Constitucional - Derechos Humanos

Derecho al Voto de la Persona Confinada: El Argumento Constitucional

En las pasadas semanas ha vuelto a la discusión pública la propuesta de eliminar el derecho al voto que por virtud de legislación le fue reconocido a los confinados en el 1980.   Esta breve nota complementa lo ya comentado por la amiga Erika Fontánez Torres aquí y acá, aunque me concentro en el planteamiento de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico al respecto.

Al respecto, el reciente editorial de El Nuevo Día tildó nuestra presente ley de “ofensa” y “crasa violación” a la Constitución.  Para justificar el planteamiento se cita la Sección 12 de la Carta de Derechos: “La suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta”.  El argumento es entonces muy sencillo. Si la Constitución tiene que indicar que al momento de cumplirse la condena un confinado recupera el derecho al voto, es debido a que previo a ello y desde su convicción, no gozaba de tal derecho.  Por tanto, la idea de que un confinado vote es contraria a la Constitución y de ahí el problema con lo que la Asamblea Legislativa hizo en 1980. ¿Correcto? No.

En su obra sobre la historia constitucional de Puerto Rico, José Trías Monge indica que esta disposición es producto de una recomendación que hizo la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.  Dicha institución académica realizó una importante contribución al proceso constituyente a través de variados estudios que fueron eventualmente publicados en un libro titulado La Nueva Constitución de Puerto Rico.  Allí está la recomendación a la que alude Trías Monge.

La Escuela de Administración Pública estaba preocupada por lo más sensato, la protección de derechos, particularmente los que en ese momento no eran objeto de garantía alguna en nuestro sistema legal.  De ahí que discutieran el concepto “muerte civil” que el entonces vigente Código Penal establecía en su Artículo 11 en los siguientes términos: “La sentencia de presidio perpetuo lleva aparejada la muerte civil del sentenciado”.  Indica el informe que se trataba de un precepto copiado de California, estado que lo había tomado, a su vez, de Nueva York.  El juicio que entonces se hace sobre dicha norma es negativo, dejando establecido el informe que conforme a la luz de la mejor opinión sobre la materia, “constituye un concepto anticuado que debe revocarse”.  Igualmente resulta objeto de crítica el Artículo 20 del mismo Código Penal, donde se disponía que: “Toda sentencia de presidio temporal lleva aparejada la suspensión de los derechos civiles del sentenciado con más la pérdida de empleos públicos y cargos privados de confianza, autoridad o poder mientras dure dicha prisión”.  Para la Escuela de Administración Pública estos artículos debían ser objeto de revisión a la luz de las teorías modernas de la penología y por plantear cuestiones constitucionales.

Es a la luz de lo anterior que debemos entonces leer la Sección 12 de nuestra Carta de Derechos.  La Convención Constituyente no pretendió en modo alguno establecer como norma la privación del derecho al voto del confinado. Lo que hizo fue reconocer que una ley vigente en ese momento, el Código Penal, hacía eso y acoger entonces la recomendación de la Escuela de Administración Pública de limitar los efectos de tal suspensión del derecho al período de cumplimiento de la pena.

Puede concluirse de lo anterior que en el 1952 no se vio la suspensión del derecho al voto como contraria a las garantías mínimas que se acogieron en la Carta de Derechos. Ahora, igualmente es claro que consideraron necesario restringir el efecto de este tipo de sanción. Por tanto, que los confinados no voten es meramente algo que la Constitución contempla, no un mandato que convierta a la ley de 1980 en la alegada “ofensa constitucional”.

Queda plantear el asunto como lo que es, un asunto de política pública a ser definido por nosotros como comunidad política.  Ya hace unas cuatro décadas optamos por reconocer que el derecho a la participación política a través del voto es uno de los elementos que nos constituye como ciudadanos. Decidimos que aquellos que violentan las normas penales, si bien deben cumplir con la sanción que el sistema les impone, no dejan de ser ciudadanos.  Afirmamos mediante acciones que el reconocimiento de derechos no se agotó en el 1952 con la Carta de Derechos de la Constitución y que como sociedad estamos dispuestos a ampliar las garantías políticas de todos los ciudadanos.

En fin, la “suspensión de los derechos civiles” que menciona la Constitución es una idea del pasado siglo que hoy día derrotaría lo necesario: fortalecer el carácter de todos los que aquí vivimos como ciudadanos en una comunidad democrática. Cualquier visión contraria debe ser esbozada en sus propios méritos y ser sometida al debate público de ideas. Lo que no debe es tratar de descansar en el llamado argumento constitucional.

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  • Ricardo Ortiz

    Gracias por este análisis. El conocimiento de los artículos mencionados en el entonces vigente Código Penal arrojan una nueva luz a mi interpretación de la Sección 12 de la Carta de Derechos.