieron que no podían “avalar con [su] participación un curso de acción tan absurdo como desafortunado”. La Jueza Asociada Pabón Charneco, aunque presumimos que por razones diferentes no intervino, y el Juez Asociado Rivera García, por razones obvias, no interviene.

Y aunque el caso se dispuso por Sentecia, un mecanismo que permite resolver la controversia sin sentar precedente y sin necesidad de que algún Juez suscriba una Opinión, dos más dos son cuatro aunque lo diga un loco. Está más que claro que quienes decretaron la desestimación fueron los Jueces Asociados Estrella Martínez, Martínez Torres, Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón. Ante esta decisión tomada, literalmente, por la minoría del Tribunal habría que preguntarse si la decisión del Tribunal es válida toda vez que se emitió sin quórum. No podemos olvidar que el Reglamento del Tribunal Supremo en su Regla 7 dispone que cinco (5) Jueces y Juezas constituirán quórum para el Tribunal en Pleno. El quórum para una sala será tres (3) Jueces o Juezas. Es importante recordar que en innumerables casos el Tribunal ha sostenido una y otra vez que las decisiones que toman las agencias en forma contraria a lo dispuesto en sus reglamentos son nulas por ser ultra vires. ¿Es esta Sentencia ultra vires? Me arriesgaría a pensar que sí aunque presumo que el supremo dirá que la no intervención es una manera de intervenir para fines de quórum.

Así, una minoría de cuatro jueces y en contra de la Regla 7 del Tribunal, no sólo desestimaron una demanda donde ni siquiera se había emplazado a la totalidad de los demandados sino que además sancionaron a los abogados promoventes con una multa de 10,000 dólares. Los cuatro Jueces entendieron que los abogados habían actuado con temeridad al cuestionar la validez de los nombramientos. Sin duda, la imposición de la multa es un golpe a la democracia y al poder fiscalizador de la ciudadanía. ¿Una sanción de esa magnitud no tiene acaso un enorme poder disuasivo? ¿No limita la participación ciudadana en su dimensión de contralor en cuanto a los actos del ejecutivo? ¿Implica que una vez se ganan las elecciones la ciudadanía no tiene poder para cuestionar los actos de los funcionarios electos? ¿Podría considerarse una oposición a una nominación como un acto temerario? ¿Quién si no la ciudadanía puede reivindicar que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución.

Por eso es que me parece importante poder desenmarañar las premisas inarticuladas que subyacen a la decisión del Tribunal y explorar la noción de democracia y participación ciudadana que se esconde en los resquicios de una decisión como esta. No hay duda que no es una visión amplia donde el ejercicio de la ciudadanía se vincula con la participación activa en el quehacer político de un País. Y cuando hablo de quehacer político no me refiero al simulacro partidista al cual nos tienen acostumbrados y acostumbradas la partidocracia del patio, no; me refiero a otra cosa. Me refiero a la participación efectiva en la toma de decisiones pero también en la fiscalización de los órganos gubernamentales. Hago especial énfasis en el rol de la ciudadanía a la hora de actuar como centinelas de las instituciones.

En este sentido, la legitimidad democrática que una actuación puede tener va mucho más allá de un aspecto procedimental. Es decir, poco importa si quien toma la decisión contó con el favor del pueblo en determinado momento. Si en el momento de la decisión no cuenta con el favor de la ciudadanía podrá ser un acto legal pero carecerá de legitimidad democrática. Es en ese momento en que el rol de contralor que ejerce la ciudadanía se hace no sólo necesario sino que se convierte en imprescindible. De otra manera, no es un ejercicio de poder sino más bien un ejercicio de fuerza que deviene de la degeneración de lo que en algún momento fue legítimo pero ya no lo es. De esta manera, parece ser que la visión de democracia de una minoría del Tribunal se reduce al ejercicio electoral una vez cada cuatro años. Lamentablemente esto es cónsono con el escarpado camino del achicamiento de la democracia.

Por último, tengo que recalcar que me sorprende muchísimo la posición del Juez Asociado Estrella Martínez en este caso. Quienes han seguido la trayectoria del último de los Jueces nombrados por Fortuño coincidirán conmigo en que sus decisiones han estado atravesadas por la empatía, la sensibilidad y un amplio sentido de Justicia. En este sentido, me sorprende enormemente que haya estado de acuerdo en la imposición de una sanción confiscatoria a los abogados demandantes simple y sencillamente por intentar litigar ante los Tribunales una controversia real y concreta. Una sanción que no sólo castiga a los abogados en este caso sino que, además, tiene el efecto de castigar de facto a decenas de abogados y abogadas comprometidas con las causas justas. Abogados y abogadas que en cualquier momento pueden ser considerados temerarios por el solo hecho de levantar su voz.

No hay duda, ayer fue un día triste para lo que queda de nuestra tan golpeada democracia. Como dijera Franz Kafka en Ante la Ley “la Ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar”. Ese es el efecto que la decisión de estos cuatro guardianes tendrá en la ciudanía y los abogados y abogadas: tomar un escabel y sentarse en el costado de la puerta a esperar.

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