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Las tendencias del Tribunal Supremo, por Efrén Rivera

Se publica hoy en el periódico El Nuevo Día la columna del colega Efrén Rivera– “Las tendencias del Tribunal Supremo”.  Se incorpora aquí de manera íntegra.

Las tendencias del Tribunal Supremo

Efrén Rivera Ramos

La decisión de cuatro jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico de imponerle una penalidad de diez mil dólares a los dos abogados que cuestionaron la constitucionalidad de los nombramientos de varios jueces y otros funcionarios públicos ha causado una reacción adversa justificada.

Son varios los defectos graves que exhibe esa determinación judicial. El juez presidente Federico Hernández Denton y las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez los describen contundentemente en su voto particular.

La sentencia de marras tendrá un efecto inhibidor sobre quienes se planteen presentar recursos judiciales que puedan resultar antipáticos para los integrantes del Tribunal.

Más aun, el texto incurre en una contradicción jurídica de envergadura. Tras determinar que los dos abogados no tenían legitimación activa para incoar los pleitos concernidos, es decir, que no eran los demandantes adecuados para instar esas acciones, los cuatro jueces se apresuraron a resolver los méritos de la cuestión planteada. Ésta consistía en la alegación de que los nombramientos se habían hecho en violación de lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

La doctrina jurídica vigente es que, una vez se determina que los demandantes no tienen legitimación para proseguir una causa, hasta ahí debe llegar la intervención del tribunal. Entrar en los méritos es un desatino. Ciertamente, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico incurre en ese proceder. Pero el que se haya errado en el pasado no justifica que se continúe errando.

Lesivo también fue el trámite procesal seguido. A petición de una de las juezas demandadas, el Tribunal ordenó que se le elevara el expediente cuando la mayoría de las partes demandadas ni siquiera habían sido emplazadas.

Privó así a los demandantes de la oportunidad de presentar la prueba para sustentar sus alegaciones y elaborar sus argumentos jurídicos, exigencias ambas de la garantía del debido proceso de ley.

La cuestión misma de si los demandantes tenían legitimación, ameritaba un análisis mucho más ponderado que debió incluir la consideración de hechos y las circunstancias que la premura del trámite no permitió aquilatar.

Si se tratara de un caso aislado, no habría razón para tanta preocupación. Pero esta sentencia corrobora unas tendencias que ya se habían observado. Si nos atenemos sólo a los casos que ese organismo ha resuelto en los últimos años en materia de Derecho Constitucional, constatamos lo siguiente.

Primero, un uso desmedido del recurso de certificación para allegarse los casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia antes de que se pueda desarrollar un expediente suficientemente robusto para que las controversias se adjudiquen con el beneficio de la prueba necesaria y la fundamentación jurídica más acuciosa posible.

Segundo, una extremada deferencia hacia las actuaciones de las ramas Ejecutiva y Legislativa, como se evidenció en el caso de la famosa Ley 7 del 2009.

Tercero, una inclinación a achicar selectivamente los lindes de la doctrina de legitimación activa con el efecto de cerrarle las puertas al tribunal a determinados litigantes y determinadas controversias de alto interés público.

Cuarto, la aplicación mecánica de ciertas categorías jurídicas que no permite atender las disputas complejas con el grado de matización que requieren. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando el tribunal determinó que los estudiantes de la UPR no tienen derecho a la “huelga” o cuando aplicó la garantía de igual protección de las leyes de forma restrictiva para rechazar el derecho de adopción en el contexto de parejas del mismo sexo.

En repetidas ocasiones la mayoría ha descansado en una concepción rígida de la separación de poderes para negar protección a los ciudadanos, obviando que esa doctrina tiene una dimensión importante que exige que la Rama Judicial actúe como contrapeso de los desafueros de las ramas Ejecutiva y Legislativa.

Lo que está involucrado, pues, es algo más profundo que la corrección del resultado en un caso u otro. Está en juego la percepción de la comunidad sobre la competencia y la legitimidad del Tribunal Supremo, ingredientes esenciales de cualquier democracia constitucional.

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  • Edelmiro Salas

    Discrepo. El propósito de la imposición de honorarios por temeridad (i.e. daños punitivos), es tener un
    efecto disuasivo que los pleitos frívolos lleguen a los tribunales y ocupar el valioso tiempo del tribunal pleitos que, entre otros, no sean justiciables. Los tribunales no son plazas del mercado donde cualquier persona se aparece a quejarse de los precios del carnicero. Estas personas no tenían legitimación
    alguna para llevar este tipo de pleito. No eran parte ante ninguno de estos jueces. Los abogados no somos las partes ante los tribunales y no podemos quejarnos de los nombramientos judiciales. Tampoco somos fiscales privados con capacidad de impugnar nombramientos públicos que no nos afectan.

    Aquí los honorarios se justificaban pues tanto el Tribunal de Apelaciones como el TPI habían advertido a los abogados que carecían de legitimación activa para promover este tipo de pleitos, como si fueran fiscales autonombrados a modo de un comité legislativo con poderes judiciales. A pesar de esas advertencias tanto del TPI como del TA, insistieron en seguir con sus reclamos sin esa legitimación. El recurso KLAN201300299 fue desestimado por el TA precisamente por falta de jurisdicción. NADIE, ni siquiera el Secretario de Justicia, ni los tres jueces que emitieron una opinión dizque “disidente” dudaron ni por un momento que los abogados demandantes carecían de legitimación activa.

    En cuanto a la jurisdicción para imponer sanciones, un Tribunal, incluso el Tribunal Supremo siempre cuenta con jurisdicción residual para imponer sanciones a una parte que abusa de los procedimientos trayendo pleitos frívolos que a todas luces muestran que la parte reclamante carece de legitimación
    activa. Dentro de ese poder residual de sancionar se pueden imponer sanciones aún cuando el Tribunal carezca de jurisdicción. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al tratar
    sanciones bajo la Regla 11 de Procedimiento Civil Federal en casos donde se ha desestimado la acción principal. El asunto de las sanciones se mantiene como un asunto colateral sobre el cual el Tribunal
    retiene jurisdicción sobre el asunto colateral de la sanción “after an action is no longer pending.” Cooter & Gell v. Hartmarx, 496 U.S. 384, 395 (1990).

    En cuando a la “severidad” de la sanción, las he visto peores. Hace 10 daños conocí de un abogado fue sancionado por el Primer Circuito por haber radicado una “apelación frívola”. El monto de la sanción: $40,000.00. ¿Disuasivo? Por supuesto. Nadie se beneficia de los casos frívolos. No se benefician
    los tribunales y tampoco se benefician los ciudadanos supuesto. El propósito de una sanción estos casos es evitar que se inunden los tribunales con pleitos sin legitimación activa para evitar el caos de tener cientos de casos inundando los calendarios judiciales y evitando que los verdaderos “casos y controversias” sean ventilados de manera oportuna. La radicación frívola es una de las causas para que los demás ciudadanos no puedan ver sus casos de manera oportuna.

    Se dice ahora que esta sanción crea un “chilling effect” sobre los casos. La doctrina del “chilling effect” se ha invocado en casos de derecho civiles y en casos ambientales, donde se protege al demandante (generalmente un empleado o minoría) de una sanción por radicar un caso perdidoso. Este no es
    un caso de “derechos civiles” ni un caso ambiental. Este es un caso que impugna un nombramiento y
    con ramificaciones totalmente políticas pues envuelve la legalidad de los actos de una rama política de gobierno sobre funcionarios del mismo gobierno. Y se trata nada más y nada menos que de
    abogados, que deben bajo la Regla 9 asegurarse, antes de radicar un caso, que esté bien fundado, no sólo en los hechos, sino en el derecho. No es difícil encontrar casuística sobre la imposición de sanciones a una parte por radicar un pleito sin legitimación activa o jurisdicción del tribunal. Véase, a modo de ejemplo, Searcy v. Houston Lighting & Power Co., 907 F. 2d 562, 565 (5th Cir. 1990); Inter-County Res., Inc. V. Medical Res., Inc., 49 F. Supp. 2d 682, 684 (S.D.N.Y. 1999). Por tanto, toda esta
    teoría de que no se puede imponer sanciones carece totalmente de méritos.

    Igualmente inmeritorio es el argumento de que no se podía desestimar el recurso ni mucho menos imponer sanciones antes de que se emplazaran a todas las partes es también frívolo. No hay nada que
    impida que un Tribunal atienda una moción de desestimación o desestime una sua sponte sin que hayan comparecido las demás partes. Aquí compareció la demandante. El Tribunal puede, sin que
    comparezca más nadie, desestimar la demanda si no se prueba que la parte no tiene legitimación activa. La desestimación de lo frívolo no requiere esperar a que se continúe con más de cien emplazamientos paralizando la certeza de todas las decisiones judiciales en lo que los emplazadores hagan su trabajo.

    El único argumento que parecería prosperar contra la sentencia del Tribunal Supremo es el que elabora los jueces que dijeron que no intervinieron: que el Tribunal no podía entender en los méritos de la controversia porque no era justiciable. Ese argumento 1) reconoce que era correcta la
    desestimación por falta de legitimación activa; 2) lo que implicaría en todo caso es que lo dicho sobre los méritos es eso: un dictum. Pero la queja aquí no es que el tribunal resolvió incorrectamente una controversia que no es justiciable, sino que no resolvió nada porque no tenía jurisdicción para hacerlo. Si es así, simplemente falta que alguien con legitimación activa vuelva y traiga el caso.
    Eso sería, por ejemplo una parte que ventile un caso ante uno de los jueces. ¿De qué se preocupan
    entonces? Ah… de la sanción. Es decir, debemos tener los abogados carta blanca para llevar a cabo “campañas educativas” (palabras de uno de los abogados sancionados transmitidas por Radio Isla 1320) usando los foro judiciales. Eso, como dijimos, va contra la política pública de que se frenen este tipo de pleitos que van en detrimento de que los Tribunales vean los casos y controversias justiciables y no las campañas políticas y vendettas en los Tribunales.

    La decisión está bien tomada y el dictum se puede volver a litigar. Asegúrense, esta vez, antes de ponerse a sangrar la maquinaria judicial del pueblo, que tienen legitimación para
    hacerlo. Entonces, ¿que es lo que hay en torno a esta sentencia que molesta tanto si fue tomada conforme a derecho? Simplemente que por una ocasión se usa el poder de sancionar para dar una
    lección a aquellos que quieren convertirse en paladines de la constitución sin tener clientes con daños reales que promuevan sus cruzadas. Eso, es saludable para el derecho.

  • Ramon Perez

    Me parece que la no legitimación es una charlatanería legulella. Cualquier ciudadano debe tener el poder de exigir desagravios al estado. Ningún abogado se atrevió a ir á un tribunal a cuestionar la legalidad de la deuda extra-constitucional. Los tribunales no deben ser templos sagrados ni los abogados sus sacerdotes.

    • Edelmiro Salas

      Obviamente el Sr. Perez es un lego que cree que desconoce nuestra juriprudencia y todo lo que le molesta y no entiende es “leguleyo” por ignorarlo. Como explicó el Hon. Juez Hernandez Denton en Sanchez v. Secretario de Justicia, 2000 TSPR 175:

      “En Puerto Rico, para que un Tribunal pueda entender en un pleito es necesario que exista una genuina controversia entre partes encontradas y que éstas tengan un interés real en obtener un remedio que les afecte jurídicamente. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). La finalidad de esta exigencia es asegurarle al Tribunal que las partes litigantes tienen un interés de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirán su causa de acción vigorosamente y traerán a la atención del Tribunal las cuestiones en controversia adecuadamente. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982). Esta capacidad para realizar con eficacia actos procesales y comparecer como parte demandante se conoce propiamente como legitimación activa. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual, 124 D.P.R. 559, 563 (1989).”

      “A tales efectos, para estar legitimado todo demandante tiene que demostrar haber sufrido un daño claro y palpable; real, inmediato y preciso y no abstracto e hipotético. Asimismo, la causa de acción ejercitada debe surgir bajo el palio de una ley o de la Constitución y debe haber una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada. Fundación Arqueológica v. Departamento de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 (1980); Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992); Asociación de Maestros v. Torres, 137 D.P.R. 528 (1994).”

      Estamos seguros que el Lcdo. Efren Rivera no va compartir la teoría del lego y tildar esta doctrina de legitimación activa como “leguleya”.

    • Edelmiro Salas

      Ah, y ningún abogado se va atrever a “cuestionar” la deuda extra-constitucional porque carece de legitimación activa para hacerlo. Antes se consumían miles de horas en los tribunales con este tipo de pleitos porque nadie les imponía una sanción que no fuera la desestimación. El daño de este tipo de pleitos es hacia el pueblo mismo cuyos casos se ventilan ante los tribunales. Los que tienen verdaderos casos y controversias con legitimación para hacerlo tienen que esperar su turno en lo que la rama judicial pierde tiempo y dinero con estos juegos que corresponden a las ramas políticas (i.e., aprobaciones de presupuestos, nombramientos, etc.). Ahora, cuando les pica fuerte a los que entorpecen la maquinaria de la justicia y evitan que el pueblo tenga justicia rápida, se quejan de anti-democracia y hasta de “libertad de expresión”.

  • Méndez

    La controversia principal sigue siendo, la politiquería como característica principalísima para nombramientos judiciales. Seguimos en el boquete, aún con tan extensas exposiciones…

    • Edelmiro Salas

      Esa no es la controversia que contiene el artículo. Nadie, ni siquiera los abogados “leguleyos” demandantes se quejaron en la demanda que los nombramientos de los jueces impugnados eran nulos porque se usó el criterio “político” como característica principal en el nombramiento. Cuando se ven derrotados en los argumentos legales, que curiosamente son mucho menos extensos que todo el artículo “leguleyo” del autor que contribuye a 80 grados, entonces desvían el tema y lo transforman en algo que nada tiene que ver con el caso ni con las sanciones. Y eso que esta revista se reputa una de académicos.