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Las tendencias del Tribunal Supremo, por Efrén Rivera

Se publica hoy en el periódico El Nuevo Día la columna del colega Efrén Rivera– “Las tendencias del Tribunal Supremo”.  Se incorpora aquí de manera íntegra.

Las tendencias del Tribunal Supremo

Efrén Rivera Ramos

La decisión de cuatro jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico de imponerle una penalidad de diez mil dólares a los dos abogados que cuestionaron la constitucionalidad de los nombramientos de varios jueces y otros funcionarios públicos ha causado una reacción adversa justificada.

Son varios los defectos graves que exhibe esa determinación judicial. El juez presidente Federico Hernández Denton y las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez los describen contundentemente en su voto particular.

La sentencia de marras tendrá un efecto inhibidor sobre quienes se planteen presentar recursos judiciales que puedan resultar antipáticos para los integrantes del Tribunal.

Más aun, el texto incurre en una contradicción jurídica de envergadura. Tras determinar que los dos abogados no tenían legitimación activa para incoar los pleitos concernidos, es decir, que no eran los demandantes adecuados para instar esas acciones, los cuatro jueces se apresuraron a resolver los méritos de la cuestión planteada. Ésta consistía en la alegación de que los nombramientos se habían hecho en violación de lo dispuesto en la Constitución de Puerto Rico.

La doctrina jurídica vigente es que, una vez se determina que los demandantes no tienen legitimación para proseguir una causa, hasta ahí debe llegar la intervención del tribunal. Entrar en los méritos es un desatino. Ciertamente, no es la primera vez que el Tribunal Supremo de Puerto Rico incurre en ese proceder. Pero el que se haya errado en el pasado no justifica que se continúe errando.

Lesivo también fue el trámite procesal seguido. A petición de una de las juezas demandadas, el Tribunal ordenó que se le elevara el expediente cuando la mayoría de las partes demandadas ni siquiera habían sido emplazadas.

Privó así a los demandantes de la oportunidad de presentar la prueba para sustentar sus alegaciones y elaborar sus argumentos jurídicos, exigencias ambas de la garantía del debido proceso de ley.

La cuestión misma de si los demandantes tenían legitimación, ameritaba un análisis mucho más ponderado que debió incluir la consideración de hechos y las circunstancias que la premura del trámite no permitió aquilatar.

Si se tratara de un caso aislado, no habría razón para tanta preocupación. Pero esta sentencia corrobora unas tendencias que ya se habían observado. Si nos atenemos sólo a los casos que ese organismo ha resuelto en los últimos años en materia de Derecho Constitucional, constatamos lo siguiente.

Primero, un uso desmedido del recurso de certificación para allegarse los casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia antes de que se pueda desarrollar un expediente suficientemente robusto para que las controversias se adjudiquen con el beneficio de la prueba necesaria y la fundamentación jurídica más acuciosa posible.

Segundo, una extremada deferencia hacia las actuaciones de las ramas Ejecutiva y Legislativa, como se evidenció en el caso de la famosa Ley 7 del 2009.

Tercero, una inclinación a achicar selectivamente los lindes de la doctrina de legitimación activa con el efecto de cerrarle las puertas al tribunal a determinados litigantes y determinadas controversias de alto interés público.

Cuarto, la aplicación mecánica de ciertas categorías jurídicas que no permite atender las disputas complejas con el grado de matización que requieren. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando el tribunal determinó que los estudiantes de la UPR no tienen derecho a la “huelga” o cuando aplicó la garantía de igual protección de las leyes de forma restrictiva para rechazar el derecho de adopción en el contexto de parejas del mismo sexo.

En repetidas ocasiones la mayoría ha descansado en una concepción rígida de la separación de poderes para negar protección a los ciudadanos, obviando que esa doctrina tiene una dimensión importante que exige que la Rama Judicial actúe como contrapeso de los desafueros de las ramas Ejecutiva y Legislativa.

Lo que está involucrado, pues, es algo más profundo que la corrección del resultado en un caso u otro. Está en juego la percepción de la comunidad sobre la competencia y la legitimidad del Tribunal Supremo, ingredientes esenciales de cualquier democracia constitucional.

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