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¿No tendrán libertad de cátedra los profesores de derecho?

Se ha difundido un Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico preparado por el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo que intenta tipificar las normas de conducta que aplicarían al ejercicio de la abogacía y la notaría.

El Código propuesto contiene una regla que ha generado reacciones muy críticas por la amplitud de la prohibición que contiene y las limitaciones que implica a la libertad de expresión. Se trata de la Regla 1.1 que, entre otras cosas, dispone que cuando los abogados y las abogadas lancen juicios críticos respecto a los tribunales y a la administración de la justicia deberán tener fundamentos sólidos y formularlos con el mayor respeto y reserva.

El problema es que quienes determinarán la solidez de los fundamentos utilizados por los abogados y abogadas que critiquen a los tribunales, serán los mismos tribunales. Entonces, ¿será posible criticar una sentencia del Tribunal Supremo por estar basada en estereotipos de género que sostienen la situación de desigualdad que confrontan las mujeres? O, ¿se expondrán los abogados y abogadas a ser removidos de la profesión por criticar determinaciones de jueces y tribunales apelativos que reproducen perspectivas homofóbicas y lesbofóbicas al denegar derechos que se reconocen a las parejas heterosexuales cuando los reclaman parejas del mismo sexo? ¿Se atreverán los litigantes a cuestionar las razones para autorizar la destrucción de comunidades de rescatadores para garantizar el mantener inmensas cantidades de terreno baldío por grandes tenedores de tierras? ¿Criticarán los abogados politólogos las decisiones de los tribunales que pongan en riesgo la protección del medio ambiente o la pensión de los empleados públicos y del magisterio?

Si la mencionada regla propuesta presenta problemas para los abogados y abogadas, mayor aún es el reto para los profesores y profesoras de derecho. En las cátedras de derecho se persigue desarrollar el pensamiento crítico en el estudiantado. Por ello, la enseñanza del derecho requiere una mirada crítica a la legislación y a la jurisprudencia. En múltiples ocasiones los integrantes de las facultades de derecho tienen que expresar señalamientos críticos y opiniones contrarias a las expuestas en las determinaciones de los jueces, especialmente en el caso de los tribunales apelativos. De hecho, a quienes ejercen la cátedra de derecho se les exige publicar estudios jurídicos críticos y promover el desarrollo de nuevas vertientes y miradas actualizadas a las normas jurídicas. Los tratadistas que con tanta frecuencia citan los tribunales y los litigantes no se limitan a reseñar lo que dice la ley o el código o lo resuelto por los altos tribunales de justicia. Su labor es analizar la ley y la jurisprudencia, señalar los derroteros equivocados, los análisis circulares o las verdaderas incongruencias en que incurren en muchas ocasiones.

La libertad académica y la libertad de cátedra persiguen garantizar a los profesores y profesoras la libertad para enfrentarse a todo tipo de problema desde perspectivas noveles, contemporáneas e incluso que permitan al estudiantado elevar su pensamiento hacia la construcción de una sociedad mejor, imaginarla, darle contornos políticos, sociales, económicos y jurídicos. Si los profesores y profesoras nos limitáramos meramente a enseñar lo que ya existe, en el caso del derecho solo lo que dice la ley, todavía se regirían nuestras vidas por las normas jurídicas que permitieron la esclavitud, la exclusión total de las mujeres de la vida pública y la quema de miles de personas por practicar la medicina, la curandería, la astronomía y la astrología.

La libertad de cátedra, como la libertad de expresión son valores esenciales al desarrollo y garantía de una sociedad democrática. Debe tenerse cuidado de que so color de regular la abogacía se instauren normas y prácticas que generen un poder monolítico y absolutista como aquel contra el que se rebelaron los fundadores de los instrumentos de derechos humanos que juramos defender los abogados y las abogadas.

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