Procedimiento Crimnal

Apuntes sobre el voto de los y las privadas de libertad

confinadas

El P. de la C. 1296 presentado por dos legisladores de los dos partidos políticos principales, tiene la intención de privar a las personas privadas de libertad, del derecho al voto. La  propuesta parecería tener acogida, incluso entre personas que en el pasado o aún hoy día suelen defender los derechos civiles, utilizan el discurso de los derechos humanos y denuncian los fallos del sistema de justicia y las políticas de mano dura y sobre-criminalización de la vida diaria. La liviandad con que se ha acogido la propuesta podría arrojar luz sobre los procesos de transformación de la sociedad puertorriqueña hacia un conservadurismo que no solo proviene de los partidos políticos y de los administradores del gobierno sino que como toda impregnación ideológica, va adentrándose y normalizándose en el tránsito cotidiano.

Comparo la visceral reacción de estar de acuerdo con privarle de derechos políticos y civiles a los presos con la misma visceral reacción que percibo contra el reclamo de los Testigos de Jehová de que las calles sean públicas para ellos poder ejercer su derecho de expresión. Aunque casos distintos, lo que me eriza en ambos casos es que en poco tiempo se ha normalizado una actitud poco reflexiva que condena y avala la exclusión y borradura violenta del Otro y de su voz, a quien  no se le quiere reconocer, a quien no se le quiere ver y si es posible, a quien se persigue eliminar de la cotidianeidad.  Esta reacción es, pues, mucho más fácil que lidiar con una sociedad plural, en crisis, desigual, desbandada, pero es una reacción peligrosa y que solo lleva a empeorar aún más el estado de cosas. Hace pocos años hubiera sido impensable imaginarse tanto consenso entre sectores medios profesionales en contra del voto de los presos y a favor del cierre de calles. Siempre puede aludirse como razón al fenómeno de la creciente criminalidad pero visto que las políticas públicas que se han implantado han sido erradas y que la no atención del gobierno a los problemas estructurales sigue siendo el estado de cosas, una se pregunta si esto es reflejo de la resignación, el hiper-individualismo y el abandono a la idea de un proyecto político de lo común, y la entronización de los estereotipos y prejuicios que no nos permiten hacer juicios con mayor claridad y mirando el largo plazo.

Pero lo anterior lo dejo en paréntesis para otro momento. Por ahora me interesa esbozar algunas respuestas a los argumentos que he escuchado para apoyar privarle a las personas privadas de libertad, de su derecho a participar de la vida política mediante el derecho al voto. En lo que sigue expondré algunas de las razones que tradicionalmente se exponen y comentaré brevemente por qué no me parecen razones de peso ni suficientes para un paso de la envergadura que conlleva este proyecto.

–       El derecho al voto es un privilegio, no un derecho

No. No se trata de un privilegio, antes bien se trata de una condición fundacional y posibilitadora del esquema democrático-representativo. En ese esquema el voto es el ejercicio para la delegación del poder que servirá para darle autoridad a unos representantes a ejercerlo y de ahí, se dice, emana la legitimidad y validez del estado de derecho que a todos cobija.  La pertenencia a una comunidad política de la cual participar, expresarse y tener un decir sobre quién legítimamente adoptará leyes que sean de aplicación a todos y todas, qué normas sociales, políticas y económicas nos regirán y cómo se ejercerá el poder, son parte sine qua non de un sistema democrático de gobierno. En una democracia representativa en la que existe sufragio universal y se presume que todos y todas somos iguales, la universalidad del voto no es un privilegio, ni siquiera un derecho que “se adquiere”, es si se quiere, un meta derecho que aunque puede ser regulado, la premisa de su existencia y de que cobija a todos, es condición pre-política para las que componen esa comunidad. Por lo tanto, no puede discutirse su limitación a partir de la premisa de que estamos ante un privilegio y que se ampare en que el derecho a elegir a los gobernantes y a delegar el poder soberano es algo que se gana.

Si bien los derechos se pueden regular, no puede haber razones arbitrarias para privar a ciertos sujetos de ellos. Más aún si se trata de un derecho que forma parte de las premisas democráticas constitutivas de esa comunidad, como lo es el derecho al voto. Por lo que eliminar un meta-derecho o el derecho a tener derechos implicaría excluir de la comunidad política a ese a quien se le priva participar de la vida cívica y política. Sería una especie de ostracismo, de enviar al exilio a quien ha delinquido, sin importar el delito, ni si la pena impuesta guarda relación con el derecho a elegir a los representantes del gobierno.

(Véase la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de marzo de 2004, que prohibió la eliminación total del derecho al voto a los privados de libertad; otras sentencias relevantes son la de 1999 de la Corte Constitucional de Sudáfrica y la de octubre de 2002 del Supremo de Canadá) (Nota aparte: el proyecto de ley hace alusión a que solo en PR los confinados votan pero cuestionaría esa información pues en algunas fuentes que he consultado y luego compartiré, solo en 16 estados se les niega el derecho al voto en EEUU).

–       Los privados de libertad no merecen elegir a quien gobierne; es parte del castigo

Vale señalar que el Código Penal cuenta con más de 300 artículos, entre los que se encuentra infinita cantidad de delitos que podrían conllevar la privación de libertad y para los que -de acuerdo al delito cometido- se estableció ya una pena que en principio persigue estar acorde con el acto criminal. Si a un sujeto se le priva de libertad por cualquiera de esos cientos de actos delictivos que están en el Código Penal (ni hablar de leyes especiales)  y además, se le expulsa de la participación cívica y política del país, en realidad lo que se está haciendo es imponer un castigo arbitrariamente y sin servir a un propósito válido para el Derecho penal; es avalar la ‘muerte civil’ de cualquiera que delinque, sin importar la falla cometida. Con esa acción los y las estaríamos declarando enemigos y enemigas de la sociedad y no sujetos políticos que han delinquido pero que tienen derecho a rehabilitarse y a reintegrarse en la sociedad de la cual forman parte. Estaríamos retirando de la vida política y del ejercicio de los derechos civiles –sin distinción alguna- a quienes pasan por el proceso penal y son hallados culpables. Sin embargo, ese castigo de retirada absoluta de la vida política no tiene por que necesariamente relacionarse con lo cometido criminalmente por esta persona.

Por otro lado, en esta etapa del proceso, tratar a las personas que delinquen como sujetos criminales-en-el-absoluto, sin tomar en cuenta ningún otro aspecto de su vida (sin un antes ni un después) como no merecedor(a) de manifestar su voz en el proceso político, presume varias cosas: que este castigo de exclusión de la vida política va acorde con el acto cometido; que estamos ante un sistema de justicia penal que funciona y es infalible; que es eficiente para atender la criminalidad pues hay un efecto disuasivo entre quienes delinquen; y que estamos ante individuos en una sociedad en la que las condiciones socio-políticas son tales que convertirse en sujetos criminales es completamente un acto de voluntad. Todas sabemos que ninguna de estas premisas es correcta. Cada una de ellas es cuestionada a diario, incluso por quienes apoyan el proyecto.

Además, privarle de la participación política a los y las privadas de libertad es equivalente a socavar los derechos que las personas tienen y mantienen mientras estén en custodia del Estado, pues aunque se les prive de su libertad continuarán teniendo su derecho a la salud, a visitas, a su integridad física y su dignidad, a estar libres de torturas y coerción. Cualquier legislación y política pública vigente y propuesta, cualquier cambio en el estado de derecho, les afecta y les seguirá afectando, más aún mientras están bajo la custodia del Estado. ¿Cómo sino mediante el reclamo de sus intereses, ejerciendo el derecho a elegir sus representantes, dejarse escuchar participando de la vida política, pueden salvaguardar esos otros derechos?

Asimismo, el excluirlos de la comunidad política implica que éstos no fueron partícipes de la delegación y el reconocimiento de autoridad de quienes establecen el estado de derecho. ¿Qué autoridad y legitimidad luego puede invocársele para aplicarle las leyes y decisiones que les afectan si éstas y éstos no participaron de la elección de ese gobierno que las impone? ¿Cómo invocar luego la reinserción en la sociedad y la rehabilitación si se les expulsó de la sociedad de la cual forman parte aún cuando delinquen e independientemente del delito cometido?

-Los presos le fallaron al resto de la sociedad, incumplieron el contrato social

En cuanto a fallarle a la sociedad e incumplir el contrato social, habría que comenzar por una mirada a las condiciones de esa sociedad que interesa defenderse del ‘criminal’ y a las condiciones de ‘cumplimiento’ del llamado contrato social. En una sociedad de desigualdad rampante, de corrupción institucional evidente, en que gobernantes y políticos roban los recursos que posibilitarían a miles de personas y comunidades el derecho a la educación, a la salud, a mejorar sus expectativas de vida, ciertamente hablar de que quienes delinquen han faltado al contrato social, parecería un argumento traído de una sociedad imaginaria y en negación con la cantidad de problemas que nos aquejan.

Antes convendría hacer un análisis de la población carcelaria, sus perfiles, los delitos que más se cometen, las condiciones en las cárceles, los perfiles de clase, raciales y de identidad que conforman a esa población que en el corto y en el largo plazo, se propone, será excluida de participar políticamente en la selección del gobierno. No hay que conocer mucho del sistema criminal para sospechar, incluso aseverar, que esa población es bastante homogénea en perfil. Habría que cuestionarse antes por qué. No somos tan inocentes como para pensar en casualidades. Estaríamos ante un perfil al que se le estaría sistemáticamente privando de participar reiteradamente en los procesos políticos del país. Sería un subterfugio más para continuar las exclusiones y discriminaciones solapadas que en el día a día sufren ciertas comunidades, esta vez, mediante el silenciamiento de estos sectores.

–       Los políticos le compran el voto a los presos

La llamada compra de votos no es exclusiva de las poblaciones privadas de libertad. Si lo que se quiere es evitar que los confinados, como grupo, puedan hacer reclamos, organizarse conforme a sus intereses y dejar salir su voz y poder de negociación en un proceso democrático-representativo, entonces tendría que haber una justificación para tal aislamiento anti-democrático, que lo que promueve es la muerte del sujeto jurídico que está encarcelado. ¿Lo que se propone es que quien está encarcelado cese de ser sujeto capaz de expresarse, que se le prive de sus derechos humanos, que se le cese de considerarse persona? Si es así, estamos ante un problema mayor. No veo por qué los presos no puedan organizarse y políticamente hacer sus reclamos como parte de la sociedad en que vivimos. ¿Hay temor a que sus reclamos definan el proceso electoral? Entonces la contraparte es que el resto de la sociedad se organice, con los medios que sí tienen y las ventajas que tienen frente a éstos, para hacer lo mismo. Eliminar su poder de negociación es eliminarlos y hacer como si no existieran, es extinguirlos.

–       Las condiciones de encarcelamiento no son propicias para un voto libre pues se presta al fraude

Esta razón no merece mucha atención. El fraude se da en Guaynabo, en San Juan y en muchos otros sitios y sería impensable hablar de eliminar el derecho al voto. Con un sistema de observadores, como en otros tiempos y el monitoreo y la transparencia, reconociendo el problema de corrupción que es parte de todo el sistema, esto puede atenderse.

Por último, si el verdadero temor es que la población carcelaria se identifica más con un partido que con otro, es aún más injustificable usar este mecanismo de privarle del derecho al voto para atender un asunto que es parte del escenario político. Quien(es) tenga(n) otros principios y alternativas de políticas que ofrecer, otra visión de mundo, deben contrarrestar en todo caso esto en la arena política y no mediante mecanismos que laceran la forma misma y los mecanismos para avanzar hacia una sociedad más democrática y menos excluyente. De ahí a otras actitudes tiránicas no hay muchos pasos.

Hay otros asuntos que aquilatar. Estos son unos breves apuntes que adelanto.

14.oct.2013.

éft

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  • Edelmiro Salas

    Para que mejore sus apuntes, no debe comparar el caso de los Testigos de Jeovah con el derecho de los prisioneros al sufragio. Hacerlo es comparar chinas con botellas. Sólo dos estados (y Puerto Rico) permiten que los presos voten. Los demás favorecen la prohibición, una especie de interdicción civil y no hay disposición constitucional federal que impida que se imponga una prohibición a ese privilegio concedo por ley. El caso de los Testigos de Jeováh es uno de derecho a la expresión garantizado bajo al Primera Enmienda. Nace bajo esa Enmienda y bajo lo expresado por el Tribunal Supremo de que todo el mundo tiene derecho de intentar hablar con un vecino sin censura previa:

    “It is offensive–not only to the values protected by the First Amendment, but to the very notion of a free society–that in the context of everyday public discourse a citizen must first inform the government of her desire to speak to her neighbors and then obtain a permit to do so. Even if the issuance of permits by the mayor’s office is a ministerial task that is performed promptly and at no cost to the applicant, a law requiring a permit to engage in such speech constitutes a dramatic departure from our national heritage and constitutional tradition.”

    Watchtower Societey v. Village of Stranton, 536 U.S. 150, 122 S.Ct. 2080, 153 L.Ed.2d 205 (2002)
    http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=536&page=150

    El derecho al voto de los presos nace de legislación estatal y no goza de protección constitucional alguna. Es prerrogativa de los estados concederlo si desean. Sólo tres jurisdicciones de los Estados Unidos ofrecen ese derecho. La enmienda 24 prohibe se niegue el derecho al voto en elecciones federales porque un ciudadano no pague impuestos. La enmienda fue extendida a los estados en elecciones estatales. Harper v. Virginia Board of Elections, 383 U.S. 663 (1966)). Por otra parte, la enmienda 26 prohibe se niegue el derecho al voto a personas porque sean mayores de 18 años (es decir le da el derecho al voto a los mayores de 18). La enmienda 15 prohibe que se niegue el derecho al voto por razon de raza. La Enmienda 16 prohibe que se niegue por razón de sexo. NINGUNA ENMIENDA CONSTITUCIONAL PROHIBE NEGAR EL DERECHO AL VOTO POR RAZÓN DE ESTAR CONDENADO O ENCARCELADO.

    El argumento para quitarle el derecho al voto al confinado en una cárcel estatal no tiene nada que ver con política. Es sencillo: usted no tiene derecho al voto porque mientras usted esté en el presidio la sociedad entiende que usted no debe gozar de ese derecho hasta que usted no complete su rehabilitación. El incentivo de completarla es, entre otras cosas, restaurarle ese PRIVILEGIO. Y no tenemos que hacer estudios y más estudios para restaurar el estado de derecho que existió hasta que Romero Barceló decidió hacer política con esto. Bajo la misma lógica no estaban allí los estudios cuando se creó ese derecho y nadie dijo: no aprueben eso porque no hay estudios. SI bien no hubo estudios, sí sabemos que el derecho al voto no disminuyó la rescidiva y que los criminales andan campeando por sus “derechos” en los presidios. Entre esos “derechos”, el derecho a ser dueños de la seguridad del penal y matar a los “insectos” que lleguen allí o penalizar a los que voten contra el partido con quien la ganga principal en el penal ha “negociado” privilegios. El “derecho” a extorsionar a los ciudadanos fuera del penal con el uso de celulares, etc. Es hora ya que probemos eliminar derechos y no esperar a estudios que nunca se hicieron para conceder esos derechos en un principio. Si resulta que por negar ese derecho al voto hay motines masivos por los próximos diez años que no sean atribuible a otra cosa, pues les restauramos ese derecho.

    Ahora bien, esto no quita que confundir derechos constitucionales de los Testigos de Jeovah y de otros con privilegios nacidos de una Ley es un “soberano” error. Sin embargo, un buen ejemplo de argumentum ad misericordiam.