Constitucional - Derechos Humanos

Crisis y sensatez, por Efrén Rivera Ramos

Se publica hoy en El Nuevo Día la columna del colega y amigo Efrén Rivera Ramos titulada “Crisis y sensatez“.  La sensatez, nos dice, escasea cuando más hace falta.  Y escasea, además, en las esferas donde más la necesitamos.

Crisis y sensatez

Por Efrén Rivera Ramos

Las crisis tienen la peculiaridad de conducir a la irreflexión. Ésta, a su vez, genera decisiones desatinadas, aun de parte de quienes en otras circunstancias actuarían de manera sensata y razonable.

Nuestro país se encuentra hace ya algún tiempo en esa condición. De ahí la necesidad de que, en vez de tratar de justificar lo injustificable, nos detengamos a examinar cuidadosamente las determinaciones que se toman frente a la difícil situación fiscal y a los problemas de seguridad del país.

Veamos el caso del retiro de los maestros. Por la información que se ha suministrado, el sistema parece tener un serio problema actuarial. ¡Qué bueno que el Ejecutivo y el Legislativo se decidieran, por fin, a remediar el entuerto! Pero el asunto pretendió atenderse con un proceso atropellado que condujo a la aprobación de legislación que acentuará la profunda injusticia estructural que aqueja al magisterio y a muchos otros sectores de la clase trabajadora puertorriqueña y que, probablemente, terminará menoscabando la calidad de la educación de las futuras generaciones.

En el mismo arrebato, y con parecidas justificaciones, se adoptó la ley para modificar el sistema de retiro de los jueces. Una evaluación sosegada de la medida revela que plantea problemas constitucionales importantes y que hay buenos argumentos, de una y otra parte, para sostener ambos extremos de la cuestión. Sin embargo, el debate público se ha exacerbado con acusaciones vitriólicas para demonizar a quienes se decanten por uno u otro parecer.

El Tribunal Supremo, en una combinación de aciertos y desaciertos, le ha echado sal a la herida. Primero tomó la decisión loable de permitir la transmisión en vivo de la audiencia de argumentación oral sobre la acción instada por los jueces para impugnar la ley. El dictamen abonaba a la transparencia que el país reclama a gritos. ¡Aplausos merecidos para el Tribunal!

Llegó el día esperado. Lejos de dar la lección de civismo, ponderación y temperamento judicial que esta controversia, en particular, exigía, los integrantes del alto foro se dedicaron a hacer una defensa férrea de sus intereses y a atropellar a la única mujer abogada que comparecía ante ellos para argumentar el caso. ¡Por supuesto que la legislación impugnada plantea una cuestión importante de independencia judicial! Pero el comportamiento de los jueces echó sombras sobre el principio hermano de la imparcialidad de los juzgadores. Un atropello no se remedia con otro atropello.

Como corona del torbellino de estos días, irrumpieron en escena las medidas de seguridad anunciadas por el Municipio de San Juan para las Fiestas de la Calle San Sebastián. ¡Claro que hay un problema de seguridad en Puerto Rico! Y que las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de atenderlo. Pero también es cierto que en Puerto Rico rige una constitución que pone límites a lo que los funcionarios públicos pueden hacer legítimamente aun en tiempos de crisis. Como se ha afirmado tantas veces, es precisamente en los momentos de dificultad que las constituciones adquieren su mayor sentido. En tiempos serenos, cuando la tentación de usar el poder en exceso es menor, casi ni hacen falta.

Por involucrar, precisamente, los derechos que la Constitución consagra, no quiero dejar de mencionar un asunto que está pasando por debajo del radar en medio de tanta barahúnda. Acaba de darse a conocer el proyecto del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico para adoptar un nuevo Código de Conducta para la profesión legal.

La Regla 1.1 dispone que “los juicios críticos respecto a los tribunales y la administración de la justicia deben tener fundamentos sólidos y formularse con el mayor respeto y reserva”. Supongo que los proponentes se habrán dado cuenta de los graves problemas relacionados con la garantía constitucional de libertad de expresión que esta disposición suscita.

En vista del trato liviano de las garantías constitucionales que se han manifestado en días y años recientes, conviene prestarle atención más detenida a esta propuesta.

 

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